Las autodefensas legítimas estarán dedicadas únicamente a la caza del principal líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.
Tras la nueva movilización de civiles armados para combatir al crimen organizado en Michoacán, se estableció que un grupo de las autodefensas legítimas estará dedicado únicamente a la caza del principal líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.
El 24 de septiembre, el Gobierno Federal informó que detectó movimientos del capo en la zona sur de Michoacán, por lo que mantiene elementos del Ejército reforzando la región. Este grupo de autodefensas es el cuarto agrupamiento que se organiza para la captura del líder del cártel michoacano. Un grupo de élite del Ejército, un grupo especial de la Policía Federal y un grupo de la Fuerza Rural ya lo intentaron.
> 17 de enero
Jesús Vázquez Macías, “El Toro”, jefe de plaza de las comunidades en Tepalcatepec, Michoacán, fue detenido en el poblado de Caleta de Campos, en Lázaro Cárdenas.
> 27 de enero
Dionisio Loya Plancarte, “El Tío”, fue capturado en posesión de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
> 27 de febrero
Francisco Galeana Núñez, “El Pantera”, fue abatido por Fuerzas Federales en Arteaga, Michoacán. Era jefe de plaza en Apatzingán.
> 9 de marzo
El hecho más relevante desde la puesta en marcha de la estrategia Federal en Michoacán fue cuando resultó abatido por Fuerzas Federales en Tumbiscatío, Nazario “El Chayo” Moreno González.
> 6 de junio
Fue aprehendido Pedro Naranjo García, originario de Tumbiscatío, acusado del asesinato de 15 personas de una misma familia en Apatzingán en agosto de 2013.
13 de agosto
Detienen al gatillero, Jesús Tapia Sánchez, “El Zanate”, uno de los responsables por el asesinato de 12 policías federales en Arteaga, el 12 de julio de 2009. La recompensa era de 3 millones de pesos a quien diera reportes de su paradero.
> 19 de septiembre
A consecuencia de un operativo policiaco, se suicidó el hermano de “La Tuta”, Aquiles Gómez Martínez, al verse cercado en su domicilio en el Fraccionamiento “Los Tulipanes”, en Lázaro Cárdenas.
> 28 de septiembre
Cae uno de los guardaespaldas y pistoleros de “La Tuta”, a quien las autoridades judiciales identificaron como José R. Días.
> 3 de octubre
Aprehensión de Juan Alejandre Corrales, alias “El Licenciado”, a quien se identifica como operador financiero de “La Tuta”. Se le acusa de participar en el homicidio de Luis Alfredo Lúa.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Al menos 22 empleados públicos del primer orden, podrían tener responsabilidad penal tras haber sumido a Michoacán en la peor crisis económica que ha tenido.
El histórico y millonario desfalco a las arcas del gobierno estatal de Michoacán no se subsanará, pero al menos los responsables del peculado multitudinario serán llevados a la cárcel, advirtió Alfredo Castillo.
El comisionado federal en Michoacán indicó que en los próximos días serán llamados a rendir cuenta los funcionarios que tienen responsabilidad en el robo de los dineros oficiales de la entidad.
Castillo señaló que finalmente la Contraloría del Estado tiene ya integrados los expedientes respectivos de los funcionarios que estarían involucrados, los cuales serán enviados a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que se ejecuten las correspondientes acciones penal.
Al menos 22 funcionarios del primer orden podrían tener responsabilidad penal tras haber sumido a Michoacán en la peor crisis económica que ha tenido.
Fuentes oficiales señalan que las averiguaciones previas que se integran en la PGJE no solo alcanzarán a funcionarios del periodo administrativo Vallejo-Reyna, sino que también tocarán a funcionarios de las administraciones perredistas de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, en cuyos periodos de gobierno inició el llamado “desaseo administrativo”.
A la fecha, la deuda pública estatal raya en los 38 mil millones de pesos. Solo en los últimos meses de la administración de Vallejo, el débito oficial de Michoacán ascendió a 2 mil millones de pesos. Recursos que al momento se desconoce su destino.
Las indagatorias podrían alcanzar también a algunos funcionarios de la administración del priista Víctor Manuel Tinoco Rubí, el que gobernó al estado de Michoacán en el periodo comprendido de 1996 a 2002, en donde se ha ubicado el inicio de la deuda pública estatal.
Tinoco Rubí dejó una deuda pública tasada en mil 578 millones de pesos. En su momento este déficit fue cuestionado por algunos diputados locales del PAN, quienes atribuyeron el incremento a discretas aportaciones oficiales para la fallida campaña presidencial de Francisco Labastida.
Los bancos señalados
Las acciones de investigación para determinar responsabilidades en el incremento de la deuda pública de Michoacán, podrían también tocar a algunos funcionarios de la banca privada
> Banco Interacciones
> Multiva
> Banobras
Secretarios de finanzas, en la mira
En marzo del 2014, en tanto la deuda pública de Michoacán crecía en silencio crecía más de 2 mil millones de pesos, un dictamen técnico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aportó los elementos suficientes a la Procuraduría de Justicia del Estado para encarcelar al tesorero de los gobernadores Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy.
El exsecretario de finanzas, Humberto Suárez López fue sometido a proceso penal por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y abuso de autoridad. Al constatar los elementos que obraron en la averiguación previa, se le otorgó el auto de formal prisión.
A la fecha, bajo el argumento de severos problemas de salud, a Suárez López se le benefició con la libertad bajo caución. Una negociación entre los abogados de la defensa y el entonces secretario de gobierno, Jesús Reyna, le permitió salir de la cárcel con una fianza de 49 millones 895 mil 455 pesos.
Luis Miranda -el primer secretario de Finanzas del gobernador con licencia Fausto Vallejo- es hoy el centro de las averiguaciones por desvío de fondos e incremento de la deuda durante la primera parte del periodo de gobierno que habrá de concluir el año entrante.
Otro de los ejes de investigación es el exsecretario de gobierno y exgobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna, quien hoy se encuentra sometido a proceso penal acusado de vínculos con células del crimen organizado.
Los Implicados
Desde administraciones pasadas, Michoacán enfrenta el problema de la deuda pública.
> Lázaro Cárdenas Batel
Se le responsabiliza de haber incrementado la deuda pública en más de un 500 por ciento. Incrementó el déficit de mil 578 millones de pesos a 8 mil 600 millones.
> Leonel Godoy Rangel
La deuda recibida se incrementó a 36 mil millones de pesos.
> Fausto Vallejo Figueroa
Incrementó la deuda oficial de Michoacán en más de 2 mil millones de pesos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, D.F. (apro).- Fiscales de la Corte federal en el condado de Brooklyn, en Nueva York, presentaron 12 cargos de homicidio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, capturado en febrero en México, e Ismael El Mayo Zambada.
