AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.
MÉXICO D.F. (Proceso).- Todo mundo sabe que México tiene un alto índice de impunidad; es decir, de comisión de delitos sin castigo. La CNDH sostiene que sólo en dos de cada 100 casos el responsable es procesado por la justicia (http://lectormx.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4057:la-impunidad-coloca-al-pais-en-un-foco-rojo-en-extremo-cndh&catid=128:general-justicia&Itemid=554).
Por su parte, Amnistía Internacional afirma: “México: tierra de injusticia e impunidad” (www.es.amnesty.org/actua/acciones/mexico-injusticia-impunidad/). En general sólo se investigan los delitos de alto impacto y aquellos que adquieren notoriedad periodística. Lo que le pasa al ciudadano de a pie queda en esa amplísima cifra de impunidad. El diseño institucional y la corrupción son coadyuvantes para que esto pase. Es el caso del servicio pericial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Veamos.