Ante la inacción de la PGR hay fuertes indicios de que alguien se "adueñó" de la mansión.
Entre los excesos que mejor exhiben la corrupción de Elba Esther Gordillo, la ex lideresa del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, destaca una residencia de lujo ubicada en 23 Green Turtle Road, en una exclusiva Marina residencial en Coronado Cays, California. En ella, Gordillo vivió como reina entre lujos y asistentes que le cargaban el celular hasta en el gimnasio. Daba órdenes altisonantes por control remoto. Más que lideresa sindical parecía dueña del sindicato.
A casi dos años de su arresto, me hice a la tarea de investigar cual es el estado que guardan las dos residencias de lujo de Gordillo en Coronado Cays, que presuntamente fueron adquiridas con recursos del SNTE. Comparto con el auditorio del MVS 1ra emisión los resultados de esta investigación.
En 2013, el valor de la mansión –que cuenta con 6 recamaras y 7 baños, un muelle privado para barcos motorizados, alberca, dos cocheras y un amplio jardín– era de $4.8 millones de dólares. Hoy el portal inmobiliario Zillow lo estima en $5.6 millones de dólares.
Nominalmente, el propietario de la casa es Comercializadora TTS S.A. de C.V., una empresa mexicana pantalla propiedad de Zoila Estela Morales Ochoa, la difunta madre de Gordillo.
Comercializadora también es dueña de una segunda residencia en 1 Green Turtle Rd de $4.4 millones de dólares, que habitaba la hija de Gordillo, Maricruz Montelongo, casada con Fernando González Sánchez, acusado de ser cómplice de su suegra en actos de corrupción. El valor de los dos inmuebles ronda en los $10 millones de dólares.
El 26 de febrero de 2013, la dirigente del SNTE fue detenida en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, por presunto desvio de dos mil 600 millones de pesos de fondos del magisterio para su uso personal.
De acuerdo con la Procuraduría General de la Republica, esos fondos fueron utilizados presuntamente para cubrir gastos personales como cirugías estéticas, compras en tiendas de lujo en Estados Unidos y adquisición de propiedades inmobiliarias.
Derivado de su detención, agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Interna catearon y “aseguraron” la casa en 23 Green Turtle Rd. Lauren Mack, vocera de ICE en San Diego, confirmó la ejecución del cateo a petición del gobierno de México.
Mack subrayó que la investigación sobre las casas está abierta y que ICE colabora en ella.
“Podemos confirmar que estamos ayudando a los mexicanos y que la PGR es la agencia con la que estamos trabajando. Confirmo que ejecutamos una orden de cateo después de que tomó lugar el arresto en México y eso fue para asistir al gobierno mexicano.
En este momento la investigación aun sigue y esa investigación está siendo manejada por nuestra unidad de fraude financiero relacionada por presunto lavado de dinero.
Confirmo que aseguramos la propiedad lo que quiere decir que cerramos las puertas con llave después de que nos fuimos”, señaló Mack.
Riesgo de embargo
Al finalizar febrero, 23 Green Turtle Rd tendrá un saldo moroso de $132,085 por concepto de impuestos sobre la propiedad correspondientes a los años 2012 y 2013 y 2014, según la Oficina del Registro del Condado de San Diego.
Por su parte, 1 Green Turtle Rd, deberá $84,107 dólares también por los últimos tres años. Total por las dos residencias: $216,192 dólares.
Jeffrey Olson, funcionario de la Oficina del Registro del Condado de San Diego, corroboró la morosidad. “Estoy viendo los records de 23 Green Turtle Road y parece que los impuestos se pagaron en 2011, pero no se pagaron en 2012 o 2013 o 2014. El último pago de impuestos sobre la propiedad fue recibido en mayo de 2012. Aquí en California, los impuestos sobre la propiedad se pagan dos veces al año, en diciembre y abril. Y no recibimos pagos por el año 12-13, el año 13-14 y no hemos recibido el primer pago de 14-15″.
Bajo las leyes del estado de California, los inmuebles pueden ser embargados por el Servicio de Recaudación de Impuestos Prediales del Condado de San Diego después de 5 años de morosidad, plazo que se cumplirá el año próximo.
¿Quién se apropió de 23 Green turtle Road?
El encarcelamiento de Gordillo haría suponer que su mansión está desocupada a la espera de una definición jurídica. Sin embargo, hay fuertes indicios de que no es así.
Nick Arthur, gerente de la Asociación de Propietarios de Casas de Coronado Cays, con la que Gordillo tiene una deuda vencida de hasta 8 mil dólares, me dijo que “hasta lo que sabe” la casa no está habitada. Pero, matizó: “No se si hay gente que se meta por las noches”.
Tres vecinos localizados telefónicamente que pidieron no ser identificados me dijeron que han visto que hay actividad en la casa. Uno de los vecinos comentó: “Veo a gente entrar y salir esporádicamente. Pero no quiero involucrarme. Es un vecindario muy privado. Todo mundo aquí es muy reservado”. El segundo vecino dijo que la casa está “sellada” y que “no conoció a esa mujer”. Otro más señaló que la casa no está en venta y que el “cuidado del jardín es esporádico”.
En tres visitas celebradas a lo largo de las últimas semanas, fue posible apreciar que 23 Green Turtle Rd sufrió una transformación. En la primera visita, el jardín estaba descuidado con ramas de palmas secas en la entrada. En la última visita, el pasto luce reverdecido con flores recién sembradas.
Otro indicio de vida es la acumulación de basura. En la primera visita solo había un bote de basura, mientras que en la última visita eran siete bolsas repletas.
Otra señal de vida es que la electricidad y el servicio postal no han sido suspendidos. En el contenedor de basura reciclada en el exterior de la casa fue posible observar un ofrecimiento para una tarjeta de crédito del banco Chase Freedom dirigido a “Ms. Elba E. Morales”; una oferta de servicio de fumigación para Fernando González, yerno de Gordillo; y un tercer sobre con Maricruz Montelongo, hija de Gordillo, como destinataria.
Finalmente, al interior de la cochera hay una cama matrimonial con sabanas nuevas color pistacho y un beliz abierto sobre ella con ropa limpia.
Gordillo no tiene cargos en EU, pese a que compró las dos residencias con fondos presuntamente desviados del sindicato.
Hay varias preguntas obligadas: ¿Quien o quienes se han adueñado de la residencia de Gordillo producto de la corrupción? ¿Por qué la PGR no ha pedido a las autoridades estadounidenses sellar las dos casas? ¿Por qué la PGR no ha iniciado el embargo de las dos casas para subastarlas? ¿Por qué no hay urgencia en recuperar los 10 millones de dólares desfalcados al SNTE y repatriarlos a México?
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
lunes, 16 de febrero de 2015
Al PRI no le importaron los padres de guardería ABC: Claudia Pavlovich candidata a gubernatura de Sonora
Esto la convierte en la contrincante directa del opositor por el Partido Acción Nacional (PAN) Javier Gándara Magaña, mismo que ganó su candidatura de manera contundente ante los adversarios de su partido.
Pavlovich se comprometió al desarrollo de una campaña con el toque femenino, buscando lograr un proyecto honesto a la altura de los reclamos ciudadanos.
De cualquier forma la ciudadanía espera que no haya olvidado los reclamos en torno al caso, aún no resuelto, de la guardería ABC.
Frente a 13 mil delegados expresó un comentario, que podría ser no muy bien recibido por los padres de los infantes fallecidos en la guardería ABC: “Estas manos han mecido cunas, pero también han hecho leyes, cuento con estas manos que han abrazado a mis hijas, pero también han dirigido al priismo sonorense”.
Para constatar y avalar la candidatura de Pavlovich se expidió una constancia de mayoría por la Comisión de Procesos Internos del CDE del PRI, dirigido por Ricardo García Sánchez, ante el coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI en el Congreso de la Unión, Manlio Fabio Beltrones.
FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.
Corrupción y dos tornillos rotos causaron la explosión en hospital de Cuajimalpa
El procurador de justicia del DF dijo que el autotanque de la pipa era inseguro por el sistema de trasiego alterado de gas.
La explosión en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa fue causada por una alteración al medidor que controla el suministro de gas, la cual se realizó para entregar menos combustible del que se cobraba, así como un mantenimiento defectuoso del autotanque, concluyeron autoridades este lunes 16 de febrero.
En una conferencia de prensa, el procurador de justicia del DF, Rodolfo Ríos Garza, informó que –con base en los peritajes– se concluyó que “hubo una fuga en el autotanque por la fractura de dos tornillos en sistema de trasiego“, el cual fue alterado y por lo que se procederá en contra de la empresa propietaria de la pipa, Gas Express Nieto.
El funcionario local detalló que las imputaciones en contra de las personas que sean responsables serán por los delitos de homocidio, lesiones y daños a la propiedad culposos.
Asimismo, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, informó que este lunes inició un proceso administrativo sancionados en contra de la empresa para revocar el permiso de distribución de la planta Tláhuac, a la cual estaba adscrita la pipa que explotó el 29 de enero pasado.
Además, el funcionario federal dijo que hay una multa en contra de la compañía por 42 millones 60 mil pesos.
Por el hecho, cinco personas han muerto, tres adultos y dos bebés. El 6 de febrero pasado falleció Jorge Tinoco, de 27 años, un camillero que ayudó a evacuar menores que estaban en el hospital; el martes 3 de febrero murió la enfermera Mónica Orta Ramírez, quien también rescató a un bebé que estaba en el hospital.
Horas después de la explosión, Gas Express Nieto emitió un comunicado en el que informó que cumple con la normatividad que exigen las autoridades, por lo que cuenta con una poliza de seguro de responsabilidad civil.
“Gas Express Nieto cumple con la normatividad exigida por las autoridades,incluyendo la póliza de seguros de responsabilidad civil”, indicó la empresa.
En el último reporte médico oficial, el secretario de Salud del DF, Armando Ahued, informó que aún hay 14 personas hospitalizadas: cinco adultos y nueve recién nacidos, de los cuales cuatro están graves.
El 3 de febrero pasado, la Procuraduría General de Justicia del DF informó que la causa de la explosión fue una falla en la pipa.
“Ya se realizaron diversos dictámenes que constan en la carpeta de investigación, los que preliminarmente señalan que la fuga se da en el sistema de trasiego de la propia pipa, en la válvula de purga que está pegada al recipiente”, indicó en ese momento Ríos Garza.
Asimismo, Gas Express Nieto tiene 167 juicios abiertos ante la Procuraduría Federal del Consumidor y multas por 20 millones de pesos y suma 20 millones de pesos en multas, informó la titular de la Profeco, Lorena Martínez.
Explicó que Gas Express Nieto tiene abiertos los juicios por negarse a que se efectuaran varias verificaciones en áreas como servicio al cliente, calidad en la atención y cantidad de los suministros.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La explosión en el Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa fue causada por una alteración al medidor que controla el suministro de gas, la cual se realizó para entregar menos combustible del que se cobraba, así como un mantenimiento defectuoso del autotanque, concluyeron autoridades este lunes 16 de febrero.
En una conferencia de prensa, el procurador de justicia del DF, Rodolfo Ríos Garza, informó que –con base en los peritajes– se concluyó que “hubo una fuga en el autotanque por la fractura de dos tornillos en sistema de trasiego“, el cual fue alterado y por lo que se procederá en contra de la empresa propietaria de la pipa, Gas Express Nieto.
El funcionario local detalló que las imputaciones en contra de las personas que sean responsables serán por los delitos de homocidio, lesiones y daños a la propiedad culposos.
Asimismo, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, informó que este lunes inició un proceso administrativo sancionados en contra de la empresa para revocar el permiso de distribución de la planta Tláhuac, a la cual estaba adscrita la pipa que explotó el 29 de enero pasado.
