MÉXICO, D.F: Expreso mis reflexiones y divergencias en torno al artículo de Armando Bartra Votar o no votar: ¿he ahí el dilema? (La Jornada, 8 de febrero de 2015). Coincido con el breve diagnóstico que inicia su texto, al considerar que el gobierno de Peña Nieto ha colapsado.
No creo que pueda sustentarse, en cambio, que la renuncia del presidente haya sido la “bandera más flameante” del movimiento nacional por la vida de los jóvenes de Ayotzinapa.
Más bien constituyó una consigna que cobra fuerza entre algunos contingentes que participan en las marchas solidarias, la cual no necesariamente se formula como una demanda orgánica de los padres, normalistas y maestros de Guerrero, quienes se han centrado en la aparición con vida de los 43 jóvenes estudiantes, en el castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, en la exigencia de investigar a los militares y al entorno político más allá de Iguala y Cocula.
Tampoco puede afirmarse que una demanda generalizada del movimiento surgido en torno a la normal de Ayotzinapa sea no votar. Muchos agrupamientos sociales y comunidades en Guerrero y en el país, eso sí, han decidido instalar gobiernos autónomos que respondan a los intereses de los pueblos.
No puede afirmarse, como lo hace Bartra, que el movimiento en favor de una nueva Constitución está compuesto de “personajes principalmente de la izquierda eclesial”. Quienes asistimos el 5 de febrero a la reunión que echó a andar un proceso en esa dirección pudimos constatar la variedad de organizaciones y personas que participan en el esfuerzo, donde se distinguió la intensa actividad de numerosos jóvenes procedentes de todo el país. Identificarla con una asamblea de un “comité de honorables”, de “personalidades esclarecidas”, de “minorías politizadas”, de “vanguardistas doctrinarios”, es una falta a la verdad. Hubo un presídium conformado por personas conocidas públicamente, pero también por representantes de organizaciones y de numerosos estados de la República. El diagnóstico que se expuso en la reunión sobre el Estado mexicano fue fundado básicamente en la Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (enelvolcan.com/ número 34, noviembre-diciembre de 2014), en la que se sostiene la existencia de un desvío de poder que da lugar a un Estado criminal.
Dicho cuestionamiento al Estado y a sus corruptas y desfondadas instituciones es considerado por Bartra una “radicalización discursiva” y, todavía más, señala que éste “cuestionamiento integral” al sistema político mexicano dio un supuesto “respiro a Peña” y un “segundo aire al sistema”. Lo paradójico es que la Constituyente no ha planteado, como tal, una posición de boicot a las elecciones, e incluso ese punto del debate se dejó para que tuviera lugar en marzo.
No obstante, el enojo y regaño que proyecta esa interpretación radica en que el movimiento de padres, estudiantes y eventuales constituyentes, de acuerdo con Bartra, no va en la dirección políticamente correcta para el cambio de régimen: esto es, la combinación de elecciones y movilización social, como ha ocurrido –se afirma– en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, no se hace un análisis de mayor calado para explicar lo realmente acontecido en estos tres casos, esto es, las previas y francas rupturas del sistema político imperante por la irrupción de masivos movimientos indígenas, revoluciones ciudadanas o de naturaleza cívico-militar que desde abajo impusieron nuevas reglas del juego y se trasformaron, con esa fuerza inicial, en poderosas y enraizadas opciones electorales.
Además, no todos los procesos electorales tienen un carácter decisivo. Las elecciones de este año en el México de los crímenes de Estado son elecciones intermedias que evidentemente no traerán un cambio notable en la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión, en los Congresos locales, gubernaturas y otros cargos de elección popular. Tampoco se vislumbra una transformación de la naturaleza autoritaria, clientelar, corrupta y tramposa del sistema electoral mismo, con la coacción de la ciudadanía por patrones y sicarios, la compra del voto con dinero en efectivo, despensas, cemento o tarjetas de prepago, las encuestas que no miden sino norman intenciones de voto, la dictadura mediática que construye y destruye candidatos y que, de paso, se embolsa exorbitantes sumas de dinero; además de las autoridades y tribunales electorales omisos a cumplir con sus obligaciones y cómplices de esas prácticas de corrupción extendida y masiva.
Es verdad que no se trata de renunciar a ninguna forma de lucha social, incluyendo la electoral, ni al partido como instrumento organizativo al servicio de la trasformación social, siempre y cuando elecciones y partido tengan en los trabajadores y los pueblos su propósito y razón de ser. El fallecido presidente Hugo Chávez participó en los múltiples procesos electorales con abiertas posiciones socialistas, que refrendó en el último periodo 55% del electorado, con 80% de participación ciudadana.
Bartra subraya la falta de coordinación entre movimientos sociales y organizaciones electorales, como si no existiera en México una historia de varias décadas de luchas democráticas que establecieron por la vía del voto “gobiernos de izquierda” en varios estados de la República, incluyendo la capital, los que se corrompieron hasta perder su fisonomía, e incluso sus principios fundacionales, y no se distinguieron precisamente por ser ejemplos de cambio de régimen (Guerrero, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas); la profusión de críticas se hace como si no hubieran tenido lugar singulares procesos ciudadanos en defensa del voto, administrados finalmente por sus dirigentes en función de sus intereses personales, partidarios o de grupo, olvidando, de paso, los más de 600 muertos del PRD, entre las filas de los más pobres, principalmente.
Las izquierdas electorales mexicanas, pese a las traumáticas experiencias de 1988 y 2006, y sin que mediara una autocrítica sobre su actuación en esas coyunturas, no se organizaron ni tampoco organizaron a la sociedad para revertir el fraude que venía preparándose meses antes de las elecciones de 2012; entrampadas en la institucionalidad de la que forman parte, asumieron nuevamente –sin fundamento alguno– actitudes triunfalistas, mientras sus intelectuales, muchos de ellos ahora en Morena, perdieron el sentido de la crítica hacia su candidato a la Presidencia, sus posiciones equívocas en temas fundamentales y el contenido ambivalente de una campaña salvada no del todo por la irrupción juvenil del YoSoy132, que vino a darle una impronta inesperada. Esa izquierda que se alejó de los movimientos sociales importantes, como el de los pueblos indígenas (al que traicionó), o el que se pronuncia contra la renovada guerra sucia, o el que denuncia la abierta injerencia de Estados Unidos en nuestro país, firmó “pactos de civilidad” en 2012, a sabiendas de que los operativos fraudulentos de Peña Nieto estaban en marcha, y actuó durante la campaña muy amorosamente indulgente con grupos empresariales, clericales y con priistas recientemente conversos, entre ellos nada menos que quien en 1988 operó la “caída del sistema”; y otro caso significativo de acomodo fue el de quien fungió como subsecretario de Gobernación y hoy es gobernador de Tabasco.
Que Andrés Manuel López Obrador “lleva 10 años recorriendo el país, dialogando con la gente y creando una organización de ciudadanos”, como dice Bartra, no me queda duda. La pregunta es si esta organización de ciudadanos se ha enraizado en los movimientos populares y de resistencia, aparte de dedicarse a construir estructuras para el nuevo partido político, con sus eventuales prerrogativas económicas nada desdeñables y sus políticos profesionales que van conformando esa estructura partidaria. Si tomamos en cuenta el perfil de algunos precandidatos, como el secretario de Salud del gobierno de Aguirre, o el del empresario que ha militado en partidos de todo color y que en Morelos pretende ser gobernador por Morena, surgen algunas dudas. Según se ha venido conociendo, en otros estados los precandidatos o candidatos de Morena para las elecciones de este año son empresarios o “personalidades”, “gente famosa”, sin ninguna trayectoria de lucha ni relacionados orgánicamente con ningún movimiento social, mientras las plurinominales serán rifadas “para inhibir la ambición de la condición humana”. ¿Es con este tipo de candidaturas y procedimientos fortuitos que se pretende cambiar al mal gobierno y elegir uno bueno? ¿Que se busca crear poder popular abajo? ¿Es realmente Morena partido-movimiento?