Guzmán y Zambada, de acuerdo con la acusación que aún no ha sido difundida por el sistema de información judicial pero fue publicada en el sitio del Daily News, usaron sicarios que llevaron a cabo “cientos de actos violentos, incluyendo homicidios, asaltos, secuestros, asesinatos y actos de tortura”.
Esto no significa, de acuerdo con la versión, que la extradición de Guzmán de México a Estados Unidos sea inminente, y sólo apunta a que si ese fuera el caso, las acusaciones estarían listas.
Los nuevos cargos incluyen conspiraciones para asesinar a miembros del gobierno de México, personal militar y empleados de agencias dedicadas a perseguir delitos.
También se acusa a Guzmán Loera de asesinar, en 2008, a Roberto Velasco Bravo, director de Crimen Organizado de la Dirección General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Además, se acusa al excapo del Cártel de Sinaloa de ejecutar, en 2004, a Rodolfo Fuentes, líder del Cártel de Juárez.
El Daily News también destacó que los fiscales Andrea Goldbarg y Steve Tiscione presentaron en septiembre evidencia a un Gran Jurado de varias conspiraciones de asesinato y de lavado por 14 mil millones de dólares, bajo supervisión de Guzmán y Zambada.
Los cargos difundidos este martes se suman a los que enfrenta El Chapo en al menos siete diferentes distritos en Estados Unidos, incluida la Corte de Brooklyn.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F. (apro).- La masacre de 22 personas en Tlatlaya, en el Estado de México, y la desaparición forzada y posible muerte de estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero llevó a que, por vez primera desde la máxima tribuna del Poder Legislativo, los diputados sostuvieran que en México se vive un “narco-estado”.
Este martes, cuando se aprobaba la comisión especial para indagar los hechos ocurridos en Guerrero, el perredista y diputado federal por dicha entidad, Silvano Blanco Deaquino, tomó la palabra y en tribuna aseguró:
“Se tiene que reconocer que en México hay un narco-estado. Se tiene que reconocer que hay narco-política. Se tiene que reconocer que desde la Presidencia de la República, en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales, efectivamente la delincuencia organizada aporta recursos económicos para estas campañas. Eso se tiene que reconocer por parte del país”.
Antes de Blanco, nueve oradores hablaron a favor de crear la comisión especial, algunos calificaron los hechos de Ayotzinapa como un “crimen de lesa humanidad”, otros cuestionaron la ausencia de apoyo del gobierno federal hacia Guerrero y unos más aseguraron que lo ocurrido en dicha entidad es algo que sucede en todo el país, en especial Tamaulipas, Puebla, Michoacán y otros.
Blanco Deaquino fue el último en hablar. Fue quien generó un silencio en el salón de sesiones y a quien ningún otro diputado federal se atrevió a rebatir. Todos callaron.
Primero celebró la creación de la comisión para coadyuvar en las indagaciones de la desaparición y posible asesinato de los jóvenes estudiantes. Pero se debe tener claro, dijo, que los asesinatos, extorsiones y secuestros no han disminuido.
Luego habló del narco-estado y advirtió:
“Si no se instrumenta una política de Estado para que, efectivamente, México empiece a estar en una situación totalmente distinta, vamos a seguir cayendo en el cinismo, como se está cayendo en este momento. Hay que reconocerlo”.
El guerrerense recordó que la Federación no desconocía lo que pasa en Guerrero “y se viene y se dice que se lamenta”. Y puso el dedo en la llaga:
“La Federación no desconocía lo que pasa en Guerrero, así como no desconoce lo que pasa en todos los estados de la República. Prácticamente no hay un solo estado de la República en el cual la delincuencia organizada imponga a presidentes municipales, imponga a diputados locales, imponga a diputados federales, imponga a gobernadores y, me atrevo a decir, que también le inyecta recursos económicos para las candidaturas a la Presidencia de la República”.
Debemos ser “honestos y realistas”, dijo aunque aclaró que “algunos se salvan de la situación. No podemos decir que todos los que tienen algún cargo de representación están involucrados. Tampoco es cierto, sí hay gente con honestidad, con ética en todos los partidos políticos, pero también hay gente que se presta a situaciones irregulares en todos los partidos políticos”.
Luego de su posición, la Comisión Especial se aprobó y quedó al frente el panista Guillermo Anaya quien, por cierto, –como se hizo público en su momento– tiene parentesco político con un miembro de la delincuencia organizada. Recientemente un diputado priista de su estado no sólo recordó esto, sino que además lo acusó de haber sido cómplice de su hoy expariente político.
El coordinador del PVEM, Arturo Escobar, pretendió llevar raja política sobre el tema. Dijo que así como el PRD no podía presidir dicha Comisión por ser parte del gobierno guerrerense –además de haber propuesto al presidente municipal de Iguala, hoy prófugo y señalado como parte de la delincuencia organizada–, tampoco el PAN lo debía hacer, ya que en la elección a gobernador declinó participar apoyando indirectamente a quien hoy gobierna, el PRD.
Ningún partido político lo secundó y sí, en cambio, recibió reclamo por pretender politizar el tema.
En la Comisión Especial participarán, Manuel Añorve (PRI), Ruth Zavaleta (PVEM), Lisbeth Rosas Montero (PRD), Ricardo Mejía (MC), Lilia Aguilar (PT) y Sonia Rincón Chanona (Panal). La comisión se reunirá este miércoles a las 10 de la mañana.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
MÉXICO, D.F. (apro).- Tras un debate de casi cinco horas sobre las desapariciones y asesinatos de estudiantes normalistas en Ayotzinapan, Guerrero, el Senado de la República acordó formar un grupo plural de legisladores en la Comisión de Gobernación, que “coadyuve” en las investigaciones sobre los sucesos del pasado 26 y 27 de septiembre.
La decisión se tomó en medio de una fuerte polémica ante la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno en la descomposición del gobierno municipal de Iguala.
El presidente del Senado, Miguel Barbosa, respaldó el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto de un día antes. Acompañado de los otros vicecoordinadores del PAN y del PRI, el también coordinador del PRD afirmó que el llamado a acabar con la impunidad en Guerrero “no llega tarde”.
En la tribuna, los senadores del PRD, Alejandro Encinas, Dolores Padierna y Armando Ríos Pitter, entre otros, coincidieron que se trata de una “crisis de Estado”, con similitudes a la guerra sucia de los años setenta. Luego, llamaron a ser autocríticos para evitar que el “narcopoder” tenga mayor influencia en los partidos.
“Hay que ser autocríticos”, afirmó Encinas. “Todos somos corresponsables por omisión o complicidad” frente al ascenso del narcopoder en el municipio de Iguala, donde el alcalde José Luis Abarca está claramente vinculado al cártel de Guerreros Unidos.
Padierna Luna advirtió que los vínculos de Abarca “fueron ampliamente documentados y denunciados” desde el 2013. Mencionó el caso del asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona, a manos del propio Abarca. Esto ha sido “un claro ejemplo del desinterés gubernamental”, sentenció.
