AUTOR. MAJO SISCAR.
Organizaciones sociales recurren el Código Penal del estado al considerarlo discriminatorio por no contemplar como causal que la salud de la mujer esté en riesgo. Esta entidad tiene la tasa más alta de mortandad por complicaciones en la interrupción del embarazo.
La interrupción del embarazo es un derecho para las guerrerenses solo en caso de violación o cuando se presenten malformaciones congénitas del feto. En el resto de casos está tipificado como delito. Ahora varios organizaciones feministas locales y la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR) presentaron un amparo legal ante el Artículo 121 de su Código Penal por considerarlo discriminatorio al penalizar la interrupción del embarazo aún cuando atente contra la salud de la mujer.
Contra ello, Gady Dircio, de DDeser Guerrero exigió que “si un embarazo hace que corra peligro mi vida, que el estado de Guerrero garantice la interrupción del embarazo. Los políticos dicen que se están jugando la vida política, mientras que nosotras ponemos en juego nuestra propia vida”.