FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El escandaloso dispendio de recursos públicos que realizó el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, para su promoción personal con motivo de su primer informe de gobierno puso nuevamente los reflectores sobre el tema.
Los mandatarios estatales se aprovechan de tres aspectos que se conjugan para permitir estos abusos: la aplicación de una norma claramente anticonstitucional; la irresponsabilidad de los diputados y senadores para concluir los procesos legislativos, y la contradictoria interpretación de las leyes por parte del Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Respecto al primer punto hay que señalar que en el mismo proceso de la reforma constitucional y de la realizada al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) como parte de la reforma electoral del 2007-2008, los legisladores introdujeron en la ley secundaria una excepción a lo establecido en el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, lo cual no es defendible jurídicamente porque entre los principios básicos del derecho se encuentran el sistema jerárquico de normas y el análisis de la constitucionalidad de las leyes; es decir, ninguna legislación secundaria puede ser contraria a una norma constitucional.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
Los mandatarios estatales se aprovechan de tres aspectos que se conjugan para permitir estos abusos: la aplicación de una norma claramente anticonstitucional; la irresponsabilidad de los diputados y senadores para concluir los procesos legislativos, y la contradictoria interpretación de las leyes por parte del Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Respecto al primer punto hay que señalar que en el mismo proceso de la reforma constitucional y de la realizada al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) como parte de la reforma electoral del 2007-2008, los legisladores introdujeron en la ley secundaria una excepción a lo establecido en el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, lo cual no es defendible jurídicamente porque entre los principios básicos del derecho se encuentran el sistema jerárquico de normas y el análisis de la constitucionalidad de las leyes; es decir, ninguna legislación secundaria puede ser contraria a una norma constitucional.