“Le tomamos la palabra al presidente de la República. La lucha es contra la corrupción y contra la impunidad, que no queden en discursos o pronunciamientos mediáticos”, afirmó la perredista.
Ríos Pitter, senador por Guerrero, estimó que los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapan se suman a “las más negras horas de la vida nacional”. Planteó un punto de acuerdo para que las investigaciones se realicen en un marco de transparencia, celeridad, objetividad y comunicación con el Senado.
Los senadores panistas también se incorporaron a éste, aunque se entramparon con algunos senadores del PRI sobre los saldos de la guerra contra el narcotráfico en los dos últimos años de la administración de Enrique Peña Nieto.
Luisa María Calderón, Adriana Dávila, Francisco Cabeza de Vaca y Francisco Búrquez, entre otros, subieron a tribuna para reclamar que en dos años no se hayan reducido los índices de violencia del narcotráfico.
“No podemos llamarnos hoy sorprendidos. Han pasado 17 años de la primera Ley contra la Delincuencia Organizada. Ahora, y lo aprendimos claro, la delincuencia organizada frente a los intentos de contención también han hecho su modelo”, afirmó Calderón. Y citó los casos de Michoacán, Tamaulipas y Guerrero por la similitud de infiltración del narcotráfico.
Los senadores del PRI, Graciela Ortiz, Cristina Díaz y René Juárez, este último exgobernador de Guerrero, expresaron su “enérgico rechazo” a toda “intención perversa” de politizar y lucrar con el dolor de las familias afectadas.
“No se puede en dos años resolver el desastre de país que se construyó en 12 años”, afirmó la priista Graciela Ortiz, en clara respuesta a los reclamos de senadores del PAN y del PRD.
El senador del PRI, Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Gobernación, exhortó a no lamentarse por los hechos de Guerrero, sino a condenarlos “enérgicamente”.
Más tarde, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, ofreció una rueda de prensa. En ella fue cuestionado sobre la posibilidad de decretar la desaparición de poderes en Guerrero, lo que llevaría a la renuncia del gobernador Ángel Aguirre.
Respondió: “Es una decisión muy personal del señor gobernador y una decisión del Congreso local. No es una decisión del Senado de la República. No tenemos nada qué ver ahí”.
El jurídico de la dependencia federal advierte que si se comprueba que Zurich Pharma y SAVI Distribuidores falsificaron el registro sanitario de un medicamento, podrían revocarles sus licencias.
La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) llevará a cabo verificaciones en las empresas involucradas en la falsificación de un registro sanitario de un medicamento, adelantó ayer Juan Carlos Gallaga Solórzano.
El Comisionado de Autorización Sanitaria de la Cofepris aseguró que lo que resulte de esta investigación se anexará a la denuncia penal que se presentó en la PGR por el uso ilegal de un registro sanitario.
La Cofepris realizará estas inspecciones tanto en los laboratorios de la empresa Zurich Pharma, S.A. de C.V., como en SAVI Distribuidores, S.A. de C.V.
Estas empresas están bajo sospecha de haber falsificado el registro sanitario del fármaco Lipidox (Doxorubicina) para ganar un contrato de 100 millones de pesos para abastecer de este medicamento al Instituto Mexicano del Seguro Social.
“Es parte de nuestro procedimiento interno y se va a realizar”, aseguró Gallaga Solórzano.
“Es un tema bastante delicado”.
Leonardo Menes Solís, coordinador general jurídico de la Cofepris, adelantó que el próximo 21 de octubre se ratificará la denuncia por falsificación de documentos oficiales que se interpuso el mes pasado en la PGR.
En la ampliación de la demanda se incluirá lo que resulte de las verificaciones que se llevarán a cabo en las empresas por la falsificación del registro sanitario.
“Nosotros en el ámbito administrativo podemos hacer las visitas de verificación correspondientes a efecto de comprobar que los productos cumplan con los registros sanitarios, con su etiquetado, y que el titular efectivamente tenga el registro”, explicó Menes Solís.
“En el caso de los distribuidores se visita los almacenes de depósito también”.
El abogado de la Cofepris señaló que en caso de que se compruebe que una de estas empresas falsificó el registro sanitario se le podría suspender sus actividades y revocarles su licencia.
“Lo que establece de inicio es el aseguramiento del producto, con base a eso se levantan las denuncias penales correspondientes por falsificación y en el procedimiento administrativo, en su caso, la revocación de la licencia, la revocación del registro sanitario si es lo que corresponde y la suspensión del establecimiento”.
La Cofepris no reconoce la validez del registro sanitario 224M2013 SSA del producto Lipidox, que usaron las empresas Zurich Pharma y SAVI Distribuidores para ganar un contrato de 100 millones de pesos en el Seguro Social el año pasado.
De acuerdo a la Cofepris, este producto está registrado bajo el documento 227M2013, a nombre de Zurich Pharma, S.A. de C.V.
Ese registro tiene fecha del 4 de diciembre de 2013, tres meses después de que estas empresas ganaron la licitación en el IMSS.
“Yo no puedo inferir nada. Nosotros no estamos presente a la hora de las licitaciones”, contestó Gallaga Solórzano cuando se le preguntó su opinión sobre esta irregularidad en el proceso de licitación.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
Como procurador, Tomás Coronado guardó 13 demandas contra varias dependencias durante la gestión del exgobernador Emilio González, algunas por peculado y desvío de recursos. La cercanía con el panista podría costarle cara a Coronado, quien aspira a gobernar Guadalajara
Bajo el mandato del exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, su Contraloría documentó diversos delitos cometidos en varias dependencias de gobierno, tan graves como enriquecimiento ilícito y peculado, pero todo terminaría encubierto y nunca expuesto a la opinión pública.
Fraude, desvío de recursos públicos, falsificación de documentos, aprovechamiento ilícito de atribuciones y facultades, complementan la lista de los ilícitos que la Contraloría del Estado comprobó en las secretarías estatales con las auditorías que realizó durante el sexenio anterior.
La Contraloría del gobierno de González Márquez llevó todos estos casos ante el Ministerio Público a través de 13 denuncias penales que fueron presentadas en los años 2009 (una), 2010 (nueve) y 2011 (tres).
Fue ahí precisamente, en la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ), entonces en manos de Tomás Coronado Olmos, donde se determinó que estas investigaciones debían parar y no ir más lejos.
Los hechos constitutivos de delito habían sido detectados por la Contraloría en sus tareas de fiscalización en 10 dependencias distintas y tan relevantes como la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), ejecutora de las obras más importantes en la entidad, hoy llamada Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
También en la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), con la plantilla de empleados y el presupuesto más grande para una dependencia estatal, y la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), también con una de las estructuras más amplias del Ejecutivo.
Las denuncias se dirigieron igual contra la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, y la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (Injalreso), que comercializa los productos que son hechos por los reclusos en el estado.
