AUTOR: JESÚS CANTÚ
MÉXICO, D.F: El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Baja California y al menos 12 de los 17 consejos distritales dejaron plena constancia de que acataron fielmente las instrucciones de los representantes del Partido Revolucionario Institucional ante dichos órganos: primero acordaron, en contra de la ley, hacer un recuento total de votos y posteriormente, cuando el PRI reculó, ellos lo suspendieron.
El 2 de enero de 2013 el semanario bajacaliforniano Zeta informó que los legisladores locales del PRI y del PAN se habían repartido los siete consejeros ciudadanos numerarios del Consejo General; cuatro fueron tricolores (aunque éstos incorporaron a su lista una propuesta del Verde, con el cual ya habían acordado formar coalición en las elecciones estatales de este año) y tres blanquiazules.
En la nota del periodista Sergio Haro Cordero se señalaba con precisión que el PRI propuso a Rubén Castro Bojórquez, Jaime Vargas Flores, Carola Andrade Ramos y –“empujado por el Partido Verde Ecologista”– a Javier Garay Sánchez. Por su parte el PAN apoyó a Jorge Aranda Miranda, Beatriz Martha García Valdez y Miguel Ángel Salas Marrón. La distribución correspondía a la correlación de fuerzas en el Congreso local, pues el PRI y sus aliados acumulaban 16 votos y el PAN y los suyos, nueve.