MÉXICO, D.F: Guillermina de la Torre Malváez, madre del exdirigente priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de liderar una red de prostitución, fue incluida por el PRI para una diputación federal. De la Torre aparece en el lugar número 10 de la lista que el Revolucionario Institucional aprobó este fin de semana para una candidatura plurinominal.
En la lista de la Cuarta Circunscripción también están la actriz Carmen Salinas, Fernando Espino Arévalo, líder del Metro, y Mauricio López, actual dirigente del PRI-DF. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
La aprehensión de Servando Gómez, La Tuta, está lejos de acabar con el crimen organizado que medra y desangra Michoacán. Los negocios ilícitos y jugosos son muchos ahí: producción y trasiego de drogas sintéticas, explotación de la producción minera, extorsión, secuestro… Ya hay varios grupos que se disputan la Tierra Caliente y la calentarán más en los próximos meses con sus feroces disputas.
MÉXICO, D.F: Con la captura de Servando Gómez Martínez, La Tuta, El Profe o El Viejo Feo, la madrugada del 27 de febrero, Los Caballeros Templarios dejan una herencia peligrosa: el surgimiento de nuevos grupos y el regreso de los antiguos cárteles, como el de Sinaloa o Los Zetas, los cuales buscan controlar el territorio de la Tierra Caliente michoacana, estratégico para la producción y trasiego de drogas. Uno de estos nuevos grupos es La Nueva Línea, integrado en su mayoría por extemplarios quienes se habían refugiado temporalmente en Colima y Jalisco, revelan fuentes de inteligencia de la Policía Federal, habitantes de la región y exintegrantes de las Fuerzas Rurales. La captura de La Tuta, de 49 años, se da en el momento más bajo de percepción ciudadana en torno a la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, luego de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 y por el estancamiento de la economía. Es una bocanada de aire fresco y un distractor en medio de los duros cuestionamientos que desde la ONU hasta Europa se han hecho al gobierno peñista por la constante violación de los derechos humanos y la espiral de violencia en todo el país. La Tuta –considerado por el gobierno federal “el criminal más buscado de México”, luego de la detención hace un año de Joaquín El Chapo Guzmán, cabeza del Cártel de Sinaloa– deja una estela de grupos del crimen organizado que se reacomodan para dominar la región michoacana de Tierra Caliente. La captura de Gómez Martínez tuvo lugar en Morelia, informó el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, la noche del 27 de febrero. Pero según testigos, el jefe templario fue sorprendido en una casa de la tenencia de Morelos, en las afueras de la capital michoacana. De acuerdo con la versión oficial, la vivienda donde fue detenido La Tuta está en el número 52 de la calle José Araizabal, colonia Oviedo Mota de Morelia, detrás de la Casa de Gobierno. En esa misma colonia hace un año fue capturado otro líder templario: Dionisio Loya Plancarte, El Tío. Gómez Martínez fue detenido luego de varios meses durante los cuales su organización criminal recibiera fuertes golpes y tras de que cayeran otros de sus capos; las autoridades ofrecían por él una recompensa de 30 millones de pesos. Visiblemente delgado, Gómez fue trasladado a la Ciudad de México para rendir declaración en la Procuraduría General de la República (PGR) y luego lo llevaron al penal de alta seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Durante su gestión como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, cargo que dejó hace unas semanas, Alfredo Castillo dijo una y otra vez que La Tuta estaba en permanente huida, con su estructura desmantelada; que vivía en cuevas y su detención era cosa de días. Sin embargo Castillo dejó el cargo con La Tuta en libertad, pese a la caída de casi todos sus cómplices.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso número 2000, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J. Y JOSÉ GIL OLMOS.
Mientras con una mano el gobierno federal colocaba en la PGR al alfil de Televisa, con la otra ofrecía el prototípico show mediático –la captura del capo de moda– a la manera de una operación distracción. Nadie más apropiado para esto último que La Tuta. La trayectoria delictiva de Servando Gómez Martínez, el jefe de Los Caballeros Templarios detenido el 27 de febrero en Morelia, es una muestra de la tragedia de Michoacán. Formado como maestro rural, tomó el camino más corto hacia el poder y el dinero: el narcotráfico. Pronto destacó en La Familia Michoacana y después participó en la fundación de Los Caballeros Templarios, con mucho las organizaciones delictivas más poderosas que hayan asolado la entidad. Pero sin duda la peculiaridad de este jefe criminal fue su facilidad para utilizar medios de comunicación como la televisión y el internet para hacerse propaganda y atacar a sus enemigos.
MÉXICO, D.F: El pueblo de Arteaga, Michoacán, donde nació y se crió Servando Gómez Martínez, La Tuta, es una tierra de montes áridos y abrojos que por muchos años estuvo abandonada, hasta que la industria minera china descubrió ricos yacimientos de hierro. Cuando ya era maestro rural –de donde le viene su apodo de El Profesor–, Gómez Martínez encontró el más socorrido atajo hacia el poder y el dinero que se conoce en el estado: el narcotráfico. Comenzó con la venta de mariguana y en unos años escaló a la jefatura del grupo criminal más poderoso que ha tenido Michoacán en medio siglo: Los Caballeros Templarios. Extraoficialmente se calcula que en 2013 la banda obtuvo ganancias de 31 mil millones de pesos, tomando en cuenta sus diversos delitos: tráfico de estupefacientes, extorsiones, secuestros y negocios con los empresarios chinos, según se desprende de informes del gobierno de Fausto Vallejo y declaraciones del entonces comisionado para el desarrollo integral del estado, Alfredo Castillo. Luis Felipe Gómez Martínez, El Güicho –hermano de El Profesor, La Tuta o El Viejo–, detenido en agosto de 2014, les contó a fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) cómo Servando cambió los salones de clase por el narcotráfico: “Cuando tenía como 19 años se juntó con su esposa y se fue a vivir por Quiroga, donde dio clases, ya que es maestro normalista. Cuando se separó, se fue a vivir al rancho de su papá, llamado Medina, el cual se encuentra a las afueras de Arteaga. Ahí durante dos años cultivó papaya, jitomate y maíz. “Después se fue a trabajar a unos ranchos de maestro y regresó posteriormente al pueblo –prosiguió El Güicho–. Tiempo después me di cuenta que tuvo un problema con una persona de apellido Barragán, quien cuando fue detenido dijo que en un rancho había un sembradío de mota y que era de mi hermano, pero yo creí que era mentira, que
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso número 2000, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J. Y JOSÉ GIL OLMOS
Reportes del Cisen advierten que tras la captura de Servando Gómez, ‘La Tuta’, en Michoacán se generará un ajuste de las células del crimen organizado, sin la posibilidad de que desaparezca el fenómeno del trasiego de drogas. El cártel Jalisco Nueva Generación sería el que tomaría el control de la zona.
