AUTOR: Héctor Tajonar.
MÉXICO, D.F: La incipiente democracia mexicana enfrenta una paradoja que inhibe su lento desarrollo: cuenta con una estructura institucional que formalmente la dota de solidez jurídica y, al mismo tiempo, padece serias deficiencias en su operación política derivadas del sistema de partidos.
A pesar de sus imperfecciones, el artículo 41 constitucional, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y la Ley General de Partidos Políticos constituyen indudables avances jurídicos e institucionales que en la realidad política se enfrentan a partidos alejados de lo establecido en la Carta Magna y en los parámetros internacionales de la normalidad democrática, si no es que en franca contradicción con ellos.
El reciente registro de tres nuevos institutos políticos obliga a reflexionar sobre el sistema correspondiente, integrado antes por siete organizaciones y que ahora aumenta a 10. No es admisible que los protagonistas indispensables de los procesos electorales representen un obstáculo mayúsculo, en lugar de un estímulo, para mejorar la calidad de la onerosa y mediocre democracia mexicana.