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Por Ayotzinapa, exigen a Obama cancelar ayuda de Iniciativa Mérida

MÉXICO, D.F: Las protestas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, se trasladaron hoy a por lo menos 43 ciudades de Estados Unidos, donde decenas de personas exigieron al presidente Barack Obama la cancelación a México del financiamiento de la Iniciativa Mérida.

El movimiento argumentó que la ayuda multimillonaria que brinda Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, también conocido como “Plan México”, se está financiando a una fuerza que viola los derechos humanos.

En una convocatoria sin precedentes, estudiantes, dirigentes de comunidades mexicanas y latinas, activistas pro migrantes y organizaciones religiosas participaron en una acción denominada #USTired2 (Nosotros también estamos cansados) y salieron a las calles para manifestarse en plazas, o frente a edificios públicos con velas encendidas, carteles y consignas.

La misma escena se repitió a lo largo de este miércoles en: Albuquerque, Nuevo México; Atlanta, Georgia; Austin, Texas; Baltimore; Bellingham, Washington; Berkeley, California; Boston, Massachusetts; Chicago, Illinois; Columbia, South Carolina; Dallas- Fort Worth, Texas; Detroit, Michigan.

En El Paso, Texas; Fayetville, Arkansas; Ferguson, Missouri; Fresno, California; Gainesville, Florida; Greenville, North Carolina; Harrisonburg, Virginia; Hoover, Alabama; Houston, Texas; Jackson, Mississippi; Los Angeles, California.

También en Madison, Wisconsin; Miami, Florida; Minneapolis, Minnesota; New York; Olympia, Washington; Salt Lake City, Utah; San Antonio, Texas; San Fernando, California; San Francisco, California; San Jose, California; San Marcos, California; Santa Ana, California; Santa Cruz, California; Seattle, Washington.

Así como en St. Louis, Missouri; Tucson, Arizona; Washington DC; Woodburn, Oregon; Yakima, Washington y Yellow Springs, Ohio.

“43 Cities, 43 students, One goal: Stop the us governments deadly ‘Plan México’”, (43 ciudades, 43 estudiantes, un objetivo: Alto a nuestros gobiernos mortal Plan México), fue el llamado que hicieron los activistas a través de las redes sociales.

En cada uno de los 43 puntos se pidió por uno de los normalistas desaparecidos.

La movilización contrastó con la postura asumida hoy por el gobierno de Barack Obama que, a través de la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, arropó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

En un mensaje, Harf aseguró que el gobierno mexicano actuó de manera expedita para investigar de manera integral la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que el gobierno estadunidense continuará trabajando con su similar mexicano, además de mantener el diálogo sobre asuntos de derechos humanos.

Roberto Lovato, organizador del #USTired2, dijo en entrevista con CNN Español, que tras los hechos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, un grupo de mexicanos decidió protestar para solicitar al gobierno estadunidense cortar los recursos destinados a instituciones de seguridad mexicanas para combatir el narcotráfico.

“En Estados Unidos somos millones que al igual que miles de mexicanos, decimos ‘Ya me cansé’, sólo que en inglés, estamos cansados del apoyo que da el gobierno estadounidense a fuerzas de seguridad en México que han torturado, desaparecido y matado a miles de personas”, manifestó el también periodista y activista.

El objetivo de #UStired2, abundó, es promover la paz como una alternativa a una “fallida y catastrófica guerra contra las drogas que ha dejado más de 100 mil muertos y 25 mil desaparecidos en México”.

A través de un video difundo en días previos a la jornada cívica, dos de los normalistas que sobrevivieron a los hechos del pasado 26 de septiembre, en el que invitan a la gente a participar en el #USTired2,  señalaron:

“El tema que nos tiene en este momento preocupados como estudiantes junto con los padres de familia y mucha de la sociedad mexicana es que estamos luchando por 43 compañeros que se llevó la Policía Municipal de Iguala. No estamos jugando nosotros, es un problema serio”.

“(…) Invitamos a que sigan apoyándonos; al apoyarnos a nosotros están apoyando a todo un país que ya está harto”, convocó uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Los organizadores del movimiento señalaron que con el #USTired2 también buscan que Estados Unidos “deje de ser un observador pasivo” frente a la tragedia de México.

“Estamos haciendo esto por la desaparición de los estudiantes (de México), pero más que nada estamos pidiendo al gobierno de Estados Unidos que pare de financiar al gobierno mexicano.

“Es un esfuerzo comunitario de mexicanos residentes en Estados Unidos que queremos que nuestro dinero de impuestos no financie al gobierno mexicano, que es corrupto”, dijo Karla de Anda, una de las organizadoras de la protesta en Miami quien nació en México y vive en Estados Unidos desde hace 14 años.


Los activistas filmaron sus protestas y los videos de ellas serán transmitidas en una pantalla gigante frente a la embajada de Estados Unidos en México, según explicó De Anda.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Buscan revertir narcoviolencia en Tierra Caliente… con más policías, más militares

IGUALA, Gro: Luego de la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, registrada hace más de dos meses en esta ciudad colapsada por la narcoviolencia, el gobierno federal admitió que en la región de la Tierra Caliente existen territorios completos controlados por la delincuencia.

Es por ello que anunció la puesta en marcha de un operativo policiaco-militar en 36 municipios de los estados de Guerrero, Michoacán, México y Morelos.

También se informó que elementos de la Policía Federal División Gendarmería asumirán el control de las labores de seguridad en el puerto de Acapulco, donde policías y agentes de tránsito municipal mantienen un paro de labores desde abril de este año.

Al respecto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que de esta manera pretenden revertir los efectos de la narcoviolencia generada por la corrupción e indolencia oficial en la región de Tierra Caliente, con el fin de garantizar que la ciudadanía pueda transitar libremente por las vías de comunicación de esta zona.

Osorio Chong dijo que para el puerto de Acapulco la Gendarmería desplegará acciones enfocadas en mantener este balneario como “el polo de desarrollo y fuente de ingresos” para el estado de Guerrero.

Lo anterior, durante un acto oficial realizado en la cima del cerro del Tehuehue, donde se encuentra el asta, sitio emblemático de la ciudad de Iguala conocida también como “La cuna de la bandera”.

No obstante, el evento se caracterizó por la ausencia de alcaldes de la zona norte y la región de Tierra Caliente de la entidad, así como del presidente del Congreso guerrerense, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, todos ellos señalados por sus presuntos nexos con el narco.

Sobre este tema, Osorio Chong dijo que el gobierno federal está investigando a los políticos guerrerenses donde “tienen elementos para investigar”, aunque advirtió que se actuará cuando se tengan los datos suficientes para detener, consignar y procesar.

“No vamos a llevar una acción donde no tengamos elementos suficientes. La PGR va a seguir adelante con las investigaciones y, donde estemos seguros de que no se va a caer un proceso, donde un alcalde detenido salga en libertad por falta de elementos, entraremos en un proceso serio y transparente”, ofreció el funcionario federal entrevistado sobre el tema de la narcopolítica que desató una crisis de vacío de autoridad e ingobernabilidad en la entidad tras el caso Ayotzinapa.

Ello a pesar de que desde diciembre pasado el gobierno federal tiene abierta una investigación en contra de más de una decena de ediles y políticos que han sido exhibidos públicamente por sus presuntos nexos con el narco, pero a la fecha sólo ha sido detenido el exalcalde perredista de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino, en abril de este año, y el defenestrado expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez , luego de la matanza y desaparición de los normalistas de Ayotzoniapa.

El lugar donde se realizó el acto oficial prácticamente fue sitiado por policías federales y soldados, no obstante en el acceso principal una veintena de habitantes de Iguala se manifestó portando pancartas para exigir al gobierno federal que no reintegre a los policías municipales, pues éstos fueron acusados de participar no sólo en la campaña de exterminio de normalistas de Ayotzinapa, sino también en la desaparición de decenas de personas en este lugar considerado como un cementerio clandestino por el número de fosas encontradas durante la búsqueda de estudiantes.

Por su parte, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, explicó que el operativo especial en la región de Tierra Caliente abarca 36 municipios de los estados de Guerrero, Michoacán, Estado México y Morelos.

Las fuerzas federales se van a desplegar en 22 municipios de Guerrero; ocho del Estado de México; cuatro de Morelos y dos de Michoacán donde operan varias bandas delincuenciales que han exhibido “la debilidad institucional”, admitió.

Rubido García explicó que luego de la masacre de Iguala, 16 de los 22 municipios guerrerenses anunciados ya estaban bajo control de las fuerzas federales, es decir, sólo seis fueron incorporados al operativo federal.

El funcionario federal también destacó que la llegada de la Gendarmería al puerto de Acapulco pretende establecer condiciones de seguridad permanente y, de manera particular, en la temporada vacacional de diciembre.

En el operativo especial en la Tierra Caliente participarán al menos 2 mil agentes federales y la coordinación de la estrategia federal recae en el Ejército, indicó Rubido.

En Guerrero, los municipios bajo control de la Federación están ubicados en las regiones Tierra Caliente y Zona Norte: Iguala, Taxco, Teloloapan, Eduardo Neri, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Apaxtla de Castrejón, Pungarabato, Coyuca de Catalán, Argelia, Tlalchapa, Buenavista de Cuellar, Zirándaro, Pedro Ascencio de Alquiciras, Pilcaya, Tlapehuala, Cuetzala, Cocula, General Canuto A. Neri, Ixcateopan, Cutzamala de Pinzón y Tetipac.

Del Estado de México son Tlatlaya; Tejupilco, Amatepec, Ixtapan de la Sal; Tonatico, Zultepec, Zacualpan y Zumpahuacán.

De Michoacán: Huetamo y San Lucas.

Finalmente, de Morelos: Puente de Ixtla, Amacuzac, Coatlán y Tetecala.

En el acto oficial estuvieron los gobernadores de Michoacán, Salvador Jara Guerrero; de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu; del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, quien en su discurso volvió a ofrecer diálogo al movimiento conformado por padres de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes y organizaciones sociales, entre ellas el magisterio disidente.

“Lo que hoy vivimos en Guerrero es una crisis social y política, por eso yo ofrezco diálogo, diálogo y diálogo, así como flexibilidad y tolerancia al extremo”, expresó el mandatario interino que se ha caracterizado por la falta de operación política para destrabar el conflicto que tiene paralizados ayuntamientos y oficinas de gobierno estatal.

De manera paralela, en Chilpancingo integrantes del magisterio disidente volvieron a salir a las calles para irrumpir nuevamente en la sede del Poder Ejecutivo, donde desalojaron el edificio y quemaron los bustos de los exgobernadores en la entrada principal del inmueble.


Los manifestantes advirtieron que no permitirán que burócratas y autoridades estatales laboren en este inmueble que alberga la estructura administrativa del gobierno de Guerrero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Crece lucha vs. Monterrey VI

Organizaciones civiles anunciarán hoy nuevos obstáculos y detalles irregulares de la licitación y del presupuesto contra el proyecto que plantea  el gobierno estatal.

La batalla emprendida por asociaciones civiles en contra de la realización del proyecto Monterrey VI sigue creciendo.

Los organismos civiles anunciaron que darán a conocer nuevos signos de corrupción en el polémico proyecto que el gobierno de Nuevo León licitó a través de Servicios de Agua y Drenaje  de Monterrey.

Hoy las organizaciones civiles  difundirán la documentación que refuerza su postura en contra de  la obra, contratada por medio de una Asociación Público-Privada.

Ayer aplazaron para hoy una conferencia de prensa programada como parte del ultimátum que lanzaron al gobierno estatal para que publique la información a detalle del proyecto. 

Los organismos ciudadanos aseguran que tienen en su poder nuevas pruebas, que no sólo sostienen sus afirmaciones, además evidencian actos de corrupción.

El representante de Rescatemos Nuevo León, Malaquías Aguirre, explicó que cuentan con nuevos documentos que los obligó a posponer la reunión  de ayer, para analizarla a detalle.

“Se pospone para mañana, a la misma hora, el motivo es que recibimos información muy importante, información que nos fortalece como proyecto que traemos.

“En el trabajo que hemos estado haciendo de demostrar cabalmente que el Proyecto Monterrey VI no tiene un sustento bueno, que hay opciones mucho mejores, mucho más económicas, y que por todos lados vemos situaciones de mucha corrupción en este proyecto que debemos detener”.

El plazo del ultimátum inicial de las organizaciones civiles se cumplió ayer, y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey dio a conocer el martes un expediente del caso, pero los activistas aseguran que no están conformes con lo informado.

Ahora, dicen, tienen en sus manos nuevas evidencias que refuerzan sus argumentos de rechazar el proyecto.

Los grupos que han dado a conocer su rechazo para la realización del acueducto, encontraron que éste traerá agua a esta zona del país, que no es necesaria y a un gran costo para la población.

Monterrey VI promete traer a Nuevo León, 6 mil millones de metros cúbicos de agua durante los próximos 30 años.

Pero si a dicha cantidad se le resta el consumo de la ciudadanía, que es de mil millones de metros cúbicos. 

Además de otros mil millones que serán utilizados en la industria, restarán cuatro mil millones de metros cúbicos.

¿Para qué será destinada el agua excedente? ¿Y quién pagará por ella?

Analistas piensan que será destinada al fracking para la extracción del gas shale en la zona norte del estado.

Es decir, durante 27 años la población de Nuevo León pagará la obra y la operación de Monterrey VI en su recibo de agua, mientras que grandes consorcios la utilizarán para hacer negocios millonarios.

El proyecto de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), consta de un acueducto de 372 kilómetros de largo, de 84 pulgadas de diámetro, que pretende traer un caudal de cinco metros cúbicos por segundo, con seis estaciones de bombeo.

El agua será traída de la cuenca del Río Pánuco hasta el municipio de Linares, de donde se interconectará con el acueducto entre la presa Cerro Prieto  y Monterrey, y de ahí, hasta la Planta Potabilizadora de San Roque.

Hasta hoy, la zona metropolitana recibe 11 mil 750 litros por segundo, equivalentes a 1.75 metros cúbicos.

Y hasta hace pocos meses las autoridades de Agua y Drenaje declaraban que era una cantidad suficiente para que la entidad tenga agua las 24 horas, durante 15 años.

Pero según la información más reciente de Agua y Drenaje, todo cambió repentinamente.

Ahora resulta que el líquido que guardan nuestras presas sólo alcanza para tres años y se debe invertir en el acueducto que vendrá desde el Río Pánuco. 

Reporte Indigo publicó ayer que según la opinión de especialistas que apoyan a las organizaciones civiles en el estudio del proyecto, el excedente de agua que llegará a Nuevo León es innecesario.

En 30 años llegarán 6 mil millones de metros cúbicos de agua del Río Pánuco.

Que si son multiplicados por los 8 pesos que Agua y Drenaje va a pagar por la obra, da un total de 48 mil millones de pesos que el consorcio de cinco empresas que construirá y operará el proyecto recibirá.

Y como de los 6 mil millones de metros cúbicos la población sólo requiere de mil y la industria otros mil, estarían sobrando 4 mil millones de metros cúbicos de agua.

Cantidad del líquido que de todas maneras tendrá que ser consumida, pero ni la población, ni las empresas conectadas a la red la requieren.

Así que este superávit de líquido sería destinado para la extracción del gas shale.

Porque el fracking o fractura hidráulica es utilizada en el material rocoso para la extracción del gas shale en el norte del estado. 

Y es que en esta técnica, durante la perforación de las rocas, se inyecta agua, arena y sustancias químicas a elevada presión, para después extraer el gas.

Para fracturar cada pozo son necesarios entre 9 y 29 millones de litros de agua.

Este “secreto”, que Reporte Indigo hizo público ayer, es uno de los motivos por el que Agua y Drenaje no transparentó desde un principio la información que las asociaciones civiles le exigen.

El equipo que determinó que traer el agua desde el Río Pánuco es lo más “conveniente”, descartó otros proyectos más económicos y cercanos.

Las organizaciones civiles han denunciado además, favoritismo para la concesión del contrato y la falta de transparencia en la inversión y en el objetivo final del proyecto.


Y es que la construcción y operación de Monterrey VI fue concedida a un consorcio de cinco empresas, entre las que se encuentra Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú.

El Grupo Higa, es el mismo al que le concedieron el contrato para la construcción del tren rápido México-Querétaro, cancelado hace dos semanas.

Y es que Hinojosa Cantú, compadre del presidente Enrique Peña Nieto, es el mismo que edificó la Casa Blanca de 7 millones de dólares de la esposa de la primera dama, Angélica Rivera.

Por otro lado, el costo de Monterrey VI ha sido sumamente debatido por sus constantes modificaciones.

El gobierno estatal inicialmente dio a conocer que sería de 14 mil 161 millones, 976 mil pesos, más IVA.

Posteriormente que sería de 17 mil millones, después 18 mil, a lo que sumado el costo de mantenimiento y la operación, subió a 47 mil millones.

Y el pasado martes, Agua y Drenaje publicó documentación que señala una cifra de más de 38 mil millones des pesos.

Es decir, ni siquiera existe una sola versión oficial sobre el costo del proyecto.


Los representantes de las organizaciones ciudadanas mostrarán hoy la información que, aseguran, revelará corrupción detrás de Monterrey VI.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.

Arropa EU a Peña por caso Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: A contracorriente del sentimiento nacional e internacional, el Departamento de Estado del gobierno de Barack Obama arropó hoy al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

En un mensaje, la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, aseguró que el gobierno mexicano actuó de manera expedita para investigar de manera integral la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Luego de admitir que la indagatoria de ese caso representa un “duro reto”, la vocera dijo que el gobierno estadunidense continuará trabajando con su similar mexicano, además de mantener el diálogo sobre asuntos de derechos humanos.

“Tenemos una muy importante relación con México. Creemos que el gobierno mexicano, en este caso particular, ha actuado rápidamente para investigarlo de manera integral. Sin embargo es un duro reto y seguiremos trabajando con ellos en eso”, destacó.

Harf reaccionó así en la rueda de prensa diaria del Departamento de Estado a pregunta sobre si Estados Unidos estaba revisando el tema de derechos humanos con México.

La vocera diplomática dijo que el Departamento de Estado envió al Congreso el reporte periódico de la situación de los derechos humanos en México el pasado 19 de septiembre y que “no existen planes de revisarlo”.

El reporte que se elabora cada dos años forma parte de las condiciones fijadas por el legislativo estadunidense en el marco de la ayuda a México bajo la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2008.


Harf recordó que el Departamento de Estado condenó en su momento la desaparición de los 43 estudiantes y continuó pidiendo al gobierno mexicano investigar rápida e integralmente el crimen, así como llevar a los culpables a la justicia “como ya lo ha estado haciendo”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El nuevo Plan de Iguala

El titular de la Segob visitó el municipio que encendió las alarmas en el país. Ahí, firmó un compromiso para buscar evitar que una tragedia similar se repita.

Si hace casi 200 años el plan en Iguala era lograr la independencia, ahora el objetivo es la seguridad.

Ayer, Miguel Ángel Osorio Chong pisó Iguala a 68 días de la tragedia de los 43 estudiantes normalistas.

Lo hizo para presentar el Operativo Especial de Seguridad en Tierra Caliente, que es parte de las acciones que Enrique Peña Nieto presentó el jueves 27 de noviembre con el objetivo de reforzar la seguridad.

Inicialmente, ese plan sería presentado por el Ejecutivo. El martes 2 de diciembre fuentes de Los Pinos anunciaron que Peña Nieto viajaría a Iguala; horas después informaron que viajaría a Guerrero, pero sin definir el municipio, y una hora más tarde, la visita al estado se canceló.

Desde Iguala, el titular de la Segob subrayó que el propósito del  Operativo Especial de Seguridad en Tierra Caliente es fortalecer el Estado de Derecho en zonas donde la integridad de la familias está siendo vulnerada.

Insistió en que la disposición de los gobernadores de los estados que implementarán esta estrategia es fundamental, pues se trabajará de manera coordinada con el Gobierno Federal para completar el objetivo.

“Entendemos claramente que ninguna estrategia será suficiente si no contamos con el respaldo decidido de la sociedad”, indicó. 

Para cuando Osorio Chong llegó a Iguala, el municipio estaba estrenando secretario de Seguridad Pública.

Horas antes del arribo del funcionario federal, Jorge Berrios Flores tomó protesta en sustitución de Felipe Flores Velázquez, quien está prófugo después del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 normalistas.

Todos tienen miedo

Dos semanas después de que policías municipales de Iguala atacaron a estudiantes de Ayotzinapa, poco más de 300 uniformados fueron trasladados a Tlaxcala, para ser sometidos pruebas de control de confianza. 

Carlos Díaz García – encargado interino de la seguridad en el municipio en ese entonces– informó que los municipales tomarían un curso de capacitación  durante 45 días. 

El 18 de octubre, familiares de los policías municipales denunciaron a La Jornada que los uniformados han sido investigados y maltratados.

Diez días después, 70 policías regresaron de Tlaxcala. En esa ocasión, los uniformados dijeron estar temerosos por las acciones que la Federación está tomando en contra de la secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Todos somos culpables, todos somos los malos. Aquí quieren acabar con todos nosotros, eso es el temor de nosotros”, indicó Graciela Salgado para el diario Pueblo Guerrero.

Pero no solo ellos tienen miedo.  Los 45 día de acuartelamiento están por cumplirse y ayer, familiares de desaparecidos en Iguala exigieron a las autoridades garantías de seguridad ante el inminente regreso de los uniformados al municipio.

“Si ellos regresan estamos muertos, nos van a asesinar uno por uno”, dijo el padre de uno de los desaparecidos.

Operativo en Tierra Caliente

> Se implementará en Guerrero, Michoacán, Estado de México y Morelos.

>Busca asegurar la tranquilidad de las familias y el cumplimiento de la ley en cada municipio 

>Se ampliará la presencia de las Fuerzas Federales, con especial énfasis en las zonas de alta criminalidad.

>Las Fuerzas Federales asumirán el control absoluto  de las tareas de seguridad en Acapulco.


>La Secretaría de la Defensa Nacional tomará el mando y la coordinación del operativo donde participan además la Marina, Policía Federal, PGR y CISEN.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.

Murillo considera “absurdo” buscar a normalistas en bases militares

IGUALA, Gro: El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que el gobierno no buscará en bases militares a los 43 normalistas desaparecidos, porque “sabemos que ahí no están” y señaló que es “absurdo” suponerlo.

Cuestionado al término del anuncio del Operativo Tierra Caliente, en una atropellada entrevista realizada antes de subirse al helicóptero que lo llevaría de regreso a la ciudad de México, Murillo contestó telegráficamente y con gesto de exasperación algunas preguntas relacionadas con las declaraciones de los Abarca (la pareja detenida que gobernaba Iguala), las lluvias en Cocula el día del supuesto asesinato de los estudiantes.

Consultado sobre la exigencia de las familias de los normalistas de que los jóvenes desaparecidos sean buscados en bases militares, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), General Salvador Cienfuegos, dijo a Proceso: “Eso depende del gabinete, no de mí, si quieren revisar que revisen, no tenemos ningún problema”.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no dio contestación a la pregunta cuando se le planteó.

Mientras los miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto se retiraban del astabandera donde se realizó el acto, decenas de militares levantaban el escenario donde minutos antes se había echado a andar el operativo de seguridad que tuvo como único público a periodistas, policías federales, gendarmes y militares. No hubo pueblo. Tampoco fueron requeridos presidentes municipales.

Los asientos designados a los ciudadanos fueron ocupados por soldados vestidos de civil. La mayoría pertenecía al 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, el batallón señalado por no haber prestado auxilio a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el día de la cacería en su contra por parte de los policías municipales y sicarios, que dejó el saldo de seis personas asesinadas (entre ellos tres normalistas; uno desollado), decenas de heridos, 43 desaparecidos y una crisis política que obligó a Peña Nieto a inventar un plan de seguridad.

A kilómetros de distancia del astabanderas plantada encima de un cerro y con la bandera tricolor más grande de México (después de la del Campo Marte), alejados del escenario y detrás de las vallas de seguridad, un grupo de igualtecos exigía que el próximo 6 de diciembre no sea reinstalada la policía municipal –la fecha la anunció el Cabildo–, por considerarla cómplice de asesinatos y desapariciones de personas (entre sus víctimas hubo incluso otros policías).

Los manifestantes cerraron el paso al gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, a quien le plantearon que toda la corporación estaba corrompida por el crimen organizado y no únicamente los 22 policías detenidos por PGR por la desaparición de los normalistas.
El gobernador les dio la razón: “Es una policía que agravió a Iguala y no se debe permitir que esta gente regrese aún con la capacitación que reciba. Nada más pensar que regrese se revive el temor”.

“No llovió en Cocula”.

En la entrecortada conversación que Proceso pudo realizar al procurador Murillo Karam -quien no ha aceptado dar entrevistas a este semanario-, el funcionario mencionó:

–¿Qué han declarado los Abarca sobre la desaparición de los 43 jóvenes?
–No han declarado absolutamente nada, se reservaron su derecho.
–Las familias (de los estudiantes desaparecidos) exigen que sean revisadas también las bases militares, ¿ahí ya buscaron?
–Hemos hecho toda la búsqueda que se nos ha solicitado, ahí no tenemos que buscar, sabemos que ahí no.
–¿No van a buscar en las instalaciones de la Sedena, en el 27 Batallón?
–La Sedena es la más preocupa buscándolos así que seria un absurdo que si los tuviera ahí, los buscara; es un absurdo completamente
–Entonces no serán buscados ahí.
–No tenemos que buscarlos lo que sabemos que no está. Es absurdo
–Se han seguido haciendo nuevas detenciones como las de ayer, ¿han surgido nuevas declaraciones?
–Los estamos declarando y al momento que tengamos las declaraciones las haremos públicas.
–¿Ha cambiado en algo la versión que usted dio sobre el basurero de Cocula? –se le preguntó en referencia al lugar donde supuestamente los estudiantes habrían sido asesinados, calcinados y triturados en pedazos.
–En absoluto
–¿Ni por las lluvias?
(Esto en referencia a los reportes que han existido sobre las lluvias que cayeron la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día 27 sobre la región y que hubieran hecho imposible la quema de los estudiantes por 12 horas, como sostiene la versión de la PGR).
–¿Las lluvias?, mire usted todo el espacio –dijo el funcionario mostrando la vista panorámica hacia los cerros–, las lluvias que reporta el metereológico son lluvias en la región y dice (el reporte) ‘son chubascos aislados’. Puede haber llovido ahí y en ese cerro no. Nadie me puede decir si llovió o no llovió ahí, nadie y he preguntado a todos.
–La gente del lugar dice que sí llovió.
–¿La gente del lugar?, perdóneme, es un lugar como ese –dijo señalando un cerro despoblado– y es posible que sea por ahí. No hay una sola casa a 10 kilómetros a la redonda, no hay nadie, ¿ustedes vieron el video? No hay nadie, ni una sola casa alrededor, ni una, ni personas. Vacas sí, yo las vi, por cierto, flacas, sueltas.
–¿Habló con los cuidadores de las vacas?
–No había.
–Sí hay.
–Tráigamelos, para que los declare. Los voy a llamar para que declaren.
–Sobre las investigaciones del caso del joven que fue desollado…
–Fue suficiente. Ya contesté.
Con esas palabras dio por terminada la entrevista y se dirigió al helicóptero que transportó a los gobernadores y secretarios de Estado.

Sospecha hacia el 27 batallón.

Las dudas sobre la participación del Ejército en Iguala, cuando los normalistas estaban siendo atacados y detenidos por policías y sicarios, no son exclusivas de las familias de las víctimas, también han sido planteadas por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, la organización internacional Human Rights y el Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan” que exigió investigar la falta de prevención de los hechos por parte del Ejército y la ausencia de información de inteligencia sobre cómo operaban los grupos criminales en Iguala.

Algunos de los señalamientos contra los militares, que fueron planteados en la edición 1984 de Proceso (8 de noviembre de 2014), en el reportaje ‘Inacción militar que olió a complicidad’, son los siguientes:

1. La cacería de estudiantes por parte de policías y sicarios del cártel Guerreros Unidos duró más de tres horas y ocurrió a dos kilómetros de distancia de las instalaciones del 27 Batallón. El personal militar no sólo no acudió a verificar qué pasaba afuera de sus instalaciones, también negó atención a los heridos que encontró la noche del 26 de septiembre en el Hospital Cristina.

2. Existen evidencias de que no atendió las denuncias que había recibido antes de la tragedia en las que se señalaba por comportamiento criminal de las policías de Iguala y de Cocula.

3. Tenía una relación particular con el alcalde detenido José Luis Abarca, a quien acompañaba a muchos de sus actos y a quien cedió un terreno para su negocio.

4. El personal del 27 Batallón está señalado como culpable de desaparición forzada de seis jóvenes en el año 2010.

5. La tarde del 26 de septiembre, en la primera fila del informe de gobierno de la presidenta del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda, esposa del presidente municipal José Luis Abarca, se encontraba un enviado de la zona militar (sobre la identidad del invitado se manejan cuatro nombres distintos).

6. Durante las semanas posteriores a la desaparición de los estudiantes, cuando se realizaron brigadas de búsqueda ciudadanas, en no pocas ocasiones dirigentes de la UPOEG se quejaron de que miembros del Ejército bloquearon el paso a los parajes en Cocula e Iguala donde tenían indicios de que podían estar los estudiantes y no apoyaron en los operativos donde se requería su presencia.

Uno de los señalamientos directos contra el Ejército como cómplice de las desapariciones de los normalistas lo hizo el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que, a través de un comunicado, indicó que los jóvenes estaban retenidos en cuarteles militares.

“Los 43 normalistas que permanecen en desaparición forzada están siendo torturados en los cuarteles de la Policía Federal, instalaciones del Ejército y la Marina como sucedió en la represión del 28 de abril y el 15 de octubre de 2012 en Michoacán, cuando los mantuvieron desaparecidos temporalmente en las instalaciones de la academia de policía donde fueron también brutalmente torturados”, indicó sin precisar más datos.

En una supuesta ‘narcomanta’, firmada presuntamente por “El Cabo Gil”, señalado por el gobierno federal como lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, se menciona como parte de la estructura criminal a un capitán y a un teniente del 27 Batallón de Infantería, identificados sólo como Barbosa y Crespo. Este último existe y apareció al lado del alcalde José Luis Abarca, en varios actos públicos.


El 13 de noviembre pasado, el secretario Cienfuegos explicó a legisladores que los integrantes del 27 Batallón no intervinieron en el ataque contra los normalistas porque “siguieron un protocolo” que indica que sólo pueden actuar a petición la autoridad local, y cuando preguntaron a las policías municipal y estatal si pasaba algo en Iguala éstas mintieron porque aseguraron que “no sucedía nada”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.

Rechaza PRD ley antimarchas y pide al Senado no avalarla

MÉXICO, D. F: El PRD expresó su rechazo a “cualquier intento por restaurar un régimen autoritario” en México, y pidió al Senado no avalar el dictamen de reformas constitucionales en materia de movilidad que ayer aprobaron diputados del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza.

El dictamen se sacó de la “congeladora” legislativa justo un día después de la manifestación del 1 de diciembre, donde miles de personas exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como la renuncia de Enrique Peña Nieto.

Tras ello, el PRD emitió un pronunciamiento en el que expresó “su absoluto rechazo a cualquier intento por restaurar un régimen autoritario” en el país y consideró que las modificaciones a los artículos 11 y 73 de la Constitución Mexicana podrían abrir esa ruta.

Destacó que el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza pretenden facilitar la censura y la represión hacia cualquier manifestación en las calles, un derecho que los mexicanos han conquistado a lo largo de años de lucha por el respeto a las libertades de tránsito y de expresión y por un país más democrático.

“El PRD considera que dicho dictamen es social y políticamente irresponsable, e incluso peligroso para la convivencia democrática, pues sus promotores pretenden convertirlo en un atentado contra las libertades políticas, como se evidencia en la potestad que se le daría al Estado para buscar mecanismos alternativos al ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación, y para regularlas mediante una ley general”, subrayó.

Contrario a ello, propuso respeto absoluto para que los ciudadanos y las ciudadanas ejerzan con seguridad su derecho a la libre expresión, reunión y manifestación, “para lo cual pedimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que acompañe todas las manifestaciones públicas para constatar in situ el libre ejercicio de ese derecho constitucional”.

Además, pidió adelantar el nombramiento del fiscal general de la República por parte del Congreso de la Unión para que se haga cargo de las investigaciones, y que se priorice la búsqueda con vida de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el pasado 26 de septiembre.

También que la Cámara de Senadores frene la intención de limitar el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación, pues de no hacerlo, apuntó, “estará contribuyendo a que la República entre en un nuevo ciclo autoritario de represión contra las libertades, de incalculables consecuencias”.


