AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ Y ARTURO RODRÍGUEZ.
Se trata de uno de los planes de infraestructura más importantes para el actual sexenio, pero a nadie se le ocurrió preguntar si los habitantes de la zona intervenida estaban de acuerdo con la edificación de las dos termoeléctricas y el gasoducto del Proyecto Integral Morelos. Hoy, tanto el gobierno federal como los de Puebla y Morelos emplean toda la fuerza de los juzgados y sobre todo las amenazas y agresiones para levantar una serie de obras cuyo beneficio ni siquiera está claro.
MÉXICO, D.F: Los gobiernos del poblano Rafael Moreno Valle (PAN-PRD-MC y Panal) y del morelense Graco Ramírez (PRD) quieren imponer el Proyecto Integral Morelos (PIM), una obra que le urge a la administración de Enrique Peña Nieto. Para lograrlo han recurrido a la criminalización de luchadores sociales y al uso de la fuerza contra comunidades indígenas.
La embestida de ambos mandatarios estatales contra quienes defienden su derecho a la autodeterminación ya provocó que 80 organizaciones civiles de distintos países, así como 90 intelectuales –encabezados por Noam Chomsky y Eduardo Galeano– firmaran un pronunciamiento para exigir que cesen la represión y a la violencia.