AUTOR: JOHN M. ACKERMAN.
Si se trata de “utilizar los instrumentos legales” del presidente Lázaro Cárdenas del Río, como señala Enrique Peña Nieto en su iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, habría que recurrir en primer lugar a la Ley de Expropiación (véase http://ow.ly/oaegO). Esta norma fue impulsada y firmada por Cárdenas durante los primeros años de su administración y extensamente utilizada a lo largo de su sexenio.
La reforma al artículo 27 constitucional que firmó Cárdenas, citada por Peña Nieto en su iniciativa, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 1940, apenas tres semanas antes de que el presidente abandonara su cargo. Fue un acto posterior el que buscó consolidar las bases legales para el Decreto Expropiatorio emitido el 18 de marzo de 1938, con el que se nacionalizó la industria petrolera (véase http://ow.ly/oadEl). El propósito de la reforma constitucional no fue abrir la industria a la iniciativa privada, y mucho menos dar mayores facilidades a las empresas trasnacionales, como tramposamente sugiere el presidente actual, sino cerrarle el camino precisamente a estos intereses.