Con una Ley aprobada fuera de plazo y un articulado que, en muchos de sus componentes, viola la Constitución, el Congreso ha colocado una vara realmente baja en materia de telecomunicaciones.

Los motivos del Ejecutivo Federal para enviar una iniciativa poco convergente, poco moderna y muy sesgada son evidentes ante su nivel de popularidad, los principales indicadores económicos y las cifras vinculadas con la inseguridad. Pero los legisladores tuvieron en sus manos una oportunidad histórica y decidieron jugar como siempre lo han hecho: privilegiando los intereses electorales de cada uno de ellos o del instituto político al que pertenecen.

Una veintena de contiendas para Gobernador porvenir y las elecciones intermedias de 2015 sellan el destino de las telecomunicaciones en nuestro país.

Abogados criticaron la propuesta de convertir en deuda pública los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Y consideraron que, debido a los malos manejos que imperan, sobre todo en el gremio petrolero sería como darle carta blanca a la corrupción.

Arturo Alcalde Justiniani comentó que el énfasis no debería darse en la discusión entre quién paga: las empresas públicas o la Federación, porque finalmente es lo mismo, sino por qué siempre la población termina pagando el costo de la corrupción y del control de un sistema político que compromete invariablemente el futuro de los ciudadanos para cumplir con una serie de compromisos contraídos a espaldas de quienes van a terminar pagando.

Precisó que los pasivos de Pemex están formados por diferentes elementos; una parte es el salario; otra, pensiones y jubilaciones, pero también tiene todo lo que son supuestamente créditos laborales colectivos.

(29 de julio, 2014).- A pocos días de que entre en vigor la Gendarmería Nacional, según lo anunciado anteriormente por el gobierno federal, un informe publicado por el Centro de Estudios Fundar México, que analiza este tipo de cuerpos policiales, da cuenta de los yerros que desde su concepción, colocan a uno de las iniciativas estrella de Peña Nieto en un escenario difícil para contribuir a una mejor seguridad.

“El debate entre políticas de seguridad, democracia y derechos humanos: El caso de la nueva Gendarmería Nacional”, es el nombre del estudio realizado por el experto en Derechos Humanos, Miguel Moguel, quien analiza la justificación con que fue pensada la corporación, el conflictivo entorno en que fue concebida, así como los problemas que afronta en pos de reducir la inseguridad.

Anunciada por el entonces candidato presidencial del PRI, en 2012, y cuando la ola de asesinatos calderonistas mostraba sus números más bajos, la Gendarmería, si bien fue considerada una triquiñuela propagandística, también apuntaba como una opción alterna a la fuerzas enfocadas en actividades de seguridad nacional, así como el primer esfuerzo por eliminar la dependencia de las Fuerzas Armadas (Sedena y Marina).

Llegó acompañado de Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI y viejo amigo suyo. De hecho, gracias a los buenos oficios de Gamboa Patrón, el magnate sindical logró llegar al Senado en la fórmula plurinominal y obtener fuero legislativo por seis años.

Romero llegó molesto al Senado. Se le notaba en su gesto, normalmente adusto. Se arrellanó en su curul. No entendía ni de qué se trataba el debate en ese momento. Se puso a increpar al senador del PAN, Francisco Domínguez. Bravucón, como si saliera de una cantina, Romero retaba al presunto aliado del PRI a demostrar que Pemex había sido improductivo.