Además, el funcionario federal dijo que hay una multa en contra de la compañía por 42 millones 60 mil pesos.
Por el hecho, cinco personas han muerto, tres adultos y dos bebés. El 6 de febrero pasado falleció Jorge Tinoco, de 27 años, un camillero que ayudó a evacuar menores que estaban en el hospital; el martes 3 de febrero murió la enfermera Mónica Orta Ramírez, quien también rescató a un bebé que estaba en el hospital.
Horas después de la explosión, Gas Express Nieto emitió un comunicado en el que informó que cumple con la normatividad que exigen las autoridades, por lo que cuenta con una poliza de seguro de responsabilidad civil.
“Gas Express Nieto cumple con la normatividad exigida por las autoridades,incluyendo la póliza de seguros de responsabilidad civil”, indicó la empresa.
En el último reporte médico oficial, el secretario de Salud del DF, Armando Ahued, informó que aún hay 14 personas hospitalizadas: cinco adultos y nueve recién nacidos, de los cuales cuatro están graves.
El 3 de febrero pasado, la Procuraduría General de Justicia del DF informó que la causa de la explosión fue una falla en la pipa.
“Ya se realizaron diversos dictámenes que constan en la carpeta de investigación, los que preliminarmente señalan que la fuga se da en el sistema de trasiego de la propia pipa, en la válvula de purga que está pegada al recipiente”, indicó en ese momento Ríos Garza.
Asimismo, Gas Express Nieto tiene 167 juicios abiertos ante la Procuraduría Federal del Consumidor y multas por 20 millones de pesos y suma 20 millones de pesos en multas, informó la titular de la Profeco, Lorena Martínez.
Explicó que Gas Express Nieto tiene abiertos los juicios por negarse a que se efectuaran varias verificaciones en áreas como servicio al cliente, calidad en la atención y cantidad de los suministros.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Recortan presupuesto del programa nacional para prevenir la violencia y delincuencia
El presupuesto para este año tendrá un ajuste de 26%, señaló el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa Cifrián, quien agregó que ya trabaja con los estados para reducir el impacto.
El programa nacional de Prevención de la Violencia y Delincuencia de la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá un recorte en su presupuesto para este año, informó el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa Cifrián, quien dijo que el recorte sería de alrededor de 26% derivado del ajuste en el gasto del gobierno federal.
“En principio se ha manejado una cifra importante, un 26%; sin embargo, estamos revisando con Hacienda y Oficialía Mayor de Gobernación los números y yo confío en que al final del año vamos a tener un recorte menor”, dijo.
En caso de que el recorte sea de 26%, el programa nacional no contaría con alrededor de 700 millones de pesos en este año; sin embargo, Campa Cifrián dijo que ya trabaja de manera coordinada con los estados con la finalidad de que las metas no se vean afectadas.
“Hemos comentado ya con los estados que hay que revisar la concertación que llevamos a cabo en el arranque del año”, señaló.
El subsecretario puso en marcha este 16 de febrero la segunda etapa del programa Safari en Tepito y aseguró que se trata de un proyecto que ayuda a reducir los niveles de violencia en esa zona.
Destacó que lo que ha hecho el arte en Tepito sintetiza una de las funciones principales del arte, que es mostrar, sintetizar, extraer la belleza de las cosas.
“Mediante el teatro en Tepito, la obra es capaz de mostrar la belleza de la solidaridad, de la fortaleza de los seres humanos, de enfrentar realidades complejas y hacerlo con la interesa que lo hace la gente de Tepito”, indicó.
En el Programa de Prevención, “estamos empeñados en buscar en el arte, en el urbano y en el popular, la manera de demostrar esa belleza oculta de las condiciones más adversas y complejas”, concluyó.
El pasado 30 de enero, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció las medidas con las que el gobierno mexicano enfrentará las poco favorables condiciones de la economía en el mundo y dio a conocer ajustes por 124 mil 300 millones de pesos al gasto público, lo que representa el 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Los ajustes, dijo, incluyen ajustes a los presupuestos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 62 mil millones de pesos y de 10 mil millones de pesos, respectivamente.
Asimismo, dos terceras partes del ajuste será en gasto corriente; es decir, habrá una reducción de al menos 10% en las partidas personales para mandos, así como para los gastos de comunicación social.
Estos ajustes también implican la cancelación del tren transpeninsular y la suspensión del tren rápido México-Querétaro; sin embargo, el ajuste al gasto público no afectará el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El programa nacional de Prevención de la Violencia y Delincuencia de la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá un recorte en su presupuesto para este año, informó el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa Cifrián, quien dijo que el recorte sería de alrededor de 26% derivado del ajuste en el gasto del gobierno federal.
“En principio se ha manejado una cifra importante, un 26%; sin embargo, estamos revisando con Hacienda y Oficialía Mayor de Gobernación los números y yo confío en que al final del año vamos a tener un recorte menor”, dijo.
En caso de que el recorte sea de 26%, el programa nacional no contaría con alrededor de 700 millones de pesos en este año; sin embargo, Campa Cifrián dijo que ya trabaja de manera coordinada con los estados con la finalidad de que las metas no se vean afectadas.
“Hemos comentado ya con los estados que hay que revisar la concertación que llevamos a cabo en el arranque del año”, señaló.
El subsecretario puso en marcha este 16 de febrero la segunda etapa del programa Safari en Tepito y aseguró que se trata de un proyecto que ayuda a reducir los niveles de violencia en esa zona.
Destacó que lo que ha hecho el arte en Tepito sintetiza una de las funciones principales del arte, que es mostrar, sintetizar, extraer la belleza de las cosas.
“Mediante el teatro en Tepito, la obra es capaz de mostrar la belleza de la solidaridad, de la fortaleza de los seres humanos, de enfrentar realidades complejas y hacerlo con la interesa que lo hace la gente de Tepito”, indicó.
En el Programa de Prevención, “estamos empeñados en buscar en el arte, en el urbano y en el popular, la manera de demostrar esa belleza oculta de las condiciones más adversas y complejas”, concluyó.
El pasado 30 de enero, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció las medidas con las que el gobierno mexicano enfrentará las poco favorables condiciones de la economía en el mundo y dio a conocer ajustes por 124 mil 300 millones de pesos al gasto público, lo que representa el 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Los ajustes, dijo, incluyen ajustes a los presupuestos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 62 mil millones de pesos y de 10 mil millones de pesos, respectivamente.
Asimismo, dos terceras partes del ajuste será en gasto corriente; es decir, habrá una reducción de al menos 10% en las partidas personales para mandos, así como para los gastos de comunicación social.
Estos ajustes también implican la cancelación del tren transpeninsular y la suspensión del tren rápido México-Querétaro; sin embargo, el ajuste al gasto público no afectará el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM).
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Pemex disminuye su presupuesto 11.5% para 2015
México, DF. Con el propósito de mantener el balance financiero, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) en su sesión del 13 de febrero aprobó el plan de ajuste presupuestal de 62 mil millones de pesos presentado por el director general de la empresa, lo que representa una disminución de 11.5 por ciento respecto al presupuesto programable autorizado por el Congreso de la Unión.
Con ello, la empresa podrá operar con una situación financiera más equilibrada por lo que resta del año y fortalecer su posición financiera para continuar con los planes de crecimiento de mediano y largo plazo, sin necesidad de incurrir en mayor deuda de la considerada en el programa de financiamiento autorizado y en una sana práctica.
El programa de ajuste presupuestal se construyó con base en las siguientes premisas: Minimizar el efecto en la producción de crudo y gas; Minimizar el impacto en la restitución de reservas;Mantener la capacidad de suministrar el mercado nacional de petrolíferos.
También se pretende reducir al mínimo el impacto en la seguridad y confiabilidad de las instalaciones y con apego a las normas ambientales; así como el posible impacto en la competitividad futura para la apertura del mercado nacional de petrolíferos, e incrementar la rentabilidad de Pemex.
Es importante resaltar que las empresas petroleras son empresas intensivas en capital. En este sentido, y dado el tamaño del ajuste requerido, una parte importante del ajuste recae en inversión.
Diferimiento de inversión
Si bien una de las premisas que se utilizó para construir el programa de ajuste al gasto fue mantener la capacidad de suministrar el mercado nacional de petrolíferos, el ajuste es de tal magnitud que se está difiriendo la ejecución de las principales obras en esta materia, incluyendo reconfiguraciones de refinerías y los proyectos de gasolinas y diésel limpios (Ultra Bajo Azufre).
Pemex reconoce la importancia de los contratistas, siendo una relación de largo plazo; sin embargo, muchos de los contratos se firmaron cuando las condiciones de mercado eran distintas.
Derivado de lo anterior, como es práctica usual en la industria y como lo ha hecho Pemex en otros episodios cuando ha caído el precio del crudo de manera significativa, como en la actualidad, el Consejo instruyó a la Administración a convocar a los contratistas para renegociar contratos. Petróleos Mexicanos mantendrá estas negociaciones con estricto apego a la ley.
Asimismo, el Consejo solicitó al director general implementar un esfuerzo importante en bajar el gasto corriente, incluyendo los relativos a recursos humanos y servicios personales, buscando reducir el impacto en los proyectos de inversión productiva de Pemex, tal como lo están haciendo las empresas del sector.
Si bien las medidas propuestas al Consejo incluyen ajustes importantes en las inversiones de capital, buscando reducir el impacto que estas reducciones presupuestales tendrán en la producción de hidrocarburos, la Administración presentó diferentes iniciativas que, al amparo de la Ley y cumpliendo con los requerimientos financieros establecidos por el Congreso de la Unión, permiten una mayor participación del sector privado en los proyectos de inversión de Pemex. Es importante mencionar que dichas iniciativas están hoy en día al alcance de Pemex gracias a la aprobación de la Reforma Energética.
En adición al ajuste al presupuesto, el Consejo de Administración aprobó las disposiciones para que la empresa implemente su Programa de Austeridad y Uso Racional de Recursos, de conformidad con la nueva Ley de Pemex, con lo cual se prevé capturar ahorros adicionales a lo largo del año.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
El “examen” que hizo México ante comité de la ONU contra desapariciones (Documento)
Apunta que 23 estados ya prevén en sus códigos penales el tipo penal de desaparición forzada de personas.
El gobierno de México sustentó su primer informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada, de la ONU; en el “examen”, aseveró que existen avances en la materia, aunque reconoció que también enfrenta retos.
El viernes pasado, México recibió las observaciones finales y recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, en respuesta al informe que presentó sobre la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y a su sustentación, que tuvo lugar el 2 y 3 de febrero, en Ginebra, Suiza.
La sustentación tuvo como propósito evaluar el alcance de las medidas adoptadas por el Estado mexicano para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del mencionado tratado internacional desde su entrada en vigor en 2010. México ratificó la Convención en 2008 y es hoy uno de los 44 Estados parte.
Durante la sustentación de su informe, México proporcionó al Comité información relacionada con los avances y retos existentes en el país en materia de desaparición forzada, como: i) la armonización del marco jurídico en todo el país, ii) la depuración permanente de los registros de personas desparecidas, iii) la puesta en práctica en todo el país de los protocolos de búsqueda iv) el fortalecimiento de los servicios forenses, vi) la atención integral de las víctimas y, vii) las acciones adoptadas por las entidades federativas en materia de desaparición forzada.
Respuesta del Gobierno Mexicano:
INT_CED_RLI_MEX_19337_S.pdf by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El gobierno de México sustentó su primer informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada, de la ONU; en el “examen”, aseveró que existen avances en la materia, aunque reconoció que también enfrenta retos.
El viernes pasado, México recibió las observaciones finales y recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, en respuesta al informe que presentó sobre la implementación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y a su sustentación, que tuvo lugar el 2 y 3 de febrero, en Ginebra, Suiza.
