MÉXICO, D.F: El líder de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN), René Bejarano Martínez, denunció que la dirigencia de dicho instituto político negó a Marcelo Ebrard una candidatura plurinominal “por acuerdos inconfesables con el poder”.
“Creo que Los Chuchos (Nueva Izquierda) se equivocaron con Marcelo (Ebrard) por darle trato de rudeza innecesaria”, criticó Bejarano en una entrevista publicada este miércoles por el periódico El Universal.
Bejarano advirtió que el PRD está en crisis debido a que está “dominado por un bloque moderado de corrientes de una izquierda a modo, funcional al sistema y que puede estar ya en curso, estar en liquidación como alternativa real”.
El líder de IDN denunció que el PRD ha devenido en un partido que sólo obtiene beneficios del poder.
Y alertó: “No es un deseo, pero si vamos en una carretera enfrente de un barranco, frénale o dale vuelta, porque ahí viene un barranco. Si te sigues ¿Qué va a pasar? Te vas a ir al barranco ¿no? Eso es lo que yo veo venir, desafortunadamente, por más que hagas llamados de alerta”.
El exjefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard fue excluido de las listas plurinominales del PRD para obtener una diputación federal. En consecuencia, anunció que analiza la posibilidad de renunciar a su militancia en dicho partido.
Antes, Ebrard denunció que la investigación en su contra por las irregularidades en la línea 12 del Metro fue ordenada por el gobierno federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
OAXACA, Oax: El exdiputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Carlos Martínez Villavicencio, el integrante de la dirección estatal de dicho instituto político Ernesto Fidel López Nelio y el chofer Bernardo Bautista fueron asesinados en una emboscada en la región mixteca, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El atentado ocurrió a las 23:44 horas de ayer martes, en el tramo conocido como “Curva del comedor”, en la agencia municipal de Nuxaño, cerca del municipio de Santiago Juxtlahuaca.
La dependencia indicó que las víctimas fueron emboscadas cuando viajaban a bordo de una camioneta marca Mazda color negro de modelo reciente, con placas de circulación 443 ZVN del Distrito Federal.
Al lugar se trasladó el comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Jaciel Vásquez Castro, y del Subprocurador de la Mixteca, Víctor Fernando Méndez Ruiz, además de un grupo de técnicos periciales y una unidad de la agencia del Ministerio Público para coordinar las diligencias ministeriales.
A la 01:40 horas de este miércoles, la autoridad ministerial ordenó el levantamiento de los cadáveres de Carlos Martínez Villavicencio –quien también fungió como presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca en el trienio 2009 2011 y era precandidato del PRD a una diputación federal- y de Ernesto Fidel López Nelio, quien se encontraban en el interior de la camioneta.
El cuerpo del chofer Bernardo Bautista fue localizado entre la maleza, a 50 metros del vehículo. En el lugar fueron recogidos casquillos percutidos calibre 7.62.
Los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro municipal para realizar la necropsia de ley, en tanto que el vehículo fue remolcado al encierro oficial.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
MÉXICO, D.F: Padres de familia de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa realizaron un recorrido por las aulas de las unidades académicas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), ubicadas en Chilpancingo, para pedir apoyo a la comunidad estudiantil y académica.
En dos autobuses, los familiares llegaron a la avenida Benito Juárez y luego se dividieron en varios grupos para iniciar su recorrido por los salones de clases.
En la escuela de Enfermería 1, destacó Reforma, la mamá del normalista Bernardo Flores Alcaraz hizo un breve resumen de la situación que prevalece tras los hechos de Iguala.
“Lo que dice la PGR es mentira, nuestros hijos no están muertos, ellos siguen vivos porque la Policía y el Ejército se los llevaron y el gobierno nos los tiene que regresar”, expresó.
También dijo a los estudiantes que es necesario seguir la lucha porque si hace casi cinco meses desaparecieron a 43 jóvenes, en los días o meses siguientes podrían desaparecer más estudiantes.
“Nosotros les pedimos que sigan apoyando nuestra lucha para conseguir que a nuestros hijos nos los regresen con vida”, planteó.
La mujer informó que el lunes pasado el director de la Normal de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, dio a conocer que se iban a reanudar las clases en esta institución educativa.
Sin embargo, contó que en común acuerdo, padres de las víctimas y normalistas de Ayotzinapa impidieron el regreso a clases.
“Nosotros y los estudiantes decimos que sólo habrá clases en la escuela Normal siempre y cuando nos regresen con vida a nuestros 43 jóvenes”, advirtió.
Durante el “brigadeo” por las aulas universitarias, los padres también repartieron volantes en los que señalan que a casi cinco meses de la desaparición de sus hijos, el asesinato de tres y lesiones a otros cinco, “no existen señales de justicia efectiva e imparcial, ni pruebas científicas contundentes que ofrezcan verdad, justicia e indiquen el paradero de nuestros desaparecidos”.
La versión de la PGR, alertaron, de que sus hijos fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, es una falsedad ya que la Procuraduría no cuenta con pruebas irrefutables que corroboren esta afirmación.
Protesta magisterial
También en Chilpancingo, maestros y trabajadores administrativos de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg) marcharon en demanda del pago de salarios.
Los inconformes protestaron afuera del Congreso local, donde lanzaron cohetones y piedras y prender fuego a propaganda electoral.
Más tarde se trasladaron a palacio de gobierno donde realizaron un mitin y concluyeron en una reunión informativa en el auditorio “Sentimientos de la Nación”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN
Hasta ayer era incierto el futuro del ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard en el PRD, partido que hace unos días le negó la diputación plurinominal.
Marcelo Ebrard no deja claro si se va o se queda en el PRD, el partido que le negó un espacio en San Lázaro.
Hasta ayer por la tarde, ni Agustín Guerrero ni René Cervera –dos de los hombres más cercanos al ex jefe de Gobierno– tenían claro el futuro de Ebrard.
Hoy a las 18:00 horas, la sede del Movimiento Progresista en el Distrito Federal convocó a la reunión de cada semana en la que se analizará el proceso electoral interno del PRD con miras a tomar una decisión definitiva.
Guerrero, dirigente del Movimiento Progresista, subió al ring al actual jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.
Retomó la declaración de su compañera e integrante del CEN del PRD, Petra Santos, quien aseguró que la decisión final de entregar una plurinominal a Ebrard estaba en manos de Mancera.
