AUTOR: TANIA MONTALVO.
La legislación aprobada en el Senado contempla que quienes compren pornografía y quienes viajen al país para tener sexo con menores serán acreedores a penas que van desde 15 hasta 30 años de prisión.
Uno de los principales cambios que los senadores aprobaron el miércoles pasado en la reforma en materia de trata de personas es que los consumidores tanto de pornografía como de prostitución infantil constituyen una “pieza clave en la cadena de explotación de una persona” sin importar que no obtengan un beneficio económico por ello o sean los ‘cerebros’ detrás del negocio, por lo que podrían recibir penas que van desde los 15 y hasta los 30 años de prisión.
“Estamos intentando inhibir el propio consumo. Quienes contratan a una jovencita, quienes compran pornografía, también deben ser sancionados porque están siendo parte de la cadena delictiva. No se está penalizando la prostitución, estamos inhibiendo el consumo porque parte del problema que tenemos en trata de personas es que pareciera que el consumo no cuenta y en realidad es parte de las causas, es decir, si no hay demanda, no hay oferta.
Debemos romper la cadena del negocio”, dijo en entrevista con Animal Político Adriana Dávila, senadora del Partido Acción Nacional (PAN) y principal impulsora de la reforma.