AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Nadie les avisó que sus tierras habían sido concesionadas a una minera inglesa. Los indígenas de San Miguel El Progreso, Guerrero, tuvieron que enterarse por los periódicos y luchar por sus propios medios contra la imposición. Temen la tala, la muerte de sus manantiales, el resquebrajamiento de su cultura, la negación de las garantías laborales y el fin de sus derechos sobre el territorio. Decidieron que van a pelear no sólo por su caso, sino por abrogar la ley que ha permitido este fenómeno en aumento.
Los habitantes –la comunidad me’phaa del municipio de Malinaltepec– buscaron el respaldo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para entablar una demanda de amparo en contra de las concesiones mineras otorgadas a la empresa Hochschild Mining, de capital inglés pero radicada en Perú. Han documentado que los permisos atentan contra el derecho al territorio indígena. Incluso fueron más allá: piden al Poder Judicial que se declare inconstitucional la Ley Minera, por no considerar la opinión de los pueblos indígenas en el otorgamiento de los permisos de exploración y explotación de minerales bajo su territorio.
