IGUALA, Gro: En una de las fondas cercanas a la abandonada base de la policía municipal clausurada con esas cintas amarillas que sellan las escenas del crimen, una preocupada anciana muestra la libreta llena de tachaduras donde anota las deudas de sus clientes que no han vuelto para pagar: 22 están en la cárcel, casi 300 fueron llevados a una reeducación en Tlaxcala.
“Si fueran extorsionados tuvieran para comer. Cuando la gente anda ‘en cosas’ se sube inmediatamente, pero mire sus deudas: éste no tenía para cigarros, éste para galletas, éstos pedían fiados almuerzos”, dice la mujer mientras prepara un queso en salsa.
Sus hijas, encariñadas con sus antiguos clientes, mencionan las irregularidades en el proceso que llevan contra ellos que han escuchado. Según su versión, los estudiantes no llegaron esa noche a los separos ubicados a escasos metros de la tienda, en la base policial con fachada de cárcel y roída por la humedad. “Cada que hay detenidos se oye cuando gritan ‘¡poli, dame agua!’, pero esa noche no se escuchó nada, no vimos patrullas fuera”. La madrugada del día 7 no volvieron a ver a sus exvecinos pues ya estaban acuartelados en la policía estatal.
Un cliente comenta que los hicieron rendir honores a la bandera y detonar sus armas, por ello dan positivo en las pruebas de radiozonato que indican que ellos dispararon la noche del 26 de septiembre cuando activaron el operativo contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y dejaron a seis personas muertas (uno desollado), 15 heridas (una con muerte cerebral) y 43 desaparecidas. Esa noche que, hoy se sabe, entregaron a los detenidos a miembros del cártel Guerreros Unidos.
Esta mañana a la fonda van llegando familiares de policías que no quieren identificarse, pero piden se transmitan sus inconformidades: “Se los llevaron a Acapulco, y luego los sacaron y no sabemos dónde están…. No dejan pasar a verlos… ¿Por qué no revisan a las demás corporaciones, por qué los municipales son los culpables? ¿Por qué cuando la federal, los militares y la estatal ven esto se abren y mandan al patito feo?… Hay gente que no estaba en el turno en el que ocurrió todo… Además, ¿quiénes son esos ayotzinapos?, unos delincuentes…. Los balazos del autobús y de los cuerpos no coinciden con las armas que trae la policía que no traen el 762… Violaron sus derechos, los aislaron en Acapulco, ni comida les dieron… ¿Por qué los culpan a ellos si sabemos que hay patrullas clonadas… ¿En qué momento pudieron salirse del turno para ir al cerro a enterrarlos si ya los habían encuartelado? No cuadra”.
Uno de ellos, furioso, interroga a la reportera, pide a los demás que revisen si tiene una cámara oculta, amenaza, reclama por las noticias en la televisión, hace un berrinche hasta que suelta: “¿Sabe por qué no hablamos? Hablar es ir al panteón”.
En Iguala hay una preocupación especial por una oficial de nombre Margarita que tiene dos hijos pequeños y la noche salvaje estaba asignada a cuidar la estación de ferrocarriles.
Según la lógica de detenciones del gobierno, los narcopolicías trabajaban en un mismo turno, como si los que entraban en el turno siguiente todos estuvieran limpios y sólo los que estuvieron en servicio durante la noche fueran culpables.
A limpiar el nombre de Iguala
El martes 7, miércoles 8 y viernes 10, a las ocho de la mañana, afuera de la presidencia municipal se repitió una misma escena. Iniciaba un pase de lista y cuando escuchaban su nombre (“…Procopio…. Bulmaro… Basilio… Rufo… Pànfilo… Pantaléon… Margarito….Irineo….”) los policías tenían que dejarse fotografiar de frente por militares y subir con su equipaje a unos autobuses que los llevarían a Tlaxcala a entrenarse. Abajo, sus llorosas esposas les entregaban el lonche y esperaban en la calle hasta verlos marchar.
Algunos policías estaban asustados. El primer día pensaban que los militares los iban a capturar, por eso sólo 112 se presentaron. El segundo día iban más confiados porque ya tenían información: los del primer grupo habían sido llevados a dormir a unas cabañas encima de unos cerros en Tlaxcala donde pasaron la noche con frío y tenían que hacer sus necesidades más básicas en el monte a base de sanitarios, pero no sufrieron maltratos.
“Es voluntario, nadie nos está forzando, es para prepararnos mejor y ser mejores y resguardar la seguridad”, explicó Basilio Rivera Ramírez, hombre con 60 años, siete como policía y un sueldo mensual de siete mil pesos.
Su respuesta parece inspirada en el mensaje de despedida que les dio el síndico Óscar Chávez Pineda, encargado de despacho en ausencia del presidente municipal prófugo, quien realzó su sacrificio en nombre de Iguala.
“Esta medida va a ser muy buena para ustedes y provechosas, para poner en alto el nombre de Iguala, que habemos gente buena. Pongan toda su entereza para aprovechar este curso que va a ser para bien de la ciudad y de ustedes y a poner en alto el nombre de Iguala… ¡No están solos!”. Nadie aplaudió.
Inspirada, una reportera asignada a la cobertura de nota roja, repeló en voz baja: “Hacían cosas malas que no debían de hacer, pero decir que estaban en el crimen organizado no me parece”. Las ‘cosas malas’ son los arrestos a los borrachitos e indigentes. Cada falta administrativa se cobraba por 500 pesos en barandilla. No mencionó las denuncias que existen contra la corporación por secuestro, tortura, desaparición, extorsión y por las que el municipio ha sido considerado foco rojo por la comisión estatal de derechos humanos.
Esperaba su turno a los autobuses Matías González Domínguez, un hombre flacucho de rostro chupado que roza los 70 años de edad y los 16 de servicio. Este exmilitar no recordó cuántos cursos de capacitación ha tomado en la Academia de Policía y cuando se le pregunta qué cosas aprendió respondió: “Ya ni me acuerdo”.
Después de hacer memoria recordó uno: era sobre la forma como debe tratar a la ciudadanía. Un curso que sus colegas pasaron por alto cuando perseguían a los normalistas que empañaban el informe de la esposa del alcalde y presidenta del DIF.
¿Señor, la razón por la que se hizo policía? “Allá afuera está medio crítico, no dan trabajo a gente grande”.
Otra respuesta: “No ajustábamos, éramos gente humilde, necesitaba trabajar”.
El policía primero Carlos Manuel Díaz, quien quedó a cargo de la corporación luego de que los directivos se fugaron cuando a la ciudad llegaron fuerzas federales, reconoce que la mitad de los elementos no tiene estudios de preparatoria, muchos son adultos mayores, sus capacitaciones han sido irregulares y ninguno goza de jubilación.
Díaz no puede precisar el número de policías que existen en la corporación: los que estaban antes se llevaron todo, expedientes y computadoras a sus casas. En el área de Recursos Humanos se niegan a proporcionar los datos: el encargado es yerno del hermano del alcalde fugado, uno de los parientes de Abarca incrustados en la nómina municipal.