Sin embargo, ni una sola de las 13 averiguaciones previas que abrió la PGJ de Coronado Olmos terminó siendo consignada ante un juez, por el contrario, todas fueron archivadas (canceladas), profundizando la impunidad en el ámbito gubernamental estatal, y logrando ocultar los casos de corrupción hallados por la Contraloría.
Según el Código de Procedimientos Penales del Estado, la decisión de acabar con el desarrollo de una investigación de este tipo es atribución del procurador, en ese momento Coronado Olmos, pues dice el artículo 102:
“Cuando en vista de la averiguación previa, el agente del MP respectivo estimare que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que hubiesen sido materia de la denuncia o querella inicial, remitirá el expediente con su opinión fundada al procurador general de justicia, a fin de que decida si la averiguación debe continuar, con expresión de las diligencias pertinentes; si se suspende en espera de mejores datos; o si se archiva definitivamente. Contra esa resolución del procurador no procede recurso alguno”.
Haber continuado con las investigaciones para consignar a los funcionarios involucrados habría representado, por supuesto, nuevos golpes político-mediáticos a la administración que encabezaba González Márquez.
Los investigan
Contra la Sedeur, que estaba a cargo de Sergio Carmona Ruvalcaba, se presentó una denuncia penal en 2011 por desvío de recursos públicos, aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, y fraude.
En la SEJ se generaron dos denuncias penales distintas en el 2010, una por peculado y otra por infringir los derechos de autor.
En ese momento su titular era José Antonio Gloria Morales, quien asumió el puesto el 12 de enero de 2010 al relevar a Miguel Ángel Martínez Espinosa.
El delito de peculado es aquel que comete “todo servidor público que, para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al Estado o municipio, organismo descentralizado o a un particular si, por razón de su cargo, los hubiese recibido en administración, en depósito o por otra causa”.
Contra la Secretaría de Vialidad y Transporte se presentaron un par de denuncias, una en el 2010 y otra en 2011, la primera por falsificación de documentos y la segunda por desvío de recursos, aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, y fraude.
En ese tiempo su titular era Diego Monraz Villaseñor, quien llegó al encargo en marzo del 2010, luego de dirigir el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur); ahora sus aspiraciones políticas están en Zapopan.
En la SSJ la Contraloría documentó fraude, en 2010, cuando su titular era Alfonso Petersen; éste y el exprocurador de Jalisco, Coronado Olmos, son ahora de las cartas que baraja el PAN para la alcaldía de Guadalajara en las elecciones de 2015.
El exprocurador declaró recientemente sobre sus aspiraciones políticas en Guadalajara.
“La tendencia es buscar convencer a la gente y eso es lo que estaremos haciendo. Yo creo que con el trabajo que hemos desarrollado durante 18 años en funciones y que hemos cumplido a cabalidad, vamos a llegar a Guadalajara a cumplir el periodo de los tres años”, dijo a medios locales.
En la Contraloría del sexenio pasado estuvo al frente Maricarmen Mendoza Flores, hasta diciembre del 2011, cuando salió para ser relevada por Francisco Trueba Pérez; hoy es coordinadora de la fracción del PAN en el Ayuntamiento de Zapopan.
Educación y malos manejos
Las investigaciones que ha realizado la Contraloría, tanto en la anterior administración, del PAN, como en la actual, del PRI, demuestran que los institutos técnicos superiores del Estado, y en general los entes paraestatales, tienen problemas muy serios de corrupción.
De estas 13 denuncias penales tres fueron dirigidas contra Organismos Públicos Descentralizados con un fin educativo.
En el Instituto Técnico Superior de Chapala, en el 2009 se presentó una denuncia por falsificación de documentos y fraude; luego, en el 2010 mereció otra ante la PGJ por el mismo ilícito.
En 2010 se dirigió una denuncia contra el Instituto Técnico Superior de Tequila, por fraude genérico, desvío y aprovechamiento ilícito de atribuciones y facultades.
Ya en esta gestión, en 2014, la Contraloría clasificó un monto de 16 millones 358 mil 661 pesos como Riesgo de Daño, Daño Patrimonial y Desviación de Recursos en el Instituto Tecnológico Superior de Cocula; 479 mil 541 pesos en el de Zapotlanejo, y 468 mil 665 pesos en el de Tala.
Los desvíos hallados con auditorías de 2013 y 2014 en la esfera paraestatal, con alcance hacia años atrás, superan los 4 mil 564 millones de pesos.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.
Cada semana surgen nuevos escándalos de diputados vinculados con el crimen organizado. Edgardo Buscaglia, uno de los mayores estudiosos del narcotráfico en México, lo tiene claro: “El corazón de la delincuencia” no son los narcos, sino los políticos. Por esta razón el fenómeno empeorará y los legisladores sólo actuarán cuando los asfixie el miedo de ser los siguientes asesinados. El último caso involucra al PVEM, partido aliado con el PRI: el diputado Ricardo Astudillo Suárez le abrió las puertas de San Lázaro a Germán Goyeneche Ortega, presunto operador de Héctor Beltrán Leyva.
MÉXICO, D.F: Al Poder Legislativo ya lo infiltró el crimen organizado, como lo estuvo Italia y Colombia en las décadas de los ochenta y noventa. En esos países, 68% de los congresistas fueron procesados por vínculos con grupos criminales, y todo indica que en México ocurrirá algo parecido, aunque aquí se actuará hasta que “todos los legisladores sientan el temor de que pueden ser los próximos asesinados… hasta que sientan el terror que sentían sus homólogos italianos y colombianos”.
Así resume Edgardo Buscaglia la vida política mexicana después del asesinato del diputado federal priista Gabriel Gómez Michel y de las apariciones de los legisladores Ricardo Astudillo (PVEM) y Ricardo Villarreal (PAN) junto a presuntos operadores financieros del narcotráfico.
Investigador en campo y aula del crimen organizado y la política, Buscaglia insiste: “Sí, el Poder Legislativo está tan infiltrado como en esos países”. Y va más allá. Revela que desde hace años “hemos observado indicios de infiltración al más alto nivel en el Estado mexicano”.
Cuando José Luis Santiago Vasconcelos estaba en la Procuraduría General de la República (PGR, de 1993 a 2006), “en 90% de las causas penales contra grupos criminales había indicios de corrupción política. Testimonios de testigos protegidos y corroboradas por otros. Pero no se abrían investigaciones por presiones políticas a pesar de que Santiago Vasconcelos lo deseaba. (No se abrían) por obvias razones, para no generarle un dominó de inestabilidad política a la élite en turno, al gobierno de turno”…
Fragmento de la entrevista que se publica en la edición 1979 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REPORTAJE ESPECIAL.
MÉXICO, D.F. (apro).- Tras el caso delirante y fuera de toda proporción de la desaparición y asesinato de al menos 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotizapa, Guerrero, el hallazgo de 28 cuerpos humanos en narcofosas y la confirmación de que en Iguala se construyó un narco-municipio, con un narco-alcalde fugado (José Luis Abarca), narcopolicías-sicarios y una compleja red de protección e infiltración del cártel de los Guerreros Unidos que llega hasta la administración de Angel Aguirre, y quizá hasta nivel federal, en la clase política de todos los niveles y partidos ha surgido la única certeza: Iguala se trata de una crisis de Estado.