La sustentación tuvo como propósito evaluar el alcance de las medidas adoptadas por el Estado mexicano para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del mencionado tratado internacional desde su entrada en vigor en 2010. México ratificó la Convención en 2008 y es hoy uno de los 44 Estados parte.
Durante la sustentación de su informe, México proporcionó al Comité información relacionada con los avances y retos existentes en el país en materia de desaparición forzada, como: i) la armonización del marco jurídico en todo el país, ii) la depuración permanente de los registros de personas desparecidas, iii) la puesta en práctica en todo el país de los protocolos de búsqueda iv) el fortalecimiento de los servicios forenses, vi) la atención integral de las víctimas y, vii) las acciones adoptadas por las entidades federativas en materia de desaparición forzada.
Respuesta del Gobierno Mexicano:
INT_CED_RLI_MEX_19337_S.pdf by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Revocarán permiso de distribución a Gas Express Nieto
México, D.F. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunció que se revocará a la empresa Gas Express Nieto sus permisos de distribución de combustible, tras confirmarse su responsabilidad en la explosión ocurrida en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.
En conferencia de prensa en la que se detallaron los resultados de las investigaciones de ese incidente, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos, anunció a su vez que se formularán las imputaciones respectivas contra personas físicas y morales, además de pedir la reparación del dañ
Línea al precipicio
Marcelo Ebrard podría ser el próximo en ‘caer’. El nombre del exjefe de Gobierno capitalino aparece continuamente en las diversas investigaciones que se realizan sobre la Línea 12.
En la investigación por las irregularidades que presenta la Línea 12 del Metro capitalino todas las líneas conducen a Marcelo Ebrard.
El nombre del ex jefe de Gobierno capitalino aparece no bien librado en el proceso de compra de los trenes que resultaron no compatibles con los rieles tendidos en la llamada Línea Dorada.
El perredista también está involucrado en la contratación de las empresas que tenían comotarea supervisar la construcción de esta obra que hoy está suspendida en la mitad de su tramo por las deficiencias que registra.
Además Ebrard –junto con Mario Delgado, su exsecretario de Finanzas- son los responsables de la contratación del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) que se llevó a cabo para financiar esta obra que se elevó a 22 mil millones de pesos.
Desde la semana pasada Stuart Liddle Grassie, experto británico en material rodante, está en México para estudiar la problemática de la Línea 12.
Con fecha 19 de enero de 2015 el especialista había entregado a la empresa española CAF y ésta, a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal (Sobse), un diagnóstico en el que concluyó que el cambio de trenes de la Línea 12 no era, en definitiva, la solución al problema de desgaste ondulatorio excesivo (DO).
El documento de Stuart Liddle sólo causó irritación en el Gobierno del Distrito Federal (GDF), quienes consideraron una franca provocación de CAF en el problema de Línea 12, teniendo en cuenta que el británico (como lo puntualizó en el documento) no había visitado México y menos, había recorrido la llamada Línea Dorada.
Como respuesta, las autoridades capitalinas involucradas en el problema precisaron al director de CAF México, Maximiliano Zurita Llaca, la necesidad de que el británico viniera con urgencia a México para que una vez que conociera personalmente la problemática por la que atraviesa la Línea 12 pudiera ratificar o modificar las conclusiones plasmadas en aquel diagnóstico.
Cada paso de las partes involucradas (empresas o gobierno) se cuida a detalle, sabedores que todo documento podría ventilarse ante un juzgado, dado el nivel de escándalo en torno a la megaobra que construyó durante su mandato, Marcelo Ebrard.
Y es que cada hecho o personaje que se sancione derivado de las investigaciones o auditorías realizadas a la Línea 12, invariablemente Marcelo Ebrard sale a relucir como cabeza de gobierno.
El viernes, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que las estaciones cerradas de la Línea 12 reabrirán en noviembre, luego de que la empresa CAF aceptó pagar la modificación de los trenes.
CAF hará el reperfilado de ruedas y adecuará la suspensión, entre otras mejoras.
Guerrero Villalobos, juez y parte
A finales de la semana pasada, a través de la Contraloría General, el Gobierno del Distrito Federal dio un golpe maestro a Marcelo Ebrard Casaubón al anunciar la inhabilitación de tres empresas que fueron contratatadas para supervisar la obra civil de la Línea 12 ejecutada por el Consorcio Constructor.
Cuando la lista se dio a conocer salió a relucir el nombre de Guillermo Guerrero Villalobos, un ingeniero, viejo conocido de Marcelo Ebrard desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís.
Las empresas sancionadas que forman parte del consorcio de supervisión fueron: Lumbreras y Túneles, S.A. de C.V. (LYTSA), Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S.A. de C.V.
IACSA) y Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería, S.A. de CV (EINSA).
Guerrero Villalobos fue un personaje clave en el proceso de construcción de Línea 12, el 22 de marzo de 2010 Ebrard Casaubón designó a Guillermo Guerrero Villalobos, quien ya dirigía EINSA, como representante de la Sociedad Civil y del Gobierno del Distrito Federal del Consejo Ciudadano Asesor de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Reuso de Agua Residual del Distrito Federal.
Quienes conocen esta relación, refieren que ambos fueron compañeros de gabinete durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde Guerrero Villalobos fue director general de la Comisión Federal de Electricidad, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y del Instituto de Investigaciones Eléctricas, mientras Ebrard encabezaba la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
En 2014 cuando la Línea 12 fue cerrada por la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, el ingeniero Guerrero Villalobos apareció en escena: el 22 de abril del año pasado, la Comisión Investigadora de la Línea 12 designó a Guerrero Villalobos como integrantes del “grupo de expertos” que intentarían aclarar las dudas surgidas luego de las comparecencias y reuniones de trabajo de funcionarios, ex funcionarios y empresarios ligados a dicha Línea.
La Comisión lo dejó ser juez y parte, pues no lo convocó como director general de una de las empresas supervisoras, sino como “experto en construcciones subterráneas”.
El presidente de ese grupo de legisladores, Jorge Gaviño Ambriz, destacó en conferencia de prensa que Guerrero Villalobos “es experto en construcciones subterráneas, túneles y lumbreras”.
En la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Contraloría publicó este jueves el aviso a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, de que deberán abstenerse de recibir propuestas y celebrar contratos, en términos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; con las empresas “Lumbreras y Túneles”, S.A. de C.V., “Ingeniería, Asesoría y Consultoría”, S.A. de C.V. y “Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería”, S.A. de C.V.
El impedimento es en materia de obra pública y estará vigente por un plazo de dos años, el máximo aplicable, contados a partir de este jueves, día en que se publicó el aviso en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
El aviso marca entre sus fundamentos el artículo 37, fracción VII, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el cual establece:
“Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades convocantes se abstendrán de recibir propuesta o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las siguientes personas físicas o morales”, dice el resolutivo.
“Aquéllas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad, siempre y cuando la Contraloría haya notificado tal situación”.
Lupa a Marcelo
Ya no es sólo la Línea 12. La semana pasada Marcelo fue exhibido por las cuentas bancarias que su hermano Eugenio, exejecutivo de Walmart, tiene en Suiza.
También se ventiló al ex jefe de Gobierno por el ostentoso reloj que llevó a la Cámara de Diputados para rendir su versión de los hechos.
Ante las presunciones de que Ebrard busca una diputación federal con el PRD para blindarse con el fuero constitucional de posibles futuras responsabilidades, los movimientos y negociaciones que ser concretaron en el sexenio del perredista son revisados a detalle.
Ejemplo de ello es el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/838, en el que aparecen las firmas de Marcelo Ebrard y la de Mario Delgado Carrillo, en su calidad de secretario de Finanzas, de agosto de 2007.
El instrumento entre el GDF y el Deusche Bank México S.A, Institución de Banca Múltiple, fue registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Todo documento, convenio, acuerdo, contrato que haya celebrado Marcelo o su operador financiero, Mario Delgado, están bajo la lupa.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
En la investigación por las irregularidades que presenta la Línea 12 del Metro capitalino todas las líneas conducen a Marcelo Ebrard.
El nombre del ex jefe de Gobierno capitalino aparece no bien librado en el proceso de compra de los trenes que resultaron no compatibles con los rieles tendidos en la llamada Línea Dorada.
El perredista también está involucrado en la contratación de las empresas que tenían comotarea supervisar la construcción de esta obra que hoy está suspendida en la mitad de su tramo por las deficiencias que registra.
Además Ebrard –junto con Mario Delgado, su exsecretario de Finanzas- son los responsables de la contratación del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) que se llevó a cabo para financiar esta obra que se elevó a 22 mil millones de pesos.
Desde la semana pasada Stuart Liddle Grassie, experto británico en material rodante, está en México para estudiar la problemática de la Línea 12.
Con fecha 19 de enero de 2015 el especialista había entregado a la empresa española CAF y ésta, a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal (Sobse), un diagnóstico en el que concluyó que el cambio de trenes de la Línea 12 no era, en definitiva, la solución al problema de desgaste ondulatorio excesivo (DO).
El documento de Stuart Liddle sólo causó irritación en el Gobierno del Distrito Federal (GDF), quienes consideraron una franca provocación de CAF en el problema de Línea 12, teniendo en cuenta que el británico (como lo puntualizó en el documento) no había visitado México y menos, había recorrido la llamada Línea Dorada.
Como respuesta, las autoridades capitalinas involucradas en el problema precisaron al director de CAF México, Maximiliano Zurita Llaca, la necesidad de que el británico viniera con urgencia a México para que una vez que conociera personalmente la problemática por la que atraviesa la Línea 12 pudiera ratificar o modificar las conclusiones plasmadas en aquel diagnóstico.
Cada paso de las partes involucradas (empresas o gobierno) se cuida a detalle, sabedores que todo documento podría ventilarse ante un juzgado, dado el nivel de escándalo en torno a la megaobra que construyó durante su mandato, Marcelo Ebrard.
Y es que cada hecho o personaje que se sancione derivado de las investigaciones o auditorías realizadas a la Línea 12, invariablemente Marcelo Ebrard sale a relucir como cabeza de gobierno.
El viernes, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció que las estaciones cerradas de la Línea 12 reabrirán en noviembre, luego de que la empresa CAF aceptó pagar la modificación de los trenes.
CAF hará el reperfilado de ruedas y adecuará la suspensión, entre otras mejoras.
Guerrero Villalobos, juez y parte
A finales de la semana pasada, a través de la Contraloría General, el Gobierno del Distrito Federal dio un golpe maestro a Marcelo Ebrard Casaubón al anunciar la inhabilitación de tres empresas que fueron contratatadas para supervisar la obra civil de la Línea 12 ejecutada por el Consorcio Constructor.
Cuando la lista se dio a conocer salió a relucir el nombre de Guillermo Guerrero Villalobos, un ingeniero, viejo conocido de Marcelo Ebrard desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís.
Las empresas sancionadas que forman parte del consorcio de supervisión fueron: Lumbreras y Túneles, S.A. de C.V. (LYTSA), Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S.A. de C.V.
IACSA) y Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería, S.A. de CV (EINSA).
Guerrero Villalobos fue un personaje clave en el proceso de construcción de Línea 12, el 22 de marzo de 2010 Ebrard Casaubón designó a Guillermo Guerrero Villalobos, quien ya dirigía EINSA, como representante de la Sociedad Civil y del Gobierno del Distrito Federal del Consejo Ciudadano Asesor de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Reuso de Agua Residual del Distrito Federal.
Quienes conocen esta relación, refieren que ambos fueron compañeros de gabinete durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde Guerrero Villalobos fue director general de la Comisión Federal de Electricidad, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y del Instituto de Investigaciones Eléctricas, mientras Ebrard encabezaba la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.