Claro que todos quisiéramos para México potentes organizaciones sociales unificadas a organizaciones políticas que se ganen el apoyo masivo en las urnas porque no abandonan la calle; esta combinación que Bartra considera invencible y visionaria, verso y prosa. Desgraciadamente, no es el caso.
Pero el divorcio no provino del movimiento social que ha estado resistiendo, con muchos costos en vidas humanas, presos y desaparecidos, la criminalidad del poder y el embate de las corporaciones, que incluyen ambos al crimen organizado. La responsabilidad del rechazo al régimen de partidos de Estado, cada vez más extendida, recae en quienes no han sabido ganarse la confianza masiva de la ciudadanía a partir de su compromiso con las luchas populares del día a día, y no sólo para las coyunturas electorales, como la que ahora se aproxima.
Sin esperar a salvadores providenciales, los pueblos se organizan y buscan maneras inéditas de lucha y resistencia. Sin comparaciones que extrapolan situaciones, geografías, personajes y condiciones históricas disímiles, me pregunto: ¿Es realmente el dilema en México votar o no votar en este año 2015? No lo creo. Sin embargo, están en todo su derecho quienes quieren organizarse nuevamente por esa vía, y me refiero especialmente a las bases de Morena, siempre y cuando, se espera, sea por el bien del país y por las transformaciones de fondo que México necesita. El tiempo lo dirá.
En lo que sí coincido plenamente con Bartra es en el clamor que ha dado la vuelta al mundo: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS.
Las anomalías administrativas, así como el amiguismo y nepotismo en que incurrió Yoloxóchitl Bustamante cuando dirigió el Politécnico, no sólo arruinaron su proyecto de reformar la institución: contribuyeron a desatar el conflicto interno que, pese a la renuncia de ella y de 24 directores de plantel, todavía no se resuelve.
MÉXICO, D.F: Como directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante Díez contrató de manera discrecional a su exmarido y a su yerno, asignándoles pagos mensuales muy superiores al salario bruto de los investigadores mejor remunerados de la institución.
Desde el inicio de su gestión, Bustamante recibió una y otra vez observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por prácticas irregulares; fue acusada por investigadores, catedráticos y alumnos de beneficiar a sus allegados con cargos directivos para los que no eran aptos y sus excesos detonaron un movimiento estudiantil que, a cuatro meses de su renuncia, no termina de resolverse.
A través de solicitudes de acceso a la información fue posible obtener los contratos que por adjudicación directa suscribió el Canal Once, la televisora del IPN, con el exmarido de Bustamente Díez, Ernesto Humberto Lammoglia Ruiz.
El caso de Lammoglia no es el único de ese tipo registrado durante la administración de Bustamante Díez. La hija de ambos, Xanat Lammoglia Bustamante, es pareja y socia de José Andrés Amaya Romero, quien fue contratado personalmente por la hoy exdirectora del IPN como asesor.
Xanat y José Andrés son dueños de la empresa Bala Studio, cuya razón social no pudo ser localizada como tal. Dicha empresa se dedica al diseño decorativo cuya peculiaridad es la producción de “muebles eróticos”.
Con una larga trayectoria en la radio, dedicado a dar consejos y presentar temas de salud mental, en abril de 2012 Ernesto Lammoglia salió de Radio Fórmula, donde conducía el programa Lammoglia, la familia y usted. En aquel espacio y en Canal Once se presentó como médico cirujano y especialista en psiquiatría, aunque los contratos no registran profesión ni especialidad.
Al consultar el Registro Nacional de Profesiones, el doctor Lammoglia sólo aparece con cédula de médico cirujano, egresado en 1966 del IPN, pero no hay registro de su especialidad.
Así que el exesposo de Bustamente Díez fue contratado por ella sin especialidad legalmente registrada ni certificación, obteniendo ingresos tres veces superiores a los investigadores mejor pagados del IPN, es decir, los de tiempo completo…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1998 de la revista Proceso, ya en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
MÉXICO, D.F: Después de ser investido como candidato a jefe delegacional en Cuauhtémoc –elección clave en el Distrito Federal– por el partido Morena, el zacatecano Ricardo Monreal tiene claridad en lo que representa esta posición en su carrera política:
“Sé que en este proyecto de Morena me juego todo mi capital político, porque también puede representar mi tumba o, si ganamos y hacemos un buen gobierno, estaremos participando en el 2018 por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal”, indica en entrevista con Apro.
Durante un recorrido por tres colonias de la demarcación días antes de formalizarse su candidatura –acto que se realizó el sábado 14–, Monreal insiste en que tiene claridad en los riesgos en esta contienda.
“Lo que nos motiva y por lo que aceptamos es por un cambio verdadero”, señala al echar mano de una frase del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Enseguida asegura que no participa para obtener un cargo político, sino por la transformación de las instituciones.
“El país está en una profunda decadencia, en una crisis sistémica con una clase política pusilánime, mediocre, corrupta que no está al nivel, a la altura de las exigencias de un país que reclama justicia, combate a la corrupción, que reclama por qué se han profundizado los niveles de desigualdad, pobreza e impunidad”, denuncia.
Luego Monreal destaca los rezagos en la demarcación, que calificó como de abandonos de los delegados, el aumento de la inseguridad pública de manera preocupante y una corrupción desmedida.
“Donde quiera te hablan de la corrupción, de cómo todos los servicios se cobran, limpia, permisos, uso de suelo, seguridad, todo le cuesta al ciudadano, entonces se ha llegado a encarecer mucho el servicio público, y el hecho de que la gente está muy agraviada por todo esto se debe a una desviación de los principios que caracterizan a la izquierda”, acusa.
Contra el clientelismo del PRD
Monreal, quien ha vivido en la demarcación desde hace varios años, asegura que en sus recorridos por las colonias la gente se quejó del uso de programas sociales con fines electorales por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que ni siquiera atiende las demandas ciudadanas y, es más, tampoco recibe a los vecinos en los comités perredistas delegacionales.
Luego comenta la importancia de la delegación, que abarca desde el Templo Mayor hasta las sedes del Ejecutivo Federal, Palacio Nacional, jefe de gobierno local, plaza del Zócalo, el Senado, la Asamblea de Representantes, todo el sector financiero y el poder eclesiástico, incluida la Catedral Metropolitana.
Además, casi 50% de monumentos y museos se concentran en esa demarcación que cuenta con 2 mil 600 millones de presupuesto anual, 600 mil electores y por ella transitan diariamente 4 millones y medio de personas. Por eso, considera “clave” esta elección.
No obstante, celebra que perredistas de base se estén sumando a su campaña, así como miembros de Nueva Alianza (Panal), aunque la cúpula de esta última fuerza política ya realizó un acuerdo con el PRD capitalino para ir en alianza tanto en Cuauhtémoc como en Iztapalapa.
–¿Crees que se aliaron por temor a Morena?
–Sí, sin duda. Van a dos delegaciones a frenarnos y obviamente en esas dos demarcaciones hay alianza PRD-Panal. En el pasado me parecería imposible. Hasta el año pasado se sentían muy seguros. Yo creo que se están llevando una sorpresa.
–¿Crees que a Morena le va a ir bien en el DF?
–Yo creo que Morena va a ser la primera fuerza en el DF. Sin duda. Y creo que vamos a salir bien. Es un momento clave para todos. Es como una bola de nieve que se va formando y aumentando cada día. Nosotros vamos a construir una fuerza política sobre los escombros de la corrupción. Vamos a tener que destruir la corrupción que se ha anidado en muchos lugares de las delegaciones porque se han entronizado grupos políticos. No va a ser fácil. –acota.
El apoyo de Torres
A la campaña de Monreal se sumó el exdelegado y asambleísta Agustín Torres después de una fractura con Izquierda Democrática Nacional (IDN), la corriente liderada por René Bejarano, del PRD. Esto, para Monreal, significa que le están pegando “en la espina dorsal” a este grupo perredista.
En entrevista, Torres aclara por qué su rompimiento con Bejarano:
“Siento que ha habido una deformación de todos estos principios. Una pérdida de valores. Y cuándo empiezo a ver esto… Esto ya se descompuso, es el poder por el poder y a repartir el cargo a los amigos”, acusa.