Tras la detención de Servando Gómez Martínez, quien hasta la noche del jueves 26 de febrero era el jefe del cártel de Los Caballeros Templarios, se presume que el control de las rutas del narcotráfico en la entidad pudiera ser asumido por el cártel Jalisco Nueva Generación, que intentaba mantener su presencia en la geografía estatal desde hace más de cinco años. El cártel de Jalisco -que de acuerdo a informes de la PGR es liderado por Nemesio Oseguera Cervantes y mantiene vínculos con algunos grupos de civiles armados en la entidad- es el principal grupo que disputaba el control del tráfico de drogas a Los Templarios. Datos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) apuntan a la posibilidad de que en Michoacán, sin la resistencia de Servando Gómez, se genere en los próximos días un reacomodo de las células del crimen organizado, sin la posibilidad de que desaparezca el fenómeno del trasiego de drogas. El reacomodo natural que se espera de las células del crimen organizado en Michoacán, revelaron funcionarios del Cisen, podría ser violento, en la medida de la resistencia con que se busquen sostener los reductos de Los Caballeros Templarios que siguen presentes en por lo menos 7 municipios de la zona sur del estado. Fuentes del gobierno estatal de Michoacán apuntan hacia el convencimiento de que con la captura de Servando Gómez queda totalmente desarticulado el cártel de Los Templarios. Presumen que las células criminales podrían disolverse, enfrentar al cártel de Jalisco o sumarse a ese grupo para continuar con su sobrevivencia en la actividad delictiva. No se sabe a ciencia cierta el número de miembros que sobreviven en Los Templarios, pero se estima que al menos son unos 500 a 800 templarios que se mantienen activos en todo el estado de Michoacán. Un cártel conocido El cártel que tras la detención de Servando Gómez, “La Tuta”, podría quedarse con el control de las rutas del narcotráfico en Michoacán, no es ajeno a la entidad. Tiene presencia en la zona limítrofe con Jalisco, en donde se asentó a principios de la década de 1990, cuando un grupo de familias sembraban y vendían mariguana compradores foráneos. A finales del año 2004, Jalisco Nueva Generación comenzó a ser perseguido violentamente por el grupo armado de Los Zetas; la razón era la negativa de comercializar con el cártel del Golfo parte de la mariguana que se cosechaba en la zona sur del estado, la que desde entonces ya estaba comprometida con el cártel del Pacifico. El grupo que inicialmente integró el cártel de Jalisco estaba integrado por Nemesio Oseguera Cervantes, José González Valencia, Rogelio Guízar Camorlinga, Gerardo Mendoza y Domingo Sandoval, todos con el apoyo del cártel de Sinaloa, que les suministraba armas y hombres para sus movimientos logísticos, según datos de la PGR. Hacia finales del 2008, el grupo que inicialmente fundó el cártel de Jalisco –llamado nueva generación por ser todos los fundadores hijos de comercializadores de mariguana- se desmembró. Se declararon la guerra entre ellos. Tras la separación del grupo fundador del cártel de Jalisco, Oseguera Cervantes asumió el control de los municipios de Coalcomán, Aguililla, Tepalcatepec, Aquila, Chinicuila, y Buenavista Tomatlán, en la zona limítrofe de Michoacán con Jalisco, manteniendo el control del cártel. En tanto, que Domingo Sandoval y Gerardo Mendoza se mantuvieron independientes, y a ellos se les atribuye una relación de apoyo para algunos de los grupos de autodefensa. La estrella del General Apenas el pasado 27 de enero, el General Felipe Gurrola -recién nombrado encargado de la seguridad de Michoacán- anunció que la detención de Servando Gómez seguía siendo prioridad. Gurrola no solo anunció la persecución del jefe de Los Caballeros Templarios, también adelantó su obligación de ir tras un grupo de “cinco o seis personas” que se movían entorno “La Tuta” y que de esa forma seguían manteniendo el control de algunas células criminales en la zona de Tierra Caliente. Apenas se reunió con los mandos federales que operaban en Michoacán, el General diseñó una estrategia para dar con la captura del jefe de Los Templarios, del que se decía de manera oficial que se encontraba remontado en la zona serrana, viajando entre los municipios de Tumbiscatío, Tepalcatepec, Aquila, Arteaga y Coalcomán. En el operativo para la captura de Servando Gómez no se contó con la participación de las Fuerzas de Seguridad Pública del gobierno de Michoacán. La detención fue ejecutada por elementos de Federales, quienes desde hacía al menos una semana estaban tras la pista del jefe de los Caballeros Templarios. De la detención de “La Tuta” no fue informada en forma inmediata al gobernador Salvador Jara. El titular del ejecutivo estatal fue notificado del resultado del operativo federal una vez que se dio cuenta de ese hecho en las redes sociales de algunos periodistas y medios de información nacional. ¿Los nuevos dueños? El cártel Jalisco Nueva Generación es un grupo aliado del cártel de Sinaloa y tiene presencia en: Jalisco Colima Nayarit Guanajuato Querétaro Zacatecas Sinaloa Sonora Baja California > La alianza La alianza del cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación data de los últimos meses del 2006, cuando éstos últimos vendieron sus servicios como su brazo armado a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Entonces, crearon lo que en aquel tiempo se conoció como “Los Mata-Zetas”. Solo poco más de un mes
Más allá de la vacante que deja, la captura de “La Tuta” representa un triunfo para el General Felipe Gurrola Ramírez, quien el pasado 22 de enero fue asignado por el presidente Enrique Peña Nieto como Alto Mando Especial para el combate a la delincuencia organizada. Gurrola Ramírez logró en poco más de un mes lo que en su momento el Comisionado Federal, Alfredo Castillo Cervantes, no pudo hacer en un año: dar con el paradero del narcotraficante más buscado de México, por cuya captura se alzaron los grupos de autodefensa bajo el mando de José Manuel Mireles Valverde. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Mientras el PAN ya definió a la persona que coordinará la estrategia de su candidato, el PRI aún no aclaraba el panorama a unos días de arrancar la contienda electoral.