En 2014 cuando la Línea 12 fue cerrada por la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, el ingeniero Guerrero Villalobos apareció en escena: el 22 de abril del año pasado, la Comisión Investigadora de la Línea 12 designó a Guerrero Villalobos como integrantes del “grupo de expertos” que intentarían aclarar las dudas surgidas luego de las comparecencias y reuniones de trabajo de funcionarios, ex funcionarios y empresarios ligados a dicha Línea.
La Comisión lo dejó ser juez y parte, pues no lo convocó como director general de una de las empresas supervisoras, sino como “experto en construcciones subterráneas”.
El presidente de ese grupo de legisladores, Jorge Gaviño Ambriz, destacó en conferencia de prensa que Guerrero Villalobos “es experto en construcciones subterráneas, túneles y lumbreras”.
En la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Contraloría publicó este jueves el aviso a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, de que deberán abstenerse de recibir propuestas y celebrar contratos, en términos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; con las empresas “Lumbreras y Túneles”, S.A. de C.V., “Ingeniería, Asesoría y Consultoría”, S.A. de C.V. y “Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería”, S.A. de C.V.
El impedimento es en materia de obra pública y estará vigente por un plazo de dos años, el máximo aplicable, contados a partir de este jueves, día en que se publicó el aviso en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
El aviso marca entre sus fundamentos el artículo 37, fracción VII, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el cual establece:
“Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o entidades convocantes se abstendrán de recibir propuesta o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las siguientes personas físicas o morales”, dice el resolutivo.
“Aquéllas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad, siempre y cuando la Contraloría haya notificado tal situación”.
Lupa a Marcelo
Ya no es sólo la Línea 12. La semana pasada Marcelo fue exhibido por las cuentas bancarias que su hermano Eugenio, exejecutivo de Walmart, tiene en Suiza.
También se ventiló al ex jefe de Gobierno por el ostentoso reloj que llevó a la Cámara de Diputados para rendir su versión de los hechos.
Ante las presunciones de que Ebrard busca una diputación federal con el PRD para blindarse con el fuero constitucional de posibles futuras responsabilidades, los movimientos y negociaciones que ser concretaron en el sexenio del perredista son revisados a detalle.
Ejemplo de ello es el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/838, en el que aparecen las firmas de Marcelo Ebrard y la de Mario Delgado Carrillo, en su calidad de secretario de Finanzas, de agosto de 2007.
El instrumento entre el GDF y el Deusche Bank México S.A, Institución de Banca Múltiple, fue registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Todo documento, convenio, acuerdo, contrato que haya celebrado Marcelo o su operador financiero, Mario Delgado, están bajo la lupa.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
El fondo secreto de los diputados
En menos de dos años, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados recibieron 2 mil 841 millones 566 mil 280 pesos para gastos. Estos recursos los manejan a discreción y sin rendir cuentas.
Las bancadas en la Cámara de Diputados han recibido recursos para sus gastos pero, debido a la opacidad con la que se ejercen, conforman el fondo más oscuro del Poder Legislativo.
Entre septiembre del 2012 y diciembre del 2014, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados recibieron un total de 2 mil 841 millones 566 mil 280 pesos… y no tienen necesidad de comprobar en qué se gastan.
De acuerdo con los informes de Aplicación y Destino de los Recursos Económicos asignados por la Cámara de Diputados, de las siete bancadas representadas en la Cámara Alta, la más favorecida con recursos fue la del PRI, con ingresos de más de mil 127 millones de pesos.
En los informes cuatrimestrales, las bancadas especifican cómo gastan algunos rubros de su presupuesto, aunque no a detalle, pues esa información no es obligatoria.
En los ingresos, algunas de las partidas que reciben los grupos parlamentarios son para apoyo logístico, pago para sus empleados por honorarios, además de las subvenciones fijas y variables.
Sin embargo, existe una categoría que ha despertado suspicacias debido a que no existe un motivo claro sobre por qué se otorga: se trata de las subvenciones extraordinarias de las que, se ha dicho, se trata de un bono extra por la aprobación de las reformas.
Recursos discrecionales para todos
Por ser el grupo más numeroso en la Cámara Baja, el PRI es la bancada que ha recibido más recursos. En lo que va de la Legislatura, a los diputados del tricolor les han sido entregados mil 127 millones 323 mil pesos.
Al PAN, le han correspondido 629 millones 508 mil 280 pesos. Al PRD, 559 millones 545 mil pesos. Al PVEM, 186 millones 761 mil pesos.
Los partidos minoritarios también reciben subvenciones para sus gastos.
La bancada de Movimiento Ciudadano recibió 148 millones 780 mil pesos; el PT, un total de 105 millones 456 mil pesos. Y Nueva Alianza, 84 millones 193 mil pesos.
Esas subvenciones son entregadas por la Cámara de Diputados para que las bancadas sufraguen sus gastos.
En ese monto se incluyen las subvenciones fijas y variables, aquellas para que los grupos parlamentarios paguen a su personal por honorarios, así como para apoyo logístico.
Sin embargo, las fracciones reciben también una tajada de recursos discrecionales que no tienen un destino definido, y cada bancada las usa como mejor convenga.
Se trata de las subvenciones “extraordinarias”, un monto de recursos que las bancadas reciben y de las que no se conoce el destino o uso que se les da.
Esta partida ha causado polémica en el Congreso. Mientras se discutían las leyes secundarias de la reforma energética, diputados de oposición acusaron que ese dinero se trataba de un bono especial otorgado por el Ejecutivo por la aprobación de las reformas, como la fiscal, la educativa, la financiera, en telecomunicaciones y la energética.
Las subvenciones extraordinarias nacieron en el 2009, cuando en la Norma para Regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros Asignados a los Grupos Parlamentarios se estableció que esta partida podía ser aprobada “en casos excepcionales, por única vez, para atender asuntos especiales si existe la disponibilidad presupuestal para ello”.
Ahora, estas subvenciones extraordinarias ya se convirtieron en la norma.
Por el concepto de subvenciones extraordinarias, desde el inicio de la LXII Legislatura, en septiembre del 2012, y hasta diciembre del 2014, los grupos parlamentarios han recibido un total de 489 millones 464 mil pesos.
En los informes cuatrimestrales de ingresos y destino del gasto de los grupos parlamentarios, las bancadas dan un reporte de todo cuanto han recibido por este concepto.
Sin embargo, el PRI omitió información respecto al periodo comprendido entre septiembre y diciembre del 2013, justo cuando se aprobaron las reformas fiscal y energética.
Aun así, los recursos discrecionales otorgados a las fracciones son millonarios.
Al PRI le fueron asignados más de 135 millones 256 mil pesos; cantidad incompleta por la cifra no revelada del 2013.
Al PAN se le otorgaron 136 millones 136 mil pesos; al PRD se le dieron 127 millones 456 mil pesos; al PVEM, 42 millones 450 mil pesos.
A Movimiento Ciudadano, dirigido hasta diciembre del 2014 por Ricardo Monreal, se le asignaron 34 millones 666 mil pesos.
El PT, en tanto, no tuvo asignaciones por ese rubro.
A Nueva Alianza se le entregaron 13 millones 500 mil pesos.
El fondo discrecional de subvenciones extraordinarias levantó polvo el año pasado en la Cámara Baja.
Zuleyma Huidobro, diputada de Movimiento Ciudadano, acusó que dichos fondos fueron otorgados como parte de un bono por la aprobación de las reformas.
Diputados del PRI, el PAN y el PRD, negaron este hecho. El propio Comité de Administración de la Cámara Baja refirió que se trata de asignaciones del Presupuesto de la Cámara Baja.
Aun así, el entonces coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, devolvió 15 millones de pesos (de los 34 que recibió la bancada) a la Tesorería de la Federación.
Gastos opacos en partida ‘general’
Además de los ingresos que reciben, las bancadas también informan sobre los rubros generales en que invierten sus recursos.
La partida más importante en la que los grupos parlamentarios invierten es la denominada “Otros servicios generales”, que no se especifica de qué se trata.
Borde Político, una red académica y ciudadana que revisa la labor del Congreso, considera que los gastos del Congreso no se muestran de forma suficientemente desagregada, por lo que se prestan a la opacidad.
“El nombre de ‘Otros servicios generales’ es demasiado general y ambiguo. La opacidad de los conceptos tiene graves implicaciones para la transparencia y la rendición de cuentas, sobre todo porque dificultan que los ciudadanos soliciten información sobre el gasto del Congreso”, expuso la red en la presentación de un sitio sobre opacidad presupuestaria.
En ese rubro, las bancadas de la Cámara Baja han invertido mil 693 millones 851 mil 090 pesos, el 59.6 por ciento del total de lo que reciben.
Otro de los rubros con un alto nivel de gasto es el de “Servicios Oficiales”, que tampoco establece de qué se trata.
En dichos servicios, las bancadas invirtieron 144 millones 185 mil 900 pesos.
En asesorías, bajo el rubro “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros”, los grupos parlamentarios invirtieron 194 millones 570 mil 560 pesos.
La bancada que más gastó en asesorías es la del PAN, con 101 millones 065 mil 560 pesos en poco más de dos años.
Y en “Servicios de Comunicación Social y Publicidad”, las fracciones en San Lázaro han gastado 246 millones 381 mil 080 pesos.
Son el PRI y PVEM las bancadas que más recursos invirtieron en difusión. El tricolor gastó para este fin, 84 millones 523 mil pesos; mientras que sus aliados del Verde gastaron 71 millones 362 mil pesos.
Transparencia en la oscuridad
Durante la actual Legislatura, algunos diputados y senadores han presentado iniciativas con el fin de transparentar los recursos que se manejan en el Congreso de la Unión.
Quizá la más importante sea la que se discute en el Senado sobre la Ley de Transparencia.
En ella se pretende que cualquier acto realizado por legisladores, bancadas o trabajadores del Poder Legislativo que tenga incidencia sobre su trabajo, tenga que ser transparentado.
Otra propuesta fue la del panista Carlos Castaños, diputado por Sinaloa, quien propuso modificar el marco legal del Congreso para que los datos de todos los gastos del Legislativo sean públicos.
El legislador pidió que, incluso, sea obligatorio hacer públicas las facturas de los gastos y que estén disponibles en el sitio web de la Cámara de Diputados.
El perredista Fernando Belaunzarán, diputado por el Distrito Federal, propuso modificaciones a la Ley de Transparencia para que los grupos parlamentarios y los partidos políticos sean sujetos obligados.
A pesar de las constantes acusaciones sobre la opacidad en el manejo de los recursos, ninguna de estas iniciativas ha sido estudiada en comisiones. Se encuentran, como dice el argot legislativo, “en la congeladora”.
FUENTE: REPROTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GAARCÍA.
Las bancadas en la Cámara de Diputados han recibido recursos para sus gastos pero, debido a la opacidad con la que se ejercen, conforman el fondo más oscuro del Poder Legislativo.
Entre septiembre del 2012 y diciembre del 2014, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados recibieron un total de 2 mil 841 millones 566 mil 280 pesos… y no tienen necesidad de comprobar en qué se gastan.
De acuerdo con los informes de Aplicación y Destino de los Recursos Económicos asignados por la Cámara de Diputados, de las siete bancadas representadas en la Cámara Alta, la más favorecida con recursos fue la del PRI, con ingresos de más de mil 127 millones de pesos.
En los informes cuatrimestrales, las bancadas especifican cómo gastan algunos rubros de su presupuesto, aunque no a detalle, pues esa información no es obligatoria.
En los ingresos, algunas de las partidas que reciben los grupos parlamentarios son para apoyo logístico, pago para sus empleados por honorarios, además de las subvenciones fijas y variables.