Odio a muerte contra los ayotzinapos
¿Cómo explicar la saña con la que fueron perseguidos los estudiantes que boteaban para pedir cooperación en las calles de Iguala y tomaron tres camiones para volver a su escuela? ¿Cómo se explican los dos episodios con balaceras, la cacería, la rafaguiza a los camiones que los transportaban, la persecución como perros, el desollamiento de quien no quiso quitarse la bufanda del rostro, las ejecuciones extrajudiciales, la entrega de los jóvenes a sicarios, la masacre arriba de un cerro donde la fiscalía dice que quemaron a los que permanecen desaparecidos y arrojaron a fosas? Sobre eso no tienen muchos comentarios.
“Esos estudiantes no eran una perita en dulce”, dice un sesentón que trabajaba como administrativo en la policía, encargado de cuidar las armas.
“Yo vi cuando esos ayotzinapos pintarrajearon el palacio, quebraron vidrios, hicieron vandalismo el otro año. Vandalismo, eso es lo que saben. Otro es el que paga por lo que ellos hacen”, dice uno que antes de convertirse en policía fue campesino.
“Mucha gente nos está culpando a los policías, pero sabemos que no es de ahí, que no tenemos que tirar antes, hemos tenido cursos. No sé si había patrullas clonadas, a veces hay reportes pero desconozco”, dice uno pelón de 57 años.
“El procurador hizo su trabajo, quiso quedar bien, pero los policías no hicieron esto, el policía tiene siempre que pagar. A ellos se los llevó otra gente, no fueron policías”, dice uno con 37 años de edad y 11 de servicio.
Sólo un joven de 30 años, un policía con dos años de servicio, es el único que no se expresa mal de los estudiantes, que los ve como cara de un mismo problema: “Las represalias de los ayotzinapos son porque a veces son algo agresivos, pero yo pienso que esa gente era como nosotros que cuando no nos quieren dar bonificación o Subsemun (fondos federales) hacemos nuestros paros porque no les hace caso el gobierno, y hacemos protestas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
Cientos se manifestaron en Chilpancingo para exigir la destitución del gobernador Ángel Aguirre y la presentación con vida de los 43 normalistas.
El ambiente en la capital guerrerense se calentó, y el primer señalado fue el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Cientos de ciudadanos, así como empresarios, comerciantes y campesinos, salieron a las calles para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que permanecen desparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
Los manifestantes pidieron además la destitución del gobernador Aguirre Rivero.
Durante la protesta se escuchaban consignas como “Ojo por ojo y diente por diente, lo mismo al gobernador para que vea lo que se siente” y “Aguirre borracho, libera a los muchachos”, reportó Proceso.
Durante la manifestación, el empresario Pioquinto Damián Huato señaló que la masacre de seis personas y la desaparición de 43 normalistas en Iguala encarnan la corrupción, impunidad y violencia que se vive en Guerrero.
El expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) pidió además que se castigue a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes.
Mientras tanto, alrededor de mil personas con las mismas demandas marcharon en el municipio de Apango.
La petición de Aguirre
Por su parte, el mandatario estatal pidió a los guerrerenses sumarse a la búsqueda de los 43 jóvenes normalistas.
“Imaginan ustedes el dolor por el que están pasando en estos momentos los padres de familia, por eso tenemos que perseverar, tener fe y esperanza de que los encontremos con vida”, dijo el gobernador durante un evento público.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Jorge Hernández Lira pelea la silla de Carlos Romero Deschamps. Sin embargo, los trabajadores de Pemex acusan al secretario General del sindicato petrolero de defraudarlos con un programa de credencialización.
El fantasma de un fraude millonario cometido contra miles de trabajadores de Pemex enturbia la sucesión por la dirigencia del sindicato petrolero y pone bajo sospecha a uno de los aspirantes a relevar al polémico líder Carlos Romero Deschamps.
Jorge Hernández Lira -quien se ostenta desde hace dos años como secretario General del sindicato petrolero- es acusado por trabajadores de Pemex de defraudarlos con un programa de credencialización.
Como dirigente de la Coalición Petrolera Independiente, A.C., Hernández Lira cobró cuotas de 500 pesos a sus agremiados con la falsa promesa de que devolvería los recursos que aportaron para la contratación de un seguro de vida.
Hernández Lira sacó provecho de la ilusión de los trabajadores - principalmente jubilados- de conseguir este dinero que se les descontó durante 20 años en los tiempos de Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, el histórico líder petrolero encarcelado en 1989, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Por años, los trabajadores jubilados y activos de Pemex han buscado por todos los medios legales la devolución de las aportaciones que realizaron durante más de 20 años para la supuesta compra del seguro de vida.
En 1972, el sindicato petrolero, entonces encabezado por “La Quina”, ordenó que por nómina se les descontara parte del salario para pagar la prima del supuesto seguro, con Seguros La República.
Bajo ese concepto, durante 20 años ininterrumpidos Pemex descontó a sus trabajadores montos de entre 100 y 150 pesos.
Nunca el sindicato rindió cuentas sobre este fondo, y en 1988, “La Quina” fue aprehendido en su casa en la ciudad de Tampico y encarcelado, acusado de homicidio y acopio de armas.
La historia no terminó ahí.
En 1992, Seguros La República fue intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y declarada en quiebra.
Del patrimonio de los miles de trabajadores de Pemex que tenía bajo resguardo esta empresa -comprada por el Grupo Interacciones- nunca más se supo nada.
Desde entonces, los trabajadores han buscado sin éxito recuperar las reservas matemáticas y los intereses por las aportaciones realizadas.
Los trabajadores presentaron una demanda, pero ninguna autoridad federal ha confirmado la existencia del fideicomiso bancario –el número 56342/FID/III/06- y mucho menos de la existencia de más de 800 millones de pesos del que se supone está conformado este fondo.
En 1995, se creó la Coalición Petrolera Independiente, A.C. con la intención de recuperar los fondos de este seguro de vida. Esta organización comenzó con las gestiones, sin embargo, sus dirigentes y líderes aprovecharon para exigir cuotas a los trabajadores jubilados y activos de Pemex.
Los líderes de esta organización pedían dinero bajo el argumento de que contaban con una resolución judicial que ordenaba el reembolso de esos recursos a los trabajadores petroleros.
Pero lo cierto es que ninguno ha recuperado un centavo y siguen pagando dinero por supuestos programas de credencialización y gastos de representación legal.
Un padrón sin beneficiarios
Reporte Indigo tiene en su poder decenas de credenciales tramitadas por la Coalición Petrolera Independiente (CPI) con el supuesto fin de elaborar un padrón de beneficiados para repartir este fondo, que es considerado incobrable.
Este periódico tiene también recibos de pagos a nombre de trabajadores por un monto de 405 pesos por concepto de “gastos de representación” inherente al rescate del fondo de reserva reclamado ante la Comisión Nacional Bancaria.
Una cadena de defraudación
El primero que se aprovechó la situación para conseguir recursos de los trabajadores afectados fue Francisco Mata Martínez, primer presidente de la Coalición Petrolera Independiente (CPI).
La CPI creó un programa de credencialización entre los petroleros para afiliarse y tener derecho –según ellos- al fondo de reserva relacionado con los pagos realizados para el seguro de vida.
De acuerdo a trabajadores entrevistados por Reporte Indigo, cada uno pagó mil 200 pesos por el empadronamiento.
Cuando Jorge Hernández Lira asumió como dirigente de la CPI hizo exactamente lo mismo que su antecesor Mata Martínez. Exigió una aportación.