Agregó: “Hemos dicho que la inconformidad actual de amplios grupos sociales, en especial el juvenil, no se resolverá con mano dura. Este método puede poner al país en su conjunto en una vorágine de crecientes protestas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

La disputa por la Corte

Dividida entre sí, envuelta en el ambiente de crisis política y social que se vive en México, recortada a 10 ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrentará seguramente el relevo más polarizado que ha vivido en su historia.

Como nunca antes los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegan divididos y confrontados a la elección del nuevo presidente del máximo tribunal del país.

El proceso de sucesión del actual presidente, el ministro Juan N. Silva Meza, ha provocado dentro de la Corte un ambiente de enfrentamiento que asegura la celebración de la elección más reñida en la historia de la SCJN.

Esta semana comenzó la contienda por la presidencia del Alto Tribunal. Mañana viernes la Corte - históricamente cerrada en este proceso- revelará los nombres de los ministros que pretenden llevar el liderazgo del Poder Judicial de la Federación durante los próximos 4 años.

Hasta el momento se han manejado extraoficialmente el nombre de 6 ministros que buscarán contender por la presidencia de la SCJN, cargo que incluye la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal.

La lista de aspirantes es encabezada por los ministros Luis María Águilar Morales, Margarita Beatriz Luna Ramos y Jorge Mario Pardo Rebolledo, los tres con una amplia trayectoria dentro del sistema judicial mexicano.

Hasta hoy todos los presidentes de la SCJN han surgido de la carrera judicial. Hasta hoy los ministros que llegaron por sus méritos académicos, litigio o políticos nunca han llegado a encabezar la cúpula de la Corte.

Eso hasta hoy.

Este año –por la división que enfrenta el bloque judicial- se presenta la oportunidad para que un ministro que no pertenezca a esa estirpe llegue a presidir el máximo tribunal en el país.

Se trata de una oportunidad única. Es la apuesta que tienen los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Fernando Franco González Salas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Mañana viernes se confirmará quién de ellos –si es uno o son los seis- los que contendrá por la presidencia de la Corte.

El ministro Silva Meza, actual presidente de la SCJN, no ha dado señales de quién será su delfín en la contienda.

Lo que sí se sabe con certeza es que tanto Silva Meza como Olga Sánchez Cordero –ministros decanos - se oponen al proyecto que encabeza Margarita Luna Ramos.

La sucesión en la SCJN es la oportunidad para que el grupo de Luna Ramos –que encabeza Alejandro Luna Ramos, actual presidente del Tribunal Federal Electoral- se haga del control de la Corte con su hermana, la ministra Luna Ramos.

En este bloque estaba el ministro Sergio Armando Valls Hernández, quien ayer falleció a consecuencia de una enfermedad crónica que lo había mantenido lejos del pleno.

Dividida entre sí, envuelta en el ambiente de crisis política y social que se vive en México, recortada a 10 ministros, la Suprema Corte enfrentará seguramente el relevo más polarizado que ha vivido en su historia.

Los retos que enfrenta la Corte son muchos, pero principalmente el convertirse en México en el organismo garante del respeto de los derechos humanos y de la impartición de justicia.

La SCJN enfrenta también un desafío clave: la depuración del Consejo de la Judicatura Federal, salpicado en los últimos años por los escándalos de corrupción que han protagonizado jueces y magistrados federales.

¿Un presidente progresista que siga la línea que dejará Silva Meza? ¿Un presidente conservador que regrese a la Corte su papel discreto en la vida de los mexicanos?

Son preguntas claves que el próximo 2 de enero se podrán contestar en el pleno de la Corte.

Una elección cortesana

La elección del nuevo presidente de la SCJN es un asunto nacional, pero es un tema que le compete exclusivamente a los 10 ministros (tras el fallecimiento del ministro Valls Hernández) que conforman el pleno.

Esta semana los ministros interesados en sustituir a Silva Meza registrarán sus intenciones y presentarán un programa de trabajo al resto de sus compañeros.

La elección se llevará a cabo el próximo 2 de enero, en sesión pública solemne, que será presidida por Silva Meza como ministro decano.

La votación se hará por cédula de votación y será secreta.

El nuevo presidente de la Corte necesita –de acuerdo al reglamento interno- cuando menos 6 votos para ser elegido presidente de la SCJN.

Si no alcanza los votos requeridos en la primera votación, se realizará una segunda vuelta donde contendrán los dos ministros que consiguieron el mayor número de votos.

El reglamento interno de la SCJN establece que se realizarán las rondas de votación necesarias hasta que haya un ministro que consiga los 6 votos.

Hace cuatro años Silva Meza, el actual presidente, ganó la contienda con 10 votos a su favor contra uno que obtuvo su contrincante Margarina Luna Ramos.

En la carrera por la sucesión hay que descartar a Silva Meza –no existe posibilidad de reelección- y a la ministra Olga Sánchez que el próximo año se retira después de 20 años en la Corte.

Tampoco se incluye al ministro José Ramón Cossío, quien hace cuatro años declinó contender por la presidencia alegando que el cargo le quita la posibilidad de continuar con su trabajo constitucional.

Los candidatos para el trono

El ministro Luis María Aguilar Morales es el principal candidato a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un ministro de perfil conservador, de poca confrontación y de estilo moderado.

Fue designado ministro de la Corte en el 2009, a propuesta del Senado mexicano. Conoce como ninguno las entrañas del Poder Judicial de la Federación. Su carrera judicial la comenzó en 1968 como taquimecanógrafo. Ha ocupado –antes de ser nombrado ministro- prácticamente todos los cargos: secretario, juez, magistrado y oficial mayor de la SCJN.


Es precisamante su conocimiento de la estructura judicial mexicana la que pone a Águilar Morales en ventaja sobre el resto de los aspirantes.

Hasta hace unos años se le consideraba afín a Silva Meza, pero hoy fuentes judiciales aseguran que están distanciados.

La ministra Margarita Luna Ramos es una de las aspirantes más fuertes en la contienda presidencial. Su nombramiento marcaría un hito: sería la primera mujer en presidir la Corte.

Luna Ramos fue designada ministra en el 2004, a propuesta del entonces presidente Vicente Fox.

Su antigüedad en la Corte, su carrera judicial y el tema del género son los aspectos que favorecen a Luna Ramos.

Pero su candidatura tiene un problema: es hermana del actual presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos.

Que los Luna Ramos controlen el Trife y la SCJN al mismo tiempo es un tema que hacia el interior del Poder Judicial de la Federación es algo inaceptable.

Reporte Indigo ha documentado la red de contactos y familiares que tiene el clan Luna Ramos en el Poder Judicial, Consejo de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte de Justicia.

Luna Ramos se juega todo por el todo. Esta será la última oportunidad que tendrá para llegar a la presidencia antes de que concluya su periodo como ministra en el 2019.

