FUENTE: REFORMA.
AUTOR: DENISE DRESSER.
Hace casi tres años, el documental Presunto culpable evidenció a un sistema judicial podrido. Expuso a jueces incompetentes. A policías abusivos. A testigos mentirosos. A funcionarios del Ministerio Público que acusan al azar porque “es su chamba”.
La película plasmó todo lo que no funciona con la justicia en el país. Alertó, sacudió, evidenció y marcó el mapa de ruta de lo que tendría que hacerse para que no hubiera un inocente más en la cárcel. Para que Toño Zúñiga fuera la excepción y no la regla. Para que ni un sólo mexicano fuera aprehendido arbitrariamente, juzgado discrecionalmente, encarcelado injustamente.
La sacudida fue tan grande que avizoramos un parteaguas. Supusimos cambios de gran envergadura. Ciframos nuestras esperanzas en la capacidad de las autoridades para aceptar la crítica, reformarse a sí mismas, actuar de otra manera.
Pero todo lo que ha ocurrido en los últimos 984 días desde que la película fue censurada por la juez Blanca Lobo demuestra lo contrario. En vez de entender el mensaje, los tribunales han optado por matar al mensajero. En vez de empujar reformas indispensables -como los juicios orales en el Distrito Federal- han preferido congelarlas. En vez de permitir la grabación de las audiencias han cerrado el acceso público a ellas cada vez más. En vez de transformarse, los jueces han decidido atrincherarse. Acorazarse. Desentenderse.
