FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARIZAGA.
En México el principio de justicia pronta y expedita no se respeta para nadie. El Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la vigilancia y administración de los tribunales federales, se sumó al linchamiento público de sus propios impartidores de justicia –algunos de ellos suspendidos y en la incertidumbre laboral– aunque durante años no haya podido demostrar su culpabilidad.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En medio de escándalos mediáticos y presiones políticas por la presunta implicación de jueces y magistrados en sobornos por parte de abogados, empresarios o la delincuencia organizada, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF, organismo cúpula del Poder Judicial) mantiene suspendidos a varios de ellos y sólo en muy contados casos ha concluido los procedimientos administrativos abiertos en su contra.
Y son menos aún aquellos a quienes ha puesto en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) para consignarlos penalmente.
El CJF, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, ha decidido la suspensión como medida cautelar y en consecuencia congelar sus ingresos, total o parcialmente, en espera de comprobar las acusaciones. Pero en la mayoría de los casos ni las propias investigaciones del Poder Judicial ni las de la PGR han dado lugar a cargos formales.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARIZAGA.
En México el principio de justicia pronta y expedita no se respeta para nadie. El Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la vigilancia y administración de los tribunales federales, se sumó al linchamiento público de sus propios impartidores de justicia –algunos de ellos suspendidos y en la incertidumbre laboral– aunque durante años no haya podido demostrar su culpabilidad.
Y son menos aún aquellos a quienes ha puesto en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) para consignarlos penalmente.
El CJF, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, ha decidido la suspensión como medida cautelar y en consecuencia congelar sus ingresos, total o parcialmente, en espera de comprobar las acusaciones. Pero en la mayoría de los casos ni las propias investigaciones del Poder Judicial ni las de la PGR han dado lugar a cargos formales.