Además de percibir la compra de votos internos o la intromisión del jefe de gobierno Miguel Angel Mancera en este proceso electoral, mediante Héctor Serrano, aspirante a diputado federal, Agustín Torres sostiene que el PRD “ya se perdió”.
También comenta que no quiso ser cómplice del partido. Y en el proceso electoral interno, por la candidatura, acusa, el delegado le cerró el paso y apoyó a José Luis Muñoz.
“Mi preocupación era que si es Muñoz no ganamos. Ya lo medí –en encuestas– y sus negativos son altos”, indicó para agregar que éste se desgastó como delegado. Ahí se dio la ruptura con Bejarano, comenta. Y decidió apoyar a Monreal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para expresarle su preocupación y rechazo por las declaraciones emitidas en un comunicado por parte de la dependencia en respuesta a las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) el pasado 13 de febrero.
A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), así como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” y la Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) entre otras organizaciones, le pidieron a Osorio Chong que se pronuncie públicamente sobre la importancia de las recomendaciones, así como que exprese claramente su voluntad para cumplir con las mismas.
Las organizaciones firmantes aseguran que las recomendaciones emitidas por la ONU “están apegadas a la realidad”.
“Hasta el momento, no tenemos una base de datos consolidada y fiable sobre personas desaparecidas; la impunidad es la regla en las investigaciones; la búsqueda rápida y efectiva de las personas desaparecidas (nacional y transnacional) es excepcional y, generalmente, se hace de manera tardía; no se otorgan reparaciones adecuadas; aún no tenemos una Ley General contra la Desaparición Forzada”.
El mismo día que la ONU emitió las recomendaciones, la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación emitió un boletín cuyo último párrafo señala:
Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención.
Es por ello que las organizaciones acusan que esta respuesta no sólo no toma en cuenta la realidad, sino que “viene en un contexto de incumplimientos en el proceso ante el Comité”
El Estado mexicano presentó de manera tardía e incompleta tanto su informe inicial como las respuestas a la lista de cuestiones emitida por el CED. La tardanza en la presentación del informe y la ausencia de respuesta a los requerimientos del Comité fueron registradas en el último informe de actividades de este órgano. De igual forma, el Comité ha solicitado hacer una visita a México, solicitud a la que el Estado ha negado respuesta.
Finalmente le piden a Osorio Chong que convoque, a la brevedad, “a las organizaciones de la sociedad civil y a otros actores involucrados, para avanzar el proceso de cumplimiento de las recomendaciones”.
También exigen que se garantice la seguridad de las personas que denuncian casos de desapariciones y haya justicia en los casos de asesinato y desaparición de familiares y que durante el proceso del cumplimiento de las recomendaciones, se garantice la participación efectiva de familiares y organizaciones de la sociedad civil.
MÉXICO SE NIEGA A RECONOCER CRISIS
Este mismo día la organización Amnistía Internacional dijo que la respuesta del gobierno de México al informe del Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) revela que no quiere reconocer la gravedad de la crisis de derechos humanos que vive el país y las fallidas estrategias de seguridadrespuesta del gobierno de México al informe del Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) revela que no quiere reconocer la gravedad de la crisis de derechos humanos que vive el país y las fallidas estrategias de seguridad.
“El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, en sus observaciones finales sobre México, determinó que las desapariciones se han generalizado en el país, e instó al Gobierno a tomar medidas para prevenir las desapariciones y resolver los casos pendientes. El CED también emitió recomendaciones específicas al gobierno”, recordó la organización.
“Sorprendentemente, pocas horas después de que el CED publicó sus conclusiones y recomendaciones, el gobierno mexicano contestó a las conclusiones al decir que ‘no aportan elementos adicionales’ para abordar el problema”, dijo.
“El gobierno mexicano no parece dispuesto a reconocer la gravedad de la crisis, y su posición en relación con estas recomendaciones puede indicar que va a ignorar cualquier crítica a sus estrategias fallidas en materia de seguridad pública. Esta decisión es extremadamente alarmante en el frágil contexto de derechos humanos que enfrenta el país “, manifestó la organización.
“Amnistía Internacional está profundamente preocupada de que la declaración del gobierno implique un rechazo de las recomendaciones del CED. Con más de 23 mil casos no resueltos de desapariciones, muchos de ellos, casos de desapariciones forzadas cometidas por la policía y las fuerzas militares, las autoridades deberían aceptar asistencia especializada y constructiva proporcionada por los expertos de la ONU”.
“El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, en sus observaciones finales sobre México, determinó que las desapariciones se han generalizado en el país, e instó al Gobierno a tomar medidas para prevenir las desapariciones y resolver los casos pendientes. El CED también emitió recomendaciones específicas al gobierno”, recordó la organización.
“Sorprendentemente, pocas horas después de que el CED publicó sus conclusiones y recomendaciones, el gobierno mexicano contestó a las conclusiones al decir que ‘no aportan elementos adicionales’ para abordar el problema”, dijo.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-02-2015/1254084.
Lorenzo Meyer, profesor emérito de El Colegio de México (COLMEX) y autor de Nuestra tragedia persistente. La democracia autoritaria en México (Debate, 2013), dijo que las elecciones intermedias del mandato de Enrique Peña Nieto (donde se renovará la Cámara de Diputados y 17 congresos locales, a 9 gobernadores y 903 presidentes municipales) muestran el fracaso del sistema electoral.
“El mecanismo electoral de ahora francamente mostró su fracaso. Ése es un punto a discutir: ¿valen la pena la elecciones? Son carísimas, como todos lo sabemos; se trata de uno de los procesos electorales más caros del mundo y, ¿realmente influyen en algo, o están ya bastante predeterminadas?”.
“En México –agregó–, durante muchas décadas, ya todos lo sabemos, las elecciones estaban vacías de contenido. Eran pura forma y nada más; bueno, ahora se sospecha que sirven básicamente para reafirmar a la partidocracia en sus posiciones, pero no sirven para llevar adelante un proceso efectivamente democrático, es decir, que ligue al ciudadano, a sus necesidades, a sus deseos, con la maquinaria del poder. La maquinaria del poder está actuando bastante despegada de lo que son las realidades del ciudadano y de las comunidades”.
El también ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2011 dijo que “hay diferentes ángulos en los que hay que ver la política y cómo está desembocando en lo que algunos ven, quizá yo me incluya entre ellos, como una crisis del sistema político mexicano, un sistema que se suponía que había cambiado entre 1997 y 2000 y que habíamos dejado atrás el larguísimo periodo de autoritarismo que casi abarcó todo el Siglo XX y que entrábamos a la democracia por la vía electoral, para luego ir aumentando su campo de acción en otras áreas, y ahí es donde toco lo social; y la verdad es que la estructura social de México está peor que la de antes”.
Meyer, un permanente crítico del sistema político, dijo además:
“El PRD se corrompió muy rápido; quizá porque no había fibra ideológica, sino nada más ganas de encontrar un puesto. Bueno, yo lo veo así: en el Distrito Federal, que es uno de los bastiones del PRD, y el hecho de que esté ahorita ya agonizando me parece natural. Simplemente no pudo superar la tentación del dinero y de la corrupción, y de tener puestos administrativos, de ser parte de la burocracia aquí en el Distrito Federal. Si uno ve las delegaciones, están tan corruptas como antes, entonces, el PRD no cumplió su papel…”
—¿Cómo visualiza el resto del sexenio de Enrique Peña Nieto? Le faltan tres años y ocho meses todavía…
–Pues es una tragedia. Ése es un problema que se origina entre otras cosas en el hecho de que Don Porfirio Díaz pasó de los cuatro años que veníamos teniendo en el Siglo XIX al sexenio; luego se le viene la Revolución encima y viene el cuatrienio. Pero ya Obregón decidió que para qué hacerlo cada cuatro años, si de todas maneras ya estaba todo predeterminado, pues mejor prolongarlo. El sexenio es una fórmula muy lógica para la antigua manera de hacer la política en México, pero ahora nos damos cuenta que seis años es una eternidad, sobre todo cuando se fracasa en el tercer año; la segunda mitad del sexenio va a ser un martirio para todos, para Peña, para su gobierno, para la sociedad mexicana. Un martirio en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos esto puede llevar a una reacción autoritaria, ahorita Osorio Chong ya está diciendo ‘bueno, como ya se cerró el caso de Ayotzinapa, ahora sí, la fuerza, nada de andarse aprovechando de esa situación, de esa tragedia de Iguala, para andar protestando de manera violenta’. La economía ya se la llevó el diablo, el petróleo, que era al que le habían apostado todo, pues simplemente se hundió; realmente no tengo idea de qué les quede, o qué nos quede.