Santos aseguró que Carlos Navarrete le dijo personalmente que Ebrard tenía que hablar el tema de su diputación con Mancera.
“A mí personalmente Navarrete me dijo que él no podía hacer nada, que Ebrard tenía que hablar directamente con Mancera, si Mancera y él llegaban a un acuerdo y autorizaba, él iba a ser el diputado plurinominal”, precisó en entrevista con Radio Fórmula.
Ayer mismo, en ese espacio radiofónico, Navarrete dijo que comprendía la inconformidad de Ebrard, pero recalcó que fue el equipo político que menos votos tiene en el Consejo.
El exsenador negó que hubiera algún acuerdo para garantizar una diputación plurinominal a Ebrard.
Acepta hermano
cuenta en HSBCComo si Marcelo Ebrard no tuviera suficientes problemas, ayer una carta pública difundida por su hermano puso una piedra más en su costal.
En la misiva, Fabián Ebrard admite que tuvo una cuenta en HSBC México (Private Bank), en la que su saldo máximo fue de 770 mil dólares.
Sin embargo, el implicado en el escándalo de “SwissLeaks” argumenta que el dinero de esa cuenta es producto de la actividad a la que se dedica desde 1995 y representan sus ahorros de más de una década.
De esta cuenta deslinda a su padre y hermanos, excepto Francisco y Enrique, quienes firmaron “por motivos de seguridad y/o en caso de muerte”.
“Mi padre, otros hermanos, incluido Marcelo y mi hermana, no fueron enterados de la cuenta, puesto que se trata de una decisión de orden personal y ellos no fueron invitados a participar”, subraya el hermano del exjefe de Gobierno capitalino.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.
La familia Aguirre se enfrenta a acusaciones por desvío de recursos públicos en Guerrero y el exentrenador Javier Aguirre está en la mira por amaños en partidos.
Las cosas con los Aguirre no están saliendo bien. Ni en el deporte ni en la política.
Por un lado, el exentrenador nacional Javier Aguirre se enfrenta a una nueva acusación por amaño de partidos en España.
Por otro, crece la lista de familiares del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, involucrados en el desvío de casi 300 millones de pesos.
Ayer, Carlos Mateo Aguirre y su hijo Luis Ángel Aguirre recibieron auto de formal prisión por el desvío de más de 287 millones de pesos provenientes de fondos estatales y federales.
El hermano y el sobrino de Aguirre Rivero fueron detenidos junto a otros exfuncionarios de Guerrero señalados también de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) revelaron que otro hermano y sobrino del exgobernador guerrerense están siendo investigados por el mismo caso.
La PGR señala que Floriberto Rafael Aguirre Rivero y Floriberto Rafael Aguirre Pérez tienen una denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como sospechosos de haber participado en una red para obtener contratos de obra pública en Guerrero, sin tener vínculos ni relación comercial con empresas.
El nombre Ernesto Aguirre también aparece en la investigación, este familiar del gobernador con licencia era su presunto operador político.
El lunes, el hijo del gobernador con licencia, Ángel Aguirre Herrera, envió una carta a la dirigencia del PRD en la que declina a participar en las próximas elecciones en las que buscaba ser el presidente municipal de Acapulco, Guerrero.
Incautan yates
Autoridades federales incautaron ayer dos yates y dos lanchas rápidas a la familia Hughes, involucradas en el desvío de fondos federales y estatales en Guerrero.
Las embarcaciones se encontraban ancladas en la marina privada Santa Lucía, cerca del Club de Yates de Acapulco y el monto total de estas asciende a poco más de 46 millones 359 mil pesos.
La PGR detalló que la familia Hughes pagaba alrededor de 89 mil dólares por año por cada una de las embarcaciones para se les permitiera su atraque y estancia.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Altos índices de embarazo en adolescentes, deserción escolar y homicidios de jóvenes de entre 15 y 17 años, son algunos de los indicadores que reflejan los pendientes en la atención de menores de edad en México, expuestos en el informe La infancia cuenta en México 2014.
Elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) bajo el auspicio de las fundaciones estadunidenses Anne E. Cassey y W.K. Kellogg, el documento es la décima edición en su tipo y evidencia que “en los últimos 10 años, niñas, niños y adolescentes continúan recibiendo un trato desigual”, puntualizó el director ejecutivo de la organización Juan Martín Pérez García.
En la presentación del informe, Pérez García alertó sobre temas que continúan generando preocupación, como la violencia derivada del combate al crimen organizado y los homicidios en adolescentes.
Al señalar que aun cuando la tasa de homicidios entre menores de 18 años se ha reducido en 29% de 2012 a 2013, al llegar a 11 asesinatos por cada 100 mil habitantes, hay entidades como Guerrero o Chihuahua donde las tasas son de 38 y 33 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.
Entre los datos duros obtenidos por la Redim de fuentes oficiales, Pérez García resaltó que dos millones de adolescentes de entre 15 y 17 años no asisten a la escuela, en tanto que las adolescentes de entre 15 y 17 que se convirtieron en madres, aumentó 6%.
Y mientras las tallas de los niños mexicanos van a la baja, el índice de obesidad crece, representando el 34.4% entre los niños de 5 y 11 años.
Al señalar que en los 10 últimos años las ediciones de La Infancia cuenta han sido de gran utilidad para los tomadores de decisiones en políticas públicas, Pérez García admitió que pese a los avances en la atención a la infancia todavía hay 15% de menores que no cuentan con un acta de nacimiento y 32% no tienen servicios de salud.
Al evento asistió el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien consideró que pese a los avances legislativos en materia de derechos humanos, la infancia mexicana aún padece pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, de servicios suficientes y de calidad.
“La inseguridad es evidente que incide en la calidad de vida de nuestra infancia; los indicadores que reporta el texto así lo acreditan”, añadió.
La subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón García, reconoció que pese a que se aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es importante superar algunos desafíos: “la inercia del trabajo desarticulado entre los distintos órdenes de gobierno, promover la plena participación de la sociedad civil, fortalecer los mecanismos de diálogo con la sociedad civil y contar con un presupuesto suficiente que permita lograr una efectiva implementación de la ley”, enumeró.
El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, coincidió en que en el informe La infancia cuenta en México 2014, se da cuenta de la restricción para el pleno ejercicio de los derechos humanos de menores en situación de vulnerabilidad, que padecen la discriminación, como es el sector de los niños indígenas y los migrantes.