Sin embargo, existe una categoría que ha despertado suspicacias debido a que no existe un motivo claro sobre por qué se otorga: se trata de las subvenciones extraordinarias de las que, se ha dicho, se trata de un bono extra por la aprobación de las reformas.
Recursos discrecionales para todos
Por ser el grupo más numeroso en la Cámara Baja, el PRI es la bancada que ha recibido más recursos. En lo que va de la Legislatura, a los diputados del tricolor les han sido entregados mil 127 millones 323 mil pesos.
Al PAN, le han correspondido 629 millones 508 mil 280 pesos. Al PRD, 559 millones 545 mil pesos. Al PVEM, 186 millones 761 mil pesos.
Los partidos minoritarios también reciben subvenciones para sus gastos.
La bancada de Movimiento Ciudadano recibió 148 millones 780 mil pesos; el PT, un total de 105 millones 456 mil pesos. Y Nueva Alianza, 84 millones 193 mil pesos.
Esas subvenciones son entregadas por la Cámara de Diputados para que las bancadas sufraguen sus gastos.
En ese monto se incluyen las subvenciones fijas y variables, aquellas para que los grupos parlamentarios paguen a su personal por honorarios, así como para apoyo logístico.
Sin embargo, las fracciones reciben también una tajada de recursos discrecionales que no tienen un destino definido, y cada bancada las usa como mejor convenga.
Se trata de las subvenciones “extraordinarias”, un monto de recursos que las bancadas reciben y de las que no se conoce el destino o uso que se les da.
Esta partida ha causado polémica en el Congreso. Mientras se discutían las leyes secundarias de la reforma energética, diputados de oposición acusaron que ese dinero se trataba de un bono especial otorgado por el Ejecutivo por la aprobación de las reformas, como la fiscal, la educativa, la financiera, en telecomunicaciones y la energética.
Las subvenciones extraordinarias nacieron en el 2009, cuando en la Norma para Regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros Asignados a los Grupos Parlamentarios se estableció que esta partida podía ser aprobada “en casos excepcionales, por única vez, para atender asuntos especiales si existe la disponibilidad presupuestal para ello”.
Ahora, estas subvenciones extraordinarias ya se convirtieron en la norma.
Por el concepto de subvenciones extraordinarias, desde el inicio de la LXII Legislatura, en septiembre del 2012, y hasta diciembre del 2014, los grupos parlamentarios han recibido un total de 489 millones 464 mil pesos.
En los informes cuatrimestrales de ingresos y destino del gasto de los grupos parlamentarios, las bancadas dan un reporte de todo cuanto han recibido por este concepto.
Sin embargo, el PRI omitió información respecto al periodo comprendido entre septiembre y diciembre del 2013, justo cuando se aprobaron las reformas fiscal y energética.
Aun así, los recursos discrecionales otorgados a las fracciones son millonarios.
Al PRI le fueron asignados más de 135 millones 256 mil pesos; cantidad incompleta por la cifra no revelada del 2013.
Al PAN se le otorgaron 136 millones 136 mil pesos; al PRD se le dieron 127 millones 456 mil pesos; al PVEM, 42 millones 450 mil pesos.
A Movimiento Ciudadano, dirigido hasta diciembre del 2014 por Ricardo Monreal, se le asignaron 34 millones 666 mil pesos.
El PT, en tanto, no tuvo asignaciones por ese rubro.
A Nueva Alianza se le entregaron 13 millones 500 mil pesos.
El fondo discrecional de subvenciones extraordinarias levantó polvo el año pasado en la Cámara Baja.
Zuleyma Huidobro, diputada de Movimiento Ciudadano, acusó que dichos fondos fueron otorgados como parte de un bono por la aprobación de las reformas.
Diputados del PRI, el PAN y el PRD, negaron este hecho. El propio Comité de Administración de la Cámara Baja refirió que se trata de asignaciones del Presupuesto de la Cámara Baja.
Aun así, el entonces coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, devolvió 15 millones de pesos (de los 34 que recibió la bancada) a la Tesorería de la Federación.
Gastos opacos en partida ‘general’
Además de los ingresos que reciben, las bancadas también informan sobre los rubros generales en que invierten sus recursos.
La partida más importante en la que los grupos parlamentarios invierten es la denominada “Otros servicios generales”, que no se especifica de qué se trata.
Borde Político, una red académica y ciudadana que revisa la labor del Congreso, considera que los gastos del Congreso no se muestran de forma suficientemente desagregada, por lo que se prestan a la opacidad.
“El nombre de ‘Otros servicios generales’ es demasiado general y ambiguo. La opacidad de los conceptos tiene graves implicaciones para la transparencia y la rendición de cuentas, sobre todo porque dificultan que los ciudadanos soliciten información sobre el gasto del Congreso”, expuso la red en la presentación de un sitio sobre opacidad presupuestaria.
En ese rubro, las bancadas de la Cámara Baja han invertido mil 693 millones 851 mil 090 pesos, el 59.6 por ciento del total de lo que reciben.
Otro de los rubros con un alto nivel de gasto es el de “Servicios Oficiales”, que tampoco establece de qué se trata.
En dichos servicios, las bancadas invirtieron 144 millones 185 mil 900 pesos.
En asesorías, bajo el rubro “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros”, los grupos parlamentarios invirtieron 194 millones 570 mil 560 pesos.
La bancada que más gastó en asesorías es la del PAN, con 101 millones 065 mil 560 pesos en poco más de dos años.
Y en “Servicios de Comunicación Social y Publicidad”, las fracciones en San Lázaro han gastado 246 millones 381 mil 080 pesos.
Son el PRI y PVEM las bancadas que más recursos invirtieron en difusión. El tricolor gastó para este fin, 84 millones 523 mil pesos; mientras que sus aliados del Verde gastaron 71 millones 362 mil pesos.
Transparencia en la oscuridad
Durante la actual Legislatura, algunos diputados y senadores han presentado iniciativas con el fin de transparentar los recursos que se manejan en el Congreso de la Unión.
Quizá la más importante sea la que se discute en el Senado sobre la Ley de Transparencia.
En ella se pretende que cualquier acto realizado por legisladores, bancadas o trabajadores del Poder Legislativo que tenga incidencia sobre su trabajo, tenga que ser transparentado.
Otra propuesta fue la del panista Carlos Castaños, diputado por Sinaloa, quien propuso modificar el marco legal del Congreso para que los datos de todos los gastos del Legislativo sean públicos.
El legislador pidió que, incluso, sea obligatorio hacer públicas las facturas de los gastos y que estén disponibles en el sitio web de la Cámara de Diputados.
El perredista Fernando Belaunzarán, diputado por el Distrito Federal, propuso modificaciones a la Ley de Transparencia para que los grupos parlamentarios y los partidos políticos sean sujetos obligados.
A pesar de las constantes acusaciones sobre la opacidad en el manejo de los recursos, ninguna de estas iniciativas ha sido estudiada en comisiones. Se encuentran, como dice el argot legislativo, “en la congeladora”.
FUENTE: REPROTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GAARCÍA.
A la CIDH, caso de feminicidio de hija de Norma Andrade
CHIHUAHUA, Chih: Catorce años después de su desaparición y asesinato, el caso de la joven Lilia Alejandra García Andrade está por llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dio a conocer su madre, la activista Norma Esther Andrade.
Andrade regresó este 14 de febrero a Ciudad Juárez junto con sus nietos Jade y Caleb, hijos de Lilia Alejandra, para conmemorar un aniversario más de la tragedia que cambió sus vidas.
Acompañados de madres de otras jóvenes desaparecidas o asesinadas en Juárez, los tres distribuyeron paletas con la imagen de Lilia Alejandra y mensajes preventivos dirigidos a las mujeres juarenses.
Lilia Alejandra García tenía 17 años cuando desapareció en el centro de Juárez el 14 de febrero de 2001.
Hoy su familia asistió a una celebración eucarística y posteriormente acudió al lugar donde fue encontrado su cuerpo, tres días después de su desaparición, en las avenidas Heroico Colegio Militar y Tecnológico.
“Ahí colocamos una mampara con la imagen de mi hija, en el predio donde localizaron el cuerpo, para iniciar la campaña ‘¿Quieres saber qué pasó aquí?’ Colocamos una semblanza de ella con un reclamo de justicia para hacer un recuento histórico de todo lo que aún sucede en la ciudad, para las siguientes generaciones”, dijo Norma Andrade.
Convertida en activista, Jade, de 15 años, señaló que el mensaje que llevaron a otras jóvenes juarenses es que tengan cuidado con el uso de las redes sociales porque es otra herramienta que usan los criminales para raptar mujeres.
“Ya son 14 años, creo que ahora sigue siendo más de lo mismo, hay demasiadas desaparecidas, demasiada negligencia, demasiada deficiencia por parte de las autoridades. A Juárez se le sigue dando atole con el dedo”, consideró Norma Andrade.
Agregó que a 14 años de la muerte de su hija las cosas han sido muy difíciles, principalmente para los niños, porque a pesar de se han adaptado a la ciudad y a la escuela donde están actualmente (en Estados Unidos), “es difícil porque es un cambio muy brusco”.
Andrade explicó que la familia se fragmentó, ya que algunos integrantes viven en el centro del país, otros en Estados Unidos y otros más se quedaron en Juárez.
La activista sufrió un atentado en febrero de 2012 y ha recibido amenazas por buscar justicia para Lilia Alejandra. También su otra hija, Malú García Andrade, ha sido amenazada, y durante años ha vivido resguardada por agentes federales.
Aunque Andrade perdió la elasticidad en uno de sus brazos, luego del atentado, indicó que la mayor afectación para ella y su familia ha sido la psicológica.
Tanto la muerte de Lilia Alejandra García como el atentado contra Norma Andrade continúan impunes y no hay personas detenidas.
“A raíz del atentado tengo problemas de salud, soy hipertensa y diabética, enfermedades que no tenía. Aparte tenemos que ir al psiquiatra toda la familia. Los niños acuden dos veces por semana con el psicólogo y una vez al mes con el psiquiatra. Todo esto marca”, agregó.
Señaló que para sus nietos, quienes se convirtieron de manera abrupta en sus hijos, ha sido difícil principalmente por la edad que viven ahora, comentó Andrade.
“Los dos viven con restricciones, se vive con miedo de perder no sólo a Jade sino también a Caleb, es difícil para ellos perder su libertad, ellos quisieran tener toda la libertad del mundo y no la tienen, para todo tenemos protocolos”, explicó la activista.
En el caso de Jade, Norma Andrade afirmó que ella misma dice: “Yo sé que por tener el cuerpo que tengo, estoy en peligro de muerte”.
En esta ocasión la familia regresó a Juárez para asistir también a una reunión más del caso de Lilia Alejandra, programada para mañana en la Fiscalía Zona Norte.
El caso de la joven fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sólo falta que esa instancia emita los resultados para que se turne a la Corte Interamericana en Costa Rica.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA (REPORTAJE ESPECIAL).
Andrade regresó este 14 de febrero a Ciudad Juárez junto con sus nietos Jade y Caleb, hijos de Lilia Alejandra, para conmemorar un aniversario más de la tragedia que cambió sus vidas.
Acompañados de madres de otras jóvenes desaparecidas o asesinadas en Juárez, los tres distribuyeron paletas con la imagen de Lilia Alejandra y mensajes preventivos dirigidos a las mujeres juarenses.
Lilia Alejandra García tenía 17 años cuando desapareció en el centro de Juárez el 14 de febrero de 2001.
Hoy su familia asistió a una celebración eucarística y posteriormente acudió al lugar donde fue encontrado su cuerpo, tres días después de su desaparición, en las avenidas Heroico Colegio Militar y Tecnológico.