Ahora es Iguala, pero antes fue la crisis de Michoacán, mucho antes Tamaulipas con episodios como los asesinatos masivos de migrantes en San Fernando o la ejecución del candidato priista a gobernador Rodolfo Torre Cantú y, desde el 30 de junio de este año, la ejecución sumaria de al menos 22 jóvenes en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. A esta serie de episodios o casos sin expediente cerrado se suman muchos otros que hablan del ascenso irrefrenable hacia un narco-Estado.
No hay partido que se salve. No hay dirigente político que pueda señalar estar libre de vínculos extraños con personajes acreditados como personeros del crimen organizado. No hay nivel de gobierno que pueda lavarse las manos frente a las advertencias constantes. Sólo hay una impunidad reiterada que ha minado la credibilidad misma de la estrategia de combate a la inseguridad y a los cárteles de la droga.
En la prensa internacional el caso Iguala ha despertado las peores alertas. The New York Times, El País, Le Monde, Daily Mail, entre otros, han destacado el clima de violencia que se vive en Guerrero y la deliberada y constante evasión y omisión de las autoridades locales encabezadas por Angel Aguirre y de las federales para evitar un freno al ascenso de los Guerreros Unidos.
Algunos medios no dudan en llamarle a este episodio “la peor masacre reciente” en “un país acostumbrado a los asesinatos en masa” (The New York Times), mientras otros indican que ni siquiera el inasible discurso del primer mandatario Enrique Peña Nieto, diez días después de los sucesos, ha evitado la espiral de vergüenza.
La clase política mexicana está cimbrada, pero no atina a tomar decisiones claras y contundentes. Diez días después, el gobierno federal mandó a elementos de la Gendarmería cuando ya el alcalde y sus narcopolicías habían huído y hecho de las suyas.
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, tomó en sus manos el caso, cuando desde el principio hubo indicios de que se trataba de una ejecución del crimen organizado.
El dirigente perredista René Bejarano, de IDN, ahora hace pública la información que compartió desde 2013 con la Secretaría de Gobernación que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong y con el propio mandatario estatal sobre la responsabilidad del alcalde José Luis Abarca con el homicidio del líder social Arturo Hernández Cardona.
Y Aguirre Rivero, repitiendo el episodio desastroso de la matanza de Aguas Blancas que lo llevó a ser gobernador interino en 1996, ahora repite el mismo guión de quien se lava las manos frente a su clara responsabilidad en el desgobierno: chantajea, presiona y afirma que “Aguirre no se raja”, como si él fuera la víctima y no decenas de normalistas, campesinos e indígenas que han sido sistemáticamente asesinados en su entidad durante los últimos cuatro años de su administración.
La nueva dirigencia nacional del PRD se estrena con el lamentable papel de enredar el caso para evadir que tanto el gobernador Aguirre como el alcalde Abarca fueron avalados por la corriente hegemónica conocida como Los Chuchos que domina este partido y palomea candidaturas de tránsfugas que ofrecen dinero, votos y cuotas de poder.
Guerrero está reproduciendo los pasos de la espiral de decadencia que llevaron al desgobierno en Michoacán. Hasta el cártel de los Guerreros Unidos imita las tácticas de Servando Gómez, La Tuta, y amenaza con difundir videos donde se observa a políticos “de todos los partidos” recibir sus favores.
Es, sin duda, una crisis de Estado. Y el Plan de Iguala puede ser el hundimiento o la contraofensiva de una situación que tiene a varios responsables en primera fila.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (ANÁLISIS)
IGUALA, Gro. (apro).- El dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, pidió una disculpa pública a los guerrerenses por no ser nada cuidadosos a la hora de postular como alcalde de Iguala a un personaje ligado a la delincuencia organizada, en alusión al funcionario prófugo José Luis Abarca Hernández.
“Los perredistas asumimos nuestro error y ofrecemos al pueblo de Guerrero nuestras disculpas y pedimos su perdón”, dijo.
Además, hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal a intervenir lo más pronto posible en otros casos de autoridades coludidas con el crimen para evitar una tragedia como la de Iguala, donde se encuentran desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa.
Navarrete Ruiz encabezó este mediodía la primera sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD en el museo de La Bandera, donde dio lectura a una declaración política en la que condenó el asesinato de seis personas –tres normalistas, un deportista y dos civiles–, crimen atribuido a policías municipales y sicarios.
Sin embargo, evadió hablar sobre los señalamientos de estar coludidos con el narco que pesan en otros de sus correligionarios, como el presidente del Congreso estatal, Bernardo Ortega Jiménez, y el del alcalde del municipio de General Canuto A. Neri, Eleuterio Aranda Salgado.
Sobre el caso particular de Abarca Velázquez, el dirigente nacional perredista admitió que “no fueron lo suficientemente cuidadosos” porque aceptaron postular como candidato a la alcaldía a un externo que no era miembro del PRD y “que permitía o incluso dirigía la cooptación de la policía municipal por parte de la delincuencia organizada”.
Luego dijo que esperan que otros partidos políticos que estén en las mismas circunstancias, de vinculación por el narco, actúen en consecuencia.
El perredista, anunció que van a adoptar medidas necesarias para evitar que vuelvan a suceder hechos trágicos como los registrados en Iguala.
“Actuaremos para dar seguimiento y corregir, si fuera necesario, a nuestros gobiernos municipales en toda la República para evitar que sus policías sean controladas por la delincuencia”, aseguró.
Piden la CNDH no revictimizar
Por separado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al gobierno de Guerrero “eviten revictimizar a las personas que han sufrido una agresión a sus derechos humanos”.
Deben permitirles, dijo, el libre acceso a la justicia, bridándoles todo el apoyo a fin de desaparezcan esos sentimientos de temor e incertidumbre que sufren y se genere un ambiente social más confiable.
En un comunicado, el organismo comentó que personal que labora en esa entidad confirmó que existe temor y desconfianza en la población para salir a la calle a realizar sus actividades, luego de los hechos ocurridos el pasado 27 de septiembre en los que seis personas murieron y 43 normalistas desaparecieron.
La CNDH permanecerá en el lugar de los hechos el tiempo que sea necesario para que las víctimas, familiares y la sociedad en general, sean atendidos y se les pueda brindar todo el apoyo que se requiere para que la ciudad vuelva a la normalidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
El gobernador Ángel Aguirre –promovido y apoyado por Los Chuchos– tiene hoy a Guerrero en la mira. Y después de la tragedia en Iguala, las elecciones para el sol azteca en 2015 avizoran un panorama poco alentador. El PRD está en problemas.
El secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, declaró ante las autoridades que desde que se activó la alerta roja por la radio de la policía, él estuvo en contacto telefónico con el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez.
