La era del periodismo digital trajo consigo una participación activa y circular de los lectores. “El consumidor de información ya no es un ser pasivo que recibe la información empaquetada por otros”, matizó Rosental C. Alves, director del Knight Center for Journalism in the Americas de la Universidad de Texas (El País, 5 de septiembre de 2010).

Si la televisión nulificó el proceso de pensamiento de los espectadores, la internet reforzó al hombre multitarea, atento a la nada. Las noticias se convirtieron en una nueva dieta chatarra para entretener los sentidos; el lector devino en un espía de breves bocanadas.

La magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que esta institución y el IFE han entregado buenas cuentas a los ciudadanos desde su creación.

Destacó además que “el conflicto ya no es la organización de las elecciones, cuantitativamente hablando, es la vida interna de los partidos”.

La responsabilidad de impartir justicia electoral en el país recae, en partes iguales, entre el Instituto Federal Electoral (IFE) y el TEPJF.

Al participar en el primer día del Foro 23 Años de Historia Democrática del IFE, sostuvo que ambos organismos resguardan la estabilidad democrática y la paz social al resolver, por la vía del Derecho, las controversias suscitadas en los procesos electorales.

El día de hoy en Ginebra, Suiza, el gobierno mexicano entregó sus respuestas al Examen Periódico Universal, al cual se sometió en octubre pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Sus respuestas dejaron inconformes a organismos de la sociedad civil pues si bien sólo rechazó dos recomendaciones de las 176 que le presentaron los estados miembro, mantuvo una postura esquiva y de “aceptación parcial” en temas sensibles como el arraigo, la tortura, la desaparición forzada y los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.

En ese sentido, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos manifestó ante el Consejo de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura, cuestionaron no haber asumido la exigencia de eliminar el arraigo.

En el secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez las autoridades de Veracruz evadieron investigar si el crimen fue cometido por motivos profesionales pese a las pruebas que indican que al reportero lo mataron por su trabajo, concluyó la Misión de Observación que acudió entre el 15 y 17 de febrero pasado a esa entidad para revisar el caso.

El expediente presenta una serie de deficiencias que, además de que podría beneficiar a quienes actualmente son señalados como presuntos responsables del crimen, muestran el empeño en no reconocer que el atentado contra Goyo es un “ataque directo a la libertad de expresión”.

Entre las fallas que la Misión encontró están la falta de órdenes de cateo y de aseguramiento precautorio, la de dictámenes médicos que certifiquen la salud de los acusados antes y después de los interrogatorios —para descartar que declararon tras ser víctimas de tortura—, no se verificó la información que ellos confesaron, la familia no identificó a los presuntos agresores, no se certificaron pruebas encontradas en la casa de seguridad en la que supuestamente llevaron a Goyo tras el secuestro y no se consideraron líneas de investigación en la que la profesión del reportero pudo ser el móvil del crimen.

La Comisión de Seguridad Pública del Senado ratificó este jueves 20 de marzo por unanimidad el nombramiento de Monte Alejandro Rubido García, como titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

El dictamen por el que se ratifica el nombramiento presidencial aún deberá votarse en el Pleno Legislativo, algo que se prevé sería el martes de la próxima semana.

“Aunque es muy importante que el País cuente ya con un Comisionado Nacional de Seguridad, creemos que se deben de agotar todos los tiempos que señala el reglamento y no se ha dispensado ninguno. Así es que yo calculo que (…) podría ser el próximo martes”, señaló el presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Omar Fayad.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García fue cuestionado sobre el tema de las guardias comunitarias en Michoacán y dejó en claro que el gobierno federal no ha pensado en compartir el uso de la fuerza, ya que recordó esa es atribución exclusiva del Estado.