El líder petrolero comenzó en la CPI como secretario de comunicación social y luego continuó como apoderado legal.
El aspirante a relevar a Romero Deschamps en el sindicato petrolero pidió 500 pesos a los trabajadores por una nueva credencialización.
Un negocio muy atractivo: los trabajadores afiliados a la Coalición Petrolera Independiente suman 150 mil.
Las denuncias contra Hernández Lira las ha realizado Víctor Manuel Lozano Castro, actualmente presidente de la CPI, quien acusa a su antecesor de engañar con la recuperación de este fondo.
Lozano Castro acusa a Hernández Lira de haber cobrado a trabajadores de Tampico, Madero, Reynosa, Altamira y Poza Rica, trabajadores en activo, muchos de ellos sin derechos de poder cobrar esas aportaciones.
También Jorge Félix Cabrera, representante de petroleros jubilados en Veracruz, asegura que Hernández Lira les pidió 500 pesos para una nueva credencial.
Las nuevas tarjetas sustituían a las que circuló el exlíder Mata Martínez por mil 200 pesos.
“Nos dijo (Hernández Lira) que él tenía la llave para abrir ese candado y rápido hizo dinero como no se imagina”, comenta Félix Cabrera.
Las nuevas tarjetas de Hernández Lira traían una innovación: un código de barras.
“Es el código que les van a pedir en el banco para pagarles”, dicen los trabajadores que les prometió Hernández Lira.
El dirigente sindical les garantizaba hasta 250 mil pesos a cada uno, del rescate del seguro de vida.
Incluso en ese programa de credencialización se afiliaron personas que no eran petroleros.
“Hasta pescadores le entraron y le pagaron a Hernández Lira”.
La única verdad es que hasta el momento los trabajadores petroleros no han recibido un centavo.
El ultimátum de la reforma
Los días de Carlos Romero Deschamps – el polémico líder petrolero conocido por la vida de lujo que se da como dirigente nacional del sindicato petrolero -están contados en este sexenio.
La reforma energética, aprobada este año, dejó fuera al STPRM del Consejo General de Pemex, lo que representó un fuerte golpe a este poderoso sindicato dirigido por el priista.
Pero la reforma también dejó un ultimátum: para antes del 12 de agosto de 2105 Pemex deberá de realizar modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y convertir en deuda pública los pasivos laborales como lo establece el artículo tercero transitorio del decreto.
Se especula que Romero Deschamps no estará para entonces al frente del sindicato, lo que ha desatado una disputa por el control de esta poderosa organización.
Jorge Hernández Lira desde hace dos años se ostenta como secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, alegando que ganó en una elección que convocó en la Ciudad de México
Sin embargo, la toma de nota que dice tener no ha podido ser validada por la Secretaría de Trabajo, por lo que un juez federal le negó una suspensión de amparo.
Eliel Flores Sánchez, dirigente también de la Coalición Petrolera Independiente, ha manifestado su intención de participar en la sucesión.
Omar Toledo es otro de los dirigentes que también pretenden suceder a Romero Deschamps en la dirigencia sindical que ha ocupado por más de 20 años.
Credenciales con códigos
Las nuevas tarjetas que les ‘vendiò’ Jorge Hernández Lira traían una innovación: un código de barras
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
Florence Cassez pasó siete años encarcelada en México acusada de ser parte de una banda de secuestradores, cargo que ella siempre ha negado. Su “captura” televisada –se supo después– fue un montaje perpetrado por el policía favorito del régimen calderonista: Genaro García Luna. La ciudadana francesa salió libre a principios del año pasado gracias a una resolución de la Suprema Corte de Justicia; volvió a su patria, se tomó un tiempo y ahora inició acciones legales –en su país– contra quien resulte responsable de haberla señalado y encarcelado.
PARÍS: “Mi historia no terminó con mi liberación”, advirtió Florence Cassez en entrevista con la corresponsal a mediados del pasado enero (Proceso 1942). Se rehusó a precisar algo más, pero no era muy difícil imaginar su intención de seguir luchando contra quienes le “robaron siete años de vida”, según sus propias palabras.
El pasado 29 de septiembre su abogada, Sophie Thonon, presentó en París una demanda contra quien resulte responsable por “arresto y detención ilegales”, y pidió a las autoridades judiciales francesas que “identificaran y condenaran” a dichos responsables.
La noticia se dio a conocer públicamente el jueves 2.
Contactada por correo electrónico, Cassez responde a la corresponsal que sólo su abogada hablaría del caso. Localizada vía telefónica, Thonon dice a este semanario:
“No sólo represento a Florence Cassez, quien fue encarcelada ilegalmente en México durante siete años y a menudo en condiciones inhumanas. Represento también a sus padres Bernard y Charlotte Cassez, victimes par ricochet (víctimas colaterales), de los perjuicios de extrema gravedad sufridos por su hija.”
Thonon, quien lleva seis meses trabajando en el expediente de Cassez, espera con confianza la próxima etapa del procedimiento judicial.
“Le corresponde ahora al procurador de justicia (de Francia) decidir sobre la oportunidad de instruir el caso de mi clienta, quien, es importante recordarlo, fue liberada por decisión de la Suprema Corte de Justicia de México”, insiste la abogada, quien hace hincapié en el montaje de la detención de Cassez el 9 de diciembre de 2005 ante las cámaras de Televisa y TV Azteca.
Enfatiza: “En realidad mi clienta fue detenida el 8 de diciembre y mantenida incomunicada durante 24 horas. Ese fue el punto de partida de todo”.
Thonon subraya que ese montaje fue llevado a cabo “por altos responsables policiacos en un contexto de guerra contra el crimen”, pero no menciona nombres por considerar que será precisamente la tarea de un juez instructor determinar a quiénes incriminar por los siete años de encarcelamiento de su clienta.
Es difícil prever cuándo dará a conocer su decisión el procurador. El tiempo de la justicia es muchísimo más lento que el tiempo periodístico, advierte Thonon a la corresponsal.
–Vamos a suponer que se abra esa instrucción judicial –se le comenta–. Eso amenaza con crear nuevas tensiones diplomáticas y políticas entre Francia y México. La “reconciliación” entre los dos países fue importante tanto para Francois Hollande como para Enrique Peña Nieto.
–De nuevo vamos a hablar de tiempo. El tiempo político no es mi tiempo. Yo defiendo a una mujer que fue sacrificada en el altar del tiempo político mexicano durante siete años. Y no quiero pensar que se intente sacrificarla esta vez en el altar de las relaciones políticas franco-mexicanas.
Extraterritorialidad
Renombrada litigante, Thonon es una defensora incansable de los derechos humanos y desde hace décadas mantiene estrechos lazos con América Latina, pues representó a las familias de los desaparecidos por las dictaduras argentina y chilena.
Abogada de los deudos de Alice Domon y Léonie Duquet, dos religiosas francesas secuestradas, torturadas y asesinadas en Argentina en 1977, Thonon luchó durante años para que se juzgara en Francia al excapitán Alfredo Astiz, El Ángel de la Muerte, directamente implicado en el suplicio de las monjas.
Su determinación venció todos los obstáculos políticos. El juicio se celebró en 1990 en París. Astiz fue condenado a cadena perpetua pero en ausencia, pues no existían acuerdos de extradición entre Francia y Argentina.
El veredicto causó impacto en particular en Argentina, donde Astiz vivía cómoda y tranquilamente. No fue sino hasta 2009 cuando El Ángel de la Muerte tuvo que responder ante la justicia de su propio país por los crímenes perpetrados contra las religiosas.
Fue con la misma voluntad inquebrantable que Thonon y William Bourdon, otro afamado abogado galo, defendieron a cuatro desparecidos franco-chilenos víctimas del régimen de Augusto Pinochet. Dos de ellos desparecieron durante la aplicación del Plan Cóndor que los dictadores del cono sur elaboraron para acabar con toda forma de oposición.
En diciembre de 2001 Thonon y Bourdon estuvieron a punto de provocar un incidente diplomático de gravedad entre Francia y Estados Unidos al pedir que Henry Kissinger, de paso por París invitado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, compareciera como testigo ante la justicia gala.
Dos agentes judiciales se presentaron en el lujoso hotel Ritz donde el estadunidense exsecretario de Estado se hallaba hospedado para entregarle la convocatoria del juez que instruía el caso de los cuatro franco-chilenos.
Kissinger logró salir discretamente del hotel. “Se refugió” en la embajada de Estados Unidos y abandonó Francia aún más discretamente.
En 2010, después de 12 años de complejos procedimientos y una larga instrucción, Thonon y Bourdon , junto con sus dos colegas Claude Katz y Benjamin Sefati, lograron enjuiciar en la Corte de lo Penal de París a 13 altos responsables del régimen pinochetista y a un argentino (Proceso 1633 y 1783).
El juicio duró más de una semana, del 8 al 17 de diciembre de 2010. Se llevó a cabo en ausencia de los acusados, quienes se negaron a reconocer la autoridad de la Corte, pero en presencia de los familiares de los desaparecidos que llevaban 37 años esperando justicia.
Los juicios contra Astiz y contra los integrantes de la junta militar chilena pudieron realizarse en París porque la ley penal francesa establece “la competencia jurisdiccional extraterritorial” en los crímenes cometidos por extranjeros contra ciudadanos franceses fuera del territorio nacional.
Es esa misma competencia jurisdiccional la que permite ahora a Cassez y a su abogada exigir justicia en Francia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANNE MARIE MERGIER
Entre la veintena de jóvenes muertos la madrugada del 30 de junio en una bodega de Tlatlaya, presuntamente ejecutados por militares, había de todo: mexiquenses y guerrerenses que se dedicaban al campo o eran empleados de comercios. Algunos estaban casados y eran padres. Con excepciones, como reconocen sus familiares, era gente de bien levantada por el crimen organizado para obligarla a servir a sus propósitos. Madres, abuelas y viudas de esos muchachos hablan con Proceso y narran la pesadilla de recoger los cadáveres deshechos, varios con huellas de golpes.
SAN PEDRO LIMÓN, MÉX.- “A los muchachos les dieron el día libre y su comandante se quedó por ahí, cerquita de la bodega”, relata un habitante de San Pedro Limón –comunidad del municipio mexiquense de Tlatlaya–, en referencia a los 22 jóvenes (21 hombres y una mujer) presuntamente ejecutados la madrugada del pasado 30 de junio por soldados del 102 Batallón de Infantería.
Algunos de los familiares de las víctimas tenían días de no verlas. Según sus testimonios, los jóvenes eran campesinos, empleados de supermercados o dependientes de refaccionarias quienes, aseguran, “fueron levantados” en distintos momentos por “la maña” (como llaman a la mafia).
“Estaban como golpeados”
A José Guadalupe Ocampo Raya, de 22 años, le gustaba jugar pelota (futbol), trabajaba en la milpa, muy cerca de donde nació y donde vivía con sus ocho hermanos, La Montaña, una ranchería de no más de 40 familias cerca de la cabecera municipal de Arcelia, en el vecino Guerrero.
–¿Qué hacía su hijo, doña Ema?
–Trabajaba con mi esposo sembrando maíz y ajonjolí, pero más después ya estaba en el Aurrerá –responde doña Ema Raya Durán, de 45 años y quien arrastra el dolor de haber perdido a uno de sus hijos, cuyo cuerpo ni siquiera pudo ver directamente para reconocerlo; tuvo que hacerlo en imágenes de una computadora del Servicio Médico Forense (Semefo) de Tejupilco, en el Estado de México, donde fueron llevados los 22 cadáveres.
José Guadalupe entró a trabajar el 11 de octubre de 2013 a la Bodega Aurrerá de Arcelia, municipio que forma parte, según las autoridades, de la ruta del trasiego de drogas que va de Iguala a Teloloapan, Guerrero, pasando por sus vecinos mexiquenses Tlatlaya, Mayaltepec y Mihualtepec.
Su madre reclama entre sollozos: “¿Pero por qué me lo mataron si él era buena gente; nunca fue grosero con nadie, no tomaba, no era de parranda y sí, a veces iba de fiesta al pueblo, pero regresaba temprano… hasta que desapareció”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1980, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Los crímenes de Ayotzinapa y Tlatlaya son noticias que le dieron la vuelta al mundo y mostraron un rostro de México muy distinto al que se empeña en difundir el gobierno. Ante la magnitud de estos crímenes, la ONU, la OEA y Washington han exigido castigo a los responsables, en tanto que diputados del Parlamento Europeo piden que se suspendan las negociaciones de cooperación que se tienen con el país. La respuesta de Los Pinos es una estrategia basada en comunicados que sólo reproducen el discurso peñanietista del pasado lunes.
WASHINGTON/BRUSELAS/BERLÍN: Ante la imagen negativa que México proyecta en el exterior por los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, el gobierno de Enrique Peña Nieto aplicó una estrategia de control de daños: Las embajadas mexicanas envían cartas y comunicados a gobiernos y parlamentos de las naciones ante las cuales están acreditadas, los jefes de misión convocan a periodistas para “retransmitirles” el mensaje que el mandatario leyó el lunes 6 o hacen “visitas de cortesía” a medios locales para ofrecer la versión de lo que “realmente” ocurre en el país.
El objetivo: Crear la percepción de que el gobierno mexicano tiene el control de la situación en varios estados –donde en realidad la violencia está desbordada– y cumple sus compromisos internacionales en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.
Y es que la matanza de Tlatlaya, la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa y el descubrimientos de las fosas clandestinas en Iguala –hechos ampliamente difundidos por la prensa internacional–, empiezan a tener efectos concretos en materia de política exterior: la Organización de las Naciones Unidas, la de Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Estado de Estados Unidos condenaron los acontecimientos y exigieron una investigación completa y transparente para esclarecer esos crímenes y llevar a ante la justicia a los responsables.
Más aún: 16 diputados del Parlamento Europeo solicitaron que el proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (UE), que negocian actualmente ambas partes, se suspenda hasta “reconstruir la confianza” con las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1980, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. ESQUIVEL, M. APPEL Y Y. ALCARAZ
La diputada Rebeca Clouthier acusa al gobernador Rodrigo Medina de usurpar el Poder Legislativo y junto con la bancada del PRI modificar acuerdos del pleno y desaparecer información.
El Congreso del Estado se encuentra secuestrado por el gobernador Rodrigo Medina y por su partido, el PRI, asegura la diputada panista Rebeca Clouthier.
Y esto no es retórica, sino un hecho contundente probado y documentado con la desaparición y el bloqueo de información, e incluso la alteración de decretos legislativos.
Rebeca Clouthier resalta la magnitud de estas acciones al calificarlas abiertamente como “un fraude” en contra de la ley y de la ciudadanía.
“El Congreso, literalmente está secuestrado por el PRI y por el gobernador, definitivamente, no me cabe la menor duda.
“Aquí lo grave del asunto es que, o alguien del Congreso modifica documentos y los manda publicar, o el propio gobernador o su gente legislaron sin tener la facultad en ningún aspecto para modificar nada, porque para eso el gobernador tendría que ser diputado, y no lo es.
“El poder legislativo es un poder autónomo e independiente del ejecutivo, por lo tanto el gobernador está usurpando sus funciones y está violando los poderes”.
Clouthier pinta el actual escenario legislativo como el más difícil en la historia de Nuevo León, porque nadie ostenta la mayoría y consensar con otras fuerzas tiene a la legislatura en una parálisis.
“Tenemos 12 cuentas públicas del 2012, aprobadas en mi Comisión, la quinta de Hacienda, que no las quieren subir al pleno y así como en la quinta le puedes preguntar a cada Comisión, y si en la mía tenemos 12, son cuatro comisiones de Hacienda y si en cada una hubieran 10, ya son 40 cuentas públicas atoradas, nada más porque las quieren negociar como barajitas”, expresa la diputada.
Clouthier asegura que lo único que se procesa es lo que les conviene a unos cuantos priistas y al propio gobernador Rodrigo Medina.
Esto, mientras la sociedad ve cómo sus supuestos representantes, los legisladores, negocian e intercambian pequeños asuntos que no significan nada para la ciudadanía.
La diputada Clouthier, a la fecha, ha presentado alrededor de 30 iniciativas, de las cuales recuerda que sólo le han aprobado tres.
Es decir, hay un bloqueo sistemático, que además está ligado a la disminución de la bancada del PAN en el Congreso, por las renuncias de panistas como Luis David Ortiz.
O sea, hay un trabajo progresivo de dos años del Ejecutivo y de la bancada tricolor para controlar el poder legislativo en el Congreso del Estado y ponerlo a modo de ellos, y no precisamente a modo de la sociedad que representan los diputados.
Por ello, la legisladora Clouthier hace un llamado a la ciudadanía para que razone mejor su voto, más ahora que ya se acercan los comicios del 2015.
“Le hago la invitación a la ciudadanía, a que a la hora de votar lo piensen muy bien y definan una mayoría que crea que pueda hacer contrapeso con el gobierno y que esté a favor del bien colectivo y no particular”, pidió Rebeca Clouthier.
Comprueba y documenta usurpación de poderes
La diputada panista denunció que sufre un reiterado bloqueo de información y constató la modificación y manipulación de decretos legislativos.
El 28 de mayo pasado se aprobaron por unanimidad en el Congreso del Estado las iniciativas de alienación parental y custodia compartida de padres divorciados, dentro de las reformas al Código Civil.
Pero fue hasta el 31 de julio que se enviaron los expedientes al gobernador.
Y justo cuando se creía que al fin se destrabarían estas modificaciones al Código Civil, que estuvieron secuestradas durante más de dos meses por la bancada del PRI, el ejecutivo estatal vetó la iniciativa de custodia compartida a última hora.
Pero eso no es todo. La modificación original al Artículo 144 del Código Civil, la única aprobada por el ejecutivo y el Congreso, fue manipulada al publicarse en el Periódico Oficial del Estado.
En el original, entre otras cosas, se suspendía de su derecho de convivencia, custodia o posesión de los hijos, al progenitor que incurriera en el acto de generar sentimientos negativos, de odio, desprecio, rencor o rechazo, hacia el otro padre.
Mientras que en la versión del Periódico Oficial del Estado, sólo se insta al progenitor que ostente la patria potestad a procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores de edad con el otro ascendiente.
A la diputada se le han dado respuestas inverosímiles por escrito, para negarle información que ha estado solicitando desde agosto.
Como el argumento de que el material no existe, que no se grabó, o que no hay audio que corrobore la sesión del 28 de mayo.
Desde el mes de agosto Clouthier ha solicitado mediante oficios el video y el diario de debates de la sesión del 28 de mayo, así como el documento que contiene las observaciones del gobernador del Estado a la iniciativa.
La primera está fechada el 19 de agosto y la segunda el 18 de septiembre, a las que responde el día 22 el Oficial Mayor y dice que el material solicitado “no existe”.
Después, el Oficial Mayor le informa a la diputada que eso debe tratarlo con el director de Comunicación Social, José Luis Garza, quien el 24 de septiembre responde señalando en un oficio que:
“Me permito informarle que el área a mi cargo no cuenta con dicho material debido a problemas de carácter técnico.
“Como se lo comenté el pasado viernes vía telefónica, la imposibilidad física estriba en que la sesión del pasado 28 e mayo, junto con las del día 26 y 27 de la misma semana, no quedaron respaldadas en audio y video, debido a las fallas ocasionales en algunos de nuestros insumos y equipo”.
El 23 de septiembre la diputada pide al Oficial Mayor, Mario Treviño, el dictamen correspondiente al Voto Particular del diputado Fernando Elizondo de la sesión del 28 de mayo, mismo que contiene reformas al Código Civil en materia de alienación parental.
“Le informo que de la búsqueda realizada en los archivos de ésta Oficialía Mayor, no obran los documentos solicitados”, responde mediante un oficio el Oficial Mayor, el 26 de septiembre de 2014.
Clouthier segura que jamás había sucedido algo así, hasta que cambió el Oficial Mayor y la Cocri (Comisión de Coordinación y Régimen Interno) del Congreso, pasó a manos del PRI. Desde entonces todo se pierde.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GIZÉH JIMÉNEZ.
Cifras de feminicidios y desaparición de mujeres posicionan al estado en lugares alarmantes a nivel nacional. Las autoridades locales han sido insensibles a los casos y no existen políticas públicas específicas que se pongan en marcha para alertar sobre la violencia de género.
Junio del año 2013. Diversas organizaciones civiles y políticas, entre las que se encontraba el Movimiento Regeneración Nacional en Jalisco, entregaron un pliego petitorio al entonces secretario General de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, para que la actual administración de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz activara la alerta de género.
La petición no fue realizada y, contrario a ello, la titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), Mariana Fernández Ramírez, desestimó en agosto de ese mismo año la protesta y dijo que debido al número de feminicidios registrados hasta esa fecha, no había justificación para activar la alerta.
A la fecha la solicitud de parte de los colectivos defensores de los derechos de la mujer y partidos de oposición sigue siendo la misma: que se active la alerta de género.
Ya pasó un año de aquella protesta y las cifras reflejan un incremento en el número de casos de feminicidios suscitados en la entidad, pese a que la Fiscalía General del Estado (FGE) consigna como tal un mínimo porcentaje de los homicidios de mujeres.
Según estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), disponibles en su portal, desde el inicio de este año hasta el 30 de septiembre se han registrado 99 homicidios a personas del sexo femenino.
De ese total, 46 fueron con arma de fuego, 19 por estrangulamiento, 16 con objeto punzo cortante y 12 con golpes, entre otros casos que se dice desconocer la causa u objeto con que se les agredió.
Para Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora estatal del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, especializada en el tema de la violencia contra la mujer, en el estado parece que sólo se pueden contar las mujeres asesinadas, pues son minimizadas desde las autoridades, al mismo tiempo que no existen políticas públicas que traten de prevenir y erradicar la violencia de género.
“Para las autoridades el que aumente (el feminicidio) en un contexto de violencia generalizada, (y) además aumente la violencia contra las mujeres, se minimiza.
“Es como que si esto fuera parte de la violencia que ya está instaurada en el Estado y que por lo tanto no significa más, y que a las mujeres también las están asesinando, es parte de este contexto de violencia”, enfatizó Ramos Ponce, también miembro del Colectivo de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG) .
El llamado federal
El incremento de la percepción y las cifras, no sólo de feminicidios sino de violencia física intrafamiliar, en parejas y desapariciones de mujeres (que son hechos que engloban los procesos feminicidas) generaque desde la oposición y el Gobierno Federal se esté llamando la atención al Gobierno del Estado para que se emita una alerta de violencia de género.
En febrero de este 2014 el pleno del Senado exhortó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que en su calidad de presidente del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres declare las alertas correspondientes.
Así mismo, se pronunciaron en torno a las leyes estatales de la materia para que se armonicen con las federales, estando Jalisco entre las entidades que fueron señaladas para la atención de estos casos.
“En desaparecidas y asesinatos, la cifra es cada vez más alarmante en nuestro estado”, señaló Gildardo Guerrero Torres, diputado local por el PAN, el cual presentó un exhorto al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en agosto pasado, para declarar la alerta de género en Jalisco.
La iniciativa pedía al Sistema Nacional que instara al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, a la emisión de la alerta, aunque la propuesta fue desechada con 20 votos en contra y 15 a favor, éstos últimos por parte de la bancada del PAN y Movimiento Ciudadano.
Y es que para Guadalupe Ramos la verdadera institución encargada de presentar una solicitud para emitir la alerta de género es el IJM, puesto que esta institución forma parte del Sistema Nacional, en perspectiva de que con las modificaciones legales que se han hecho en el tema, se está dejando la investigación de los feminicidios a las organizaciones sociales.
“Ellas son quienes forman parte del Sistema y que tendrían que llevar la propuesta, la pueden hacer en las dos vías, porque en el caso de Jalisco, la ley estatal lo contempla (…) ese mecanismo, de la alerta de género, lo contempla en el estado, pero también se contempla a nivel nacional (…).
“Si quisieran lo pudieran haber hecho aquí desde cuando, ya, activarla y llevarlo al Sistema Nacional”, explicó Ramos Ponce.
Alerta politizada
Pese a los esfuerzos de las organizaciones y el incremento en las cifras, para la académica la alerta no debe generar oposición por parte de las autoridades debido a que se trata de una herramienta preventiva que se ha tomado como foco de alarma en lugares donde se asesinan y desaparecen mujeres.
“Cuando se discutió en el reglamento que se incluyera la alerta de violencia de género era exactamente otro el sentido, se siguió la lógica del Sistema Nacional de Prevención de Desastres, viene un fenómeno meteorológico, se está acercando un huracán (…) entonces vamos a alertar, vamos a prevenir ahora que viene (…) cuidarnos para sufrir un menor desastre, ante aquello que ya se viene”, manifestó Guadalupe Ramos
Sin embargo también explica que la politización de la alerta ha generado que no se mire la problemática de los feminicidios y sea utilizado por los partidos para manifestar oposición en tiempos electorales.
“Utilizar el asesinato de mujeres como una herramienta, como un elemento político para golpear a otro en un contexto electoral, eso es perverso, entonces por eso es que en ningún estado de la república se ha podido implementar la alerta de violencia de género”, declaró la activista de CLADEM.
Además, explica, también existe utilización partidista desde el gobierno para con los partidos de oposición, aunque no se trate de tiempos electorales, como sucedió con las votaciones en el Sistema Nacional para emitir una alerta en el Estado de México.
“Quienes forman parte del Sistema Nacional de Prevención son las presidentas de los institutos de las mujeres. En ese tiempo la entonces presidenta del IJM, al reunirse el sistema para analizar el primer caso de activación de alerta de violencia de género que estábamos solicitando como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en el Estado de México, en ese momento, la entonces presidenta, fue allá a votar a favor.
“Dijimos ‘qué bueno, qué bueno que fue a votar a favor de la activación de la alerta de violencia de género’, pero en ese momento ella estaba aquí en un contexto de gobierno panista (…) llega acá a Jalisco y le decimos ‘qué bueno que votaste, vota porque acá también se active la alerta de violencia de género”, relató Guadalupe Ramos.
Expresó que con el cambio de gobierno y al llegar el PRI a la gubernatura de Jalisco, como pasó con el Estado de México, la nueva titular votaría en contra de la iniciativa que su antecesora había apoyado, sólo por tratarse de intereses de partido.
Concluye la abogada que es la falta de sensibilidad la que lleva a las autoridades a los manejos perversos de la alerta de género y exhorta al poder local para que tome cartas en el asunto ante la problemática por la que no existen políticas públicas que la combatan, según explicó.
“Es sensibilidad, porque mientras no exista sensibilidad ante estos asesinatos no va a importar el número de mujeres asesinadas, podrán matar una, podrán matar cinco, podrán matar las más de cien, ya llevamos más de mil mujeres asesinadas en los últimos diez años, del 97 a la fecha, que estamos nosotros llevando esa contabilidad, y seguimos contándolas sin que exista política pública, eso te habla de una insensibilidad tremenda”, sentenció Guadalupe Ramos Ponce.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN ÁVILA
Entre los policías de Iguala, ministerios públicos y militares, el desprecio hacia los normalistas de Ayotzinapa es manifiesto. El médico Ricardo Herrera –quien denunció a los estudiantes heridos que penetraron en su clínica en demanda de atención– sostiene sin rubor que “los ayotzinapos” son agresivos y por eso les volvió la espalda. Con ese estigma se tratan de ocultar las tropelías de un partido –el PRD– y un alcalde intolerante –José Luis Abarca–, a quien desde hace meses se le acusa por el asesinato del activista Arturo Hernández y por sus presuntos nexos con un grupo de narcotraficantes.
GUALA, Gro: “Vi al herido, pero no lo atendí porque no era mi responsabilidad”.
El médico cirujano Ricardo Herrera lo dice con naturalidad, con un dejo de satisfacción por el deber cumplido al dejar sin auxilio al estudiante con la quijada rota, la cara perforada por un balazo, que requería atención urgente la noche del 26 de septiembre, cuando lo encontró escondido dentro de su hospital, con una veintena de estudiantes normalistas.
En vez de auxiliarlo habló a la policía municipal para que se los llevara. Llamó a la misma autoridad que esa noche emboscó hasta tres veces a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa –a una hora de distancia–, destrozó a balazos los autobuses que los transportaban, y, en un episodio aún irresuelto –en el cual participaron sicarios del cártel Guerreros Unidos–, mató a dos adultos y a cuatro estudiantes –uno de ellos apareció desollado: sin rostro, con los ojos arrancados– y se llevó detenidos a otros 43 que aún no aparecen.
