AUTOR: IVÁN PEDROSA.
Cuando la figura de la prisión aparece obsesivamente en el debate político como el destino merecido de los infractores, no se puede evitar recordar la gran obra de Michel Foucault, Vigilar y castigar, que describe la evolución en los sistemas penales en el mundo occidental desde los tormentos hasta la prisión. Este filósofo concibe a la prisión como institución donde se mezclan la dimensión psíquica y la social, pues la arquitectura de la cárcel, que limita espacialmente el preciado bien de la libertad, pretende contener y transformar la mente de la persona condenada.
Ante los hechos de violencia suscitados desde el 1º de diciembre de 2012, grupos predominantemente conservadores en medios de comunicación y espacios legislativos han impulsado dos categorías de propuestas: a) imponer limitaciones y requisitos a las manifestaciones, b) aumentar las sanciones o imponer tipos penales agravados para quien realice actos violentos durante una protesta.
Las iniciativas para la regulación de las marchas han sido impulsada primordialmente por el PAN, con Gabriela Cuevas, Federico Döring, Mariana Gómez del Campo y Jorge Sotomayor a la cabeza. En una oportunidad pasada sostuvimos que las absurdas propuestas de regular las marchas tenían por objeto inhibir la protesta y servir como combustible para el avance de ciertos grupos y partidos políticos.