AUTOR: AXEL DIDRIKSSON.
Con la aprobación de las nuevas leyes constitucionales y secundarias de la educación, que buscan el control del ingreso y la permanencia y despido de los maestros en ejercicio, pero que no van al fondo de la aguda problemática educativa que se vive en el país, cabe preguntarse si el actual gobierno podrá contar con los suficientes recursos para que las mismas puedan ponerse en marcha, en medio de una recesión económica que se extenderá hasta la mitad del actual sexenio, de una condición de riesgo ambiental insólita (que ha redefinido el destino de miles de millones de pesos) y del crecimiento de un conflicto magisterial pocas veces visto en la historia nacional.
De por sí, México tiene uno de los gastos educativos más irracionales del mundo, porque se encuentra con los indicadores más bajos, entre los países de la OCDE, en inversión orientada a los alumnos; con los más altos respecto de lo que se orienta por gasto de gobierno, pero que escasamente tiene que ver con la cobertura y la calidad del servicio educativo que se ofrece; con una excesiva erogación (98% del total del sector) en sueldos y salarios, para mantener un sindicato que todo lo concentra, absorbe y negocia siempre a su favor y no hacia el bienestar de sus agremiados; con una falta de inversión en mejoramiento de la infraestructura escolar, en la formación de docentes, en la atención indispensable de la población más rezagada y desescolarizada.