Dijo que el alcalde sabía lo que estaba pasando. Eso lo dijo antes de que, los dos, se dieran a la fuga.
Flores Velázquez y Abarca Velázquez son primos y están acusados de formar parte de la organización Guerreros Unidos, vinculados con el narcotráfico y secuestro.
Luego de la balacera del viernes 26 de septiembre, el mando policiaco fue requerido para que rindiera un informe detallado de los hechos ocurridos.
Incrédulas, las autoridades ministeriales escucharon del jefe de la policía de Iguala asegurar que no supo cómo ocurrieron las cosas. Ni la balacera y menos el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa.
Sobre Flores Velázquez recaen también acusaciones directas de ordenar o ejecutar personalmente algunos secuestros en esa región del estado de Guerrero.
Durante su interrogatorio, la mano derecha del alcalde, relató su versión de los hechos:
“Recibo una llamada telefónica en mi celular de parte de una señora llamada Dey Lu Hernández, diciéndome que se encuentra en la central camionera Estrella Blanca de esta ciudad y que un grupo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa están secuestrando autobuses”.
Aseguró que eran pasadas las nueve de la noche del viernes cuando escuchó por primera vez, a través de esa llamada, que los normalistas habían tomado los camiones en Iguala.
“Me llama a mi teléfono celular el señor presidente municipal y me dice que corrobore yo, si no hay personas privadas de la vida, ya que se corren versiones en las redes sociales que hubo personas privadas de la vida en la explanada.
“En ese transcurso de que ocurren los hechos, el radio operador de turno, que responde al nombre de José Natividad Elías Moreno, continuamente me está informando que recibe llamadas de personas en el sentido de que se escuchan disparos de arma de fuego en diferentes puntos de la ciudad y que al acudir las patrullas a verificar los hechos, son llamadas de falsa alarma”, refirió el jefe de la policía de Iguala.
Según su declaración, un perito de tránsito de la ciudad, Pedro Iván Castillo Girón, le contó que había escuchado la versión -por unos vendedores de fritangas que se ubican en la calle de Bandera Nacional- de que vieron pasar un autobús al que se le cerró una camioneta de la Policía Preventiva Municipal de Iguala, la cual fue agredida a pedradas por jóvenes que bajaron de la unidad y se pusieron a perseguir a un policía municipal.
“(Dijo) que en ese momento se escucharon disparos de arma de fuego, pero no me proporcionaron el nombre del policía; que en ese momento se escucharon detonaciones, pero no dijeron de qué calibre ni a qué distancia”, refirió.
Con esa información, le llamó a su primo el presidente municipal.
“Le informo al presidente municipal y él me da la instrucción de que hay que estar muy atento a los incidentes”, declaró.
Flores Velázquez señaló que fue José Luis Abarca quien le notificó que al parecer en la Carretera Federal, a la altura del poblado de Santa Teresa, municipio de Iguala, se encontraba accidentado un autobús de pasajeros.
“Me dice el presidente municipal que tiene conocimiento que al parecer se trata de un equipo deportivo que había venido a jugar a Iguala, contestándole yo que ya se trasladaron ambulancias y que conoceremos la verdad”.
Indicó que fue las primeras horas del sábado, cuando recibió una llamada de un ministerio público, quien le informó que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero estaban en Iguala y le pedían acudiera a la Fiscalía Regional para que presentara un informe.
No fue sino hasta ese momento, de acuerdo a su declaración, que el director de Seguridad Pública, comandante Francisco Salgado Valladares, le informó que estaban ingresando al Hospital General de Iguala un grupo de lesionados. Luego, el ministerio público le informó que había dos muertos en un autobús Estrella de Oro, a la altura del poblado de Santa Teresa.
Detalló que conversó con el juez de turno, José Ulises Bernabé García, respecto a la veracidad de esa información.
El encargado le confirmó que sí habían llevado a uno jóvenes, pero que se habían ido. Que no habían entrado a barandillas. Sin más.
Bernabé García es el juez a quien un policía municipal vio interrogar a un grupo de jóvenes que estuvieron hincados en el patio trasero de esas oficinas de gobierno. Ese juez también se dio a la fuga.
Nada sabe
Felipe Flores, entregó a las autoridades de la PGJE de Guerrero copias de las licencia colectiva para la portación de armas de sus elementos, la relación de armamento de los municipales y la relación del personal.
Pero de lo ocurrido en la noche del viernes, no aportó nada. Argumentó que no pudo obtener un informe oficial de sus policías ni comandantes porque la mayoría estaban detenidos.
“No tengo conocimiento de quién haya disparado alguna arma de fuego en contra de determinada personal, ni menos aún tengo conocimiento como ocurrieron estos hechos”.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
El gobernador Ángel Aguirre –promovido y apoyado por Los Chuchos– tiene hoy a Guerrero en la mira. Y después de la tragedia en Iguala, las elecciones para el sol azteca en 2015 avizoran un panorama poco alentador. El PRD está en problemas.
Promovido y apoyado por la corriente de Jesús Zambrano –Los Chuchos- el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, protagoniza un nuevo escándalo que obligó al nuevo dirigente del PRD, Carlos Navarrete a visitar el estado como una de sus primeras acciones al frente del partido.
Y es que a pocos días de recibir la dirigencia del partido del sol azteca, Navarrete se topó de frente con el asunto de Iguala.
El municipio perredista del estado perredista está en la mira nacional y ha puesto a temblar a la izquierda, justo ahora que comenzó la carrera electoral del 2015.
Aunado a eso, la fuerza estudiantil que históricamente ha fortalecido al PRD, ahora se han convertido en un torbellino que amenaza con despojarlo de lo ganado.
Desde Tlatelolco hasta las nuevas marchas de jóvenes que enarbolan playeras con la imagen del “Ché” Guevara, la izquierda ha estado vinculada con los estudiantes. Hace 46 años, la izquierda se desbordó para exigir justicia por la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Ahora, en Iguala al PRD le toca expiar sus propias culpas.
Y tendrá que hacerlo en año electoral. Con Guerrero en juego. Ese Guerrero herido, en donde el gobernador ha sido acusado por el representante del comité estudiantil de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa como el “asesino intelectual” de sus estudiantes.
Esos normalistas que fueron noticia el 26 de septiembre y cimbraron el país entero. Los mismos que la Policía Municipal atacó, a balazos, en medio de la noche.
El líder estudiantil Uriel Alonso fue preciso. Aseguró que el mandatario conoce el paradero de los 43 normalistas desaparecidos.
“(Ángel Aguirre) ha matado compañeros desde 2011. Ahora mata a tres, un compañero está luchando por su vida y 43 desaparecidos (…) Ángel Aguirre sabe donde los tienen y nos lo van a entregar (…) Ángel Aguirre es un asesino intelectual”, dijo tajante ayer en entrevista con Radio Fórmula.
En respuesta, Aguirre también fue preciso, pero menos tajante.