El sorpresivo interés que ha mostrado últimamente el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo por participar en la carrera por la sucesión presidencial en la Corte divide el bloque de los ministros con carrera judicial.

Esta semana llamó la atención que Pardo Rebolledo haya sido designado como orador principal en la sesión solemne con la que se recibió a las dos nuevas magistradas del Consejo de la Judicatura Federal.

Pardo Rebolledo habló de los retos que enfrenta el sistema judicial en la situación de crisis que se vive en el país. Abordó el tema de los derechos humanos, de la justicia y de la autonomía del Poder Judicial.

“Los gritos que exigen justicia resuenan con fuerza en los oídos de nosotros los jueces”, aseguró Pardo Rebolledo en su intervención.

Fue un discurso que tuvo olor a destape.

Pardo Rebolledo tiene una amplia trayectoria en el Poder Judicial, pero en la Corte como ministro apenas cumple cuatro años.

Fue nombrado el 10 de febrero de 2011, una situación que lo pone en desventaja con el resto de los aspirantes con más tiempo en el pleno.

Se le ha vinculado con el grupo de abogados encabezados por el panista Diego Fernández de Ceballos, relación que Pardo Rebolledo ha desmentido de manera pública.

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea es otro de los aspirantes a la presidencia. Es considerado la cabeza del ala liberal y progresista de la Corte.

Se desempeñó como abogado constitucionalista privado durante 25 años hasta el 2009 que fue designado ministro de la Corte, a propuesta del presidente Felipe Calderón. 

Se le considera cercano al PAN, pero se mueve con independencia.

Zaldívar estuvo a cargo de la investigación por la tragedia Guardería ABC, en la que determinó que existía responsabilidad de funcionarios federales en la muerte de los niños.

Su dictamen fue rechazado por el pleno de la Corte.

El ministro José Fernando Franco González Salas es otros de los aspirantes al cargo de presidente. Su cercanía con Los Pinos lo pone en la carrera por la sucesión, pero también le resta a sus posibilidades.

Su voto podría marcar la diferencia entre los diferentes grupos que disputan el control de la Corte.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –exdirector del SAT durante el calderonismo- ha manifestado internamente su intención de participar en la contienda. Su breve trayectoria en la SCJN –fue nombrado ministro hace dos años- le resta posibilidades por lo que se espera que decline en los próximos días.

El próximo 2 de enero se espera una elección reñida y competida. Los ministros se irán de vacaciones en la segunda semana de diciembre y regresarán en el 2015 para la elección.

Hace dos semanas la división interna que existe en el seno de la SCJN se hizo notoria en la designación de la magistrada Rosa Elena González Tirado como nueva integrante del Consejo de la Judicatura Federal.

Los ministros necesitaron 8 rondas de votación –algo nunca antes visto en el pleno- para nombrar a González Tirado.

Esa elección es un anticipo de lo que ocurrirá el próximo 2 de enero en la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los aspirantes

> Luis María Aguilar Morales
Es el principal candidato a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De perfil conservador, poca confrontación y estilo moderado.

Ha ocupado –antes de ser nombrado ministro- prácticamente todos los cargos: secretario, juez, magistrado y oficial mayor de la SCJN.

> Margarita Luna Ramos
Es una de las aspirantes más fuertes en la contienda presidencial.

Su nombramiento marcaría un hito: sería la primera mujer en presidir la Corte.

Pero su candidatura tiene un problema: es hermana del actual presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos.

> Jorge Mario Pardo Rebolledo
Es quien divide el bloque de los ministros con carrera judicial.

Tiene una amplia trayectoria en el Poder Judicial, pero en la Corte como ministro apenas cumple cuatro años.

> Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Es considerado la cabeza del ala liberal y progresista de la Corte.

Se desempeñó como abogado constitucionalista privado durante 25 años hasta el 2009 que fue designado ministro de la Corte, a propuesta del presidente Felipe Calderón.


Se le considera cercano al PAN, pero se mueve con independencia.

> José Fernando Franco González Salas
Su cercanía con Los Pinos lo pone en la carrera por la sucesión, pero también le resta a sus posibilidades.

Su voto podría marcar la diferencia entre los diferentes grupos que disputan el control de la Corte.

> Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Su breve trayectoria en la SCJN –fue nombrado ministro hace dos años- le resta posibilidades por lo que se espera que decline en los próximos días.

Los retos
1. Convertirse en México en el organismo garante del respeto de los derechos humanos y de la impartición de justicia.

2. La depuración del Consejo de la Judicatura Federal, salpicado en los últimos años por los escándalos de corrupción que han protagonizado jueces y magistrados federales.

El proceso
1. Los ministros interesados en sustituir a Silva Meza registran sus intenciones.

2. Presentan un programa de trabajo al resto de sus compañeros.

3. La elección se hará por cédula de votación y será secreta.

4. El nuevo presidente de la Corte necesita cuando menos 6 votos para ser elegido.

5. Si no alcanza los votos requeridos en la primera votación, se realizará una segunda vuelta donde contendrán los dos ministros que consiguieron el mayor número de votos.


6. El reglamento interno de la SCJN establece que se realizarán las rondas de votación necesarias hasta que haya un ministro que consiga los 6 votos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

WSJ detalla “lazos” entre EPN y empresario de Grupo Higa

No sólo se encargó de construir la "casa blanca". También remodeló el hangar presidencial, construirá un acueducto en Monterrey, participa en proyectos de autopistas, iba a construir el tren México-Querétaro y planea construir el nuevo aeropuerto.

El empresario que construyó la “casa blanca” de la familia del presidente Enrique Peña Nieto, obtuvo importantes contratos públicos desde que éste asumió el poder hace dos años, los cuales ahora enfrentan un creciente escrutinio de legisladores de la oposición e inversionistas extranjeros, reporta hoy el diario The Wall Street Journal en una nota titulada “Crece el escrutinio de los lazos entre Peña Nieto y empresario inmobiliario”. 

El diario estadounidense señala que el empresario Juan Armando Hinojosa -propietario del Grupo Higa- “está en el centro de un escándalo político que está sacudiendo el gobierno de Peña Nieto conforme surgen interrogantes sobre la relación entre ellos y si hubo favoritismo en la concesión de contratos que valen cientos de millones de dólares”.

Antes del 2012, indica el rotativo, Hinojosa obtuvo contratos cuando Peña era gobernador del Estado de México. Su vínculo más reciente con el gobierno federal es que Grupo Higa formó parte del consorcio ganador que construiría el tren de alta velocidad México-Querétaro; sin embargo, el presidente Peña canceló el contrato el mes pasado, luego de que fuera cuestionado el proceso de licitación.