En la carrera por la gubernatura de Nuevo León, la estrategia de campaña será la piedra angular para lograr el triunfo. Y los candidatos Felipe de Jesús Cantú, abanderado del PAN, e Ivonne Álvarez, representante del PRI, mueven sus piezas para colocar a la persona idónea, que será su brazo derecho en esta contienda electoral. El coordinador de campaña hoy en día se convierte en la persona de todas las confianzas del candidato, y responsable de conseguir la aceptación del empresariado regiomontano y de la ciudadanía. Serán 90 días de intensas giras y propuestas que tendrán ambos candidatos. Buscarán recorrer las comunidades más alejadas de todos los municipios de Nuevo León. La tarea suena complicada. En las elecciones para elegir presidente en el 2012, en Nuevo León salieron a votar un millón 600 mil personas. Ahora, ambos candidatos deberán convencer a más de 800 mil votantes para lograr el triunfo. En las elecciones para gobernador en el 2009, el priista Rodrigo Medina consiguió 859 mil 442 sufragios, mientras que Fernando Elizondo, en ese entonces panista, reunió 760 mil 745 votos. La participación ciudadana fue de 54.6 por ciento de la lista nominal. El coordinador fuera de las grillas panistas El candidato del PAN a la gubernatura, Felipe de Jesús Cantú, hizo un movimiento estratégico en su equipo de trabajo: nombró a Javier Prieto de la Fuente como su coodrinador de campaña. Este nombramiento tiene ventajas y desventajas. Para muchos panistas, el que Felipe de Jesús haya nombrado a Prieto resulta alentador hacia el interior del partido. No se le vincula con ningún grupo de poder de Acción Nacional. Es decir, está alejado del Grupo San Nicolás, que encabeza Zeferino Salgado; de la División del Norte, que comenda José Serrano e Iván Garza, candidato panista a la alcaldía de Monterrey, y también del senador Raúl Gracia. Con esto, Felipe busca unir al PAN a días de que arranque la campaña electoral rumbo a las elecciones del próximo 7 de junio. Y es que el partido salió fracturado por los comicios internos, las traiciones y lo cerrado de las votaciones. Pero Prieto cuenta con hilos suficientes que lo pueden llevar a negociar apoyos entre el empresariado de Nuevo León. Egresado del Tecnológico de Monterrey, de la Facultad de Ingeniería Mecánico Administrador, no cuenta con una experiencia en elecciones. En el camino por la coordinación de campaña se quedó el diputado panista Alfredo Rodríguez, quien era impulsado por el senador Raúl Gracia y Zeferino Salgado, del Grupo San Nicolás. Rodríguez podría hacerse cargo del tema operativo en la campaña. Pero la responsabilidad de la estrategia electoral recaerá en Prieto, rumbo a la elección del 7 de junio. Con esta jugada, Cantú apuesta por un coordinador con perfil empresarial, y sobre todo busca mandar el mensaje de que está alejado de las grillas panistas. Felipe se congracia principalmente con el sector empresarial regiomontano y marca distancia de los líderes panistas, que lo llevaron a ganar la elección contra Margarita Arellanes. Prieto actualmente se desempeña como vicerrector asociado de Egresados del Sistema Tecnológico de Monterrey y como vicepresidente de la Oxford Leadership Academy México, organización europea líder en la promoción del liderazgo empresarial. Disputa en el PRI por coordinar la campaña En el equipo de coordinación de campaña de la candidata del PRI a la gubernatura, Ivonne Álvarez, hay más dudas que certezas. Rolando Zubirán se podría bajar del barco de Ivonne llamado “Alianza por la Seguridad”, aparentemente porque no congenia en las formas de trabajo de la priista. Técnicos en audio y video revelaron a Reporte Indigo que Zubirán discutió con Álvarez en el ensayo previo a la presentación de la candidata en la Arena Monterrey. Antes de la medianoche del sábado 21 de febrero, el exsecretario de Economía estatal estaba cansado, y le dijo a Ivonne que se quería retirar. Esto ocasionó la molestia de la candidata priista. Los días están contados para Zubirán en el equipo de Álvarez, y ya suenan dos nombres: Juan Manuel Parás, exdiputado federa priista, y Eduardo Bailey Elizondo, dirigente del PRI estatal. Uno de ellos será el hombre de todas las confianzas de la candidata, para intentar llevar a buen puerto su campaña electoral rumbo a los comicios de 7 de junio. Pero a unos días que arranque la campaña, hay un disputa interna por quién tomará la coordinación de campaña de Ivonne Álvarez. Por un lado, el gobernador Rodrigo Medina quiere imponer a Eduardo Bailey, mientras Emilio Gamboa, impulsor para que Ivonne fuera la candidata priista, quiere que Juan Manuel Parás lidere la estrategia electoral. Incluso, trascendió que cuando Ivonne se despidió de sus compañeros senadores en la Ciudad de México, habló con Gamboa para pedirle que Medina dejara de meter mano en su equipo. Y es que el gobernador, dicen priistas consultados por Reporte Indigo, no quiere que “la candidata se les salga del huacal”, dice la fuente. Por lo que quiere poner todo su aparato gubernamental en la campaña de Ivonne, y ésta lo rechaza.
El conflicto continúa hacia el interior del equipo de Álvarez, y ha llegado gente de la Ciudad de México para incorporarse a la campaña de la priista. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: JESÚS PADILLA.
Ciudad de México, 1 de marzo: El Alcalde priista de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, quien el año pasado admitió que sí “robó poquito” durante su primer mandato municipal, festejó ayer su cumpleaños con una celebración valuada en unos 15 millones de pesos, entre alcohol, birria y la presentación de la Banda El Recodo. Ramírez Villanueva, aceptó el pasado mes de junio, cuando aún no era reelecto, que robó dinero de las arcas municipales durante su mandato, pero aseguró que fue poco lo que se llevó. “¡Que le robé a la Presidencia! ¡Sí le robé, sí le robé, sí le robé! Pero poquito porque está bien pobre. No’más una rasuradita, una rasuradita”, aseguró. Pesé a estas declaraciones, el pasado 7 de julio fue electo nuevamente para el cargo. Ayer sábado, el polémico Alcalde se festejó su cumpleaños 44 en su rancho del poblado de Huaristemba. Dispuso 50 mil cartones de cerveza cuyo costo se estima en al menos 13 millones de pesos y 50 reses para birria, equivalentes a 600 mil pesos, según calculó el periódico Reforma. El diario, supo que Ramírez Villanueva gastó por concepto de meseros y mobiliario 250 mil pesos y 1.2 millones de pesos para que la Banda El Recodo amenizara el evento. Reforma dijo que el evento tuvo un costo de 15 millones de pesos, lo que es cercano a los 15.9 millones de pesos que recibe el municipio de San Blas, Nayarit, para seguridad.
Pero el Alcalde se defendió y dijo que sus amigos costearon la celebración y que no utilizó dinero del erario público.
“Layín tiene muchos amigos y muchas regalías, la Presidencia no pagó nada”, dijo a Milenio.
