AUTOR: JESÚS ARANDA.
Si nos atenemos a las declaraciones de los funcionarios federales que fueron enviados a Michoacán para atender el problema de las autodefensas, es cosa de tiempo para que vuelva la calma a tierras purépechas, se desarme a los grupos civiles, se detenga a los líderes de Los Caballeros Templarios, ¿y por qué no también de La Familia Michoacana?, y se reduzca a su mínima expresión a la delincuencia organizada. Pero, si nos atenemos a los hechos, no se ve para cuando se concreten esos dichos.
Mientras tanto, líderes de las defensas comunitarias insisten en que el problema tiene mucho de fondo, que la Policía Federal y el Ejército están haciendo su parte, pero que su labor es cosmética, porque el gobierno federal insiste en no atacar las causas de fondo que generaron la crítica situación que vive la entidad, que es la impunidad.
La impunidad para extorsionar, secuestrar, robar y amenazar. La impunidad para obtener armas de grueso calibre enfrente de las narices de los militares que son los encargados de hacer cumplir la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La impunidad para imponer la ley de la selva en las comunidades más alejadas y en ciudades tan importantes como Apatzingán.