The Wall Street Journal apunta más “lazos”:

Grupo Higa consiguió un contrato por más de 50 mil millones de pesos para construir el acueducto más extenso de América Latina, llamado Monterrey VI.

Asimismo, Higa se encargará de un proyecto de 460 millones de dólares para un nuevo museo en la ciudad colonial de Puebla.

Otros contratos poco conocidos que ganaron filiales de Grupo Higa incluyen varios proyectos de autopistas, un plan sin licitación para remodelar el hangar presidencial en el aeropuerto de Ciudad de México y acuerdos para trasladar funcionarios del gobierno en aviones privados.

Otra de sus empresas forma parte de un grupo que planea presentarse a licitación para construir un nuevo aeropuerto en la capital. 

El periódico de EU menciona que Hinojosa no ha hecho declaraciones públicas sobre su relación con el gobierno ni sobre la revocación del contrato del tren.

Sin embargo, apunta que la oficina del presidente negó favoritismo. “Las adquisiciones que celebra el Gobierno de la República se basan en una normativa pública que busca garantizar procesos competitivos, equitativos y transparentes para todos los participantes,” afirmó la Presidencia en respuesta a consultas de The Wall Street Journal.

Y recuerda que cuando Peña Nieto era gobernador del estado de México, entre 2005 y 2010, unidades de Grupo Higa participaron en la construcción de hospitales, autopistas y una prisión.


A fines de 2007, Peña Nieto asistió a la boda del hijo de Hinojosa, Juan Armando Hinojosa García. Cuando el hijo falleció en un accidente de helicóptero en 2012, Peña Nieto y su esposa fueron al funeral. El vocero de Peña Nieto dijo que “a lo largo de su carrera, (él) ha entablado relaciones cordiales y de respeto con múltiples actores políticos, sociales y empresariales. Este es uno de esos casos”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Con tres semanas de retraso, promulga Peña ley de protección para la infancia

MÉXICO, D.F: Con tres semanas de retraso, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó este miércoles una ley de protección para la infancia, la única prioridad reformadora que tenía su gobierno hasta el 1 de septiembre pasado, cuando envió al Senado de la República la iniciativa preferente, pues para él ya había concluido el ciclo de reformas de su administración.

Iniciado el nuevo proceso de reformas, anunciado apenas el pasado 27 de noviembre, en medio de la crisis por la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México; la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, y los escándalos de su gobierno, Peña Nieto refrendó hoy su compromiso con los derechos humanos.

“Se trata de fortalecer el Estado de Derecho en todo el país para sentar las bases de un mejor futuro. Los mexicanos sabemos que el progreso y la paz social sólo son posibles con respeto al Estado de Derecho”, expuso.

En la residencia oficial de Los Pinos, ante representantes de la sociedad civil, legisladores e integrantes de su gabinete, el mandatario destacó diferentes aspectos de la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Mencionó que el nuevo ordenamiento reconoce un nuevo catálogo de derechos, entre los que destacó la igualdad, salud, educación, acceso a la tecnología y participación, además de que, apuntó, establece un marco de protección para los niños migrantes indocumentados.

De acuerdo con Peña, con la creación del Sistema Nacional de Protección Integral como organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, se fortalecen las instituciones del Estado, también la Procuraduría de Protección a la Infancia, y finalmente se regulan los centros de asistencia.

Con el nuevo instrumento, que calificó de vanguardia, el mexiquense aseguró que se genera una coordinación interinstitucional entre órdenes de gobierno y poderes de la Unión, que contarán con mayores recursos por ley.


“El respeto a los derechos humanos, a la ley y a las instituciones son los instrumentos con que cuenta nuestra democracia para seguir creciendo y consolidándose”, remató.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Fijan fianza de 106 mil pesos a los detenidos del #1DMX

MÉXICO, D.F: Sin agotar los tiempos legales, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) consignó ante un juez de Delitos No Graves del Reclusorio Preventivo Norte a los tres jóvenes que fueron detenidos por su presunta participación en los hechos violentos del pasado 1 de diciembre tras la marcha estudiantil para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

En un comunicado, la dependencia informó que, a través de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Gustavo A. Madero, la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas ordenó el traslado de los estudiantes como probables responsables de los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y portación de objetos aptos para agredir.

No obstante, detalló que como se trata de delitos considerados no graves, los detenidos cuentan con beneficios de ley para seguir el proceso en libertad.

La consignación se realizó alrededor de las 02:40 horas de este miércoles.

Demián Reyes Lara, de 18 años, y estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; Óscar Espinoza Trigueros, de 18, y alumno del CCH Oriente, y Ariel Flores Pérez, de 18, y de la Vocacional 9, del IPN, fueron llevados al área de Ingresos del penal.

Miguel Méndez, abogado de los acusados, informó que hoy por la madrugada la autoridad les fijó una fianza de 18 mil 600 pesos a cada uno para poder enfrentar el juicio en libertad.

No obstante, hacia las nueve de la mañana, cuando empezaba a realizar los trámites para el pago, se enteró de que los jóvenes fueron llevados al reclusorio minutos después de fijada la fianza.

Según el abogado, este hecho es “ilegal”, pues aún no se cumplían las 48 horas para determinar la situación legal de sus clientes, sino hasta las 23:00 horas de este miércoles.

Hacia las 21:00 horas, el juez 23 de Delitos No Graves fijó una fianza de 106 mil 476 pesos a cada uno de los jóvenes acusados para enfrentar el proceso en libertad.

Sus familiares y abogados informaron que solicitarían el apoyo de una afianzadora para cubrir 15% del total de la fianza y, con ello, lograr la salida de los jóvenes en las próximas horas.

Piden granaderos identificados

Sobre los hechos violentos del lunes pasado, el portal Change.org publicó una solicitud de firmas para que los granaderos que resguarden la seguridad en las manifestaciones “porten un número de identificación único e intransferible, legible a simple vista y a la distancia, en la parte delantera y posterior del uniforme, en el casco, en ambas botas, en el escudo y en el tolete, con el objetivo de facilitar su identificación”.

El argumento de dicha petición es que en las recientes marchas en apoyo a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ha habido un gran número de policías, pero que no hay manera alguna de identificarlos individualmente”.

Tal situación, dice el texto, “esto es muy peligroso puesto que les permite cometer abusos con impunidad al refugiarse en el anonimato”.


La crítica continúa: “Hemos visto a policías granaderos y antimotines agredir con lujo de violencia y con total impunidad a grupos de personas que se manifiestan pacíficamente incluyendo a familias y menores de edad. A pesar de los múltiples videos y testimonios que evidencian el empleo injustificado y desmedido de fuerza por parte de la policía en manifestaciones pacíficas, no existen sanción ni penal ni administrativa para éstos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.