“Layín” es él. Así se hace llamar. A la fiesta asistió gente de la política, de la farándula, de los medios de comunicación y habitantes del pueblo. El evento fue resguardado por elementos de la Policía de San Blas y del estado. Hilario Ramírez Villanueva levantó dos veces el vestido de la mujer con quien bailaba, durante la presentación de la Banda El Recodo. La mujer, que no fue identificada, no pareció molestarse por la acción del gobernante sin afiliación partidista. En redes sociales se insiste que la mujer es menor de edad. SinEmbargo no pudo comprobarlo. En diciembre pasado, “Layín” ganó el premio al “Alcalde del Año 2014″, que otorga la Global Quality Foundation, por “el desempeño de su labor”, “trayectoria, trascendencia, influencias, y proyección”; así como por su capacidad de comunicarse con la gente.
Ramírez Villanueva, quien se ha caracterizado por lanzar dinero en actos públicos y jactarse de ser benefactor del pueblo, dedicó el premio al Presidente Enrique Peña Nieto, y al actual Gobernador nayarita Roberto Sandoval Castañeda. VÍDEO:
La empresa encabezada por Emilio Azcárraga Jean es ambiciosa, teje fino y acaba de incrustar dos de sus tentáculos en las más altas esferas del Estado: Arely Gómez –hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticias de Televisa– sustituirá al procurador Jesús Murillo Karam, cuya defenestración fue anunciada no por el gobierno sino por Joaquín López Dóriga, erigido de facto en vocero de Enrique Peña Nieto. Y Eduardo Medina Mora (amigo de otro de los hermanos Gómez, Bernardo, vicepresidente del consorcio televisivo) está a punto de ocupar una silla entre los ministros de la Suprema Corte, con miras a presidirla. Los poderes Judicial y Ejecutivo son sólo unas estrellas más…
MÉXICO, D.F. Al filo de las 23:00 horas del pasado 27 de febrero, el conductor de El Noticiero del Canal 2, Joaquín López Dóriga, asumió las funciones de vocero de la Presidencia de la República y anunció como un hecho el relevo de Jesús Murillo Karam de la Procuraduría General de la República (PGR) para irse a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sustituyendo a Jorge Carlos Ramírez Marín, e informó que en su lugar “será designada mañana” la senadora con licencia Arely Gómez González Blanco, hermana de Leopoldo Gómez, jefe inmediato de López Dóriga y vicepresidente de Noticias de Televisa. López Dóriga no citó ninguna fuente del gobierno federal. Ni el vocero presidencial Eduardo Sánchez, ni el director de Comunicación Social, David López y menos el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, emitieron mensaje alguno para confirmar esa noticia sobre el primer gran enroque en el gabinete de Enrique Peña Nieto. El anuncio de la designación de la próxima procuradora general, que deberá ser ratificada esta semana por el Senado, coincidió con el mismo proceso para elegir al futuro ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también Televisa juega como parte interesada. De los tres aspirantes, los espacios informativos de Televisa han destacado a Eduardo Medina Mora, exdirector del Cisen, exprocurador, exembajador y amigo desde la infancia de otro potentado de la televisora: Bernardo Gómez, vicepresidente de la empresa, así como exsocio de Alejandro Quintero, creador de TV Promo y vicepresidente Corporativo de Comercialización, artífice del “plan de acción” para llevar a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República. Seis horas antes del madruguete de López Dóriga, en el salón de sesiones del Senado Arely Gómez formalizó su sorpresiva solicitud de licencia para irse como subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, en lugar de Mariana Benítez Tiburcio, brazo derecho de Murillo Karam. Benítez se separó del cargo para irse como candidata a una diputación federal plurinominal por el PRI. La senadora Gómez González Blanco fue despedida en medio de aplausos de todas las bancadas del Senado y prodigó su “amistad” a legisladores del PRI, PRD, PAN y a los integrantes de la Comisión de Transparencia, que ella presidió.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso número 2000, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
La salida de Jesús Murillo Karam de la PGR no solamente deja un grave vacío en la dependencia en lo que respecta a las investigaciones pendientes sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre de civiles en Tlatlaya perpetrada por militares, los dos casos que tienen en crisis al gobierno de Enrique Peña Nieto. Deja a la institución prácticamente desmantelada y plagada de encargados de despacho. Es decir, en ruinas y como puente hacia la construcción de la Fiscalía General de la República.
MÉXICO, D.F: Cuando Jesús Murillo Karam asumió la titularidad de la Procuraduría General de la República en diciembre de 2012, su diagnóstico fue que la PGR estaba desmantelada… Dos años y tres meses después, la deja todavía aún peor: desarticulada, sin mandos y con el apremio de convertirse en la Fiscalía General de la República bajo un nuevo sistema de justicia penal. Con excepción del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, la salida de Murillo Karam produjo un auténtico vacío en la procuraduría a pesar de las investigaciones pendientes en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la masacre de civiles a manos de militares en Tlatlaya, los dos casos que tienen en crisis al gobierno de Enrique Peña Nieto. La salida del procurador, anunciada por Televisa a través de Joaquín López Dóriga la noche del jueves 26, casi 24 horas antes de que se oficializara, estuvo acompañada de la salida de la subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio, quien será candidata a diputada plurinominal por el PRI en las elecciones del 7 de junio próximo. De forma inicial, esa misma versión sostuvo que el reemplazo de Benítez Tiburcio sería la senadora con licencia del PRI Arely Gómez González Blanco, quien en la práctica fungiría como responsable de la PGR, toda vez que en caso de ausencia del procurador, esa subprocuraduría se erige en encargada de despacho. El viernes 27 por la tarde, sin embargo, Peña Nieto propuso al Senado de la República a Arely Gómez como nueva titular de la PGR. Es la segunda mujer propuesta al frente de la procuraduría después de Marisela Morales en el gobierno de Felipe Calderón. Peña Nieto perfiló así a Arely Gómez como candidata a ser la primera titular de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que va a sustituir a la centenaria Procuraduría General de la República, de acuerdo con la reforma política electoral de febrero de 2014. El propósito, según la iniciativa de ley enviada por el presidente al Congreso en septiembre del año pasado, es sacar a la procuración y administración de la justicia del ámbito del Ejecutivo federal para que la FGR sea un ente autónomo transexenal, por lo que el fiscal general durará nueve años en el encargo.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso número 2000, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: JORGE CARRAS ARAIZAGA.