—¿Sigue vigente una de las tesis de su libro Nuestra tragedia persistente, en el sentido de que la alternancia del año 2000 no se aprovechó para desterrar el sistema político mexicano?
–Desde luego, no solo la sigo teniendo, sino que creo que ahora hay más elementos para sostenerla: es que el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es francamente un evento muy desafortunado porque se puede uno explicar el nacimiento y naturaleza de ese sistema o de ese partido, como realmente un partido de Estado al servicio de una presidencia que parecía muy fuerte y ahogaba posibilidades democráticas. No era inevitable, pero pues casi se acercó a lo inevitable, que después de la Revolución Mexicana el poder político se concentrara de tal manera que llevara a eso, a un partido que ya no se distinguía qué era partido y qué era maquinaria del Estado, y todo al servicio de una presidencia que ahogaba a la división de poderes. Se suponía que eso había quedado atrás, pero regresó el mismo partido y sin haber cambiado gran cosa; entonces se vio de manera más clara que el cambio político, el cambio de sistema, pues fue más un proyecto que una realidad, y conforme corre el tiempo, las viejas raíces de la política mexicana vuelven a echar retoños y a salirles hojitas y ramas; en tanto que la realidad de un sistema nuevo no se ve. Creo que hoy, en el 2015, eso es más evidente que cuando escribí el libro.
—¿La clase política mexicana no es la que se merece el país?
–En términos generales, no; esa clase política encabezada por los políticos del PRI, que los otros partidos han imitado bastante bien, está dedicada básicamente a preservar sus privilegios. Nada más hay que echarle un vistazo a los sueldos, a las prestaciones de la clase política; pero eso quizá no sea lo importante, sino el tráfico de influencias que se mueve todos los días y que liga a la economía al mercado con la clase política y les da unos ingresos y una forma de vida que en algunos casos, es casi de años luz la distancia que los separa del mexicano promedio. Una comparación quizá extrema pero interesante, es ver al Presidente de Uruguay, José Mujica, y ver cómo vive en otras partes del mundo el jefe de un sistema, de un gobierno, y que no hay mucha distancia entre él y la manera como vive un uruguayo normal; pero en México hagamos ese ejercicio con el Gobernador de Baja California [Francisco Vega de Lamadrid], ya no digamos con el Presidente del país o con los secretarios de Estado, y entonces tendremos un contraste notable. Aquí, en México, sí se ve realmente que la clase política vive en otro planeta.
—En su libro Nuestra tragedia persistente advierte que “la Revolución Mexicana fue el alto precio que el país tuvo que pagar para deshacerse de una clase política que ya había perdido piso”. ¿Ya perdió el piso la clase política mexicana actual?
–Sí. Digamos que para ponerlo de una manera muy simple: entre 1910 y los 1930, se destruye a la oligarquía porfirista y se le destruye en su base más evidente, que era la gran propiedad rural; no se destruye a todos, desde luego, no es una destrucción física; en México, a diferencia de otras revoluciones, no hubo como política la eliminación física de la antigua clase gobernante; se exiliaron, se fueron o perdieron importancia y se quedaron nada más como apellidos de “abolengo”, pero ya sin poder, sin mucho dinero. Pero luego luego se fue creando otra, inmediatamente después del cardenismo. Con el alemanismo se vio que había las ansias de crear una nueva oligarquía, y hoy en México se puede ver de manera clara que existe una nueva oligarquía ya no basada en la gran propiedad rural, que ya el campo mexicano es una desgracia, sino en la concentración de riqueza en la parte más moderna de la economía, en las comunicaciones, por ejemplo.
—¿Cuál es su análisis sobre los precandidatos y candidatos populares como el futbolista Cuauhtémoc Blanco, algunos payasos como “Lagrimita” en Guadalajara y hasta boxeadores, como en Baja California con Erick ‘El Terrible’ Morales y Jackie Nava?
–Bueno, el PRI siempre echó mano de algunos de ellos. Por ejemplo, cuando yo era joven, me acuerdo de Raúl “El Ratón” Macías tuvo su temporada como político, o un torero como Alcalde de Texcoco; no es algo nuevo, eso se ha dado como antes. Quizá ahora un poquito más evidente eso del payaso “Lagrimita”, es un pequeño salto cualitativo. Pero payasos, aunque no fueran profesionales, los ha habido siempre en el Congreso.
—Luego del Pacto por México, ¿qué papel están jugando los partidos políticos de “oposición” como contrapeso del gobierno de Enrique Peña Nieto?
–Pues un papel lamentable; es decir, la estructura de partidos es la expresión de una crisis de representatividad: no representan a nadie o, bueno, no representan a muchos. Y no lo digo yo, que puede ser simplemente una forma de expresar mi enojo, no; lo dicen las encuestas de opinión. Sistemáticamente todas las encuestas que se hacen en México, el desprecio que tiene el ciudadano por los partidos pues es evidente, están hasta abajo en la estima que el ciudadano tiene a las instituciones.
—¿Qué rol juegan los partidos estatales y los partidos pequeños?
–Debo de confesar que me he fijado poco en ellos. Probablemente es una falta, pero es que ya no tengo tiempo; el panorama principal lo captan los tres grandes partidos [PRI, PAN y PRD], los que entraron en el Pacto por México. Me parecería que en la medida en que existan en México economías distintas, peculiaridades regionales, subculturas políticas, podría haber ahí unos partidos que se nutrieran de esas peculiaridades y las pudieran expresar, pero el sistema está hecho para que no tengan relevancia. Es más, el sistema está hecho para que no existan. Y si existen, bueno, es un poco a contrapelo, es como las candidaturas ciudadanas, sí, formalmente existen en México, pero todo el aparato está diseñado para que no sirvan, para que se pueda decir ante el mundo externo: “Bueno, México no solo tiene un sistema de partidos, sino, incluso, puede haber candidatos ciudadanos”; pero en realidad eso es casi imposible.
—¿Qué reflexión tiene usted de los partidos de izquierda en México?
–La coyuntura es de la destrucción de un partido de izquierda, la destrucción del PRD. Ésa es la característica desde esa óptica de los partidos de izquierda; y el intento de surgir en el vacío que deja el PRD, un nuevo partido que sería MORENA [Movimiento Regeneración Nacional, de Andrés Manuel López Obrador]. Ése es el momento de la coyuntura. No sabemos si va a tener éxito en sustituir uno por el otro, pero el partido que está muriendo, bueno, pudiera no morir formalmente. A lo mejor sigue el cascarón durante años en la medida en que quienes sí tienen el poder les interesan los cascarones para que den la impresión de instituciones sanas y de pluralidad, sabiendo que ya no hay nada adentro del cascarón, pero pues ya no tienen sentido. El PRD se corrompió muy rápido; quizá porque no había fibra ideológica, sino nada más ganas de encontrar un puesto. Bueno, yo lo veo así: en el Distrito Federal, que es uno de los bastiones del PRD, y el hecho de que esté ahorita ya agonizando me parece natural. Simplemente no pudo superar la tentación del dinero y de la corrupción, y de tener puestos administrativos, de ser parte de la burocracia aquí en el Distrito Federal. Si uno ve las delegaciones, están tan corruptas como antes, entonces, el PRD no cumplió su papel; MORENA dice que ellos sí lo piensan desempeñar, bueno, pues vamos a verlo, es todavía una interrogación.
— ¿Qué futuro le ve a la izquierda en México?
–Objetivamente, pues enorme, porque es un país con unas injusticias sociales formidables, ahí está su campo de acción, otra vez en teoría; en la práctica ya depende de MORENA.
