La investigación sobre la casa blanca en Las Lomas de Chapultepec, propiedad de Angélica Rivera -según informó la Presidencia de la República-, sirve para poner de una vez por todas un golpe en la mesa y mostrar la fragilidad de nuestro régimen de transparencia, afirmó Miguel pulido, director de Fundar, centro de análisis e investigación.

En entrevista para Aristegui CNN, apuntó que en México falta una doctrina sobre lo que es el interés público y, asimismo, falta un compromiso serio de los servidores públicos de entender que están sujetos a un estándar de fiscalización superior.

Sobre la casa de Rivera, consideró que podría afirmar que hay un conflicto de interés, el cual está regulado y tipificado en la Ley General de Responsabilidades de la Administración Pública por lo que el tercer actor que está llamado a dar explicaciones serias y contundentes es la Secretaria de la Función Pública.

Pulido llamó “a pensar en el interés público, a la noción de lo público en el sentido de que nos pertenece a todos, que tiene que ver con el criterio en función de los cuales los servidores públicos toman decisiones o dejan de tomar decisiones y que de eso se trata la regulación del conflicto de interés como una medida de prevención de afectaciones de lo que nos pertenece a todos”.

Indicó que es de suma relevancia lo que expuso la investigación sobre la casa blanca y, sobre todo, la reacción de la propia oficina de la Presidencia, quien reconoció un mecanismo de financiamiento que tiene una “arquitectura de sofisticación muy compleja y esto hay que señalarlo”, en referencia a que fue adquirida a una empresa (Ingeniería Inmobiliaria del Centro) sigue a nombre de ella, y Rivera hace abonos a la propia empresa para terminar de pagarla.

“Vayamos con profundidad a las medidas preventivas de corrupción, por ejemplo (el tema) conflicto de interés, ahí si les tiembla la mano y por eso es que no podemos conocer lo que tienen y por eso es que es de tanto escándalo internacional lo que ha salido a la luz, primero como un asunto de interés periodístico pero me parece que hoy más que nada es un asunto de debate jurídico y un asunto de debate de carácter público en el sentido gubernamental”, subrayó Pulido.

Por otra parte Guillermo Ávila, investigador de Fundar -también en entrevista en CNN-, señaló que vale la pena hacer notar los límites y las fallas que hay en la regulación de las declaraciones patrimoniales y los conflictos de interés, en el sentido de la rendición de cuentas.

Además, indicó que en este caso se trata de la cónyuge de un servidor público (el Presidente de la República), quien tiene la mayor notoriedad dentro de la administración pública en el país, y está obligado a presentar la declaración patrimonial tanto de él como de ella, pero no tenemos acceso público a esa información, señaló, en referencia a cuáles son todos los bienes de Angélica Rivera.

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

AUTOR: REDACCIÓN.

Luego de que Aristegui Noticias publicara que, en 2010, Televisa Talento S.A. de C.V. transfirió a Angélica Rivera su casa de Paseo de las Palmas 1325, en la colonia Lomas de Chapultepec, la cual está conectada a la casa blanca que la actriz adquirió en 2012, CNN dio a conocer que -según fuentes de la televisora- un “centenar de profesionales” han obtenido, desde hace más de una década, los beneficios de este esquema de incentivos.

“Las operaciones están documentadas y un tercero, el fiduciario, otorga el uso y goce a los artistas respectivos y eventualmente la transmisión de la propiedad del inmueble en su favor, en términos del contrato de exclusividad correspondiente”, puntualizaron “fuentes” de Televisa, consultados por CNN.

Además,informaron que sus actores, actrices -como es el caso de Rivera-, productores, escritores y directores, cuando laboran para la empresa “tienen como parte de su respectivo contrato un derecho para adquirir inmuebles en los términos establecidos en el mismo, así como para recibir, en su momento, una terminación”.

“Este derecho busca incentivar y retener talento en el largo plazo y favorecer la generación de un patrimonio. La señora Angélica Rivera firmó diversos contratos bajo este esquema, siendo el último que firmó en el año 2004. Al amparo del mismo recibió una primera propiedad en ese año y otra en 2010, misma que eligió en 2008. Esta última, ubicada en Paseo de las Palmas”, refirieron.

Sin embargo, oficialmente, Televisa no ha informado nada sobre este tema.

La transacción a favor de la hoy esposa de Enrique Peña Nieto ocurrió el 14 de diciembre de 2010, 17 días después de que celebró su matrimonio con el entonces gobernador del Estado de México. 

Dicho inmueble transferido por Televisa, y ubicado sobre Paseo de las Palmas 1325, fue valuado en 27 millones 651,744 pesos. La otra casa -denominada “la casa blanca”- que colinda con la primera, y está ubicada sobre la calle Sierra Gorda,  está valuada en 7 millones de dólares (unos 86 millones de pesos). 

Angélica Rivera trabajó para Televisa, sobre todo en telenovelas, desde 1989; la última la protagonizó en 2007, “Destilando Amor”, donde interpretó a “La Gaviota”. En 2008, inició su relación con Peña Nieto, y en 2009 se mudó a la residencia de Paseo de las Palmas, según la entrevista que concedió ese año a la revista Quién.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

AUTOR: REDACCIÓN.

Ante la posibilidad de que el Tecnológico de Monterrey cierre la Licenciatura en Periodismo y Medios de Información (LMI), más de cien personas reclaman hoy a los directivos de la institución.

Mediante una carta abierta, con más de 100 firmas, decenas de padres de familia, estudiantes y egresados de esta carrera exigen al presidente del Tec, Salvador Alva, y al rector, David Noel Ramírez Padilla, respetar la esencia del programa académico.

“Es evidente que la situación actual que afronta nuestro país requiere de un periodismo cada vez más profesionalizado”, establece la misiva. “El periodismo libre es indispensable para la construcción de una sociedad libre y democrática.

“Los periodistas profesionales contribuyen a una sociedad más justa, a un gobierno más transparente y a empresas más comprometidas con la sociedad.

“Sería irónico que una institución como el Tecnológico de Monterrey, que presume como uno de sus mayores valores el ‘sentido humano’, eliminase una de las carreras que más vinculan al sector gubernamental y empresarial con la sociedad”.

Esta reacción ocurre tras la circulación de información interna que señala que LMI está en riesgo de cerrar por “falta de quórum”.

Incluso, en agosto, Salvador Alva concedió una entrevista a CNN Expansión en la que expresó que las carreras con menos de 30 alumnos no tienen por qué abrirse, a pesar de que asegura que la casa de estudios busca crecer en calidad y no en cantidad.

“Es fuerte decirlo, pero hoy las carreras son desechables, se pueden ir al bote de la basura, pues mucho de lo aprendido, al salir es totalmente obsoleto”, manifestó entonces el presidente del Tec.

Ante estas declaraciones, destaca la reacción de los padres de familia, quienes expresan en la carta su inconformidad con la filosofía de Alva.

“Es importante subrayar que nuestros padres de familia se encuentran indignados ante la posibilidad de que el programa cierre o que sufra cambios que alteren su esencia”, estipula el escrito.

“¿Qué educación están pagando?, se cuestionan. ¿Es justo invertir en un programa educativo del Tec de Monterrey para luego toparse con la noticia que cerrará porque fue considerado ‘desechable’, ‘obsoleto’ o ‘prescindible’?.

“¿Acaso la ‘utilidad’ o importancia de una carrera se mide en número de matrículas por semestre?”.

Cuando el expresidente Felipe Calderón inició su combate al crimen organizado, una de las estrategias que presumió fue que golpearía las estructuras financieras de estos grupos.

Sin embargo, al menos en Michoacán, esos nunca pasó. En el estado, ni un solo bien inmueble o cuenta bancaria fue incautado a los cárteles que se buscó desarticular.

El 29 de mayo del 2009, Calderón promulgó la Ley Federal de Extinción de Dominio, con la que prometió que se debilitaría la estructura financiera del crimen organizado. 

En Michoacán, el tercer estado más violento por la presencia del crimen organizado, con el segundo despliegue de Fuerzas Federales más importante del país, esa ley nunca se aplicó como herramienta en el combate al narcotráfico. No hay decomisos considerables de dinero y propiedades a los líderes abatidos del crimen organizado.

Un informe emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) -solicitado por Reporte Indigo- revela que durante el sexenio de Calderón no se registró enajenación alguna de bienes inmuebles a ningún cártel ubicado en este estado.

Nada que se haya puesto a disposición de la SHCP por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) o en su caso, por el Poder Judicial de la Federación, de acuerdo al oficio número UE/341/14, emitido en respuesta a la solicitud de información con folio 0681200043114.

La Ley se ha convertido en discrecional. Se aplica a juicio de la PGR, aun en este sexenio. en su libro “El Chapo Estrategia y Traición” (Grijalbo 2014), el periodista José Reveles detalla que dicha ley tampoco ha sido ejecutada por el Gobierno Federal, ni siquiera en casos como el Joaquín “El Chapo” Guzmán. 

A pesar de ser considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos, Guzmán Loera no ha sido tocado por la Ley de Extinción de Dominio, refiere Reveles.

A la fecha, ninguna de las propiedades que se presume tiene el narcotraficante mexicano ha sido incautada. Así como el caso de “El Chapo”, en Michoacán se han respetado las propiedades del crimen organizado al que, en el discurso, se combatía. 

Bisutería y enchufes eléctricos

En los primeros cinco meses del 2005, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) obtuvo más de 21 millones de pesos por concepto de decomiso de dinero (pesos y dólares) y la venta de bienes provenientes de delitos penales federales.

De acuerdo al SAE, entre los golpes dados a la estructura financiera de los cárteles en Michoacán durante el gobierno pasado se encuentra la incautación de un anillo desgastado de bisutería para dama, con valor aproximado de 886 pesos; un anillo -al parecer de oro de 10 kilates- con figuras de hojas, dos piedras rojas y una blanca, con valor estimado en 138 pesos, y anillo de oro amarillo –presuntamente de 14 kilates- con una figura de crucifijo al frente, que se valuó en 87 pesos.

Como parte del debilitamiento de la infraestructura financiera de la delincuencia en Michoacán, la administración de Calderón incautó también dos hieleras, marca Coleman e Igloo, cotizadas en 536 pesos las dos; una licuadora marca Hamilton Beach con un valor estimado en los 27 pesos con 22 centavos, así como dos floreros de vidrio soplado, uno azul y otro transparente, con valor de 55 pesos.

El listado de bienes muebles que incautó el Gobierno Federal a miembros del crimen organizado en el estado, dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluye algunas joyas que estaban en propiedad de delincuentes.

Entre ellas, un reloj con extensibles de piel color café, Citizen; un reloj plateado con vivos dorados y carátula color azul, marca Q&Q; un reloj con extensibles de piel color café, marca Roca; y un reloj plateado con vivos dorados Titanium, con valor estimado de 20 pesos con 14 centavos cada uno.

El informe de la SAE informa que también se decomisó “un vehículo no apto para circular, marca Chrysler, tipo 300m, sedan, color rojo, cuatro puertas, con placas de circulación CEK1987 del estado de Michigan, Estados Unidos, con número de serie 2C3HE66G41H576963, modelo 2001, con un valor comercial de 4 mil 197 pesos con 53 centavos”.

Sin daños a la infraestructura

Informes solicitados al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la incautación de inmuebles y dinero a miembros del crimen organizado establecen que durante los primeros años de la actual gestión federal no se han hecho decomisos importantes a la infraestructura financiera de los cárteles que operan en Michoacán.

Durante el 2012, se incautaron vehículos de carga y algunos autos de lujo, los que se valuaron hasta en 230 mil pesos cada uno. Durante ese periodo, se realizaron un total de 69  aseguramientos que fueron informados a la Secretaría de Hacienda por parte de la PGR.

Ninguno de esos aseguramientos incluyó cuentas bancarias, dinero o bienes inmuebles utilizados por el crimen organizado.

En 2013 se hicieron 272 aseguramientos, pero solo el 70 por ciento fue en relación a vehículos. La mayor parte de lo asegurado al crimen organizado tiene que ver con bienes muebles con valor de entre los 20 a los 120 mil pesos. En su mayoría son insumos eléctricos, bisutería, relojes de poca monta y vehículos considerados como chatarra, a decir de la valuación económica otorgada.

En la reseña del SAE no se refieren armas de ningún de tipo. Tampoco se menciona el lugar ni a la persona a la que le fueron incautados los bienes que pasaron a ser propiedad de la nación y que algunos de ellos fueron subastados. 

El Gobierno Federal solo remite fecha de la incautación y valor estimado de lo enajenado a la delincuencia organizada.

FUENTE: REPORTE INDIGO.

AUTOR: J. JESÚS LEMUS.