AUTOR: MARIANO ALBOR.
MÉXICO, D.F: Una advertencia sobre lo inadvertido. La abogacía es una concreción profesional. Los licenciados, maestros y doctores en derecho que están incorporados al servicio público en realidad no son abogados. Estos profesionales de la ley que ejercen en los diferentes órdenes gubernamentales en tareas legislativas, administrativas y judiciales son predicadores y practicantes de la autoridad del Estado.
Incluso, algunos juristas estatólatras militan airosos en sus filas. Como todos ellos viven en el interior del aparato estatal, su discurso descansa por lo general en el principio de legalidad. En esta virtud, una de sus mayores preocupaciones –lo que es un hecho notorio en la última década– es la seguridad pública, que es siempre un motivo, razón o pretexto para las expresiones de fuerza de la autoridad pública.
En el otro lado, el abogado está en la sociedad civil –en esta oportunidad valga la expresión– y a ella pertenece. Es cierto que a este profesional del derecho no lo acompaña un buen ánimo social: sus méritos históricos no son escasos para ello.