Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, señaló que de ser necesario su gobierno detendrá por la vía jurídica los intentos del Partido Acción Nacional (PAN) para criminalizar la protesta social.

Estas declaraciones se dan a raíz de la aprobación del dictamen en lo general y en lo particular de las reformas a diversas disposiciones del Código Penal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, que constituyen la conocida como “ley antiterrorista”, cuyas disposiciones incluyen las protestas ciudadanas en esta categoría criminal.

“Que se respete ya a la Ciudad de México, y si no, nosotros ya sabremos qué hacer para defenderla. Si insisten con esto, nosotros vamos a actuar jurídicamente”, aseguró Mancera.

El 4 de marzo de 2013, la Subdirección de Trabajo No Asalariado de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal invocó el artículo 24 fracción VII de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal para negar a un grupo de sexoservidores de ambos sexos su solicitud de la credencial de trabajadores no asalariados que emite esa subdirección.

El argumento fue que dicho artículo establece como infracción administrativa el ejercicio del sexoservicio cuando exista una queja vecinal. 

Como en el caso de las denuncias anónimas invocadas hasta el abuso por el gobierno de Felipe Calderón para realizar detenciones arbitrarias que se caían al llegar a tribunales, la arbitrariedad aquí reside en que la autoridad puede reservar el nombre de quien realizó la “queja vecinal”, por lo que siempre queda la duda sobre su existencia.

Pero el pasado lunes diez de febrero una juez federal resolvió positivamente el amparo presentado por organizaciones de sexoservidores, en el que denunciaban la inconstitucionalidad y el carácter violatorio de sus derechos humanos de la decisión del Gobierno del Distrito Federal.