FUENTE: FORBES
AUTOR: Saúl Cruz Canuto y Orquídea Soto.
Ésta es una historia de terror: un estado endeudado con riesgos de incumplimiento, empleados que deben pagar a la mafia 2,000 pesos para tener el “derecho” de trabajar con tranquilidad, campesinos sobornados y obligados a pagar 1,000 pesos por hectárea cultivada, transportistas orillados a pagar hasta 4,000 pesos por circular. ¿Hasta cuándo?
“Primero comenzaron los asaltos. Después, apareció gente que ya no nos dejaba repartir. Más tarde, vino lo peor: nos obligaron a pagar una cuota de 2,000 pesos, más o menos y, de no pagarla, nos amenazaban con matarnos”.
Así narra Genaro Benítez, repartidor en Tierra Caliente de la compañía Sabritas, su contacto con los Caballeros Templarios en Michoacán. Desde hace seis años, las extorsiones y amenazas se hicieron más frecuentes, quedó claro que las empresas de consumo, cadenas comerciales y productores agrícolas, serían el nuevo blanco de las bandas de narcotraficantes.
Como los Caballeros Templarios, que buscan sustraer valor económico a las regiones a través del cobro de cuotas a quienes producen y comercializan mercancías e, incluso, a trabajadores, dice un estudio próximo a publicarse por el Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM).
AUTOR: Saúl Cruz Canuto y Orquídea Soto.
Ésta es una historia de terror: un estado endeudado con riesgos de incumplimiento, empleados que deben pagar a la mafia 2,000 pesos para tener el “derecho” de trabajar con tranquilidad, campesinos sobornados y obligados a pagar 1,000 pesos por hectárea cultivada, transportistas orillados a pagar hasta 4,000 pesos por circular. ¿Hasta cuándo?
Así narra Genaro Benítez, repartidor en Tierra Caliente de la compañía Sabritas, su contacto con los Caballeros Templarios en Michoacán. Desde hace seis años, las extorsiones y amenazas se hicieron más frecuentes, quedó claro que las empresas de consumo, cadenas comerciales y productores agrícolas, serían el nuevo blanco de las bandas de narcotraficantes.
Como los Caballeros Templarios, que buscan sustraer valor económico a las regiones a través del cobro de cuotas a quienes producen y comercializan mercancías e, incluso, a trabajadores, dice un estudio próximo a publicarse por el Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM).