MÉXICO, D.F: Algunas de las industrias más mortíferas del mundo encontraron en México un sólido aliado para frenar los intentos de regularlas a nivel internacional, y más particularmente en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y en la Dirección General de Reglas de Comercio Internacional (DGRCI) de la Secretaría de Economía (SE), denunciaron hoy organizaciones de la sociedad civil. Así, en julio de 2011, el titular de la DGRCI, Juan Antonio Dorantes Sánchez, envió una carta a la delegación australiana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) –y a nombre del gobierno mexicano–, para cuestionar su decisión de cubrir 80% de las cajetillas de cigarros con advertencias de salud y fotos de las 21 enfermedades ligadas al consumo de tabaco, el cual cobra 6 millones de vida al año. “Es un empaquetado genérico, sencillo, que deja muy poco espacio para la marca”, señaló Erick Ochoa, director de iniciativas para el control del tabaco en la Fundación Interamericana del Corazón México. Para la industria, añadió, “el empaquetado es la publicidad, y un estudio demuestra que un niño sabe diferenciar las distintas marcas de cigarros”. En la OMC, Dorantes Sánchez aseveró a sus homólogos australianos que “México no tiene evidencia científica ni técnica de las influencias del embalaje sobre el comportamiento del consumidor”, y afirmó que además la regulación del empaquetado podría molestar el libre comercio. Si bien esta reserva quedó sin consecuencia en Australia, las organizaciones denunciaron que la representación de México ante la OMC repitió los mismos argumentos que la industria tabacalera, además de que en el país los pictogramas ocupan apenas 30% de la cajetilla. Así, en su último informe anual, Philip Morris International afirmó que si bien “apoya las advertencias de salud para informar a los consumidores de los riesgos de fumar”, “nos oponemos a advertencias excesivamente grandes, como de 50% o más de la cajetilla”. Y, con el mismo argumento que el avanzado por Dorantes Sánchez a nombre de México, PMI aseveró: “Aumentar de manera desproporcionada el tamaño de las advertencias no reduce el consumo, pero estas advertencias de salud sí impiden nuestra capacidad de competir en el mercado al dejar un espacio insuficiente para nuestros logotipos y diseños de empaquetados”. Según el mismo informe, Philip Morris International vendió 34 mil 600 millones de cigarros en 2013 en México –3% más que en 2012–, a raíz de lo cual controló 90% del sector formal del tabaco en el país. Sus ingresos netos en 2013 se elevaron a 80 mil millones de dólares, según el mismo informe. En septiembre de este año, la compañía transnacional recuperó 20% de acciones que había comprado Grupo Carso –propiedad del magnate Carlos Slim– por 703 millones de dólares, a raíz de lo cual “PMI es ahora el dueño de 100% de su negocio mexicano del tabaco”, se felicitó la empresa. Y si bien Dorantes Sánchez afirmó no tener pruebas científicas sobre la influencia de los paquetes sobre el comportamiento del consumidor, el gobierno estadunidense por su parte comprobó que durante décadas la industria tabacalera llevó a cabo campañas publicitarias –entre otras mediante el diseño de sus cajetillas y el engaño de los cigarros “light”– con un claro enfoque hacia los jóvenes. El pasado 29 de abril, una Corte de Illinois impuso una multa de 10 mil millones de dólares a Philip Morris, decisión que apeló el gigante del tabaco. Instancias internacionales Si bien las tabacaleras utilizan a ciertos gobiernos como México –pero también Honduras, Ucrania o República Dominicana– para frenar la regulación internacional del tabaco, también actúan por sí mismas, alzando su derecho a la propiedad intelectual en el marco del libre comercio. Así, en octubre de 2012 la tabacalera demandó a Australia ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), así como a Noruega ante la Corte de Justicia Europea de la Asociación de Libre Comercio de los Estados. Pero un caso emblemático fue el de Uruguay. En 2009, el gobierno de Tabaré Vázquez adoptó una serie de disposiciones mediante las cuales se cubrió 80% de las cajetillas de cigarros con pictogramas de advertencia y se obligó a las marcas a tener un solo color, en el marco de una lucha contra el tabaquismo iniciada en 2003 y que cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En un primer tiempo, la filial uruguaya de Philip Morris, Abal Hermanos, interpuso una demanda ante la Suprema Corte de Justicia para eliminar la obligación de imprimir “las imágenes impactantes diseñadas específicamente para generar sensaciones de repulsión, disgusto e incluso horror”. En la demanda, formulada en febrero de 2010, Abal Hermanos afirmó que la función de los pictogramas consistía en “destruir la buena fe” de las marcas que comercializa sin “fomentar políticas de salud legítimas”. La tabacalera argumentó entre otros que la medida atentaba a sus derechos de propiedad, de libertad industrial y comercial, a su propiedad intelectual, así como a su libertad de expresión. Sin embargo, según la última Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos que se publicó en 2009, en Uruguay 44.6% de los fumadores “han pensado dejar de fumar debido a las advertencias sanitarias de las cajillas”. Al ver su demanda desechada por el mayor órgano jurídico de Uruguay, la tabacalera desplazó el pleito de Montevideo a Washington, sede del Banco Mundial, y más particularmente ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Ahí, PMI se apoyó sobre un viejo tratado firmado entre Uruguay y Suiza en 1988 para obligar el CIADI a aceptar su demanda, petición a la que accedió el órgano en febrero de 2013, pese a los intentos de Uruguay para invalidarla con el argumento que la salud representa un “bien supremo no negociable”. En mayo pasado, Apro entrevistó a Winston Abarca, ministro de Salud en el gobierno de José Mujica, quien lamentó: “Nosotros en el gobierno queremos que la gente deje de fumar por su salud, mientras que a Philip Morris le conviene que continúe por sus ganancias”. El caso sigue abierto en el Banco Mundial y, al declararse a favor de la tabacalera, el órgano internacional obligaría a Uruguay a pagar 25 millones de dólares a Philip Morris. Y no sólo eso: de forma unilateral y sin advertir a las autoridades, Philip Morris cerró su planta de fábrica de cigarros en Uruguay el 21 de octubre de 2011 y despidió 62 de sus 90 empleados, argumentado que “las políticas antitabaco hacían el negocio poco rentable”. La tabacalera reubicó su fábrica en Argentina, desde donde Uruguay importa ahora las marcas de cigarros