A principios de los 90, cuando aún era priista, una matanza –la de Aguas Blancas- lo hizo gobernador. En esta, su segunda ocasión como Ejecutivo estatal, Aguirre podría perder la gubernatura por la misma razón.
“Si mi renuncia ayuda a resolver el problema, no tengo ningún inconveniente en irme”, indicó.
Pero a los familiares de los jóvenes desaparecidos su renuncia no les ayuda a resolver el problema. Exigen que sus hijos regresen vivos. Por eso rezan.
Rezan en la cancha de basquetbol de la Normal de Ayotzinapa, en donde se ha instalado un triste campamento lleno de flores, veladoras y esperanzas.
Rezan en la catedral del estado de Guerrero, hasta donde han llevado sus plegarias para recibir pronto noticias de sus desaparecidos. Por que ellos no creen que estén muertos. No quieren que estén muertos.
Manuel Martínez, vocero de los padres de los normalistas, habla para convencerse y convencer a los demás de que sus muchachos siguen vivos.
“Sabemos que los jóvenes fueron levantados por policías municipales de la ciudad de Iguala, entonces ya tienen datos ustedes de los números de vehículos, de patrullas que fueron levantados los jóvenes, entonces ellos saben en donde los tienen y lógicamente nos lo tienen que regresar”, dice el hombre una y otra vez.
Fueron los policías los que se llevaron a vivos sus hijos, reclama. Y son los policías los que deben regresarlos vivos.
Navarrete, se nubla el sol
El PRD es un partido que tiene claras corrientes internas. Corrientes que navegan hacia mares bien distintos.
Nueva Izquierda, Izquierda Democrática Nacional, Alternativa Democrática Nacional, Foro Nuevo Sol, Grupo Acción Política, Patria Digna y Movimiento Progresista… todas bajo un mismo sol.
Apenas el 5 de octubre, Carlos Navarrete tomó protesta como dirigente nacional del PRD. Fue el ganador de la rifa del tigre.
“Puede haber posiciones confrontadas en el PRD pero estoy seguro que hay más coincidencias. Quiero pedirles que busquemos esas coincidencias y trabajar por ellas porque aspiro a ser el presidente de todos los perredistas”, dijo en su discurso.
Navarrete recibe al partido en medio de una tormenta que le nubla el panorama.
Actualmente, el PRD está al mando en ocho estados –ya sea en coalición o solo-.
Baja California, Sinaloa, Puebla, Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero, Morelos y Tabasco. De esos, la mitad tendrá elecciones el próximo año.
Pero ningún caso requiere tanto su atención como Guerrero.
Tan es así que el lunes Navarrete aseguró que se reuniría con el gobernador del estado, Ángel Aguirre, para dialogar sobre la necesidad de implantar una acción conjunta entre los gobiernos de la entidad y el Federal, a fin hacer frente a la violencia que se vive en ese estado.
El líder perredista, no desaprovechó la oportunidad para poner el dedo en la tirante y ancestral relación con el gobierno en el poder.
“El gobernador Ángel Aguirre no puede solo, está perfectamente claro, pero lo que no puedo aceptar, es que cuando Eruviel Ávila tiene problemas graves en el Estado de México, el Gobierno Federal acuda de inmediato a cuidar el territorio, claro, será porque es la tierra del presidente Enrique Peña”, refirió.
La delincuencia, dijo, no conoce de partidismos ni de colores partidarios.
Sin embargo, en Iguala, la delincuencia parece que no atiende a esta premisa.
Fue el propio PRD quien presentó el testimonio sobre las torturas y ejecuciones ordenadas por el alcalde, José Luis Abarca.
En octubre del año pasado, miembros de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN) hicieron llegar al Gobierno Federal el testimonio sobre la ejecución del líder social Arturo Hernández Cardona.
“Es el presidente José Luis Abarca quien le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho y lo dejaron tirado en la fosa”, relató el testigo Nicolás Mendoza ante notario y que fue entregado a las autoridades, de acuerdo a Reforma.
También la senadora Dolores Padierna puso sobre la mesa el caso.
“Hace un año se opuso Nueva Izquierda rotundamente a que se le tocara siquiera con el pétalo de una rosa a su presidente municipal a sabiendas de lo que estaba haciendo”, dijo la perredista.
Indicó que esa información se le comunicó a la dirección nacional, directamente con Jesús Zambrano, y se opusieron radicalmente a que fuera sometido a juicio político por el Congreso del estado de Guerrero.
“Los líderes políticos de Guerrero que han asesinado son de nuestro equipo político; mas los estudiantes, mas los defensores de los derechos humanos; somos nosotros las víctimas.
Y como víctimas hemos actuado con muchísima responsabilidad y advertimos en su momento quién era, y aun con riesgo, porque sufrimos muchas amenazas.
“Sabemos quiénes estaban asesinando a la gente de izquierda en el estado de Guerrero y no fuimos atendidos en su momento. Las cosas se agravaron y hoy hay una crisis agravada”, remarcó la senadora.
A principios de esta semana, el Consejo Político Nacional del PRD determinó –por unanimidad- expulsar al edil de Iguala y apoyar el juicio de procedencia en su contra.
El PRD, revolución y corrupción
El 68 fue un año convulso. El mundo entero estaba revolucionado. Ese año Vietnam estaba en llamas. Ese año mataron a Martin Luther King y a dos Kennedy.
Ese año, en México hubo Juegos Olímpicos.
Pero la eterna flama de la paz fue una fría ironía que contrastó con lo que se vivía en las entrañas del país…Tlatelolco.
En el poder estaba Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría era el secretario de Gobernación. Los dos, priístas.
Esos 29 minutos de ráfagas del inolvidable 2 de octubre fueron suficientes para derribar las esperanzas de que una verdadera democracia se gestara en el país, mientras se mantuviera la hegemonía política del PRI.
Por eso, una fracción del tricolor decidió tomar un nuevo rumbo. La “familia revolucionaria” del partido en el poder se encaminó hacia la izquierda.
Pero fue hasta 20 años después cuando el Partido de la Revolución Democrática se formalizó, creado por una amalgama política que acogió a integrantes del Partido Mexicano Socialista (PMS), Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y la Unión de la Izquierda Comunista (UIC), entre otros.
Desde ese entonces, los desencuentros con el Gobierno Federal no fueron pocos.
En 1988, los integrantes del partido del sol azteca acusaron a Carlos Salinas de robarles la presidencia de la República. La polémica aún se enciende cuando alguien habla del día en que “se cayó el sistema”.
Antes de esa falla, el conteo de votos favorecía la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas.
En 1997, la Ciudad de México se convirtió en el principal bastión del PRD. A partir de ese año, la capital del país ha tenido seis jefes de Gobierno de izquierda: Cuauhtémoc Cárdenas, que fue sustituido por Rosario Robles; Andrés Manuel López Obrador, que fue sustituido por Alejandro Encinas; Marcelo Ebrard; y el actual mandatario local, MiguelÁngel Mancera.