“Ahí colocamos una mampara con la imagen de mi hija, en el predio donde localizaron el cuerpo, para iniciar la campaña ‘¿Quieres saber qué pasó aquí?’ Colocamos una semblanza de ella con un reclamo de justicia para hacer un recuento histórico de todo lo que aún sucede en la ciudad, para las siguientes generaciones”, dijo Norma Andrade.
Convertida en activista, Jade, de 15 años, señaló que el mensaje que llevaron a otras jóvenes juarenses es que tengan cuidado con el uso de las redes sociales porque es otra herramienta que usan los criminales para raptar mujeres.
“Ya son 14 años, creo que ahora sigue siendo más de lo mismo, hay demasiadas desaparecidas, demasiada negligencia, demasiada deficiencia por parte de las autoridades. A Juárez se le sigue dando atole con el dedo”, consideró Norma Andrade.
Agregó que a 14 años de la muerte de su hija las cosas han sido muy difíciles, principalmente para los niños, porque a pesar de se han adaptado a la ciudad y a la escuela donde están actualmente (en Estados Unidos), “es difícil porque es un cambio muy brusco”.
Andrade explicó que la familia se fragmentó, ya que algunos integrantes viven en el centro del país, otros en Estados Unidos y otros más se quedaron en Juárez.
La activista sufrió un atentado en febrero de 2012 y ha recibido amenazas por buscar justicia para Lilia Alejandra. También su otra hija, Malú García Andrade, ha sido amenazada, y durante años ha vivido resguardada por agentes federales.
Aunque Andrade perdió la elasticidad en uno de sus brazos, luego del atentado, indicó que la mayor afectación para ella y su familia ha sido la psicológica.
Tanto la muerte de Lilia Alejandra García como el atentado contra Norma Andrade continúan impunes y no hay personas detenidas.
“A raíz del atentado tengo problemas de salud, soy hipertensa y diabética, enfermedades que no tenía. Aparte tenemos que ir al psiquiatra toda la familia. Los niños acuden dos veces por semana con el psicólogo y una vez al mes con el psiquiatra. Todo esto marca”, agregó.
Señaló que para sus nietos, quienes se convirtieron de manera abrupta en sus hijos, ha sido difícil principalmente por la edad que viven ahora, comentó Andrade.
“Los dos viven con restricciones, se vive con miedo de perder no sólo a Jade sino también a Caleb, es difícil para ellos perder su libertad, ellos quisieran tener toda la libertad del mundo y no la tienen, para todo tenemos protocolos”, explicó la activista.
En el caso de Jade, Norma Andrade afirmó que ella misma dice: “Yo sé que por tener el cuerpo que tengo, estoy en peligro de muerte”.
En esta ocasión la familia regresó a Juárez para asistir también a una reunión más del caso de Lilia Alejandra, programada para mañana en la Fiscalía Zona Norte.
El caso de la joven fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sólo falta que esa instancia emita los resultados para que se turne a la Corte Interamericana en Costa Rica.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA (REPORTAJE ESPECIAL).
Evidenciada, la PGR se lanza contra los forenses argentinos
Si no lo hace con las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, o con las familias de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, o con la indignada opinión pública extranjera y mexicana, o con organismos mundiales como la ONU, el gobierno de Enrique Peña Nieto arremete entonces contra los expertos que invitó para que auxiliaran en el esclarecimiento de los hechos de Iguala; es el caso del Equipo Argentino de Antropología Forense. Un especialista de la ONU afirma que en sus 20 años de trabajo en derechos humanos nunca escuchó cuestionamientos de gobiernos hacia la integridad científica y profesional del EAAF como ahora los hace México.
MÉXICO, D.F: Durante más de una década de trabajo en México, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se ha convertido en un testigo incómodo para las autoridades mexicanas. Desde que participó en las investigaciones de los llamados feminicidios en Ciudad Juárez, pasando por las masacres de migrantes en Tamaulipas o en el caso Ayotzinapa, ha señalado el desaseo de la justicia mexicana en la búsqueda, exhumación e identificación de restos.
Su crítica sobre los procedimientos forenses ha sido lanzada en cortes internacionales o quedó plasmada en informes finales de las misiones a las que ha sido invitado. La última exhibida públicamente fue el informe final que presentó a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, del que se desprende que “la verdad histórica” planteada el 27 de enero por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para cerrar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, es insostenible pues le falta rigor científico.
El informe deja entrever que, con tal de hacer cuadrar la versión oficial de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, la PGR forzó resultados, ocultó información y apresuró conclusiones, además de cometer errores que pusieron en riesgo la identificación de los restos recogidos en el Río San Juan y enviados a Austria para su análisis.
El informe de la EAAF insistió también en que no le consta de dónde salió el hueso del estudiante Alexander Mora Venancio, el único identificado con pruebas genéticas, ya que el equipo no estuvo presente al momento en que unos buzos de la Marina supuestamente lo rescató del Río San Juan. Refierió que tampoco le ha sido mostrada la cadena de custodia de esa diligencia con el reporte exacto de los hechos.
“Simplificaron enormemente la evidencia y sólo vieron una posibilidad que tiende a coincidir con la historia que presentaron. Usan la ciencia para justificar los testimonios (aportados por los sicarios) en vez de usarlos para contrastar”, declaró ese día un integrante del equipo consultado por la reportera.
“La evidencia física debe ser interpretada en todas sus posibilidades, sin dar preferencia a aquellas interpretaciones que sólo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados”, indicaba su explosivo informe dado a conocer el sábado 7.
Ese día el equipo hizo público que la PGR erró en 20 de 134 perfiles genéticos de los familiares enviados a Austria; omitió decir que el basurero –donde supuestamente fueron calcinados los 43 estudiantes– ha sido un lugar de quema desde hace cuatro años y que al menos contenía el cadáver de una persona que no es ninguna de los estudiantes (por lo que las evidencias presentadas por la dependencia pueden corresponder a otros eventos o personas); recolectó evidencias balísticas y tierra a espaldas del EAAF, y dejó sin vigilancia el basurero, a pesar de ser un “sitio clave” para la investigación, “entre otras serias dificultades”.
En el comentario que ese miembro del equipo hizo a la reportera (el EAAF no acostumbra dar entrevistas) señaló: “No íbamos a hacer esto público. Lo normal hubiera sido que los dos equipos hubiéramos presentado nuestras conclusiones al mismo tiempo, al final de la investigación, pero con lo dicho en la conferencia no nos dejaron otra opción”. Se refería a las declaraciones de Murillo señalando que el equipo sí estuvo presente durante todo el proceso y que más de 100 peritos mexicanos avalan su dicho.
La respuesta de la PGR fue a través de un comunicado difundido el lunes 9; en éste criticó al prestigiado equipo forense, al que, en pocas palabras, le contestó que no debía entrometerse, que carecía de expertos como los de PGR y que extralimitaba sus facultades al querer estar en todo el proceso.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1998, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
MÉXICO, D.F: Durante más de una década de trabajo en México, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se ha convertido en un testigo incómodo para las autoridades mexicanas. Desde que participó en las investigaciones de los llamados feminicidios en Ciudad Juárez, pasando por las masacres de migrantes en Tamaulipas o en el caso Ayotzinapa, ha señalado el desaseo de la justicia mexicana en la búsqueda, exhumación e identificación de restos.
Su crítica sobre los procedimientos forenses ha sido lanzada en cortes internacionales o quedó plasmada en informes finales de las misiones a las que ha sido invitado. La última exhibida públicamente fue el informe final que presentó a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, del que se desprende que “la verdad histórica” planteada el 27 de enero por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para cerrar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, es insostenible pues le falta rigor científico.
El informe deja entrever que, con tal de hacer cuadrar la versión oficial de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, la PGR forzó resultados, ocultó información y apresuró conclusiones, además de cometer errores que pusieron en riesgo la identificación de los restos recogidos en el Río San Juan y enviados a Austria para su análisis.
El informe de la EAAF insistió también en que no le consta de dónde salió el hueso del estudiante Alexander Mora Venancio, el único identificado con pruebas genéticas, ya que el equipo no estuvo presente al momento en que unos buzos de la Marina supuestamente lo rescató del Río San Juan. Refierió que tampoco le ha sido mostrada la cadena de custodia de esa diligencia con el reporte exacto de los hechos.
“Simplificaron enormemente la evidencia y sólo vieron una posibilidad que tiende a coincidir con la historia que presentaron. Usan la ciencia para justificar los testimonios (aportados por los sicarios) en vez de usarlos para contrastar”, declaró ese día un integrante del equipo consultado por la reportera.
“La evidencia física debe ser interpretada en todas sus posibilidades, sin dar preferencia a aquellas interpretaciones que sólo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados”, indicaba su explosivo informe dado a conocer el sábado 7.
Ese día el equipo hizo público que la PGR erró en 20 de 134 perfiles genéticos de los familiares enviados a Austria; omitió decir que el basurero –donde supuestamente fueron calcinados los 43 estudiantes– ha sido un lugar de quema desde hace cuatro años y que al menos contenía el cadáver de una persona que no es ninguna de los estudiantes (por lo que las evidencias presentadas por la dependencia pueden corresponder a otros eventos o personas); recolectó evidencias balísticas y tierra a espaldas del EAAF, y dejó sin vigilancia el basurero, a pesar de ser un “sitio clave” para la investigación, “entre otras serias dificultades”.
En el comentario que ese miembro del equipo hizo a la reportera (el EAAF no acostumbra dar entrevistas) señaló: “No íbamos a hacer esto público. Lo normal hubiera sido que los dos equipos hubiéramos presentado nuestras conclusiones al mismo tiempo, al final de la investigación, pero con lo dicho en la conferencia no nos dejaron otra opción”. Se refería a las declaraciones de Murillo señalando que el equipo sí estuvo presente durante todo el proceso y que más de 100 peritos mexicanos avalan su dicho.
La respuesta de la PGR fue a través de un comunicado difundido el lunes 9; en éste criticó al prestigiado equipo forense, al que, en pocas palabras, le contestó que no debía entrometerse, que carecía de expertos como los de PGR y que extralimitaba sus facultades al querer estar en todo el proceso.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1998, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.
La ONU, despreciada por el gobierno de Peña Nieto
Las recomendaciones de Naciones Unidas al gobierno de Enrique Peña Nieto en cuanto a desapariciones forzadas se basan en las obligaciones que asumió su país al haber ratificado en 2008 la convención internacional sobre el tema. La aseveración corresponde al relator de la ONU en la materia para el caso de México, Luciano Hazan, quien en el contexto de las descalificaciones y la pobreza argumentativa del gobierno y la cúpula militar peñanietistas a dichas recomendaciones aclara: “Lo que el comité está haciendo es simplemente traducir en recomendación tales compromisos.”
BRUSELAS: En vez de aceptar las recomendaciones que emitió el viernes 13 el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el gobierno de Enrique Peña Nieto optó por descalificar la actuación de esa instancia, pues, sostuvo, “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”.
Si bien el relator para el caso de México de ese comité, Luciano Hazan, conviene en que el Estado mexicano tiene el derecho de evaluar las recomendaciones emitidas por dicha instancia de Naciones Unidas, advierte lo siguiente:
“Lo que debe quedar claro es que nuestras recomendaciones están basadas en las obligaciones que asumió México al haber ratificado (en 2008) la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CID). Lo que el comité está haciendo es simplemente traducir en recomendación tales compromisos.”
El martes 3 el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, José Antonio Meade, declaró que “el país está en libertad de ponderar (las recomendaciones) conforme a sus propias circunstancias, y de ponderar cuál de ellas efectivamente contribuirá a generar un mejor entorno”, de acuerdo con una nota del diario El Universal.
“México cumplió, reportó y respondió a diferentes cuestionamientos e interrogantes. Lo hizo por espacio de dos días y estará atento a recibir las recomendaciones”, abundó Meade refiriéndose al examen al que se sometió el gobierno mexicano –el 2 y 3 de febrero en la sede del CDF-ONU, en Ginebra, Suiza– en torno al cumplimiento de la CID.