que pertenecen a Philip Morris. Grasoso negocio de la chatarra En diciembre de 2012 cambió la administración mexicana y gran parte de los altos funcionarios, pero se mantuvo en puesto Dorantes Sánchez, con el apetito intacto de derrocar las barreras al libre comercio. El 17 de junio pasado dirigió una carta al representante de Ecuador ante el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, en la que denunció la nueva normatividad en materia de empaquetado de la administración de Rafael Correa. El gobierno ecuatoriano obliga a imprimir en el frente de los empaquetados el “semáforo”, el cual informa de la cantidad de azúcar, grasa y sal de los alimentos a través de un esquema de colores: verde, cuando la cantidad es saludable; amarillo cuando hay que tomar precaución, y rojo cuando representa una alerta. “Es un sistema muy sencillo de entender y leer, incluso para un niño, y estuvo promovido por miles de organizaciones de la Consumers International”, declaró el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, al precisar que el semáforo recibió el aval de la Fundación Mundial de la Obesidad, del relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Salud y entra en el marco del Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en Niños y Adolescentes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Pero, según la Secretaría de Economía, el semáforo bloquea de manera inútil el comercio, ya que afirmó a la delegación ecuatoriana que “México considera que el sistema gráfico de Ecuador carece de respaldo científico”. Parece que los funcionarios consideran al etiquetado vigente en México más adecuado. Según Castillo, estuvo diseñado por las propias empresas productoras de comida chatarra con el visto bueno de la Cofepris, y es totalmente incomprensible y engañoso, tal como lo señala de manera regular El Poder del Consumidor. En entrevista con Apro, Castillo pone el ejemplo de una botella de 600 mililitros de Coca Cola. El refresco contiene el equivalente a 12 cucharadas de azúcar y el etiquetado menciona “60% del requerimiento diario” el cual, según la Cofepris, es de 90 gramos de azúcar por día. Sin embargo, la OMS recomienda que para una dieta normal no se debe exceder 10 cucharadas de azúcar al día y, según Castillo, el organismo internacional “está hablando de reducir el máximo tolerable a cinco cucharadas al día, lo cual implica que a partir de esta cantidad se notan daños a la salud”. Y denunció abiertamente a la Cofepris por ocultar la información y hacer el juego de las empresas. “En el momento que Cofepris no invita al Instituto Nacional de Salud Pública o la academia de medicina para determinar sus medidas, demuestra que invita a las corporaciones”, aseveró, al añadir que “en el país con el mayor consumo de refresco por persona, la gente tiene derecho a tener información accesible sobre la calidad de este producto y lo que contiene” “La gente está muy mal informada. En nuestros talleres preguntamos a las madres de familia que mencionen un cereal y te responde Zucaritas o Choko Crispies. Cuando en realizad es harina refinada con 30 o 40% del peso en azúcar. Aparte tiene colorantes artificiales asociados con hiperactividad. No mencionan avena ni amaranto”, observó. Según su informe del cuarto trimestre de 2014, publicado el pasado miércoles, la empresa FEMSA –el mayor embotellador de productos Coca Cola en el mundo y dueño de las tiendas Oxxo, entre otros— registró un crecimiento de 2.1% en sus ingresos en 2014, con el cual concluyó el año con un balance consolidado de 35 mil 641 millones de pesos. Su rival, PepsiCo –dueña de Pepsi, Sabritas, Gamesa, Quaker o Gatorade, entre muchos otros–, afirmó en su último informe que registró un crecimiento de 4% en 2013, con ingresos netos de 66 mil 415 millones de dólares a nivel internacional. Transgénicos, bienvenidos Al importar maíz y productos derivados de Estados Unidos, México se convierte en consumidor de transgénicos, afirmó el vocero de Greenpeace, Raúl Estrada. Todavía en Ecuador, como también en otros 64 países, el gobierno obligó a las marcas a indicar en los empaquetados si los productos contienen transgénicos. Y otra vez Dorantes Sánchez denunció un atentado al libre comercio, “argumentando costos adicionales y obstáculos innecesarios”, informó Estrada, al añadir que “en el punto 2.22 del documento enviado al gobierno de Ecuador se asegura que no existe diferencia alguna en la composición proteínica, nutrimental, toxicológica o alergénica de los organismos genéticamente modificados”. Según Dorantes Sánchez, la ausencia de un consenso científico sobre el potencial peligro de los transgénicos “no justifica un trato diferenciado” en el etiquetado. Sin embargo, de acuerdo con Estrada el consumidor tiene el derecho de decidir si quiere ingerir un alimento con transgénicos o no. La Cofepris decidió: no lo sabrá. Para desventura de la industria transgénica, un conjunto de asociaciones de la sociedad civil reunidas en Colectiva AC impiden la comercialización de semillas de maíz transgénico en México desde septiembre de 2013, a raíz de una medida precautoria que dictó el Juzgado 12 en Materia Civil del Distrito Federal. Las transnacionales –Monsanto, Dow Agroscience, Syngenta y PHI México–, pero también las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente (Sagarpa y Semarnat) desplegaron un arsenal jurídico masivo para ganar el juicio de demanda colectiva. Desde septiembre de 2013, no menos de 12 tribunales fueron convocados para lidiar con las 72 impugnaciones y 22 juicios de amparo que interpusieron las codemandadas para derrumbar la medida precautoria. René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas AC, informó hoy a Apro que la organización ya ganó 14 amparos, y espera ganar dos más mañana viernes 27. También informó que el juez Jaime Manuel Marroquín Zaleta –que la empresa transgénica Monsanto trató de botar del proceso judicial— demandó en una sentencia dejar de lado las impugnaciones y abrir el juicio para llevar a cabo la discusión de fondo. “La aplicación de los principios jurídicos cobra especial relevancia por la trascendencia de la cuestión que se pretende someter a debate: la posible liberación de transgénicos, porque a juicio de este tribunal debe considerarse de orden público y de interés general”, advierte la sentencia. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE
Mientras que Estados Unidos liberó la velocidad de su conexión a Internet, México es colocado en el último lugar en acceso a banda ancha de la OCDE. La meta de poner online a millones de mexicanos se ve cuesta arriba.