A la presentación del documento asistieron: la representante de la UNICEF en México, Isabel Crowley; la directora de Protección a la Infancia del Sistema DIF, Elva Cárdenas, así como las senadoras Angélica de la Peña y Martha Elena García.
También estuvieron las representantes de las fundaciones WK Kellogg y Annie E. Cassey, Astrid Viveros y Florencia Gutiérrez.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
MÉXICO, D.F: Organizaciones sociales manifestaron su preocupación por la postura que asumió el gobierno de Enrique Peña Nieto al poner en duda el informe del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), difundido el pasado viernes 13.
En una misiva enviada al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, las agrupaciones que representan a familiares de desaparecidos alertaron sobre el futuro que tendrán las recomendaciones enviadas por el CED, dada la inconformidad que manifestó esa dependencia y también la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Precisaron que el comunicado de esas dos secretarías, en el que se señala que las recomendaciones “no reflejan adecuadamente la información presentada por México”, es “irrespetuoso para las víctimas de desapariciones y sus familiares”.
Además, “no reconoce la gravedad ni dimensión de la situación de las desapariciones en México”, que por experiencia y la estadística oficial refleja una “situación generalizada”.
Para los activistas, el cuestionamiento a los expertos independientes por parte del gobierno federal “es un desacato a una instancia internacional a la que México se ha sometido, y un aviso sobre las dificultades que tendrá el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité”.
Consideraron que el comunicado emitido por la Segob y la Cancillería “es un claro mensaje para diversas autoridades que se pronunciarán o actuarán en el mismo sentido, dificultando los procesos de búsqueda, justicia, verdad y reparación para las víctimas. También se dificultará la adopción de medidas y políticas estructurales”, apuntaron.
Luego de subrayar que coinciden con las observaciones del CED sobre los pendientes, los firmantes aclararon a Osorio Chong que el gobierno mexicano falló en sus obligaciones internacionales.
“El Estado mexicano presentó de manera tardía e incompleta tanto su informe inicial como las respuestas a la lista de cuestiones emitida por el CED”, hecho que fue considerado en el informe de actividades de ese órgano, que también “ha solicitado hacer una visita a México”, sin obtener una respuesta.
Las organizaciones –entre ellas la Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos– también pidieron al titular de la Segob un pronunciamiento de reconocimiento del CED, que “exprese claramente su voluntad para cumplir” con las recomendaciones y que convoque a organizaciones civiles y a actores involucrados para atender las observaciones.
De igual manera, que las políticas públicas “tengan su centralidad en el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones en esa materia”, así como garantías de seguridad para los denunciantes de desaparición y procurar “justicia en los casos de asesinato y desaparición de familiares”.
En el mismo sentido se pronunció este martes Amnistía Internacional al señalar que “el gobierno mexicano no parece dispuesto a reconocer la gravedad de la crisis, y su posición en torno a estas recomendaciones (de la ONU) puede indicar que va a ignorar cualquier crítica a sus estrategias fallidas en materia de seguridad pública. Esta decisión es extremadamente alarmante en el frágil contexto de derechos humanos que enfrenta el país”.
En un comunicado detalló que con 23 mil desaparecidos, “muchos de ellos casos de desapariciones forzadas cometidas por policías y fuerzas militares”, México debería “aceptar asistencia especializada y constructiva proporcionada por los expertos de la ONU”.
Amnistía Internacional llamó al gobierno de Peña Nieto a corregir y “aceptar pública y oficialmente todas las recomendaciones formuladas por el CED, además de adoptar todas las medidas necesarias” para aplicarlas, proceso que “sólo puede tener éxito con la plena participación de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan junto con ellos”.
También exhortó al gobierno mexicano a dar pronta respuesta a la solicitud del CED para visitar México, y “dar a los miembros del Comité todas las garantías necesarias para realizar con éxito su tarea”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
MÉXICO, D.F: El presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, rechazó que el nombre de Marcelo Ebrard pudiera aparecer en las listas del partido, debido a que ninguna “tribu” propuso su candidatura a diputado federal plurinominal, y estas posiciones ya se votaron desde el domingo anterior.
En entrevista después de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, aclaró que por lo anterior también será imposible que ocurra el domingo 22, cuando se realice la segunda parte del Consejo Nacional electivo en la Ciudad de México para completar la lista de 95 distritos pendientes de mayoría que no se aprobaron el fin de semana anterior.
Navarrete consideró que si Ebrard Casaubón quiere ser candidato de distrito por mayoría relativa, debería formalizarlo al Consejo Estatal en el Distrito Federal y ante el Consejo Nacional del partido.
En otras palabras, deberá formalizar su petición y hacer lo que no hizo el fin de semana pasado en el Consejo Nacional: cabildear entre las “tribus” perredistas.
Sin embargo, en el caso de las plurinominales, dijo, “nadie promovió esa candidatura –de Marcelo Ebrard–. Nadie convenció al Consejo de votarla, nadie hizo un esfuerzo por agrupar a un número de consejeros que sostuviera esa candidatura y, reitero, una y otra vez, en el PRD sólo los consejeros eligen a los candidatos”, indicó.
También rechazó que apartar a Marcelo Ebrard haya sido idea del actual jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, quien no está afiliado al PRD.
Navarrete además rechazó las versiones de perredistas, como Agustín Guerrero, quienes acusaron a la burocracia perredista de no apoyar la candidatura de Ebrard.
El líder del PRD dijo que se trató de un caso en el que nadie apoyó su candidatura, como el de otros 143 perredistas, donde finalmente sólo quedaron 31 candidatos.
Actualmente, indicó, están prolongando los consejos estatales para que elijan a los candidatos a gobernadores en Baja California Sur, Nuevo León, Colima, Sonora y San Luis Potosí.
Asimismo, están preparando la sesión de Consejo Estatal del Distrito Federal para el sábado 21, donde se elegirán a los candidatos a jefes delegacionales y asambleístas.
Respecto de cómo será el saldo de las elecciones intermedias para el PRD, Navarrete comentó que espera obtener por lo menos el porcentaje histórico del partido en elecciones intermedias, de 15.6%.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Docentes, policías, ciudadanos, transportistas. En Oaxaca todos protestan, incluso los niños toman las calles para quejarse de sus maestros paristas.
En Oaxaca todos protestan contra todos. Lo hacen los maestros del CNTE, que tienen tomados desde meses edificios públicos inconformes por la reforma educativa.
También los policías estatales, amotinados desde hace dos semanas en un cuartel policiaco reclamando mejores salarios.
No se diga los transportistas y los taxistas que se enfrentan de manera violenta en las calles de esta ciudad del sur de México.
El colmo de las protestas ocurrió ayer cuando escolares de un pueblo de Oaxaca, San Jacinto Amilpas, salieron a las calles para protestar contra sus maestros paristas que tienen tomadas sus escuelas en la localidad de San Jacinto Amilpas.
El grupo de alumnos de secundaria, primaria y preescolar tomaron una de las la calle ubicadas frente al Poder Judicial de la Federación para exigir a las autoridades el desalojo de los profesores paritas.
Los niños protestan en contra de la protesta de sus profesores.
Hoy en Oaxaca –a cargo del gobernador Gabino Cué- lo que impera es el caos, el desgobierno y la impunidad.
El día ayer se cumplieron 17 días el amotinamiento que mantienen policías estatales de Oaxaca que protestan para mejorar sus salarios y prestaciones.
Los agentes policiacos –que algunos estiman en 2 mil efectivos- están atrincherados desde el 30 de enero en un cuartel policiaco de Santa María Coyotepec.
El día de ayer se venció el ultimátum que fijó el gobierno de Gabino Cué para que los policías levantaran el paro y se presentaran a trabajar en las instalaciones del estadio de futbol Benito Juárez.
Muy pocos lo hicieron.
El Gobierno de Oaxaca ha advertido que iniciará un procedimiento para sancionar a los policias “paristas”, que ayer continuaban con el control de las instalaciones policiacas e incluyendo armando y equipamiento.
En un intento por resolver el conflicto, el gobierno de Cué anunció el incremento de un 10 por ciento en los sueldos que reciben los elementos policiacos.
Hay una fuerte tensión en estos momentos en Oaxaca por la posibilidad de un desalojo violento de la protesta de los policías.
La semana pasada la Policía Federal intentó un desalojo de las instalaciones tomadas por los efectivos estatales, sin embargo la acción dejó varios heridos y enfrentamiento a balazos entre los elementos.
Miguel Ángel Muñoz, vocero del estado de Oaxaca, ha dicho que buscan una solución pacífica de este conflicto que ya se prolonga por más de 2 semanas.
Hasta anoche el cuartel seguía tomado por los policías “paristas”.
La mesa de negociación, en la que participa Arturo Peimbert, defensor de derechos humanos de Oaxaca, no ha logrado que los agentes estatales levanten el paro.
En las dos semanas en que los policías no han estado en las calles se han registrado en Oaxaca 11 ejecuciones sin que las autoridades policiacas hayan intervenido.
La vigilancia en Oaxaca en estos días de paro ha estado cargo de agentes de tránsito, que han tomado las funciones de seguridad que dejaron los elementos policiacos.
El conflicto con los policías se suma a las movilizaciones que a diario en Oaxaca realizan profesores del CNTE, que la semana pasada llevaron a cabo el plantón de tres días en la Ciudad de México en avenidas como Paseo de la Reforma para protestar en contra de la reforma educativa.
Los transportistas también están inconformes.
Ayer miembros de la Alianza Mexicana d Transportistas protestaron contra el alza en el combustible y la orden de renovar su flotas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Casi la mitad de los presos en el país no reciben visitas durante su estancia en la cárcel. El vergonzoso sistema de revisión a las mujeres, los engorrosos trámites y la corrupción orillan al detenido a resignarse a purgar su sentencia sin el apoyo directo de su núcleo social.
La sobrepoblación, el disimulo de la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) y la falta de modernización en políticas de prevención y readaptación social, han hecho del sistema penitenciario mexicano uno de los más terribles del mundo.
Las cárceles en el país se han convertido en verdaderas zonas del olvido.
De acuerdo a datos oficiales del sistema penitenciario federal y de los estados, de los 327 mil 479 presos, entre hombres y mujeres, que se registran en México poco menos de la mitad reciben visitas frecuentes de familiares y amigos.
Según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social del Gobierno Federal, de la población carcelaria que abarrota los centros penitenciarios federales del país, solamente el 14 por ciento mantiene visitas familiares constantes.
El 32 por ciento recibe visitas de familiares en forma esporádica, el 11 por ciento de los presos son visitados en forma muy escasa y el 43 por ciento se considera abandonado por sus familias.
En las cárceles de jurisdicción estatal, la historia no es distinta. El abandono de los presos por parte de sus familias es notorio. Solo el 55 por ciento de los internos reciben visitas de familiares y amigos en forma regular.
El 28 por ciento de los presos reciben visitas en promedio cada 2 a 5 meses, mientras que el 18 por ciento de la población carcelaria se considera abandonado.
Cárceles Federales
14%
de los presos mantiene visitas familiares constantes
32%
de los reos recibe visitas de familiares en forma esporádica
11%
de los presos son visitados en forma muy escasa
43%
de los reclusos se considera abandonado por sus familias
Cárceles Estatales
55%
de los internos recibe visitas de familiares y amigos en forma regular
28 %
de los presos reciben visitas en promedio cada 2 a 5 meses
18 %
de los reos se considera abandonado
Sentencia en solitario
El abandono de los presos en México es propiciado por el propio sistema carcelario. El vergonzoso sistema de revisión a las mujeres, los engorrosos trámites para permitir visitas y la corrupción en la mayoría de las cárceles -en donde se cobra el acceso a las visitas- terminan por orillar al recluso a resignarse a purgar su sentencia sin el apoyo directo de su núcleo social.
A diferencia de las cárceles federales, en las prisiones estatales, el abandono de las familias a los internos se atribuye a la falta de recurso.
El 98 por ciento de las familias que son contactadas por el Departamento de Trabajo Social de las cárceles argumentan no tener recursos para visitar a su interno.
En las cárceles federales, es el propio sistema el que se encargar de desalentar a la familia a la deserción, mediante un trato violento y ofensivo a las visitas. Las revisiones denigrantes y excesivas son lo de menos.
El sistema penitenciario federal -las cárceles que fueron creadas para albergar a los presos con menor posibilidad de readaptación social y más elevado nivel de peligrosidad para la población-, alberga en sus 12 penitenciarías de máxima seguridad a 57 mil 793 internos, la mayoría de ellos acusados de delitos narcotráfico y delincuencia organizada.
Otros 229 mil 361 internos están confinados actualmente en 443 cárceles de mediana y mínima seguridad, bajo la tutela de los gobiernos de los estados. En el Distrito Federal operan 10 centros penitenciarios que albergan a una población estimada en 40 mil 325 internos, entre hombres y mujeres.
En ninguna de las cárceles de México existe un programa que aliente a los familiares de los internos a visitarlos en prisión. La CNDH ha recibido casi 73 quejas de familiares de internos tan solo en los últimos 24 meses.
Aseguran que se les niega la visita familiar, pero la dependencia ha sido omisa. Tampoco se ha querido atender el problema de maltrato al interior de las cárceles federales.
Las temibles Zonas de Olvido
Las Zonas del Olvido, a las que en el código de la cárcel se les nombra como ZO, no existen oficialmente dentro del esquema penitenciario mexicano, pero son áreas que operan en todas las cárceles del país, incluidos los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS).
Allí son enviados todos los reos que más allá de representar un riesgo a la población de presos, ya son un estorbo a los administradores de carcelarios.
Las ZO de las cárceles estatal son áreas por lo general ubicadas en un extremo de la prisión, en donde no hay vigilancia de cámaras y la presencia de los custodios es mínima.
El número de celdas oscila entre 5 a 12, y por lo general están sobrepobladas. Se carece de servicios de agua y drenaje. No hay posibilidad de servicios médicos y se permite que prevalezca la ley del más fuerte.
A diferencia de las cárceles estatales, en los CEFERESOS las ZO son también llamadas áreas de “Tratamientos Especiales”. Ahí son módulos de 8 celdas. Los allí confinados pasan las 24 horas del día encerrados. Durante todo el día no hay actividades recreativas ni de distracción. Está prohibido hablar. Los reos no tienen acceso a una vista más allá de las cuatro paredes que se alzan en un espacio de 3 por 2 metros.
Los reos que son enviados a las Zonas de Olvido, en cualquier cárcel de México, no tienen ningún tipo de comunicación libre con el exterior. Se les restringe el derecho al contacto con sus familias a una llamada telefónica, monitoreada –escuchada por los guardias penitenciarios- cada 15 días. El correo es permitido previa revisión del área de custodia.
A la fecha, las cárceles federales del país en conjunto enfrentan al menos 654 amparos contra incomunicación de sus presos. En los últimos 5 años, los jueces han otorgado la protección de la justicia en al menos 159 casos, para que los reos federales no sean privados de su derecho a la comunicación, pero las direcciones de los CEFERESOS no acatan la disposición, bajo el argumento de la máxima seguridad de la prisión.
Actualmente, al menos 2 mil 178 reos federales y estatales viven en Zonas de Olvido, la mayoría de ellos a causa de su conducta violenta o reincidente en algunos delitos cometido dentro de la prisión.
Existen presos dentro del sistema penitenciario nacional –principalmente en las cárceles federales- que ya han roto cualquier tipo de récord en materia de aislamiento. En algunos casos hay presos que tienen de 10 a 15 años sin estar en contacto físico con algún familiar o amigo.
La mayoría de los internos que se suicidan o mueren dentro de las prisiones de México, al menos así lo revelan las cifras de los últimos dos años, son los reos que están asignados a las Zonas de Olvido. En las cárceles federales, las agresiones provienen de los propios custodios.
Zonas de Olvido
> Por lo general están sobrepobladas
> Se carece de servicios de agua y drenaje
> No hay posibilidad de servicios médicos
> Se permite que prevalezca la ley del más fuerte
> No tienen ningún tipo de comunicación libre con el exterior
> Se les restringe el derecho al contacto con sus familias a una llamada telefónica, monitoreada, cada 15 días
> El correo es permitido previa revisión del área de custodia
Olvidados entre los olvidados
Otra forma de olvido son los presos que son enviados a los centros de rehabilitación psicosocial, donde el trato es inhumano para aquellos reos que sus conductas diarias son motivadas por una disfunción en su proceso de pensamiento y que no pueden ser sometidos a un tratamiento de readaptación social “normal”.
Solo en el Distrito Federal, en el Centro Varonil de Rehabilitación Social (CEVAREPSI) se tienen una población de 349 internos, quienes actúan fuera de la realidad, tras haber perdido la razón. El dato medular de estos reos no es en sí la perdida la razón, si no el momento en que la perdieron.
La mayoría de los internos del CEVAREPSI perdieron la razón estando en prisión. Los primeros meses de aislamiento o de tratamiento en áreas especiales de las cárceles del Distrito Federal hicieron que esos internos se desconectaran de la realidad, haciéndose candidatos a un tratamiento formalmente especial.
Se han detectado casos en los que la autoridad penitenciaria ha decidido el traslado de internos del fuero común al CEVAREPSI tras detectar actos de violación tumultuaria en contra de algunos de los recién llegados, quienes no fueron valorados en forma adecuada y fueron internados en pabellones violentos por decisiones administrativas.
De los reos que se encuentran internados en el CEVAREPSI, solamente el 8 por ciento de ellos recibe la visita de sus familiares. Un 92 por ciento de los internos en ese centro se considera “no apto para el trato social” por disposición médica. Hay presos que ya tienen 8 años en esa condición, y aún le quedan por cumplir al menos 20 años de prisión.
En el ámbito federal, el Centro Federal de Readaptación Psico Social (CEFEREPSI) es la instancia que alberga a los reos federales afectados de la psique.
Actualmente ese centro federal mantiene una población de 477 internos. El 90 por ciento se encuentran en el olvido por parte de sus familiares. Las visitas en esa cárcel federal a los reos se dosifican con mayor rigurosidad que en los otros centros federales, toda vez que a la valoración del CTI, se le debe agregara la opinión psiquiátrica y del área de custodia y seguridad.
Los Consejos Técnicos Interdisciplinarios
La decisión de mandar a un reo a la Zona del Olvido, siempre y cuando cumpla con los cuatro requisitos fundamentales para ello, que son: ser sentenciado, reincidente, violento y sin visitas, no depende de una sola persona. Ni siquiera un juez es el que determina sobre ello. Es un grupo de funcionarios carcelarios los que deciden la vida de un reo dentro de la cárcel.
El llamado CTI –Consejo Técnico Interdisciplinario- sesiona al menos dos veces por semana en los CEFERESOS, en las cárceles estatales sesiona una vez cada 15 días.
Allí se toman acuerdos entre los encargados de las áreas de la cárcel para decidir a qué reo se le envía a aislamiento permanente. El aislamiento puede ser solo un castigo temporal, pero por lo general, y en la mayoría de los casos, es una decisión permanente.
