AUTOR: ADRIANA AMEZCUA.
La criminalización de la protesta social avanza en México, a pesar de que vulnera los derechos esenciales. Manifestarse en Quintana Roo, San Luis, Jalisco o el DF es ahora de alto riesgo
En México se generaliza el afán de expedir iniciativas de ley encaminadas a restringir la protesta social.
Que un activista, defensor o ciudadano ejerza acciones de resistencia civil o denuncie violaciones contra los derechos humanos es casi un deporte extremo.
Diversos colectivos sociales y organizaciones de derechos humanos refirieron su preocupación por las iniciativas legislativas que se han presentado a nivel local y federal con las que se busca inhibir y limitar derechos básicos de los ciudadanos.
Derechos a la libertad de expresión, protesta, reunión y asociación pretenden ser cercados con las iniciativas presentadas tanto en el Congreso Federal como en los congresos locales de San Luis Potosí, Quintana Roo, Jalisco y el DF.