FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
En una etapa caracterizada por la violencia del narco y otras formas de delincuencia organizada, pero también por la efervescente protesta social, el presidente aprovecha la mayoría priista en el Congreso para obtener, como parte de la reforma política, mayores facultades. Así, el Legislativo aprobó modificar el artículo 29 de la Constitución para que Enrique Peña Nieto pueda declarar eventualmente la suspensión de garantías con el único aval de una mayoría simple del Congreso.
MÉXICO, D.F. La reforma político-electoral aprobada la semana pasada por el Senado y la Cámara de Diputados escondió una modificación al artículo 29 de la Constitución que deja a discreción del presidente Enrique Peña Nieto la eventual suspensión de garantías, para lo cual le bastará el aval de una mayoría simple en el Congreso.
La creación de la Fiscalía General de la República (FGR) para sustituir a la Procuraduría General de la República (PGR) fue la justificación para reformar el artículo constitucional que ni el expresidente Felipe Calderón se atrevió a invocar en su campaña armada contra el narcotráfico.
Como parte de la reforma política, el Legislativo aprobó la autonomía del Ministerio Público (MP), que al dejar de ser parte del gabinete presidencial ya no podrá pronunciarse en caso de que el Ejecutivo ordene la restricción o suspensión de garantías constitucionales.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
En una etapa caracterizada por la violencia del narco y otras formas de delincuencia organizada, pero también por la efervescente protesta social, el presidente aprovecha la mayoría priista en el Congreso para obtener, como parte de la reforma política, mayores facultades. Así, el Legislativo aprobó modificar el artículo 29 de la Constitución para que Enrique Peña Nieto pueda declarar eventualmente la suspensión de garantías con el único aval de una mayoría simple del Congreso.
La creación de la Fiscalía General de la República (FGR) para sustituir a la Procuraduría General de la República (PGR) fue la justificación para reformar el artículo constitucional que ni el expresidente Felipe Calderón se atrevió a invocar en su campaña armada contra el narcotráfico.
Como parte de la reforma política, el Legislativo aprobó la autonomía del Ministerio Público (MP), que al dejar de ser parte del gabinete presidencial ya no podrá pronunciarse en caso de que el Ejecutivo ordene la restricción o suspensión de garantías constitucionales.