—¿Cuál es su análisis del gobierno de Enrique Peña Nieto luego de dos años? Vemos que continúan los miles de desaparecidos, secuestros, ejecuciones, mientras que la autoridad reparte 10 millones de televisores justo en este año electoral…
–En primer lugar, que no tienen vergüenza. En segundo lugar, que se desgastó más rápido de lo que yo hubiera supuesto, y se desgastó más rápido de lo que supusieron muchos observadores externos, porque la crítica que le hace ahora el mundo externo como la de The Economist o The Guardian en Inglaterra, es una crítica demoledora, se nota la desilusión de medios extranjeros que confiaron que, bueno, ahora sí ya estaban las reformas, ya era esto el campo ideal para el neoliberalismo, ya el petróleo se ha puesto otra vez en el mercado y ellos están listos ahí para entrarle; pero es un gobierno que no controla, es un gobierno que no parece tener más proyecto que el de sobrevivir como clase política, como una especie de vampiro que está chupándole la sangre al cuerpo colectivo de México, pero no lleva a ningún lado. Entonces, se desgastó más rápido de lo que se suponía.
—No podemos dejar de solicitarle su reflexión sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, sobre todo luego de la lamentable conferencia del procurador Jesús Murillo Karam vendiendo su “verdad histórica” y dando carpetazo al caso…
–Bueno, es muy lógico que quieran dar el carpetazo, están desesperados, ya quieren que eso desaparezca; y en eso van a tener el apoyo de Televisa, TV Azteca, y de una parte de los medios y desde luego, de los poderes fácticos; ya vimos al señor de Bimbo (Lorenzo Servitje) pidiendo que todos apoyemos a Peña Nieto porque el pobre ya no puede con el cargo, entonces va a haber un gran empuje por cerrar ese capítulo; pero hay una parte de la sociedad mexicana que no lo cierra. Murillo Karam dice que ésa es la “verdad histórica”; bueno, pues cualquiera que se meta o que practique la Historia, yo me considero parte de ese gremio, ¡es de risa! No existe la verdad histórica; la Historia es un relato que se va formulando de manera más o menos seria y profesional en algunos casos y que va cambiando; nadie podrá nunca, jamás, decir ‘esto es exactamente lo que ocurrió’, la Historia no se puede volver a recrear; entonces, son aproximaciones a la verdad. Ahora, la PGR tiene desafortunadamente para ella una historia, y su historia es de verdades a medias o de mentiras completas; y entonces la credibilidad es algo que no tiene, hace mucho que la perdieron. No sé si alguna vez alguna Procuraduría tuvo credibilidad, pero que yo tenga memoria, nunca.
FUENTE: SIN EMBARGO/ SEMANARIO ZETA.
AUTOR: Enrique Mendoza Hernández.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-02-2015/1253799.
Si el PRI y el Partido Verde insisten en aprobar en el Senado la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ésta carecerá de legitimidad, sostienen las fracciones del PRD y del PAN, algunos de cuyos legisladores se quejan por los candados que se le introdujeron, entre ellos el de los fideicomisos que administran Hacienda y el Banco de México. Eso hará más opaco el manejo del Fondo Mexicano del Petróleo, por lo que, dicen, podrían plantear su inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
MÉXICO, D.F: Más de 250 horas de discusión y trabajo del grupo plural de senadores y expertos para elaborar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública terminaron por descarrilarse.
Las causas fueron múltiples: los escándalos de las casas del presidente Enrique Peña Nieto, la de su esposa y la de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray; la crisis de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos; la posibilidad de que se abran los expedientes por las violaciones graves a derechos humanos y el temor creciente de que se hagan públicas las cuentas de los fideicomisos que manejan Hacienda y el Banco de México, en especial el del Fondo Mexicano del Petróleo.
Desde antes de que terminara el periodo ordinario en diciembre último, arreciaron las presiones gubernamentales en relación con el trabajo que involucró a los senadores, a los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), a tres colectivos de organizaciones, periodistas y expertos en la materia –Red por la Rendición de Cuentas, Colectivo por la Transparencia y México Infórmate–, y se plantearon a través de las bancadas del PRI y Partido Verde más de 80 modificaciones al borrador que fueron consideradas como “regresivas” por la oposición y los expertos.
La dictaminación se entrampó y se frenó la aprobación de esta ley reglamentaria, para la cual se había fijado el sábado 7 como plazo máximo, según la reforma constitucional de 2014. Algunas diferencias se han ido negociando, pero quedan como “irreductibles” cerca de 20 temas muy delicados para el gobierno federal.
Los senadores Arely Gómez González, del PRI, y Pablo Escudero, del Partido Verde, admitieron en rueda de prensa el martes 10 que Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, y el consejero jurídico Humberto Castillejos frenaron con sus observaciones puntos importantes, como la apertura y rendición de cuentas en los fideicomisos y los relativos a inteligencia y contrainteligencia, entre otros.
“Por supuesto que el doctor Carstens ha hecho opiniones. Por supuesto que vamos a ir a hablar con el doctor Carstens para que nos diga qué es lo que opina y hablamos con otros de los sujetos obligados para ver qué es lo que opinan. La seguridad nacional, la seguridad pública, la inteligencia, la contrainteligencia, son temas muy sensibles, no se puede ir a la ligera”, refirió Escudero Morales, presidente de la comisión anticorrupción que deberá elaborar el dictamen.
La senadora priista Arely Gómez, quien facilitó durante las negociaciones los avances con las organizaciones no gubernamentales y los expertos, admitió en rueda de prensa que se presentaron 88 observaciones de “sujetos obligados” y del consejero jurídico, Humberto Castillejos. “El consejero jurídico en todas las iniciativas tiene una participación en el proceso legislativo”, afirmó.
De esas observaciones, según Gómez, uno de los temas más difíciles es el de los fideicomisos. “Se está tratando de ver quién va a ser el responsable de la información”; también están los relacionados con inteligencia, contrainteligencia y derechos humanos.
Para el perredista Alejandro Encinas, los “corchetes” son el resultado del tropezón de la Casa Blanca que impidió avanzar en diciembre y atascó la negociación, mientras que su correligionaria Dolores Padierna Luna advirtió que los candados de acceso a la información en lo referente a fideicomisos hará más opaco el Fondo Mexicano del Petróleo, “sin duda el más importante, tanto en cuantía de recursos como en funciones, porque manejará la renta petrolera”.
La legisladora del PAN Laura Rojas advirtió que su partido se opone a eliminar la obligación de que se transparente la lista de cancelaciones y condonaciones en materia tributaria, así como las atribuciones del IFAI para imponer medidas de apremio a fondos y fideicomisos que maneja la Secretaría de Hacienda.
Padierna informó que, tan sólo para tener una idea de las dimensiones del tema de fideicomisos, hasta el último cuatrimestre de 2014 Hacienda admitió que existen 352 de ellos que manejan 452 mil 454 millones de pesos y cuyo acceso no es público, salvo para los usuarios autorizados por la dependencia, y no se detallan las aportaciones correspondientes.
De esos 452 mil 454 millones, 21.7% corresponden a 46 fideicomisos de infraestructura pública (98 mil 365 millones); 21.2% a 120 fideicomisos de “apoyos financieros” (96 mil 89 millones); 20.7% a seis fideicomisos para “estabilización financiera” (93 mil 573 millones), y 17.2% a 24 fideicomisos de pensiones (77 mil 681 millones).
Estos fideicomisos no incluyen el que manejará el Banco de México –el futuro Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo–, que “sin duda será el más importante y deberá operar con máxima transparencia y rendición de cuentas”, puntualizó la senadora Padierna.
Los grandes corchetes
En específico, el documento preliminar sobre propuestas de modificaciones, cuya copia tiene Proceso, identifica como los corchetes más importantes los siguientes artículos y asuntos:
–Artículo 23 (fideicomisos): Se propone modificar la redacción consensuada para exentar de responsabilidades como sujetos obligados a “los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal”.
El PRD propone una redacción alterna para aclarar que “la institución fiduciaria o el mandatario cumplirán con sus obligaciones” a través de sus propias áreas, unidades y comités de transparencia.
