FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Los ochenta eran tiempos de “renovación moral” en el discurso presidencial pero también de oscuros pasajes de la narcopolítica que no acaban de ser revelados. Las páginas de este semanario trataban de desentrañar las siniestras actividades de José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la DFS, implicado en dos asesinatos de alto perfil, los de Manuel Buendía y de Enrique Camarena. Según fuentes estadunidenses aquel policía, a la postre juzgado y sentenciado por el primero de esos homicidios, controlaba a los capos del narcotráfico de la época (Caro Quintero, Fonseca Carrillo y Félix Gallardo), pero no lo hacía por cuenta propia… obedecía a alguien más.
MÉXICO, D.F. Un alto funcionario estadunidense fue contundente en su aseveración: “(José Antonio) Zorrilla (Pérez) recibía dinero de la droga que luego repartía entre gente de alto nivel”. Era la mitad de la década de los ochenta y este semanario daba seguimiento puntual a las actividades de ese personaje, titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en tiempos de los asesinatos del periodista Manuel Buendía y del agente estadunidense Enrique Camarena.
Las facilidades para que Zorrilla y sus agentes se mantuvieran impunes, así como las omisiones de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) fueron abordadas por Proceso.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Los ochenta eran tiempos de “renovación moral” en el discurso presidencial pero también de oscuros pasajes de la narcopolítica que no acaban de ser revelados. Las páginas de este semanario trataban de desentrañar las siniestras actividades de José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la DFS, implicado en dos asesinatos de alto perfil, los de Manuel Buendía y de Enrique Camarena. Según fuentes estadunidenses aquel policía, a la postre juzgado y sentenciado por el primero de esos homicidios, controlaba a los capos del narcotráfico de la época (Caro Quintero, Fonseca Carrillo y Félix Gallardo), pero no lo hacía por cuenta propia… obedecía a alguien más.
Las facilidades para que Zorrilla y sus agentes se mantuvieran impunes, así como las omisiones de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) fueron abordadas por Proceso.