En las cárceles federales, no importa que el reo no cumpla con el requisito de ser sentenciado antes de ser enviado a aislamiento. Los procesados reciben el mismo tratamiento que los reos sentenciados. De hecho, las estadísticas oficiales apuntan que actualmente en los CEFERESOS son más los reos procesados que se mantienen en “tratamientos especial” frente a los reos con sentencia firme.
También corresponde al CTI -el que asume funciones propias de los jueces bajo cuya responsabilidad se encuentran los reos procesados- determinar las condiciones de vida dentro de la cárcel para los reos que violentan el reglamento de la prisión en la que se encuentren.
En los CEFERESO el CTI impone actualmente sanciones de aislamiento que van de 10 hasta 130 días a los reos violentos. El castigo del asilamiento se puede repetir indefinidamente cada vez que se vence el plazo.
Por la aprobación de los integrantes del CTI pasan las solicitudes de mejora intra carcelaria de los reos, las que con frecuencia son negadas. Pasando por encima de los jueces, los miembros del CTI son los autorizan servicios médicos, traslados, alimentación, actividades de esparcimiento, acceso al trabajo, tratamientos especializados de psiquiatría, atención geriátrica y hasta derecho a la visita familiar –incluyendo la visita íntima- para los reos.
El 98 por ciento de los amparos que presentan los reos, al considerar que sus garantías individuales se han violentado dentro de la prisión, marcan como autoridad responsable a los CTI, sobre los cuales, pese a que en el 37 por ciento de los casos los jueces han dado la razón a los reos, la CNDH no ha emitido una sola recomendación contra esa instancia. Tampoco ninguna judicial en el país ha dictaminado como ilegal o legal la figura de la CTI dentro del sistema penitenciario de México.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MÉXICO, D.F: “No se puede quedar aquí señora, su vida corre peligro”, dijo amablemente un policía del Distrito Federal a Regina Gómez Dantés, la madrugada del pasado viernes. Ante la mirada incrédula de la mujer, el uniformado precisó: “Un coche la puede atropellar o alguien que no está de acuerdo con usted le puede hacer algo”.
La mujer de 55 años y cuerpo delgado estaba sola frente a la embajada de Estados Unidos en México, ubicada sobre el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.
En sus manos sostenía una cartulina, cuyo mensaje repudiaba el asesinato del mexicano Antonio Zambrano Montes a manos de la policía de Pasco, en Washington, el pasado martes 10.
Tres días después, el lunes por la madrugada, la mujer volvió al mismo sitio, con el mismo cartel. “¿Llamó a más gente? ¿Van a venir más?”, le preguntaron preocupados los policías.
Ella los miró a través de sus lentes y les contestó: “No, soy ciudadana mexicana y estoy expresando mi opinión sobre lo que pasó en Estados Unidos, que se me hace bestial”.
Gómez Dantés, quien se definió como “la reaccionaria” de su familia por su forma de vivir, vestirse, hablar –se le escapa el “o sea” a cada rato– y por entregar su “voto útil” al candidato presidencial Vicente Fox en 2000, aseveró que se plantó ahí para “sacar todo de mi sistema: el cinismo, la impunidad, la corrupción… Quizá la edad me hace más sensible”.
También regresó este martes con dos banderas de México colgadas en su espalda como símbolo de que “en este lugar se necesita ayuda”.
Pero a diferencia del viernes, esta vez un pequeño grupo de granaderos la rodeó. Su jefe, “muy alterado”, le dijo que no podía estar ahí. Ella les exigió presentar un reglamento, un código o cualquier documento que se lo prohibiera.
El jefe perdió la paciencia, así que cuatro mujeres –una “muy agresiva”– la obligaron a trasladarse hacia la banqueta central de la avenida, poniendo un carril de automóviles y una ciclovía entre ella y el edificio sede en México de la mayor potencia mundial.
La cartulina de Regina Gómez tenía dos consignas, una de cada lado. La primera, en español, decía: “¡Qué vergüenza Enrique Peña Nieto, (canciller José Antonio) Meade, a todos ustedes! No saben pelear por los paisanos. Ambos gobiernos facilitan todo a los familiares. Pero el asesinato ha quedado sin consecuencia. ¿Y los otros 69? Beasts, brainless, murderers (Bestias, sin cerebros, asesinos)”.
La otra, en inglés, planteó: “Ustedes son asesinos, bestias. Obama: te estás poniendo ciego y eso te hace cómplice. Más de 70 mexicanos asesinados por la policía estadunidense. Ni uno de ellos ha sido arrestado, juzgado, sentenciado, multado, suspendido. Hubiera sido un ciudadano estadunidense asesinado por un policía mexicano en plena luz del día, ustedes hubieran enviado su ejército entero”.
Impulsiva
Cuando vio el video del asesinato de Zambrano Montes el pasado jueves, casi no pudo dormir. “Me dije: ¡Órale, vámonos! Y a las seis estaba aquí”, recordó con tono rápido, Regina “Impulsiva” Gómez, como ella misma se presentó.
El viernes, el lunes y hoy permaneció frente a la embajada de las seis a las diez de la mañana. Si bien pasaron miles de personas por este tramo de la avenida, ni ella ni su cartel recibieron gran atención. Sólo algunos le mostraron señales de apoyo y de aprobación.
Hoy un joven con traje, camisa y corbata “a la súper moda”, no mayor de 23 años de edad y con el cabello levantado, le gritó: “¿No tiene más que hacer, señora?”. La policía a su lado aprovechó el evento: “Hágale caso al joven”.
Ella respondió: “Es muy triste que al joven, que a lo mejor mañana va a estar en el gobierno, o (se ríe) en la Cancillería como embajador, le valga gorro el asesinato de un mexicano en otro país. ¡Está joven! Muy respetable su opinión, pero me entristece”, explicó.
Regina se dijo indignada por la reacción del gobierno mexicano quien el mismo jueves condenó el asesinato “de manera enérgica” –aunque en un comunicado– y propuso ayuda a la familia de la víctima.
“Cumplió con los mexicanos como si fuera un trámite. ‘Vamos a decir que condenamos’, y ya. O sea, no hace nada. Ante un asesinato, hacen una condena enérgica. Es todo”, lamentó.
–¿Qué hubiera sido preferible?