–Artículo 42: Establece excepciones para formar comités de transparencia en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Comisión Nacional de Seguridad Nacional; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; el Estado Mayor Presidencial; el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor de la Armada.
El gobierno federal propone una redacción para que sus unidades administrativas no estén sujetas a la autoridad de los Comités de Transparencia, “siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia unidad administrativa”.
–Artículo 43: Sobre las funciones de cada Comité de Transparencia, se le agrega en el numeral III que éstos deberán ordenar a las áreas que “expliquen, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones”.
El PAN y el PRD consideran regresivo este agregado.
–Artículo 70: En cuanto a declaraciones patrimoniales, el PAN y PRD defienden la redacción original que propone tener acceso a la versión pública. El gobierno plantea agregar una frase: “… de los servidores públicos que así lo determinen”, abriendo un candado discrecional.
–Artículo 70: En materia de intervención en las telecomunicaciones, el gobierno propone eliminar el numeral XLIX que obliga a hacer públicos los listados de “solicitudes de las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicadores y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, una vez concluida la intervención”.
–Artículo 83: En lo que atañe a obligaciones de transparencia sobre las actividades de exploración, extracción y refinación de petróleo e hidrocarburos, el gobierno propone sujetarlas a los mecanismos de las leyes secundarias en materia energética.
–Artículo 101: El gobierno propone mantener reservas sobre información “que pueda dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria” hasta que “se extingan las causas que dieron origen a su clasificación”.
El PRD considera que tal redacción “abre la posibilidad de permanecer reservados de manera atemporal o permanente”.
–Artículo 113: Es considerada por el PAN y el PRD una de las grandes diferencias porque PRI y Partido Verde plantean mantener reservada la información que “comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, así como aquella que “pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales”.
El gobierno busca eliminar en estos casos la llamada “prueba del daño” para mantener la reserva.
–Artículo 115: El borrador originalmente consensuado con organizaciones ciudadanas y expertos prohíbe invocar reservas “cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, calificadas así por la autoridad competente” o “se trate de información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo con las leyes aplicables”.
La propuesta gubernamental busca que los organismos garantes no sean los que determinen la existencia de violaciones graves a derechos humanos. Esta es una de las grandes diferencias con la Procuraduría General de la República y el gobierno federal.
–Artículo 149: El gobierno propone acotar la “prueba de interés público” en información cuando exista una colisión de derechos.
–Artículos 207 y 210 en materia de sanciones: El gobierno se opone a la imposición de sanciones cuando se declare inexistencia de la información, cuando el sujeto obligado deba generarla o cuando se clasifique información como reservada “sin que se cumplan con las características señaladas por la ley”.
PAN-PRD irían a la Corte
En su documento Posicionamiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los senadores del PRD que participaron en la negociación –Dolores Padierna, Angélica de la Peña, Alejandro Encinas, Zoé Robledo, Isidro Pedraza y Armando Ríos Piter– admiten que hubo grandes avances que hoy están en riesgo.
Uno de esos avances es que “se precisó que por violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad y actos de corrupción no podrá reservarse información por ningún sujeto obligado”.
Otro es que se crea un Sistema Nacional de Transparencia y se incorpora como sujetos obligados a los partidos y agrupaciones políticas, sindicatos y autoridades del ámbito laboral.
Para el PRD, la modificación de más de 80 artículos y la eliminación del capítulo “Denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados” son “ampliamente regresivas y rompen el consenso con las organizaciones sociales especialistas en el tema, académicos, órganos garantes, así como senadores y senadoras”.
En lo concerniente a transparencia en el sector de hidrocarburos, el pleno de los consejeros del IFAI advirtió el miércoles 11 que debe estar incluido porque uno de los compromisos asumidos fue “publicar como mínimo contratos con las empresas extractivas”.
Legisladores del PAN, como Roberto Gil Zuarth, y del PRD que participaron en la negociación plantearon desde el martes 10 que podrían acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que el PRI y el Partido Verde insistan en aprobar “una ley regresiva que nacerá con un problema de legitimidad”.
Gil Zuarth acusó al PRI y al PVEM de pretender “crear opacidades por mayoría” que obligarán a la oposición a plantear el recurso de anticonstitucionalidad ante la SCJN.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, pidió de nueva cuenta la colaboración del gobierno federal para evitar que en las elecciones de junio próximo se postulen candidatos vinculados con la delincuencia organizada.
Según el panista, es el gobierno, no los partidos, el que cuenta con la información y la inteligencia para proporcionar los datos y alertas para “poder actuar con oportunidad” y evitar casos como el de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, acusado de la presunta desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Cada partido está haciendo su proceso de alertas tempranas, advertencias, monitoreo, rastreo para garantizar que todos nuestros candidatos sean gente honorable, pero no es suficiente lo que hagamos los partidos a título individual, ni siquiera es suficiente lo que hagamos los partidos con el Instituto Nacional Electoral (INE)”, puntualizó en conferencia de prensa.
Añadió: “Sí estamos haciendo nuestro esfuerzo, pero desde ahorita advertimos que es insuficiente”.
El pasado domingo 15, en una gira por León, Guanajuato, el panista pidió al INE atender puntos fundamentales para “blindar” las elecciones del 7 de junio, a fin de evitar la penetración del crimen organizado.
Madero llamó a blindar el proceso electoral contra recursos de procedencia ilícita, contra la participación de candidatos vinculados con la delincuencia organizada y contra el uso de programas sociales como parte de las campañas, en ese orden.
Esas propuestas, dijo, rebasan la relación de INE-partido, y ahora debe hacerse en una mesa tripartita: gobierno federal, fuerzas políticas y el órgano autónomo.
“Esto es lo que fue expuesto de mi parte y quedó recogido. El INE respondió en voz de su presidente que para el diálogo y la comunicación de cualquier tipo, ellos estarían puestos”, abundó en esa ocasión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MEXICO, D.F: La polémica generada por el presunto “regalazo” del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a las dos televisoras dominantes en el país (Televisa y TV Azteca) nos conduce a un personaje que prácticamente gobierna todas las áreas del país y fue clave en la negociación con los consorcios mediáticos para aprobar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: Luis Videgaray.
El secretario de Hacienda no estuvo al margen de la discusión al interior del IFT para determinar que en materia de multiprogramación el duopolio que domina 95% del espectro televisivo no tendrá que pagar contraprestación, a pesar de que las arcas públicas del país necesitarán recursos en pleno recorte presupuestal.
El artículo 15 de la conocida como Ley Peña-Televisa establece que es facultad del IFT “fijar tanto el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones como la autorización de servicios adicionales vinculados a éstas, previa opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
La intervención de Hacienda se ratifica también en el artículo 99 de la misma ley: “Todas las contraprestaciones a las que se refiere esta ley requerirán previa opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismas que deberá emitirse en un plazo no mayor de treinta días naturales. Transcurridos este plazo sin que se emita dicha opinión, el instituto continuará los trámites correspondientes”.
En el caso de la multiprogramación, el artículo 158 establece que el IFT otorgará la autorización a los concesionarios que lo soliciten, “incluyendo en su caso el pago de las contraprestaciones” debidas bajo cinco criterios: el número de canales y la calidad técnica; límites al agente económico preponderante (Televisa); lineamientos para el pago de contraprestación; en ningún caso servirán para televisión o audio restringidos.
En otras palabras, la misma ley da atribuciones a la Secretaría de Hacienda para que intervenga. En su comunicado oficial de la semana pasada, el IFT no menciona para nada a Hacienda, pero incorpora un argumento que el mismo Luis Videgaray mencionó, en privado, con algunos concesionarios: el cobro desincentivaría “el uso más eficiente del espectro radioeléctrico”.
¿Por qué Videgaray no utiliza ese mismo argumento en otros sectores de la economía dependientes de una concesión de un bien público que se quejan por la excesiva carga fiscal y de contraprestaciones cuando hacen un nuevo uso adicional?
La “larga mano” de Hacienda y Televisa en el IFT
Desde la aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, fue muy claro que el secretario de Hacienda encabezó las negociaciones tanto con los abogados de Televisa y TV Azteca (Javier Tejado Dondé y Pedro Padilla) como con los legisladores del Senado.
