AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
Una cadena de sentencias en favor de manifestantes encarcelados evidenció la recurrente violación a las garantías individuales que se padece en la capital del país desde que Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto llegaron al poder. Según dos amparos, la policía de la Ciudad de México realizó detenciones arbitrarias y los jueces locales entablaron procesos de paja contra al menos cinco activistas.
MÉXICO, D.F: La obstinación del Gobierno del Distrito Federal (GDF) por mantener presos a manifestantes sigue haciendo crisis. Sin entrar al fondo de las irregularidades procesales, dos amparos evidenciaron que, desde el auto de formal prisión, la autoridad violó las garantías constitucionales de los detenidos y no aceptó las pruebas con que los inculpados intentaban demostrar su inocencia.
En entrevista, defensores, familiares y amigos que han integrado comités de apoyo para los prisioneros, consideran que el amparo es apenas una esperanza. Dicen estar convencidos de que el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha convertido a los procesados en “referentes de la criminalización de la protesta social”, es decir, en “presos políticos y de conciencia”.