La implementación de una verdadera banda ancha en México parece un camino cuesta arriba. Apenas hace un mes, México fue exhibido como el país con menor acceso a banda ancha entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las cifras de las autoridades no dejan lugar a dudas: solo el 16 por ciento de la población ha tenido acceso al programa México Conectado, principal bandera del actual Gobierno Federal para lograr el acceso de los habitantes a Internet de banda ancha. De los 65 mil 149 sitios que el gobierno ha logrado conectar en el país, solo 4 de cada 10 tienen acceso a Wi-Fi público. Esta situación se agrava con la decisión que tomó el pasado 29 de enero la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés), en una controvertida votación de tres a dos, de aumentar el umbral de la velocidad de banda ancha. Estas nuevas regulaciones, aunadas a las bajas cifras de logros actuales, los precios y la mala calidad del servicio, elevan la cuesta en el camino del país a una mejor conectividad. Una meta compleja El gobierno mexicano tiene durante este año la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). En esta iniciativa multilateral, los gobiernos de 63 países miembros trabajan en conjunto con la sociedad civil para promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la corrupción, y usar la tecnología como habilitador de esta apertura. “En México, la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es un espacio de diálogo e intercambio de ideas que, en colaboración con la sociedad civil, permite que el gobierno asuma compromisos para transformar la calidad de vida de las personas”, refiere la página de Internet de la iniciativa. La meca de este programa es el portal gob.mx, el cual hasta ahora solo contiene información de la Presidencia de la República. Estados Unidos nos rebasa El 30 de noviembre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que había logrado, con un mes de antelación, la meta de 2014 de conectar 65 mil sitios públicos a Internet de banda ancha. El mapa de acceso a estos sitios actualizado por esa dependencia muestra que, actualmente, solo 28 mil 142 de éstos ofrecen Wi-Fi público, es decir, de acceso para la población. Lo demás son servicios regulares de conexión que tienen las dependencias federales en sus oficinas, como se desprende del desglose de cada uno de los “sitios conectados”. El proyecto forma parte del programa México Conectado, que busca lograr la inclusión de este tipo en 250 mil lugares públicos, “incluyendo escuelas, clínicas y hospitales en todo el país”, dijo en diciembre pasado el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, en una comparecencia en la Cámara de Diputados. El mapa de los lugares conectados muestra que las compañías pertenecientes al consorcio Televisa han sido las más beneficiadas por estos contratos. En conjunto, Megacable, Operbes y Iusacell operan 24 mil 480 de estos espacios, es decir, más de una tercera parte. Le siguen en importancia GSAT Comunicaciones, con 8 mil 697, Grupo Pegaso, con 5 mil 62 y Telecomm Atlas, con 4 mil 134. Telmex, Axtel y Cablevisión tienen la menor cantidad de contratos, con 3 mil 135, 3 mil 345 y 938 respectivamente. Estos logros, sin embargo, están lejos de eliminar a México de su puesto como el peor conectado de la OCDE. Y poco ayudan las nuevas disposiciones tomadas el 29 de enero por la Comisión Federal de Comunicaciones Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés), el principal socio comercial del país. El organismo espejo del Instituto Federal de Telecomunicaciones en ese país otorgó mayor poder para que los proveedores de servicios de Internet mejoren su servicio, lo cual deja a México aún por debajo de los estándares internacionales en conectividad. Hasta la semana pasada, un usuario en Estados Unidos que pudiera descargar de Internet a 4 megabits por segundo se consideraba poseedor de banda ancha. Ahora, este mismo usuario debe poder hacerlo a 25 megabits por segundo y 3 megabits para cargar contenido desde sus aparatos electrónicos a la red. Con esto, de los 19 millones que antes no tenían banda ancha en EU, ahora serán 55 millones, esto es, el 17 por ciento de la población, según datos oficiales de la FCC. El diario The Guardian publicó que las decisiones de esta Comisión han provocado una polémica con las principales proveedoras del servicio: Verizon, Comcast y AT&T, la misma que adquirió en México primero a Iusacell y luego Nextel el 26 de enero, tres días antes del cambio en la regulación estadounidense. La reacción de la industria en EU ha sido una crítica al aumento de la velocidad, con una postura basada en que la FCC “ignora el uso que le dan al Internet los usuarios en EU”. Efectos negativos La decisión de EU de aumentar del umbral de la velocidad de banda ancha pone énfasis sobre la diferencia que hay en Méxco entre la velocidad que compran los usuarios cuando firman el contrato y la que verdaderamente reciben en sus hogares La decisión que tomaron los comisionados de telecomunicaciones en Estados Unidos la finales de enero de este año es una mala noticia para México. En principio, confirma los datos de la OCDE sobre la baja velocidad de banda ancha en el país, la peor entre todos los miembros, 16 lugares por debajo del promedio de los países que pertenecen a esta organización.
Además pone énfasis sobre la diferencia entre la velocidad que compran los usuarios cuando firman el contrato y la que verdaderamente reciben en sus hogares. Con esto, disminuye los resultados del programa México Conectado, principal bastión de la actual administración federal en materia de conectividad que ayude a una mejora en la calidad de vida de la población. Los especialistas Rolando Alamilla y Radamés Camargo, de la consultora The Competitive Intelligen Unit, consideraron que el promedio de la OCDE es de una velocidad efectiva de descarga equivalente a una cuarta parte de lo que ofrecen los operadores, es decir, que no supera los 10 megabits por segundo. Esta estadística en México decae de 11 megabits por segundo ofrecidos a nunca más de cuatro logrados en la práctica. “El hecho de que uno de los países pertenecientes a esta organización haya elevado el techo de velocidad de descarga, empujará a la alza la cifra promedio para el resto los países miembros”, escribieron los analistas. Esto pone a México “en un estado de mayor rezago en el tema conectividad y demuestra la incapacidad que ha tenido el mercado para alcanzar los estándares tecnológicos que predominan en el mundo”, determinaron. El Internet no es para todos Los resultados del programa México Conectado, hasta ahora una cuarta parte de la meta que se impuso el actual gobierno para 250 mil sitios públicos, han sido principalmente en escuelas, centros de salud, centros comunitarios y oficinas de gobierno. Al cierre del año pasado, apenas el uno por ciento de los sitios conectados eran lugares abiertos, de acuerdo con las cifras oficiales que ha divulgado la SCT. Esto significa que en el país solamente se han colocado antenas Wi-Fi libres para acceso de la población en 650 espacios en los 32 estados del país, es decir, en menos de 20 espacios públicos por cada entidad. La SCT divulgó el 31 de enero un boletín en el que anunció que estos espacios beneficiaban a 18 millones de mexicanos, en voz de la Coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, Mónica Aspe Bernal. Estas cifras reconocen que apenas el 16 por ciento de la población ha obtenido acceso, el cual está repartido en el 96 por ciento de los municipios, la mayoría de los cuales coinciden con los sitios donde se ha concentrado la Cruzada contra el Hambre, el principal proyecto social del actual sexenio. Este promedio está muy por debajo de otras ciudades como Nueva York, que este año tendrá red inalámbrica gratuita en toda la ciudad, Santiago de Chile, que contará con 100 espacios públicos con Internet, o Buenos Aires, que terminará el 2015 con 78 espacios. El precio anunciado por el Internet de banda ancha también es el más caro de la OCDE. Un estudio presentado a la Cámara de Diputados por el exdiputado Rodrigo Pérez-Alonso antes de la reforma en telecomunicaciones ya mostraba que el precio mensual por cada megabit de Internet en 2010 era de 41.98 pesos. Mientras, en Corea del Sur, el país con el Internet más veloz del mundo, apenas pagaban 1.76 dólares mensuales.
