FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: HUGO ABOITES.
El prolongado conflicto que ha provocado la reforma empresarial en la educación ahora amenaza con ir todavía más lejos.
Además de la educación básica la reforma también incluirá obligatoriamente las licenciaturas y posgrados de todas las instituciones de educación superior (y las autónomas).
Pasarían a convertirse en objeto demedición u observación por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y de las autoridades educativas (gobiernos federal y estatales) cerca de 150 mil docentes (y directivos) y los más de 3 millones de estudiantes de UNAM, UAM, IPN, UPN, UACM y estatales; de las instituciones tecnológicas; de todas las privadas (UIA, Tec…), y también, de los centros de investigación y docencia (Colmex, CIESAS, DIE-Cinvestav).
¿Cómo puede ocurrir esto, si las universidades quedaron exentas en la Ley del Servicio Profesional Docente (artículos 1 y 2)? Muy simple, se las incorpora en otra ley, la del INEE. Primero, en ella se asienta que el sistema educativo nacional (artículo 5, XII) está constituido por todas las instituciones consignadas en el artículo 10 de la Ley General de Educación sin distinción de niveles, entre las que se encuentran expresamente las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía.