FUENTE: LOS ANGELES PRESS.
AUTOR: Francisco Bedolla Cancino.
Si se hiciera un meticuloso intento de detección de las fortalezas distintivas de las 15 personas que ocuparon el cargo de consejero(a) dentro del consejo electoral del Instituto Federal Electoral en el periodo posterior a la reforma electoral de 2007, salvo alguna honrosa excepción, seguramente la integridad brillaría por su ausencia.
Lamentablemente, la moralidad de las decisiones y los actos de estos funcionarios públicos distan mucho de estar a la altura de los grados académicos y las trayectorias profesionales que éstos y quienes les promovieron pomposamente ostentaron.
Por desgracia para estos quince consejeros, pero especialmente para los consejeros designados de acuerdo al método escalonado de relevo (Leonardo Valdés, Marco Antonio Baños, Benito Nacif, Macarita Elizondo, Francisco Guerrero, Alfredo Figueroa, María Marván, Lorenzo Córdoba y Sergio García), el ejercicio de las facultades para administrar el nuevo modelo arbitral de comunicación, competencia política y sanción exigía de dos ingredientes básicos: uno, apego irrestricto de su actuación a principios ético-morales (el Código de Ética o de Conducta que no se atrevieron a forjar), que posibilitaría la despersonalización de las decisiones y la reducción de las presiones de los partidos políticos; y dos, un esquema de liderazgo consensual que ofreciera certeza a los consejeros electorales, todos, de que no habría sesgos en los acuerdos y resoluciones del Consejo General a favor ni en contra del partido político al que le debían su actual encargo.
AUTOR: Francisco Bedolla Cancino.
Lamentablemente, la moralidad de las decisiones y los actos de estos funcionarios públicos distan mucho de estar a la altura de los grados académicos y las trayectorias profesionales que éstos y quienes les promovieron pomposamente ostentaron.
Por desgracia para estos quince consejeros, pero especialmente para los consejeros designados de acuerdo al método escalonado de relevo (Leonardo Valdés, Marco Antonio Baños, Benito Nacif, Macarita Elizondo, Francisco Guerrero, Alfredo Figueroa, María Marván, Lorenzo Córdoba y Sergio García), el ejercicio de las facultades para administrar el nuevo modelo arbitral de comunicación, competencia política y sanción exigía de dos ingredientes básicos: uno, apego irrestricto de su actuación a principios ético-morales (el Código de Ética o de Conducta que no se atrevieron a forjar), que posibilitaría la despersonalización de las decisiones y la reducción de las presiones de los partidos políticos; y dos, un esquema de liderazgo consensual que ofreciera certeza a los consejeros electorales, todos, de que no habría sesgos en los acuerdos y resoluciones del Consejo General a favor ni en contra del partido político al que le debían su actual encargo.