El informe de la SCT de diciembre pasado reconoció que en el país existe una “brecha digital”, pero las regulaciones actuales aún no muestran presiones sobre las compañías para mejorar la velocidad ni bajar los precios. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
La extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito, la participación ciudadana en el nuevo Sistema Nacional de Combate a la Corrupción y que el Tribunal de Justicia Administrativa investigue y sancione los casos graves, así como aumentar a cinco años la prescripción de los ilícitos, son parte de los primeros acuerdos de PRI, PAN y PRD para aprobar una nueva ley de combate a la corrupción. El perredista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, confió en que el martes próximo se elabore con esas coincidencias el dictamen para ser votado el jueves 26 en el pleno. Durante la sesión de hoy de la comisión, la secretaría técnica dio a conocer los temas en que ya existe coincidencia y destacó que sigue como punto de conflicto la exigencia de PAN y PRD para que el titular de la Secretaría de la Función Pública sea ratificado por el Senado de la República. El coordinador de los panistas, Ricardo Anaya, insistió en que no votarán los cambios constitucionales en materia de combate a la corrupción si el PRI no acepta la ratificación del encargado de la SFP por parte del Senado. Otro punto de desencuentro es el rechazo del PRI a crear dos nuevas leyes: una en materia de corrupción y otra de responsabilidades administrativas. El partido en el poder pretende que ambos temas se incluyan en una sola norma. A su vez, el PRD había sostenido que no iría con los cambios si no se incluía la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito, pero este punto ya fue avalado por el PRI, e incluso forma parte del documento que hoy se distribuyó durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales. Entre las coincidencias dadas a conocer este día destaca que se faculte al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que investigue y sancione las faltas administrativas graves. Además, el que se expida una ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional para Combatir la Corrupción. El sistema anticorrupción tendrá la participación de por lo menos cinco integrantes: el auditor superior de la Federación, el titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, el presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y como nuevo elemento el PRI aceptó a un representante del Comité de Participación Ciudadana. La reforma en materia de combate a la corrupción considera la modificación de varios artículos de la Constitución, por lo que su aval requiere el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, de ahí que PRD, PRI y PAN deban ceder en sus posiciones, pues ningún partido logra por sí solo la mayoría absoluta. Auditorías “en tiempo real” Otro de los temas en que ya existe consenso es en que la ASF realice auditorías en “tiempo real” y en que pueda auditar órganos autónomos e incluso fiscalizar fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados. También se aceptó que la ASF pueda promover acciones ante las autoridades competentes derivado de la fiscalización en tiempo real, pues en la actualidad este organismo audita acciones ejercidas dos años atrás. Igualmente, PRI, PAN y PRD han coincidido en que la Cámara de Diputados designe, con dos terceras partes de los presentes, a los titulares de los órganos de control interno de las entidades autónomas; incluso se les cambiaría el nombre por “auditoría preventiva y contraloría interna”. En las reformas también se prevé la propuesta de Enrique Peña Nieto dada a conocer hace un par de semanas y que consiste en que los servidores públicos no sólo presenten su declaración patrimonial, además su declaración de intereses, es decir, que reporten si tienen vínculos con alguna empresa y que los actos de su cargo público pudieran beneficiar a la rama privada de la que forman parte o tienen relación. Por último, a la ASF se le otorga la facultad de denunciar ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y ejercitar demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por faltas graves de servidores públicos e incluso particulares.
En los subsecuentes días los partidos políticos seguirán negociando los puntos en que los que aún no hay consenso; en tanto, el IFAI y organismos de la sociedad civil recibirán un documento con los primeros acuerdos alcanzados. FUENTE:. PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Diputados de PRD y PAN se pronunciaron en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que esta madrugada exculpó a Enrique Peña Nieto y los partidos PRI y PVEM de triangular recursos para la campaña presidencial de 2012, rebasar el tope de campaña y utilizar recursos de procedencia desconocida. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, expresó: “Definitivamente no estamos de acuerdo con el fondo de esa resolución”, aunque respetamos las decisiones del TEPJF. Como se recodará, fue el PAN el que en junio de 2012 presentó la primera denuncia y evidencias de tarjetas emitidas, a petición del PRI, por el banco Monex para ofrecerlas a cambio de votos. Luego de dos años, los magistrados electorales desestimaron las acusaciones y dijeron que aunque no se rebasó el tope de campaña, sí se comprobó que las tarjetas fueron utilizadas para el pago de operadores como parte de sus gastos electorales. “Nosotros sostenemos nuestra postura, y está planteada en nuestra denuncia que presentamos hace más de un año. La seguimos sosteniendo como millones de mexicanos”, aclaró. Ricardo Anaya también dijo que “hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral para que debata el tema de la entrega de televisores y vales de medicina, así como cualquier otro asunto que pueda implicar la intervención del gobierno con recursos públicos para las campañas electorales”. A su vez, el exsecretario general del PRD y actual diputado federal, Alejandro Sánchez Camacho, anunció que recurrirá a organismos internacionales, pues no está de acuerdo con la resolución del TEPJF, aunque no aclaró cuándo ni ante cuáles instancias acudirá. En tanto, el presidente de la comisión especial Monex de la Cámara de Diputados, Roberto López Suárez, adelantó que en su informe final darán vista a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues tienen evidencias de que sí hubo triangulación de recursos, además de que el PRI no ha aclarado de dónde salió el dinero que depositó en las tarjetas Monex. López Suárez calificó de “desfachatez” la actuación de los magistrados del Tribunal Electoral, pues según ellos sólo se pudo comprobar el uso de tarjetas Monex en dos entidades: Jalisco y Distrito Federal, “cuando nosotros comprobamos que fue en 17 estados, que hubo 25 tipos de tarjetas, además de la triangulación”. Luego dijo que en dos semanas presentarán el informe final, en donde se revelarán nombres de quienes participaron en la triangulación y prueba plena de la participación de cuando menos tres instituciones de crédito: Bancomer, Banamex y Monex. “El origen de los recursos todavía no se ha aclarado por parte del PRI, no ha dicho de dónde sacaron el dinero. Además, nosotros sostenemos que fue utilizado para la compra de votos, y no como dijo el PRI, que fue para la operación electoral. Tenemos evidencia testimonial que sostiene nuestro dicho”, alertó López Suárez. “¿Qué sigue ahora para nosotros? Presentar el informe final en donde daremos a conocer la lista de los involucrados en la triangulación de los recursos, son recursos de procedencia dudosa. Lo que hoy hizo el Tribunal fue que se voló la barda y actuó de manera cínica”, acusó.
Peor aún, sentenció el legislador perredista y diputado federal, pues “esta resolución sienta un precedente para las próximas elecciones de este año, y es que ahora con la intervención de bancos, empresas fantasma y dinero triangulado se pueden ganar gubernaturas, diputaciones y presidencias municipales. Eso es lo que nos preocupa, que ya se sentó ese antecedente”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESUSA CERVANTES.
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