AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
COLIMA, Col. (apro).- Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos demandaron la adopción de medidas cautelares para prevenir daños irreparables a la población indígena nahua otomí que reside en comunidades de la Sierra de Manantlán, en la zona de conflicto limítrofe territorial entre los estados de Colima y Jalisco.
Los poblados afectados –entre ellos Puertecito de las Parotas, El Mameyito, Rancho Quemado, La Piedra y Los Potros– han sufrido daños derivados del funcionamiento de la minera Peña Colorada, además de que sus habitantes son presionados y acosados para que abandonen los terrenos que rentó el ejido Ayotitlán a la empresa para que deposite ahí sus desechos.
La queja fue presentada este lunes ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima (CDHEC) por integrantes del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Río Marabasco, que preside J. Jesús Hermenegildo García, y de la organización Bios Iguana, encabezada por Esperanza Salazar Zenil y Gabriel Martínez Campos, ambas agrupaciones pertenecientes a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).