–Podrían ir a la ONU, ante la corte de La Haya, llamar a otros países para condenar, ¿no? Si el asesinato hubiera sido en México a plena luz del día, hubieran llamado a todo el mundo para decir que México es un país bárbaro, salvaje.
Estela del cansancio
El video en el que los policías de Pasco dispararon a muerte a Zambrano sorprendió a Regina Gómez en medio de otra iniciativa: desde hace dos semanas, todos los días se despierta a las 05:30 de la madrugada –excepto miércoles y fin de semana–, para ir de su domicilio en Mixcoac hasta la Estela de Luz, frente a las rejas del Bosque de Chapultepec.
En ese lugar saca un rotafolios de 25 fojas en el que escribe “todo lo que me tiene hasta aquí del país, del gobierno, de los mexicanos: la corrupción, la impunidad, la falta de justicia para los pobres o un metal mal cortado en la banca que hace que ¡Bolas!, me caigo”, explicó.
Ahora Regina Gómez se enfrenta a un dilema entre su rotafolios y su cartel. “Estoy pensando en ir dos días allá, dos días acá”, dijo pensativa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE (REPORTAJE ESPECIAL).
PUEBLA, Pue: El asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Marcel Chalreo, anunció que llevarán los casos de presos políticos de Puebla a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos de manifestación y de expresión que ha cometido el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Chalreo acudió a los penales de San Miguel y de Cholula, donde se encuentran encarcelados algunos de los líderes sociales, entre ellos el dirigente de la Unión Popular 28 de Octubre, Rubén Sarabia, Simitrio; el alcalde auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes, y el abogado Adán Xicale.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Río de Janeiro, Brasil, dijo que también visitó a otras personas encarceladas en Oaxaca y Guerrero por participar en luchas y movimientos sociales.
En el caso de Puebla, Chalreo calificó el caso del líder de los vendedores ambulantes, Rubén Sarabia, como un encarcelamiento “arbitrario, anticonstitucional e ilegal”.
Simitrio fue encarcelado el 19 de diciembre, supuestamente por violentar su preliberación, pero ya cuando estaba en el reclusorio le abrieron otros procesos judiciales, entre ellos uno por narcomenudeo.
No obstante, su encarcelamiento se atribuye a que la organización 28 de Octubre se sumó a las marchas para protestar contra la represión en Chalchihuapan, el encarcelamiento de opositores a un parque en Cholula y contra los cambios legislativos que afectaron a las Juntas Auxiliares.
El abogado brasileño manifestó que en los casos que reportan en esta entidad ha podido confirmar que se trata de una situación “gravísima”, donde el gobierno cometió violaciones a los derechos civiles de manifestación y expresión, que ocasionaron que decenas de personas se encuentren actualmente en la cárcel o sujetas a procesos judiciales.
Además de expresar la solidaridad de las organizaciones con los activistas poblanos, indicó que su tarea en Puebla es preparar un informe que derive en denuncias en instancias internacionales para que intervengan a favor de la liberación de personas que han sido encarceladas de manera injusta.
“La primera iniciativa será presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero si es necesario elevarlo a Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo llevaremos”, precisó.
Una vez que se fundamenten los casos que se han presentado en esta entidad, señaló que la CIDH podría iniciar un juicio administrativo y emitir una condena en contra del gobierno mexicano, que es firmante del Pacto de San José Costa Rica.
Aparte, Rita Amador, esposa de Simitrio, dijo que también llevarán el caso del líder de la organización 28 de Octubre ante Amnistía Internacional, por todas las violaciones que se han cometido en su reaprehensión y en la fabricación de delitos en contra de Sarabia y de su hijo, como una forma de castigar la solidaridad que mostró la organización con los movimientos sociales de Puebla.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
MÉXICO, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto eximió de toda culpa a elementos de la Marina, Ejército y Policía Federal en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, e insistió que se trató de un hecho cometido por “el crimen organizado en colusión con autoridades locales”.
En respuesta a las preguntas sobre el tema que enviaron diputados federales al Ejecutivo el pasado 6 de noviembre, como parte de su segundo informe, el mexiquense aclaró que las fuerzas federales actuaron 10 días después de los hechos, cuando el gobierno de Guerrero solicitó su ayuda.
“La Procuraduría General de la República (PGR) no pudo atraer la investigación hasta que así lo solicitó el gobierno del estado”, respondió Peña a través de la Secretaría de Gobernación.
En el segundo párrafo del texto sostiene que los hechos “realizados por el crimen organizado en colusión con autoridades locales” han generado indignación entre los mexicanos, y “en respuesta el gobierno ha redoblado sus esfuerzos para garantizar la plena vigencia del estado de derecho”.
Una de las medidas, recuerda, es crear policías estatales únicas, “lo que permitiría pasar de más de mil 800 policías municipales débiles a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal”.
En el documento, Peña Nieto también destaca que envió una iniciativa “para facultar” al Congreso a expedir una “ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales”. Lo que se busca con ella es actuar “de manera oportuna y temporal” cuando existan indicios sólidos de que existen autoridades locales involucradas con el crimen, apunta.
Luego destaca la inexistencia de una ley sobre la desaparición forzada: “Debido a que no existen protocolos internacionales respecto a la desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones que lleva a cabo la PGR, relacionadas no sólo con el asunto de Iguala, sino con otros asuntos similares en proceso de investigación, se están aplicando los protocolos internacionales en cuanto a la exhumación, registro de cadena de custodia, selección de peritos y atención a las víctimas”.
Con esas declaraciones el Ejecutivo federal pretende convencer a los legisladores de que su gobierno no ha tenido descuidos en cuanto a la falta de protocolos aplicados sobre desaparición forzada, “por lo tanto no se considera que exista omisión alguna”.
A la vez que llegó la respuesta de Peña Nieto a los legisladores, el pleno de la Cámara exhortó a la Comisión de Justicia para que inicie el análisis y discusión de diversas iniciativas que en materia de desaparición forzada se han presentado en la actual legislatura.
Niegan información Tlatlaya
En el segundo caso más grave de violaciones a los derechos humanos ocurrido en 2014, la PGR rechazó informar sobre ese tema a la comisión especial que indaga la ejecución sumaria de al menos ocho personas en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio.
El director de Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la dependencia, Jorge Nader, se negó a proporcionarle información a Margarita Tapa Fonllenm, presidenta de la comisión e integrante del PRD, quien solicitó información sobre los militares que participaron en los hechos.