Múltiples testimonios reiteraron que fue Videgaray el artífice también de la llamada “cláusula Cablecom” que benefició ampliamente a Televisa, y que fue negociada directamente con Bernardo Gómez, vicepresidente del consorcio televisivo.
Por si fuera poco, el actual comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, tiene actualmente como coordinador de asesores al mismo personaje que trabajó con el excomisionado de la Cofetel, Gonzalo Martínez Pous, flamante vicepresidente jurídico de Televisa.
¿Así o más coincidencias en este entramado de grupos de interés y de presión que siempre intentan capturar a los órganos reguladores?
TV Azteca prefirió litigar públicamente sus intereses a través de desplegados pagados en varios periódicos de circulación nacional, el viernes 13.
Según su desplegado, ellos pagaron “el equivalente a 650 millones de dólares por las concesiones y frecuencias con las que operan. Este pago se realizó por el uso pleno de las frecuencias, lo que incluye la multiprogramación”.
¿De dónde concluyen los señores de TV Azteca que el pago por la licitación de Imevisión incluía la multiprogramación cuando en 1993 ni existía la tecnología necesaria para la multiplexación?
“La transición a la televisión digital nos abre la posibilidad de enviar señales múltiples en un mismo canal de transmisión. En todo el mundo se utiliza esta tecnología para la transmisión de contenidos adicionales y espejo de los canales base”, agregó TV Azteca en su desplegado firmado por Luis Güijosa García-Colín.
Que la multiprogramación se utiliza en todo el mundo tienen razón, pero en la mayoría de países avanzados se pagan derechos y una contraprestación. Incluso, en naciones como Gran Bretaña se paga una contraprestación en función de los ingresos que se generan por comercialización anual de los canales digitales, además del pago por el uso de derechos del espectro. En Hong Kong también sucede lo mismo y en otros países europeos también se establece ese pago.
Por supuesto, en los demás países no tienen un secretario de Hacienda tan generoso con las televisoras –que no con todos los sectores económicos– como en el México de Luis Videgaray.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Grupos civiles denunciaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de autorizar el consumo del maíz transgénico sin realizar las investigaciones necesarias para determinar las posibles afectaciones.
De acuerdo con la investigación de la Alianza por la Salud Alimentaria, el maíz transgénico tiene altos contenidos de glifosato, un químico herbicida y otros tóxicos, por lo que en conjunto con las organizaciones civiles Semillas de Vida y El Poder del Consumidor, demandaron la prohibición de este alimento, uno de los principales en la dieta de los mexicanos.
Dijeron que actualmente a pesar de las pruebas de toxicidad, la Cofepris ha autorizado 135 líneas de transgénicos para consumo humano, la mayoría de ellas, tolerantes al glifosato.
En conferencia de prensa, señalaron que en México, la Cofepris ha evidenciado su incapacidad para realizar las investigaciones necesarias para determinar las posibles afectaciones del consumo de maíz transgénico y ha acatado las decisiones de Estados Unidos.
“La Cofepris, que depende de la Secretaría de Salud está autorizando el consumo sin ninguna investigación, sino que toman las de Estados Unidos”, detalló Adelita San Vicente de Semillas de Vida. Agregó que actualmente el 50 por ciento de las calorías diarias que consumen los mexicanos son del maíz.
Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, ahondó en la importancia de que la Cofepris emprenda las acciones del etiquetado en productos transgénicos, obedeciendo al derecho de los mexicanos a estar informados y decidir sobre su consumo, además de que se trata de una acción que 61 países ya han emprendido.
“Es un derecho de los ciudadanos el acceso a la información y este derecho está violado por el Gobierno mexicano, que ha permitido que los transgénicos entren en nuestros alimentos sin ninguna información al consumidor”, además de que ya no hay impedimentos comerciales para llevarlo a cabo, señaló Calvillo.
Ante este panorama, Elena Álvarez-Buyla, de la Alianza por la Salud Alimentaria, previó la futura presencia de la hormona vegetal 2,4D “agente naranja”, potente cancerígeno y destructor neuronal, prohibido a nivel internacional, ya que al no frenarse el cultivo de maíz transgénico, la tolerancia del glisofato no se detendrá y pronto se comenzaría a utilizar el 2-4D.
La investigadora Álvarez explicó que el riesgo proviene de que estos cultivos están rociados con cantidades exhorbitantes de tóxicos que son cancerígenos y alteradores del desarrollo normal del ser humano y pueden provocar enfermedades en el riñón y de generativas.
“Los transgénicos tolerantes herbicidas, tienen cantidades exhorbitantes de estos tóxicos y son mayores a las permitidas en Europa. El glifosato esta en 9 de cada 10 cultivos transgénicos en el mundo”, refirió.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-02-2015/1253549.
MÉXICO, D.F: El Senado de la República aprobó por 89 votos a favor y nueve en contra la reforma constitucional en materia de disciplina financiera en las entidades federativas y los municipios, cambios que establecen reglas y “candados” para avalar la contratación de deuda.
En el debate se destacó que esta deuda pública creció de 2008 a 2014 de 203 mil millones de pesos a 510 mil millones, es decir, un incremento de 17.2%.
La minuta, proveniente de la Cámara de Diputados, incorpora cuatro elementos significativos para regular el endeudamiento de estados y municipios: otorga facultades a los Congresos locales para aprobar empréstitos; se establece fiscalización superior y principios de transparencia y rendición de cuentas, así como nuevas disposiciones para la contratación de deuda.
La reforma estableció que se requieren los votos de las dos terceras partes de los Congresos locales para que los gobernadores contraten deuda; además, se precisa un proceso mediante el cual el Ejecutivo federal pueda celebrar empréstitos en favor de las entidades.
Asimismo, se amplían facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar las deudas estatales.
El presidente de la comisión dictaminadora, el priista Enrique Burgos, destacó que la reforma crea una comisión bicamaral con facultades para analizar la situación de las entidades federativas y municipios que registren un elevado endeudamiento y requieran la garantía federal para contratar empréstitos.
El también priista José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda, apuntó que tras dos años de proceso legislativo esta reforma tiene como objetivo “dar total transparencia” para que el endeudamiento en estados y municipios sirva a la inversión y atención de las demandas sociales.
Al argumentar su voto en contra, el senador del PT, Manuel Bartlett, afirmó que estas reformas no fortalecen a las entidades sino al Ejecutivo federal. Recordó que de los recursos fiscales totales, cerca de 80% se destina a la Federación y sólo 20% a las 32 entidades y municipios.
En tanto, el senador Mario Delgado consideró que se “politizan las finanzas públicas y se anula de facto la autonomía financiera de los estados y municipios”, pues se da un control político “insospechado” a la Secretaría de Hacienda.
A su vez, la senadora del PRD, Dolores Padierna, destacó que el problema de la deuda de entidades no es tanto su monto o la proporción que representa del PIB.
“El problema es el costo que dicha deuda tiene y que merma la ya de por sí débil situación financiera de los estados de nuestro país”, acusó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Mientras el poder en México acaba de definir su nueva forma disimulada de dictadura, asaltan el espacio mediático los personajes más disímbolos con vocación de criminal. Pero no surgen de manera aislada, los une el mismo Estado fallido, las instituciones corrompidas, la red gubernamental de narcotráfico y trata de personas. Dos de estos personajes son Isabel Miranda Torres, alias la “señora Wallace” y Dulce Rubí Burgos Pérez, una de las jóvenes compensadas por acusar de secuestro a la líder comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado.
Isabel Miranda, impaciente por consolidar sus aspiraciones políticas, no le basta haber cometido las acciones más aberrantes que puede cometer una madre, como simular el secuestro y homicidio de su hijo, para obtener beneficio político. Desde hace diez años, lucha por mantenerse en el escenario partidista a costa de la libertad de personas inocentes y da escandalosas conferencias de prensa con información falaz en su desesperada acción por conservar algo de credibilidad.