Para este médico, el herido no tenía más que un rozón que le partió los labios y andaba platicando con sus compañeros como si nada. Y justifica su indolencia:
“‘Los ayotzinapos’ vienen agresivos, violentos, sacan a los pacientes, destruyen, vienen como delincuentes. Si de veras son estudiantes, eso no se hace.” Esa reacción es similar a la de muchos igualtecos, quienes al igual que militares, paramédicos, ministerios públicos y policías estatales dieron la espalda a los estudiantes de esa escuela donde se forman profesores rurales y donde el requisito para matricularse es ser pobre.
Cuando se le recuerda al médico que los estudiantes están desaparecidos y podrían haber terminado en fosas –como han declarado policías y narcos detenidos por la procuraduría federal– dice: “Eso es lo que va a pasar a todos ‘los ayotzinapos’, ¿no cree?”
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1980, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
Crecido al amparo del PRI y de sus peores prácticas, Ángel Aguirre gobernó Guerrero a finales del siglo pasado y dejó, entre otras cosas, una cauda de perredistas asesinados. Amigo de Enrique Peña Nieto, éste no intervino cuando el guerrerense cambió de chaqueta, despechado con el priismo, y se cobijó en la llamada izquierda para acceder de nuevo al mandato estatal. Ahora, con el crimen de Ayotzinapa, ese manto protector de la máxima autoridad parece desvanecerse y el gobernador busca desesperadamente conservar el cargo, incluso pese a que la orden de matar a los normalistas pudo haber salido de su entorno más cercano, como opina un empresario local.
MÉXICO, D.F: Nacido políticamente en el PRI, que lo hizo gobernador de Guerrero (1996-1999) y cobijado por el PRD para ejercer un nuevo mandato en el estado, la gestión de Ángel Aguirre Rivero se complica cada día más por el asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, calificada por organizaciones como Human Rights Watch como el ataque a estudiantes más grave desde 1968.
El predecesor de Aguirre, Rubén Figueroa Alcocer, resistió ocho meses al frente del gobierno estatal luego de la matanza de 16 campesinos en Aguas Blancas a manos de policías estatales en junio de 1995, pero dimitió por la intervención directa del presidente Ernesto Zedillo.
Arropado por la dirigencia nacional del PRD, presidida ahora por Carlos Navarrete, dirigente de la corriente Nueva Izquierda, ante la presión de miles de voces en el mundo que piden su salida, Aguirre maquinó una estrategia dilatoria.
El jueves 9, primero en Acapulco y en presencia de un público que le lanzaba vivas, y más tarde flanqueado por Navarrete y el secretario general del PRD, Héctor Bautista, respondió al clamor popular en su contra con el anuncio de la próxima presentación de una iniciativa al Congreso local para preguntar a los guerrerenses si debe continuar al frente del Ejecutivo estatal.
En su terruño el gobernador rechazó los señalamientos de “asesino o represor” y de que recibió financiamiento del Cártel de los Beltrán Leyva en su campaña, como señala un video que circula en internet; aseguró que la federación sabía de la infiltración de la delincuencia organizada en las policías municipales, exigió verdad y justicia para el caso y sostuvo que no dejaría el gobierno por los “opinotecnócratas”.
En una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la cual no se aceptaron preguntas, Aguirre precisó que al Congreso local le corresponderá procesar la iniciativa que presentará el lunes 13. Navarrete apuntaló: “Si es la decisión de los guerrerenses revocarle el mandato al gobernador, que así sea”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1980, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ (REPORTAJE ESPECIAL)
MÉXICO, D.F. (apro).- “En las democracias se necesitan tener procesos de catarsis, necesitan llegar a una crisis –cuando la corrupción es tan alta como en México, como lo era en Colombia o en Italia–, se necesita llegar a una crisis en donde se cuestione a las élites en el poder y entonces se vacían las cloacas”.
Hace unos días, durante una entrevista con el especialista en temas de narcotráfico y política, Edgardo Buscaglia, señalaba justamente lo anterior. Faltaban horas para que el espanto nos alcanzara a todos con, primero la agresión y muerte contra estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y luego el horror de tanta barbarie concretada, sintetizada en el desollamiento de un estudiante, y la tortura, ejecución y quema después del resto de los jóvenes.
Aún no sucedía todo esto cuando Buscaglia me explicaba que para empezar a atacar el vínculo entre narcotraficantes y políticos debía darse una presión popular fuerte luego de una crisis, para que las causas penales en contra de quienes están en el poder legalmente y han sido impulsados, o están en connivencia con grupos criminales, se empiecen a abrir.
A unas horas de que detallaba esta situación, empezó el viaje a la atrocidad, el dolor y muerte de los muchachos.
Pero la indolencia del gobierno federal y del gobierno local impidió acortar la posibilidad de que los jóvenes se salvaran.
El gobierno de Guerrero, que encabeza Ángel Aguirre, decía que ya actuaba; el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, que no sabía nada, y el federal que preside Enrique Peña Nieto, que era un asunto local. Como en el caso del asesinato del diputado federal Gabriel Gómez Michel, apenas una semana atrás, se dejaron pasar minutos clave para, posiblemente, salvarles la vida a los estudiantes.
También decía Buscaglia que cuando la denuncia se acerque a cada minuto más y más a los políticos, cuando sigan apareciendo videos, cuando vean la muerte rozar por su corazón, curul o silla, es que entre ellos surgirá la podredumbre.
Sus críticas se volvieron realidad luego de la barbarie de Ayotzinapa, el crimen de lesa humanidad, pues ahora en el PRD se culpan unos a otros, se empiezan a presentar evidencias que vinculan a unos y otros.
Y en San Lázaro, por ejemplo, por vez primera al abordar el tema y reconocer lo que ya todo México sabía, que el presidente municipal de Iguala estaba muy cerca de grupos criminales, o incluso forma parte de ellos, es que el tema de la narcopolítica llegó a la “máxima tribuna” del país.
Desde ahí, Silvano Blanco Deaquino, diputado federal por el PRD y representante popular de una parte territorial de Guerrero, dijo que había que aceptar que en México se vive un “narco-Estado”.
Que el crimen organizado ha penetrado desde las presidencias municipales, diputaciones locales, federales y “me atrevo a decir que hasta a la Presidencia de la República” en su financiamiento, sostuvo.
Pero así como nadie le rebatió sus palabras, por las curules de cada partido político se sabe que el dicho del legislador es cierto.
Y salen a la luz las acusaciones, los señalamientos. No hablar con la verdad sería caer en el cinismo, dijo el legislador federal en la Cámara de Diputados.
Decir que no se puede saber de dónde viene los aspirantes y quién es un militante de un partido político que pretende buscar un puesto de elección popular, es ser un cínico, acusó Buscaglia, pues los partidos tienen los elementos para saberlo.
En el PRD sabían que había indicios del nexo entre el edil de Iguala con el crimen organizado, como también lo supo el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, si atendemos al dicho de una persona que relató cómo en el gobierno de Felipe Calderón, en concreto la PGR, le notificó que el alcalde de Iguala tenía nexos con el narcotráfico.
Ese señalamiento no sólo se lo hizo la PGR de Calderón a un particular para que evitar mayor contacto con el edil de Iguala, sino que además se lo tuvo que dejar sobre el escritorio de Murillo Karam como uno de los principales pendientes a atender por el nuevo gobierno federal priista.