El funcionario estableció que las investigaciones sobre el caso Tlatlaya “son de carácter no sólo confidencial, sino reservado”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Retiene y condiciona la entrega de su quincena a trabajadora de Fundación UNAM. Le exigió llenar el Formato EDD, usado para prevenir lavado de dinero y financiamiento ilegal.
Recibir un salario de la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso bajo la lupa de Banamex, el intermediario que paga la nómina de esa institución, a una trabajadora que, por lo pronto, se quedó sin salario por decisión del banco.
Banamex sometió a controles de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como los que aplica a personas políticamente expuestas, a una trabajadora de la Fundación UNAM que este martes acudió a retirar a la ventanilla de una sucursal 9 mil pesos, el pago de su quincena.
Cada quincena retiro toda mi nómina del banco porque en el pasado tuve problemas al hacerlo en el cajero automático, que en alguna ocasión me dio menos de lo debido, dijo la trabajadora de la Fundación UNAM, que pidió no ser citada por su nombre.
Cuando estaba en la ventanilla, el cajero puso de repente cara de sorpresa, me dijo que había un problema y me pidió que pasara al área de atención al cliente, añadió.
Lo hizo. La responsable de atención al cliente de la sucursal introdujo los datos de la trabajadora en el sistema informático. Hay un candado que impide completar la operación, le informó. Tiene que llenar un formato y, si todo está bien, podrá retirar su dinero en 72 horas, añadió la ejecutiva bancaria.
El documento que recibió la trabajadora de la Fundación UNAM –que tiene entre sus patronos a Alfredo Harp Helú, presidente del consejo de administración del Grupo Financiero Banamex– es conocido como Formato EDD. Es un documento utilizado para los procesos de identificación de clientes y forma parte de las prácticas del banco para evitar y prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o ser utilizado para movilizar recursos de origen ilícito por parte de personas políticamente expuestas, es decir, altos funcionarios del servicio público.
Hasta el cierre de la edición, Banamex no respondió a una solicitud de este diario para que expusiera su versión.
Para poder retirar el pago de su quincena, la trabajadora de la Fundación UNAM fue requerida de proporcionar al banco, según el formato que posee este diario, información como nombre completo, número de cuenta y de teléfono, que Banamex ya debería tener, puesto que se trata de una de sus clientas.
Adicionalmente, debe entregar información precisa sobre: fecha, nombre, país de nacimiento, nacionalidad, ocupación, número de teléfono y domicilio de sus dependientes económicos. En el formato que debe llenar para poder retirar su quincena, el banco pide que identifique el nombre de la empresa donde labora (otro dato que debe tener, puesto que se trata de un pago de nómina), antiguedad, domicilio del empleador, teléfono de oficina; informar al banco si tiene alguna otra actividad económica y si la cuenta va a ser utilizada para manejar recursos de alguna embajada, consulado o misión diplomática.
En el formato la usuaria debe dar al banco puntual cuenta del origen de sus ingresos y patrimonio; sus inversiones, si ha recibido una herencia o vendido alguna propiedad.
Todos esos datos para retirar el importe de su quincena.
Tengo la cuenta Perfiles de Banamex desde hace cuatro años. Sólo la utilizo para recibir mi salario de la Fundación UNAM, aunque tengo también tarjetas de crédito de Banamex, dijo la trabajadora.
“Hoy (ayer) que fui como cada quincena a retirar mi sueldo me dijeron que había un problema, que debía llenar el formato y esperar 72 horas para poder disponer de mi dinero y eso si ‘todo estaba bien’, como me dijeron en la sucursal”, narra.
Además me dijeron que personal del banco va a ir a investigarme a mi casa. Me pregunto: ¿para qué quieren hacerlo? y si legalmente pueden hacerlo, expuso.
La trabajadora aseguró que al comunicarse con personal de Banamex que lleva las cuentas desde donde se distribuye la nómina de la Fundación UNAM, fue informada de que el procedimiento al que fue sometida será aplicado a todos los cuentahabientes.
El banco, al no ser el empleador de la trabajadora, no cuenta con facultad legal para retener el salario. Las retenciones salariales sólo pueden ser: por impuestos, seguridad social o pensiones alimentarias, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Pero en todo caso, sólo pueden ser realizadas por el patrón y no por el intermediario para el pago de la nómina.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
OAXACA, Oax: Después de 17 días de amotinamiento, los policías estatales inconformes anunciaron el fin del paro de labores que iniciaron el 30 de enero y que llevó a la renuncia de Alberto Esteva Salinas al frente de la SSP.
Sin embargo, será este miércoles a las 7:00 horas cuando los uniformados entreguen el cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública donde se encuentran 3 mil 434 armas largas y cortas, alrededor de 500 mil cartuchos de diferentes calibres, así como equipo táctico y vehículos de la corporación.
En rueda de prensa realizada esta noche, los policías inconformes confirmaron el fin del paro de labores y, una vez que entreguen el cuartel a funcionarios del gobierno estatal, reiniciarán los patrullajes que venían realizando.
Esta decisión ocurrió luego del ultimátum del gobernador Gabino Cué, quien amagó con iniciar procedimientos administrativos o la baja definitiva si los paristas no se reincorporaban hoy a sus tareas de seguridad.
Hasta las seis de la tarde, el gobierno estatal afirmó que 201 agentes estatales se acogieron al llamado de Cué Monteagudo.
Sin embargo, otro grupo se mantuvo atrincherado en el cuartel de la SSP hasta las 21:30 horas, desde donde anunciaron el fin a su movimiento tras lograr un aumento de 10%.
No obstante, el pago de las quincenas no laboradas y la cancelación de órdenes de aprehensión quedaran a criterio de las autoridades.
Por ello la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dio por concluida su etapa de mediación y anunció que pasará a una etapa de revisión del caso, a fin de emitir un informe especial sobre las condiciones en que operan las fuerzas de seguridad pública en la entidad.
El ombudsman aclaró que decidió intervenir al percatarse de que el paro policial podría escalar en gravedad, inclusive hasta poner en riesgo la paz social en el estado, luego de los enfrentamientos entre las policías Estatal y Federal, que dejaron alrededor de 10 heridos, ocho detenidos y cinco retenidos.
El gobierno estatal mencionó que los elementos que atendieron este exhorto suscribieron una carta compromiso, “donde aceptan ceñirse a la legalidad y acatar lo dispuesto en la Constitución General de la República, en la particular del estado, así como la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
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