En entrevista con Proceso, Hazan expone que el CDF-ONU espera que el gobierno del presidente Peña Nieto acepte las sugerencias y “continúe su diálogo” con esa instancia de Naciones Unidas.
“Si el Estado tiene alguna dificultad para instaurarlas, el comité también puede escuchar cuál podría ser la dificultad y ejercer una recomendación posterior”, explica el relator argentino; enfatiza que el CDF-ONU “no es un tribunal jurisdiccional” y trabaja “de manera constructiva con los Estados”, pues “está orientado a proteger a las víctimas”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1998)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCO APPEL Y MATHIEU TOURLIERE
BRUSELAS: En vez de aceptar las recomendaciones que emitió el viernes 13 el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el gobierno de Enrique Peña Nieto optó por descalificar la actuación de esa instancia, pues, sostuvo, “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”.
Si bien el relator para el caso de México de ese comité, Luciano Hazan, conviene en que el Estado mexicano tiene el derecho de evaluar las recomendaciones emitidas por dicha instancia de Naciones Unidas, advierte lo siguiente:
“Lo que debe quedar claro es que nuestras recomendaciones están basadas en las obligaciones que asumió México al haber ratificado (en 2008) la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CID). Lo que el comité está haciendo es simplemente traducir en recomendación tales compromisos.”
El martes 3 el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, José Antonio Meade, declaró que “el país está en libertad de ponderar (las recomendaciones) conforme a sus propias circunstancias, y de ponderar cuál de ellas efectivamente contribuirá a generar un mejor entorno”, de acuerdo con una nota del diario El Universal.
“México cumplió, reportó y respondió a diferentes cuestionamientos e interrogantes. Lo hizo por espacio de dos días y estará atento a recibir las recomendaciones”, abundó Meade refiriéndose al examen al que se sometió el gobierno mexicano –el 2 y 3 de febrero en la sede del CDF-ONU, en Ginebra, Suiza– en torno al cumplimiento de la CID.
En entrevista con Proceso, Hazan expone que el CDF-ONU espera que el gobierno del presidente Peña Nieto acepte las sugerencias y “continúe su diálogo” con esa instancia de Naciones Unidas.
“Si el Estado tiene alguna dificultad para instaurarlas, el comité también puede escuchar cuál podría ser la dificultad y ejercer una recomendación posterior”, explica el relator argentino; enfatiza que el CDF-ONU “no es un tribunal jurisdiccional” y trabaja “de manera constructiva con los Estados”, pues “está orientado a proteger a las víctimas”.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1998)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCO APPEL Y MATHIEU TOURLIERE
Ebrard y Bejarano quedan fuera
Ni el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal ni René Bejarano irán por una diputación plurinominal. El Consejo Nacional del PRD también dejó fuera al actor Sergio Mayer.
Marcelo Ebrard Casaubón, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, y René Bejarano, dirigente de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), quedaron fuera de las listas de candidatos a una diputación federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En la sesión de su Consejo Nacional, las corrientes mayoritarias en el PRD, Nueva Izquierda y Alternativa Democrática Nacional (ADN), decidieron darle una posición en las listas plurinominales a cuadros de esas “tribus” y a algunos personajes externos.
Marcelo Ebrard cabildeó fuertemente su postulación como candidato plurinominal ante los órganos del partido. Sin embargo, los órganos de la dirigencia perredista maniobraron para que no se concretara su ubicación en las listas.
El ex jefe de Gobierno había dicho que, de llegar a una diputación, llevaría una “verdadera voz de oposición” al Congreso.
Agustín Guerrero, representante de la corriente Movimiento Progresista, creada por Ebrard, acusó que se trató de una maniobra orquestada desde el Gobierno Federal y que en los lugares con una curul asegurada quedaron miembros de la burocracia del partido y no verdaderos representantes sociales.
Ebrard ha acusado al Ejecutivo de haber comenzado los ataques en su contra por el tema de la Línea 12 porque, dijo, se sospecha que él filtró la información sobre la casa de Angélica Rivera en Lomas de Chapultepec.
René Bejarano, el exfuncionario del jefe de Gobierno conocido como “El señor de las ligas”, dirige una de las corrientes más numerosas y aguerridas del PRD y tampoco logró su colocación en las listas.
Quedaron fuera de las listas también Jesús Ortega, cercano a Nueva Izquierda, grupo dominante en el partido; y Antonio Attolini, quien fuera uno de los dirigentes del movimiento #Yosoy132 y cuya nominación fue cuestionada por otros activistas.
En el lugar que Marcelo Ebrard pretendía conseguir, el primero de la cuarta circunscripción, quedó Jesús Zambrano, exdirigente nacional del PRD y a quien se ha acusado de haberse reunido con José Luis Abarca, alcalde de Iguala, Guerrero, apenas unas horas después de haber sucedido la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Los codiciados lugares
El orden de los primeros lugares de las codiciadas nominaciones quedó así:
Por la primer circunscripción, conformada por los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Jalisco, y Nayarit, quedaron el exdirigente partidista Guadalupe Acosta Naranjo; Hortensia Aragón, exsecretaria general del PRD; y Juan Carlos Guerrero, presidente del PRD en Jalisco.
Para la segunda circunscripción, en la que se encuentran los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, quedó en primer lugar Agustín Basave, académico de la Universidad Iberoamericana, le siguen Tania Victoria Arvijo y Waldo Fernández González.
A la tercera circunscripción, por los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, van Candelario Pérez, presidente del PRD en Tabasco; la segunda posición quedó pendiente; y en la tres va Felipe Reyes Álvarez, presidente del PRD en el Loma Bonita, Oaxaca.
En la cuarta circunscripción, conformada por el Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, quedaron Jesús Zambrano, expresidente nacional del PRD; Cristina Gaytán Hernández, directora de Formación Política del PRD y exesposa de Martí Batres (líder de Morena) y Luis Maldonado Venegas.
La cuarta circunscripción es donde más votos recibe el PRD.
Finalmente, por la quinta circunscripción en la que están Colima Hidalgo, el Estado de México y Michoacán, quedaron Omar Ortega, presidente del PRD en el Estado de México; Karen Hurtado; y Tomás Octaviano, del PRD Estado de México.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Marcelo Ebrard Casaubón, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, y René Bejarano, dirigente de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), quedaron fuera de las listas de candidatos a una diputación federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En la sesión de su Consejo Nacional, las corrientes mayoritarias en el PRD, Nueva Izquierda y Alternativa Democrática Nacional (ADN), decidieron darle una posición en las listas plurinominales a cuadros de esas “tribus” y a algunos personajes externos.
Marcelo Ebrard cabildeó fuertemente su postulación como candidato plurinominal ante los órganos del partido. Sin embargo, los órganos de la dirigencia perredista maniobraron para que no se concretara su ubicación en las listas.
El ex jefe de Gobierno había dicho que, de llegar a una diputación, llevaría una “verdadera voz de oposición” al Congreso.
Agustín Guerrero, representante de la corriente Movimiento Progresista, creada por Ebrard, acusó que se trató de una maniobra orquestada desde el Gobierno Federal y que en los lugares con una curul asegurada quedaron miembros de la burocracia del partido y no verdaderos representantes sociales.
Ebrard ha acusado al Ejecutivo de haber comenzado los ataques en su contra por el tema de la Línea 12 porque, dijo, se sospecha que él filtró la información sobre la casa de Angélica Rivera en Lomas de Chapultepec.
René Bejarano, el exfuncionario del jefe de Gobierno conocido como “El señor de las ligas”, dirige una de las corrientes más numerosas y aguerridas del PRD y tampoco logró su colocación en las listas.
Quedaron fuera de las listas también Jesús Ortega, cercano a Nueva Izquierda, grupo dominante en el partido; y Antonio Attolini, quien fuera uno de los dirigentes del movimiento #Yosoy132 y cuya nominación fue cuestionada por otros activistas.
En el lugar que Marcelo Ebrard pretendía conseguir, el primero de la cuarta circunscripción, quedó Jesús Zambrano, exdirigente nacional del PRD y a quien se ha acusado de haberse reunido con José Luis Abarca, alcalde de Iguala, Guerrero, apenas unas horas después de haber sucedido la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Los codiciados lugares
El orden de los primeros lugares de las codiciadas nominaciones quedó así:
Por la primer circunscripción, conformada por los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Jalisco, y Nayarit, quedaron el exdirigente partidista Guadalupe Acosta Naranjo; Hortensia Aragón, exsecretaria general del PRD; y Juan Carlos Guerrero, presidente del PRD en Jalisco.
Para la segunda circunscripción, en la que se encuentran los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, quedó en primer lugar Agustín Basave, académico de la Universidad Iberoamericana, le siguen Tania Victoria Arvijo y Waldo Fernández González.
A la tercera circunscripción, por los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, van Candelario Pérez, presidente del PRD en Tabasco; la segunda posición quedó pendiente; y en la tres va Felipe Reyes Álvarez, presidente del PRD en el Loma Bonita, Oaxaca.
En la cuarta circunscripción, conformada por el Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, quedaron Jesús Zambrano, expresidente nacional del PRD; Cristina Gaytán Hernández, directora de Formación Política del PRD y exesposa de Martí Batres (líder de Morena) y Luis Maldonado Venegas.
La cuarta circunscripción es donde más votos recibe el PRD.
Finalmente, por la quinta circunscripción en la que están Colima Hidalgo, el Estado de México y Michoacán, quedaron Omar Ortega, presidente del PRD en el Estado de México; Karen Hurtado; y Tomás Octaviano, del PRD Estado de México.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Una familia con ‘suerte’
Durante años, los Aguirre tuvieron en Guerrero las arcas abiertas. Con la detención de dos familiares del gobernador con licencia Ángel Aguirre acusados de desvío de recursos, su ‘buena suerte’ parece estar cambiando.
A diferencia de hace cuatro meses cuando aseguró que su conciencia estaba tranquila, hoy Ángel Aguirre Rivero difícilmente duerme en paz.
El cerco que rodea al gobernador con licencia de Guerrero se cierra cada vez más.
Primero, la presión mediática por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas lo obliga a pedir licencia a la gubernatura de Guerrero.
Después, la captura de dos familiares y un exfuncionario de su administración -acusados operaciones con recursos de procedencia ilícita- lo orilla a renunciar al PRD.
“Yo lo dejo bien claro, tengo mis manos limpias no tengo nada de que avergonzarme, ni mi familia, ni mis hijos, ni mi esposa”, dijo Aguirre Rivero en octubre del 2014, días antes de pedir licencia a su cargo.
El martes de la semana pasada, su hermano, Carlos Mateo Aguirre Rivero, y su sobrino Luis Ángel Aguirre Pérez fueron aprehendidos señalados de desviar 287 millones 12 mil 594 pesos del erario local y federal.
Pero no son los únicos familiares del gobernador con licencia que están bajo la lupa. Y es que las posibilidades de que algún pariente de Aguirre Rivero resulte implicado en algún asunto político en Guerrero son amplias.
En noviembre del 2011, SinEmbargo publicó una investigación en la que reveló que durante su administración Aguirre Rivero tuvo 38 familiares directos en la nómina del Gobierno del Estado de Guerrero, entre hermanos, tíos, primos y sobrinos, sin considerar a algunos cuñados.
“De estos familiares, 13 son encargados de manejar y recaudar recursos públicos de forma directa. Tan solo los 38 familiares directos del gobernador Aguirre (…) le cuestan a la entidad –y directamente a los guerrerenses– un total de 1 millón 110 mil 643.22 pesos mensuales. Esto sin contar prestaciones como aguinaldos, bonos, vales de despensa y gasolina, entre otros”, refirió el reportaje.