En 2006, López Obrador protagonizó un nuevo escándalo electoral, al asegurar que él había ganado la presidencia de la República por más de 2 millones de votos.
Aún así, la banda presidencial se la puso Felipe Calderón.
Para ese año, el PRD ya se asumía como la tercera fuerza política más importante en el país. Tenía el DF, Michoacán, Zacatecas, Baja California Sur, Chiapas y Guerrero.
Sin embargo, los triunfos no llegaron solos. Venían acompañados de varios escándalos que generaron un resquebrajamiento interno del que aún ahora quedan restos.
Escándalos en video
El 2004 no fue un buen año para el PRD. Primero, una grabación en la que aparecía el secretario de Finanzas del GDF, Gustavo Ponce, apostando en un casino en Las Vegas en Nevada, salió a la luz.
Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno y Ponce era uno de sus hombres de confianza.
Después se hizo público un video en el que se veía a René Bejarano –quien había sido secretario particular de López Obrador y era presidente de la Mesa Legislativa– recibiendo fajos de billetes del empresario Carlos Ahumada y guardando hasta las ligas.
Todo se derrumbó.
Bejarano señaló que el dinero -45 mil dólares- había sido entregado a la entonces presidenta del partido, RosarioRobles, quien después de esas declaraciones tuvo que dejar su cargo.
Carlos Ímaz, delegado de Tlalpan, también apareció recibiendo dinero en un video con Ahumada. Posteriormente, Bejarano salió en otra grabación, presuntamente negociando la asignación de puestos públicos en la delegación Álvaro Obregón.
El gobierno del Distrito Federal se vio inmerso en el escándalo.
López Obrador condenó los hechos y selló sus argumentos con una frase que sigue siendo su bandera de protesta.
“Todo es un complot”.
Los nexos con el narco
> Julio César Godoy Toscano
Medio hermano del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, ganó en 2009 una diputación federal pero, antes de tomar protesta, la PGR lo acusó de tener vínculos con el grupo criminal La Familia Michoacana, por lo que un juez giró una orden de aprehensión en su contra. Godoy Toscano continúa prófugo de la justicia.
> Carlos Reyes
El presidente del comité estatal del PRD en Guerrero y su hermano, el alcalde perredista de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Crescencio Reyes Torres, fueron señalados por el líder de la organización delictiva Los Caballeros Templarios Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, de tener vínculos con el narcotráfico.
> Iris Vianey Mendoza
La senadora perredista fue acusada por José Manuel Mireles de tener vínculos con el narcotráfico. El exlíder de las autodefensas la acusó de gestionar una supuesta visita de integrantes de Los Caballeros Templarios al Senado de la República.
> Gregorio Sánchez
El excandidato al gobierno de Quintana Roo fue detenido en el 2010 por presuntos nexos con el cártel de Los Zetas, al año siguiente quedó libre por falta de pruebas. Lo rehaprendieron por lavado de dinero, pero también quedó libre.
> José Luis Abarca
El alcalde de Iguala, Guerrero, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, son señalados por tener nexos con el cártel local Guerreros Unidos. La primera dama es hermana de Mario Pineda Villa y Alberto "El Borrado" Mario Pineda, operadores del Cártel de los Beltrán Leyva y los dos ejecutados en 2009.
Identifican a policías
Cinco jóvenes de la Normal de Ayotzinapa que sobrevivieron a la masacre de Iguala participaron en el reconocimiento de los 22 policías municipales acusados de homicidio.
Por seguridad, los estudiantes fueron encapuchados para evitar que los policías de Iguala los reconocieran.
“Nos pusieron en fila, sobre un pasillo (…) donde nos formaron a través de una ventana, en la cual se encontraban del otro lado varias personas encapuchadas que hacían señalamientos con las manos, hacia nosotros”, relató el policía municipal, Zulaid Marino Rodríguez. “Así fuimos señalados todos”.
Los 22 fueron señalados por normalistas como parte de los policías que participaron en los actos violentos que arrojaron la muerte y desaparición de sus compañeros.
Los uniformados fueron traslados a Chilpancingo, Guerrero. Aún hay otros policía que están prófugos.
La suegra incómoda
Guerrero— Leonor Villa Ortuño, supuesta suegra del Alcalde Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, afirmó en una grabación difundida a través de las redes sociales que su yerno protegía al grupo criminal “Guerreros Unidos” a cambio de recibir un pago mensual de 2 millones de pesos.
Maniatada y con la cara cubierta, Villa Ortuño asegura que su yerno los protege a cambio de una cuota mensual de 2 millones de pesos.
“Manejan a su antojo a todos los comandantes y policías municipales de Iguala”, responde.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ
OAXACA, Oax. (apro).- “Los disparos eran a matar. Nos cazaron como perros, como si fuéramos peor que unos delincuentes”, relató un estudiante de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
El compañero de estudios de Christian Tomás Colón Garnica, de 18 años, quien se encuentra en la lista de los 43 normalistas desaparecidos, recuerda la pesadilla que vivió el 26 de septiembre, cuando fueron sometidos a balazos por policías municipales de Iguala, Guerrero.
El delito de Christian, dice, “fue ir a pedir cooperación”, y por ese motivo “fuimos sometidos a balazos el día viernes. El primer atraco fue a las ocho y media de la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando regresábamos de ir a botear para sostener las prácticas docentes y demás cosas que en la escuela nos hacen falta, ya que por parte del gobierno de Guerrero no es suficiente”.
Esa noche, cuenta, “varios compañeros quedaron heridos y los policías se llevaron a otros en sus patrullas”.
Cerca de las 11 y media de la noche, cuando se daba la conferencia de prensa, vino el segundo ataque, donde quedó herido gravemente el indígena huave Edgar Andrés Vargas, originario de San Francisco del Mar, Oaxaca. Una bala le impactó en la boca, quedando gravemente lesionado.
En ese segundo ataque murieron dos jóvenes, y un tercero, apodado El Chilango, fue encontrado degollado al otro día, cerca del lugar donde sucedieron los hechos.
Entre los estudiantes que los policías se llevaron se encuentra Christian Tomás Colón Garnica, quien continúa desaparecido, junto con otros 42 normalistas.
“Cómo puede ser posible que no se sepa dónde están los estudiantes, si los policías municipales se los llevaron. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Seguimos con la fe de que los 28 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas no sean de ninguno de los estudiantes y mucho menos el de Christian”, dice el muchacho, quien prefirió omitir su nombre.
Por otra parte, el gobernador Gabino Cué Monteagudo sostuvo que su gobierno brindó apoyo económico a la señora Lucina Garnica, madre de Christian, para que se traslade al estado de Guerrero con el fin de que le realicen los estudios de ADN para compararlos con las muestras de los cadáveres localizados en las fosas en Guerrero.
El mandatario estatal también adelantó que brindarán asesoría legal a la madre del joven oaxaqueño desaparecido en Ayotzinapa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
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