AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
La arremetida contra los profesores llegó a un nuevo nivel: el Congreso mexiquense aprobó una reforma legal que cataloga la protesta magisterial como “delito grave” y castiga hasta con 10 años de cárcel a quien enseñe en escuelas sin registro, es decir comunitarias. Estas modificaciones al Código Penal se suman a los golpes, fabricación de delitos y otras agresiones que han sufrido los docentes en los últimos años y convierten a la entidad más poblada del país en uno de los estados que más agrede a sus educadores.
MÉXICO, D.F: La criminalización del magisterio disidente en el Estado de México entró en una nueva fase: A la represión histórica, las agresiones físicas, la fabricación de delitos y el autoritarismo laboral se sumó una serie de reformas al Código Penal que tipifican como “delitos graves” el ejercicio de derechos fundamentales por parte del sector magisterial.
De acuerdo con las denuncias de diferentes organizaciones, las detenciones arbitrarias, torturas y fabricación de delitos han sido la constante desde 2012, cuando Eruviel Ávila (PRI) llegó a la gubernatura estatal.
Las agresiones físicas a las maestras Teresa y Antonia Salazar, profesoras de escuelas oficiales en Los Reyes-La Paz y Chicoloapan, así como al profesor Hermenegildo Torres, iniciaron la andanada.