Pero entre toda esa genealogía política de Aguirre Rivera hay un nombre que resalta. El de Ernesto Aguirre Gutiérrez.
Desde hace años, el sobrino del ahora exmilitante del PRD ha sido mencionado como el verdadero encargado de llevar las riendas del gobierno en Guerrero.
Aguirre Gutiérrez pavimentó el camino a esa posición desde que era subdelegado del ISSSTE, de donde salió acusado de desviar recursos millonarios para respaldar la campaña de Ángel Aguirre Herrera, hijo del gobernador con licencia.
“Trabajadores sindicalizados del ISSSTE denunciaron al subdelegado de Prestaciones, Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez, de desviar recursos millonarios de la institución para respaldar la campaña de su primo hermano, Ángel Aguirre Herrera, candidato del PRI a diputado federal por el distrito 8 de Costa Chica”, reveló La Jornada en mayo del 2009.
Pese a eso, Aguirre Rivero lo nombró Coordinador de Proyectos Estratégicos durante su administración, aunque en mayo del 2012, fue despedido junto con otras nueve personas, señaladas de estar en su Gobierno del Estado como una muestra de nepotismo.
Sin embargo, Aguirre Gutiérrez permaneció como “asesor externo” del entonces gobernador.
Era él quien tomaba decisiones a nombre de su tío y por encima de los secretarios del gabinete.
Cuando se conoció de la existencia de las autodefensas en Guerrero, no fue Aguirre Rivero quien salió a negociar con los civiles armados. Fue Aguirre Gutiérrez quien se reunió con los inconformes.
Lo mismo sucedió luego de la tragedia de Iguala. Fue el sobrino del ahora gobernador con licencia quien encabezó las reuniones entre funcionarios y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Se dijo que Aguirre Gutiérrez mantuvo su sueldo, sus oficinas en Casa Guerrero, y que además disponía de personal a su mando, además de vehículos blindados del gobierno estatal.
El hijo desobediente
En medio de la tormenta que se vive en el seno de la familia Aguirre, Ángel Aguirre Herrera -hijo del gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero- no declinará a sus aspiraciones como precandidato del PRD a la alcaldía de Acapulco, dijo Bulmaro Cabrera, líder de la corriente Izquierda Progresista por Guerrero (IPG).
A pesar de la renuncia de Aguirre Rivero al partido del sol azteca, el también secretario del Comité Municipal del PRD aseguró que eso no tiene por qué afectar a su hijo.
“Hasta ahorita Ángel Aguirre Herrera está dentro de la vida orgánica del partido y también en sus aspiraciones políticas”, sostuvo.
Días antes, el senador Miguel Barbosa había dicho que la candidatura de Aguirre Herrera debía descartarse.
“Yo no veo al hijo de candidato en ningún lado dentro del PRD, los Aguirre en Guerrero ya no tienen partido. Eso sí me parecería equivocado ante este escenario, que el hijo de Ángel Aguirre apareciera de candidato del partido en este momento”, acotó el coordinador del PRD en la Cámara Alta.
Nexo con el narco
A principios de octubre del 2014, la aparición de al menos tres mantas dirigidas en las que se acusaba al gobernador Ángel Aguirre Rivero de presuntos nexos con la delincuencia organizada fueron colocadas en estratégicos puntos de Acapulco.
“Sr. Presidente Peña Nieto ya la ciudadanía Acapulqueña ya estamos artos (sic) de tanta delincuencia que se vive en el pueblo gracias a Víctor Aguirre alias ‘El Feo’ apoyado por su primo el gobernador Ángel Aguirre Rivero quien lo apoya”, se leía en una de ellas.
Otro de los mensajes advertía que solo Aguirre Rivero podía detener a los cárteles locales.
“Solo tú vas a detener la guerra deteniendo a tu primo Víctor Aguirre; de no ser así, esta guerra seguirá”.
Aguirre Rivero negó cualquier vínculo con la delincuencia y aseguró que su gobierno la combatió desde el primer día.
Ya en el 2009 se había exhibido la presunta relación familiar entre “El Feo” -un expolicía federal que estuvo preso por narcotráfico- y Aguirre Rivero.
En aquella ocasión, dos mantas fueron colocadas en distintos puntos de Acapulco.
El mensaje señalaba que Víctor Aguirre, estando preso, gozaba de protección oficial y fue señalado de controlar la venta de droga al interior de la cárcel de Las Cruces.
Dos años después, en enero del 2011, el gobernador con licencia volvió a ser vinculado con el narcotráfico.
Aguirre Rivero era candidato de la izquierda a la gubernatura, y a tres días de la elección, fueron colocadas dos narcomantas en el puerto. El nombre de Víctor Aguirre volvió a aparecer.
Días después, un comando rafagueó tres residencias ubicadas en el fraccionamiento Las Playas, una de ellas marcada con el número 71 y la leyenda “Casa Aguirre”.
De acuerdo a una nota de Proceso, el inmueble era propiedad de Rafael Aguirre Añorve, primo de Aguirre Rivero.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
A diferencia de hace cuatro meses cuando aseguró que su conciencia estaba tranquila, hoy Ángel Aguirre Rivero difícilmente duerme en paz.
El cerco que rodea al gobernador con licencia de Guerrero se cierra cada vez más.
Primero, la presión mediática por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas lo obliga a pedir licencia a la gubernatura de Guerrero.
Después, la captura de dos familiares y un exfuncionario de su administración -acusados operaciones con recursos de procedencia ilícita- lo orilla a renunciar al PRD.
“Yo lo dejo bien claro, tengo mis manos limpias no tengo nada de que avergonzarme, ni mi familia, ni mis hijos, ni mi esposa”, dijo Aguirre Rivero en octubre del 2014, días antes de pedir licencia a su cargo.
El martes de la semana pasada, su hermano, Carlos Mateo Aguirre Rivero, y su sobrino Luis Ángel Aguirre Pérez fueron aprehendidos señalados de desviar 287 millones 12 mil 594 pesos del erario local y federal.
Pero no son los únicos familiares del gobernador con licencia que están bajo la lupa. Y es que las posibilidades de que algún pariente de Aguirre Rivero resulte implicado en algún asunto político en Guerrero son amplias.
En noviembre del 2011, SinEmbargo publicó una investigación en la que reveló que durante su administración Aguirre Rivero tuvo 38 familiares directos en la nómina del Gobierno del Estado de Guerrero, entre hermanos, tíos, primos y sobrinos, sin considerar a algunos cuñados.
“De estos familiares, 13 son encargados de manejar y recaudar recursos públicos de forma directa. Tan solo los 38 familiares directos del gobernador Aguirre (…) le cuestan a la entidad –y directamente a los guerrerenses– un total de 1 millón 110 mil 643.22 pesos mensuales. Esto sin contar prestaciones como aguinaldos, bonos, vales de despensa y gasolina, entre otros”, refirió el reportaje.
Pero entre toda esa genealogía política de Aguirre Rivera hay un nombre que resalta. El de Ernesto Aguirre Gutiérrez.
Desde hace años, el sobrino del ahora exmilitante del PRD ha sido mencionado como el verdadero encargado de llevar las riendas del gobierno en Guerrero.
Aguirre Gutiérrez pavimentó el camino a esa posición desde que era subdelegado del ISSSTE, de donde salió acusado de desviar recursos millonarios para respaldar la campaña de Ángel Aguirre Herrera, hijo del gobernador con licencia.
“Trabajadores sindicalizados del ISSSTE denunciaron al subdelegado de Prestaciones, Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez, de desviar recursos millonarios de la institución para respaldar la campaña de su primo hermano, Ángel Aguirre Herrera, candidato del PRI a diputado federal por el distrito 8 de Costa Chica”, reveló La Jornada en mayo del 2009.
Pese a eso, Aguirre Rivero lo nombró Coordinador de Proyectos Estratégicos durante su administración, aunque en mayo del 2012, fue despedido junto con otras nueve personas, señaladas de estar en su Gobierno del Estado como una muestra de nepotismo.
Sin embargo, Aguirre Gutiérrez permaneció como “asesor externo” del entonces gobernador.
Era él quien tomaba decisiones a nombre de su tío y por encima de los secretarios del gabinete.
Cuando se conoció de la existencia de las autodefensas en Guerrero, no fue Aguirre Rivero quien salió a negociar con los civiles armados. Fue Aguirre Gutiérrez quien se reunió con los inconformes.
Lo mismo sucedió luego de la tragedia de Iguala. Fue el sobrino del ahora gobernador con licencia quien encabezó las reuniones entre funcionarios y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Se dijo que Aguirre Gutiérrez mantuvo su sueldo, sus oficinas en Casa Guerrero, y que además disponía de personal a su mando, además de vehículos blindados del gobierno estatal.
El hijo desobediente
En medio de la tormenta que se vive en el seno de la familia Aguirre, Ángel Aguirre Herrera -hijo del gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero- no declinará a sus aspiraciones como precandidato del PRD a la alcaldía de Acapulco, dijo Bulmaro Cabrera, líder de la corriente Izquierda Progresista por Guerrero (IPG).
A pesar de la renuncia de Aguirre Rivero al partido del sol azteca, el también secretario del Comité Municipal del PRD aseguró que eso no tiene por qué afectar a su hijo.
“Hasta ahorita Ángel Aguirre Herrera está dentro de la vida orgánica del partido y también en sus aspiraciones políticas”, sostuvo.
Días antes, el senador Miguel Barbosa había dicho que la candidatura de Aguirre Herrera debía descartarse.
“Yo no veo al hijo de candidato en ningún lado dentro del PRD, los Aguirre en Guerrero ya no tienen partido. Eso sí me parecería equivocado ante este escenario, que el hijo de Ángel Aguirre apareciera de candidato del partido en este momento”, acotó el coordinador del PRD en la Cámara Alta.
Nexo con el narco
A principios de octubre del 2014, la aparición de al menos tres mantas dirigidas en las que se acusaba al gobernador Ángel Aguirre Rivero de presuntos nexos con la delincuencia organizada fueron colocadas en estratégicos puntos de Acapulco.
“Sr. Presidente Peña Nieto ya la ciudadanía Acapulqueña ya estamos artos (sic) de tanta delincuencia que se vive en el pueblo gracias a Víctor Aguirre alias ‘El Feo’ apoyado por su primo el gobernador Ángel Aguirre Rivero quien lo apoya”, se leía en una de ellas.
Otro de los mensajes advertía que solo Aguirre Rivero podía detener a los cárteles locales.
“Solo tú vas a detener la guerra deteniendo a tu primo Víctor Aguirre; de no ser así, esta guerra seguirá”.
Aguirre Rivero negó cualquier vínculo con la delincuencia y aseguró que su gobierno la combatió desde el primer día.
Ya en el 2009 se había exhibido la presunta relación familiar entre “El Feo” -un expolicía federal que estuvo preso por narcotráfico- y Aguirre Rivero.
En aquella ocasión, dos mantas fueron colocadas en distintos puntos de Acapulco.
El mensaje señalaba que Víctor Aguirre, estando preso, gozaba de protección oficial y fue señalado de controlar la venta de droga al interior de la cárcel de Las Cruces.
Dos años después, en enero del 2011, el gobernador con licencia volvió a ser vinculado con el narcotráfico.
Aguirre Rivero era candidato de la izquierda a la gubernatura, y a tres días de la elección, fueron colocadas dos narcomantas en el puerto. El nombre de Víctor Aguirre volvió a aparecer.
Días después, un comando rafagueó tres residencias ubicadas en el fraccionamiento Las Playas, una de ellas marcada con el número 71 y la leyenda “Casa Aguirre”.
De acuerdo a una nota de Proceso, el inmueble era propiedad de Rafael Aguirre Añorve, primo de Aguirre Rivero.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
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