Miranda Torres, a costa de mentir y corromper a jueces, pagar a agentes ministeriales torturadores, falsificar documentos oficiales, alterar evidencias, cometer perjurio, agredir a los familiares de las verdaderas víctimas, entre otros delitos, ha construido el teatro del crimen contra su hijo Hugo Alerto Wallace Miranda. Un teatro que estrena escuela. Ahora, se dedica a enseñar cómo simular ser una víctima, cómo mentir a los medios y a las autoridades, cómo llorar a la menor provocación ante la cámara de un periodista. La señora Wallace se prendió del caso de Nestora Salgado como una garrapata que chupa la sangre de un perro, para revivir políticamente ante el descrédito de su falso caso. Y encontró una alumna perfecta para ello: Dulce Rubí Burgos Pérez.
En el expediente judicial número 142/2013-II fabricado por el exprocurador de la PGJE de Guerrero, Iñaki Blanco, (por cierto funcionario denunciado por recibir dinero del narcotráfico, testigo de cargo de Miranda en el falso secuestro de su hijo y retirado del cargo por el caso Ayotzinapa), la joven Dulce Rubí aparece como una menor de edad de 17 años y su madre Petra Pérez narra una historia que contradice a la que había dado su propia hija a la Policía comunitaria. Según la madre, su hija mayor Lucero Burgos Pérez “le comentó el 10 de junio de 2013, aproximadamente a las 16 horas, que Nestora Salgado se llevó a su hermana de nombre Dulce Rubí Burgos Pérez junto con su amiga que responde al nombre de Yesenia Castillo Meza”.
La madre deja asentado en el expediente que a las 18 horas de ese mismo 10 de junio, se dirigió con su hija Lucero “a la casa de Nestora para preguntarle por su hija Dulce Rubí, y que Nestora le había respondido que su hija ya había sido trasladada a rehabilitación”, y enfatiza: “sin decirme a dónde, y como su hija es menor de edad tenía que haberme consultado”.
Las palabras de la madre contrastan con las del comandante regional de la Policía comunitaria de Olinalá Jesús Coronel Díaz, quien en entrevista para Los Ángeles Press, el pasado 14 de noviembre de 2013, sostuvo que él personalmente atendió a dos de las madres de las jóvenes que ahora acusan a Nestora. Fue el 9 de junio, en la mañana, cuando acudieron en su ayuda las señoras Mariza Meza Castro y Susana Baltazar Sosa por la supuesta desaparición de sus hijas Yesenia Castillo Baltazar y Betzabé Rubí Baltazar. Estas jóvenes, junto con Dulce Rubí, llevaban tres días fuera del hogar familiar y fueron ubicadas en Huamuxtitlán por la tía de Yesenia, el 10 de junio, y la Policía comunitaria intervino para entregarlas a sus madres, según la declaración de Coronel Díaz, quien confirmó que durante ese tiempo las jóvenes estuvieron embriagándose y drogándose con personas que estaban identificadas como miembros de la delincuencia organizada.
Las madres, una vez con sus hijas, pidieron que les ayudaran a reeducarlas de acuerdo al sistema normativo de la comunidad. Y Coronel Díaz explicó que lo pidieron porque “las jóvenes ya habían rebasado la autoridad de sus padres, llegaban a casa bien borrachas, bien drogadas, y hacían muchas cosas que ciudadanos de esas características no deberían andar haciendo, pero fueron detenidas precisamente porque sus madres nos pidieron que interviniéramos, incluso ya andaban delinquiendo con los mismos muchachos aquí en la comunidad”.
A cada uno de los jóvenes involucrados en los hechos se les pidió su declaración por escrito y firmada, y entre los testigos estuvieron presentes las madres, Nestora Salgado como coordinadora, el secretario del Consejo Social Olinalteco Miguel Zapoteco Bergara y el comandante regional Jesús Coronel Díaz. Todas las declaraciones coinciden con las palabras de Coronel Díaz, e incluso con la declaración de Dulce Rubí Burgos Pérez, escrita el mismo 10 de junio de 2013, a las 13:20 horas. En ese momento, la joven delincuente sostuvo ante estos testigos, haberse ido de su casa “porque tuvo unos problemas con sus papás” y estuvo bebiendo y durmiendo con amigos durante tres días seguidos. Y continúa:
“Me fui a vivir con María Isabel. El jueves nos encontramos con la Marucha, él nos prestó una colchoneta para dormir. A otro día ya no supe nada de él. El viernes yo fui a casa de Paco para invitarlo a Tulcingo y él aceptó, después nos venimos con Toño a tomarnos unas micheladas, después nos encontramos con Miguel. Yesenia nos invita a Tulcingo, fuimos a echar gasolina y después nos fuimos a casa a tomar unas botellas y nos acostamos a dormir, y a otro día seguimos tomando. El día de hoy decidimos venirnos a Huamuxtitlán, pero pensábamos regresar a Tulcingo, pero nos encontramos con la tía de Yesenia y nos venimos.
Sin embargo, la historia de la hija fue cambiada a iniciativa del exprocurador Iñaki Blanco, con el fin de acusar sólo a Nestora, dejando fuera del reflector judicial al secretario del Consejo Social Olinalteco y al comandante regional. Junto a esa falsa denuncia se agregó la de los otros jóvenes, y unas 40 más, con la participación del exprocurador de Atención a víctimas de secuestro en Guerrero, un funcionario de larga trayectoria criminal en el Distrito Federal, Ricardo Martínez Chávez.
Es en esta escena donde la cómplice de Iñaki, la señora Wallace, encuentra la oportunidad de salir en los medios y obtener algunas prebendas más para su organización Alto al secuestro, tan desacreditada como ella. Es en este capítulo de la pesadilla de Nestora Salgado, donde una criminal impune como Isabel Miranda Torres –con seis denuncias ratificadas por una docena de delitos graves, entre éstos tortura y falsas declaraciones a autoridades–, entrena a la joven olinalteca Dulce Rubí a mostrarse vulnerable ante las cámaras y fingir que su vida estuvo en peligro por el trato “infrahumano” que recibió en su detención supuestamente ilegal por parte de la Policía comunitaria.
El sistema de justicia criminal y civil en México es uno de los peores del mundo, según la investigación del Proyecto Mundial de Justicia. Ocupa el lugar 91, entre 97 países que participaron en la investigación; y el número 74 en corrupción de funcionarios judiciales. Si fuera un estado garante de la justicia, la señora Wallace estaría en la cárcel desde hace varios años cumpliendo una condena por simular el secuestro y homicidio de su hijo y fabricar culpables. Y sus víctimas no hubiesen sido torturadas ni encarceladas. Pero también, la madre de Dulce Rubí, Petra Pérez, estaría enfrentando un juicio por mentir a autoridades y participar con funcionarios corruptos en la fabricación de culpables. Dulce Rubí habría sido detenida y procesada por el uso de drogas ilegales, además por los mismos cargos que su madre, en tanto Nestora ya habría salido liberada desde el 31 de marzo de 2014, cuando fue exonerada de cargos por el Juzgado federal.
En cambio, lo que tenemos es el teatro de dos criminales. El de la señora Wallace y de su pupila. Esta joven de 19 años, delincuente desde los 17, que normalmente usa droga y alcohol para su entretenimiento, sin estudios formales y que ha rebasado la autoridad de sus padres, ya tiene claro que mentir en México produce beneficios. Que las autoridades mienten, delinquen y se corrompen y son premiadas, que las señoras Wallaces, se vuelven “importantes” por sus crímenes y ganan dinero al mentir frente a los medios, y que ella y su familia pueden salir de la pobreza en la que se encuentran haciendo lo mismo. Los primeros pasos ya están dados, y los dio su madre. Las escenas se van creando de acuerdo al odio y los intereses políticos movidos contra Nestora Salgado. Mañana será otra víctima. Sólo es alinearse en la fila para entrar a la fábrica de criminales que es el sistema judicial mexicano.
FUENTE: LOS ANGELES PRESS.
AUTOR: GUADALUPE LIZARRAGA.
LINK: http://www.losangelespress.org/el-teatro-de-dos-criminales-la-senora-wallace-y-la-joven-dulce-rubi/.
