Los 22 “jueces” designados para presidir las audiencias emitieron sentencias sobre la actuación del Estado mexicano, varias de sus instituciones y empresas nacionales y extranjeras que han sido copartícipes de la violación de los derechos de los pueblos.
En las tres audiencias, el jurado confirmó la existencia de desvío de poder del Estado mexicano; es decir, el uso del poder, recursos e instituciones del Estado a favor de intereses privados nacionales y trasnacionales, en desmedro y contra los intereses de la población, constituyendo además una violación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en tanto este desvío sucede en el marco de agresiones y violación de derechos de la población civil.