FUENTE: PROCESO (REDACCIÓN).
MÉXICO, D.F. (apro).- En menos de 48 horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pusieron en tela de juicio a la procuración de justicia en el estado de Chihuahua, gobernado por el priista César Duarte Jáquez.
En el primer lugar, por el caso de la excarcelación de uno de los presuntos implicados en la masacre de Villas de Salvárcar, Israel Arzate, y, en el segundo, por la cadena de errores que se cometieron en el caso de la activista Marisela Escobedo Ortiz.
A pesar de que el Fiscal General chihuahuense, Jorge González Nicolás, aseguró que el juicio contra Israel Arzate sigue abierto porque su liberación no fue porque no tenga responsabilidad en la masacre de Villas de Salvárcar, sino por un amparo que logró contra el proceso de vinculación.
“Él no ha sido juzgado todavía, es un amparo en contra de un auto de reclusión preventiva nada más; por lo tanto, si hubiera nuevos elementos de peso, por supuesto que se estarán presentando y se volvería a iniciar otra vez el proceso”, dijo.
En el primer lugar, por el caso de la excarcelación de uno de los presuntos implicados en la masacre de Villas de Salvárcar, Israel Arzate, y, en el segundo, por la cadena de errores que se cometieron en el caso de la activista Marisela Escobedo Ortiz.
A pesar de que el Fiscal General chihuahuense, Jorge González Nicolás, aseguró que el juicio contra Israel Arzate sigue abierto porque su liberación no fue porque no tenga responsabilidad en la masacre de Villas de Salvárcar, sino por un amparo que logró contra el proceso de vinculación.
“Él no ha sido juzgado todavía, es un amparo en contra de un auto de reclusión preventiva nada más; por lo tanto, si hubiera nuevos elementos de peso, por supuesto que se estarán presentando y se volvería a iniciar otra vez el proceso”, dijo.
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