AUTOR: MARTA LAMAS.
MÉXICO, D.F. En estas semanas se ha debatido sobre las autodefensas, principalmente en torno a lo ocurrido en Michoacán. Sin embargo, hay otros casos de “autodefensa” ciudadana que tienen una larga tradición; por ejemplo, la Policía Comunitaria (PC) de Guerrero que, según la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), María Teresa Sierra, surgió desde 1995, y que para 2011 ya cuenta con 750 elementos y tres Casas de Justicia que atienden a 62 comunidades de 11 municipios de la Costa-Montaña del estado. A partir de la Ley de Seguridad Pública aprobada en 2007, a este cuerpo se le reconoce su carácter de policía preventiva y auxiliar, sujeta a los lineamientos de los municipios. Y desde 2011 la Ley 701 reconoce como actos de autoridad aquellos que ejerce la PC.
La Policía Comunitaria se creó con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes en una de las zonas del país con mayor marginación, violación de derechos humanos y militarización.
Ahí ocurrieron la desaparición de Rosendo Radilla, las violaciones a Valentina e Inés y el asesinato de varios líderes indígenas. Y ahí también se produjo otra brutal injusticia, muy en la línea del caso Patishtán: la detención de Nestora Salgado y varios compañeros de la PC de Olinalá.