Quienes debían saber el vínculo entre el político local con el crimen organizado, lo sabían. Quienes tuvieron que actuar para evitar mayores riesgos sobre los estudiantes secuestrados, no lo hicieron, dejaron pasar el tiempo, fueron indolentes, fueron cómplices, por lo tanto gobierno federal, estatal y dirigentes partidistas son responsables de la muerte de los estudiantes.
Pero además del gobierno, infiltrado ya por el crimen organizado, la sociedad será culpable de que siga creciendo la barbarie en el país si no actúa. Hoy el reclamo ya se hizo patente en por lo menos una veintena de estados, pero no hay que bajar la guardia, la sociedad mexicana y los organismos internacionales deben seguir presionando, tanto que llegue el momento en que se abran las causas penales contra los políticos vinculados al crimen organizado, para que se les lleve al banquillo de los acusados, para que se les hagan juicios abiertos, desde el Congreso, como sucedió en los años veinte cuando ante los congresistas se llevó a los narcotraficantes, se les juzgó y se les encarceló.
En México ya no necesitamos más matanzas, de nadie, ni de estudiantes ni de criminales ni de integrantes de la seguridad ni de la Marina ni del Ejército ni de políticos; México ya tiene ríos de sangre, la sociedad tiene la palabra y la acción para detener las muertes, porque el gobierno, sin presión, nunca lo hará.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (ANÁLISIS).
Con sus más de dos millones de votos, Iztapalapa es un bastión de poder codiciado por todas las corrientes internas del PRD, que ya empiezan a mover sus piezas para conquistar la jefatura delegacional.
La contienda electoral del 2015 se centrará en Iztapalapa. Esta demarcación es la joya de la corona para todos los partidos políticos, en especial para el Partido de la Revolución Democrática y para Movimiento Regeneración Nacional.
Y es que por sí sola, esta delegación concentra más de 2 millones y medio de votos, lo cual garantizará para el partido ganador de las próximas elecciones, fuertes expectativas para el 2018.
Desde el 2009 Iztapalapa es la causante de los pleitos internos del sol azteca. En ese año se registró una batalla entre Marcelo Ebrard y René Bejarano contra René Arce y Víctor Hugo Círigo.
Los dos primeros, con ayuda de Andrés Manuel López Obrador, lograron sacar a los hermanos Arce de ese bastión a través de Rafael Acosta “Juanito”, quien después tuvo que ceder su lugar a Clara Brugada.
En la jornada electoral del 2012 el acuerdo fue darle ese espacio al entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, vía Jesús Valencia, quien actualmente gobierna el principal bastión perredista.
Pero de nuevo los grupos están divididos. En el Gobierno del Distrito Federal apoyan a la diputada local Dione Anguiano, y otro sector al diputado federal Carlos Augusto Morales.
A pesar de estar acotada, la corriente Izquierda Democrática Nacional, de René Bejarano, tiene presencia con otra legisladora federal, Aleida Alavez, quien en estos dos últimos años ha mantenido una cercanía con Valencia.
Mientras en el PRD se disputan quién será el encargado o encargada de retener la delegación, aparece un nuevo jugador: Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El partido de nueva creación es del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien requiere de Iztapalapa para garantizar su registro para la elección del 2018.
Desde hace más de tres meses, este instituto político nombró una serie de delegados especiales en cada una de las 16 demarcaciones para promover la defensa del petróleo.
Sin embargo, para especialistas y políticos del PRD, esta es sólo una estrategia para posicionar a sus candidatos a jefes delegacionales sin incurrir en actos anticipados de precampaña.
Por Iztapalapa está Clara Brugada, quien de antemano ya había anunciado sus aspiraciones por volver a gobernar esa delegación; ella es una de las personas cercanas a López Obrador.
Incluso, las encuestas la colocan como una seria aspirante a ganar las elecciones del próximo 7 de junio, debido a la simpatía de las huestes del sol azteca con el también ex jefe de Gobierno.
Pero en el PRI, PAN y demás partidos habrá una atención especial a este bastión, ya que la disputa puede beneficiarlos con alguna de las 8 diputaciones locales y federales que tiene la delegación.
Principalmente en el tricolor, que contará con apoyo del PVEM y el Panal para apoyar el trabajo de Víctor Hugo Círigo y René Arce en los próximos meses; tema que Reporte Indigo ya publicó en ediciones anteriores.
Levantan la mano
Estas podrían ser las cartas fuertes de las diferentes tribus del PRD para contender por la jefatura delegacional en Iztapalapa:
Clara Brugada
La también exprocuradora social fue la encargada de sacar a los hermanos René Arce y Víctor Hugo Círigo de Iztapalapa en el 2009. Fue elegida como la candidata del PRD a gobernar esa demarcación, pero de último momento le quitaron su registro.
Con el apoyo de AMLO y de Rafael Acosta “Juanito” consiguió que la ALDF la nombrara delegada y confrontó a las tribus que avalaron su llegada.
Dione Anguiano
Es diputada local por el PRD. En el pasado proceso interno de ese partido obtuvo la votación más alta de Consejeros Estatales en esa demarcación, consolidando su fuerza.
Su cercanía con el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, la coloca como la principal carta de la administración mancerista para este proceso electoral, pero por esa misma razón su candidatura podría estar polarizada.
Carlos Augusto Morales
El diputado federal creció sustantivamente en los últimos dos años. Su grupo político está conformado por su hermano, Efraín Morales, y los legisladores locales Daniel Ordóñez y Esthela Damián.
También es cercano al secretario de Gobierno, y al tener una buena relación con las demás tribus, es un factor que podría destrabar las negociaciones internas del PRD.
Jesús Valencia
El actual jefe delegacional jugará un papel transcendental en los comicios del año próximo debido a que puede inclinar la balanza a favor de cualquiera de los aspirantes a sucederlo.
Por su cercanía con Marcelo Ebrard podría apoyar a Clara Brugada a cambio de algunas diputaciones locales, pero también tiene ofertas para sumarse al Gobierno del Distrito Federal si acompaña a su candidato.
Víctor Hugo Círigo
Por más de 9 años tuvo, junto con René Arce, el control de Iztapalapa. Luego de que Marcelo Ebrard y AMLO los sacaron decidieron reagruparse con el PRI.
En los últimos meses generaron una alianza con el Partido Nueva Alianza, donde trabajarán para que el bloque de este partido, el PRI, PVEM y posiblemente el PAN, se apoderen de Iztapalapa.
Rafael Acosta ‘Juanito’
Fue el jefe delegacional en Iztapalapa durante dos meses gracias a que Andrés Manuel López Obrador hizo campaña a su favor para que posteriormente le pidiera dejar el cargo a Clara Brugada.
Este caso puso en evidencia la forma en que los políticos pueden acceder al poder, a pesar de que les pongan restricciones, y marcó una nueva división entre los grupos del PRD.
Aleida Álavez
La diputada federal es una de las cercanas a René Bejarano, quien tiene cerca del 30 por ciento de los votos del Consejo Estatal del PRD, suficiente para negociar con los demás grupos.
En la elección del 2012 intentó obtener la candidatura a la jefatura en Iztapalapa, pero una negociación entre IDN y Marcelo Ebrad la llevó a la Cámara de Diputados y a conseguir otra curul para su marido en la ALDF.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN VILLANUEVA
