FUENTE: ANIMAL POLITICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
El gobierno federal cambió de postura ante el mandato de la ONU para evitar a toda costa que los menores sean reclutados por grupos criminales.
Tras 12 años de resistirse a aceptar ningún tipo de responsabilidad en los casos de menores de edad absorbidos por la delincuencia organizada, el Estado mexicano cambió de postura y retiró, a inicios de febrero, la objeción que mantenía desde el año 2000 contra el artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a laparticipación de niños en conflictos armados, de la ONU, que establece la obligación de las autoridades nacionales de poner en marcha “todas las medidas posibles para impedir el reclutamiento y utilización (de infantes)” por parte de grupos “distintos a las fuerzas armadas”.
Este protocolo internacional, cabe subrayar, prohíbe el reclutamiento de menores de edad no sólo en ejércitos regulares, sino también en todo tipo de fuerzas armadas “no estatales”, entr e las que deben considerarse, en el caso mexicano, “los grupos paramilitares, los grupos de delincuencia organizada y las compañías de seguridad”, tal como recomendó el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su 56 periodo de sesiones, de 2011.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
El gobierno federal cambió de postura ante el mandato de la ONU para evitar a toda costa que los menores sean reclutados por grupos criminales.
Tras 12 años de resistirse a aceptar ningún tipo de responsabilidad en los casos de menores de edad absorbidos por la delincuencia organizada, el Estado mexicano cambió de postura y retiró, a inicios de febrero, la objeción que mantenía desde el año 2000 contra el artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a laparticipación de niños en conflictos armados, de la ONU, que establece la obligación de las autoridades nacionales de poner en marcha “todas las medidas posibles para impedir el reclutamiento y utilización (de infantes)” por parte de grupos “distintos a las fuerzas armadas”.
Este protocolo internacional, cabe subrayar, prohíbe el reclutamiento de menores de edad no sólo en ejércitos regulares, sino también en todo tipo de fuerzas armadas “no estatales”, entr e las que deben considerarse, en el caso mexicano, “los grupos paramilitares, los grupos de delincuencia organizada y las compañías de seguridad”, tal como recomendó el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su 56 periodo de sesiones, de 2011.
