Por las investigaciones de la Línea 12 del Metro, Ebrard podría verse involucrado en un procedimiento en su contra, sobre lo que dijo que responderá a las autoridades, pese al fuero que conseguiría como diputado de Movimiento Ciudadano.
El ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, renunció al PRD, luego de que el partido no lo incluyera en las listas de diputados plurinominales, por un supuesto veto del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. “Lo que sí ya no estoy dispuesto a aceptar es que haya habido un veto en mi contra, que se acreditó, porque fue esto hablado en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, y se me dijo que tenía yo que hablar con el jefe de Gobierno para poder ser candidato, si no, no”, expuso en entrevista para la primera emisión de Noticias MVS. Eso, apuntó, lo dijo el presidente del PRD, Carlos Navarrete. “Por esa razón pensé que pues ya el ciclo en ese partido político, para mí ya se terminó. Presenté mi renuncia el día viernes en consecuencia. El día sábado hicimos un convenio con Movimiento Ciudadano, no me afilio a Movimiento Ciudadano, lo hice como ciudadano, voy a participar en la cuarta circunscripción para estar en la Cámara de Diputados”. “Alguien dirá: ah, es que el señor quiere fuero. No me interesa el fuero, simplemente no estoy sujeto a ningún procedimiento”, comentó. “Podría tenerlo (el procedimiento en su contra) en el futuro, y decía yo el sábado que no me interesa el fuero. Ya entregué una carta al Movimiento Ciudadano en este sentido es decir, si tienes algún procedimiento al que tengas que responder, hay que responder, el fuero es muy mala idea… No me interesa o no estoy buscando el fuero primordialmente, sino la participación política, no me parece que sea justo, en todo caso que la gente lo decida, no quienes están en el poder”, finalizó. Ebrard aseguró que en 10 años en el PRD “no se me puede señalar algún acto que haya yo cometido, que sea una deslealtad, o motivo para que se me impida la participación política, como fue el caso ahora, recientemente, justo de la selección de candidatos para la Cámara de Diputados, la próxima legislatura”.
Además, “he tenido diferencias muy de fondo con el PRD desde la firma del Pacto por México”, recordó. VÍDEO:
La captura de Servando Gómez Martínez, "La Tuta", representa un "ayuda" para el gobierno de Enrique Peña Nieto en momentos en que lucha por contener la indignación pública.
Para algunos diarios extranjeros la detención de Servando “La Tuta” Gómez Martínez, líder de la organización criminal Los Caballeros Templarios, representa un “raro estímulo” para el asediado gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya credibilidad ha sido severamente mermada por la desaparición de 43 normalistas, y los escándalos de corrupción y tráfico de influencias. Otros medios sugieren que el golpe contra La Tuta puede ser una distracción mediática en la primera reorganización del gabinete. Los Ángeles Times dice que el arresto de la Tuta representa un “raro estímulo” para el “asediado” presidente Enrique Peña Nieto. Dice que también el viernes el “acosado” procurador General Jesús Murillo Karam “fue forzado a renunciar después de meses de criticas virulentas” de que malogró la investigación del secuestro y presunto asesinato de 43 normalistas. La corresponsal en México del diario angelino, Tracy Wilkinson, observa que se trata de la primera reorganización del gabinete peñista, el cual ha estado batallando para restaurar su credibilidad después de una serie de “apabullantes controversias“, incluidos alegatos de conflicto de interés que tocan al Presidente y su primer círculo. Dice que Murillo Karam se convirtió en el “pararrayos” de cuestionamientos sobre la política gubernamental en materia de seguridad, violencia y corrupción. Se espera que su sucesor sea la Senadora Arely Gómez, una vieja militante del PRI, de quien se sabe tiene vínculos familiares con el “poderoso cuasi-monopolio televisivo Televisa”. Dice que “algunos ya cuestionan la capacidad de Gómez para ser imparcial.” Murillo, continúa Los Angeles Times, se convirtió en “fuente de indignación” popular, como quedó evidenciado en el hashtag “ya me cansé”, que se volvió viral cuando cortó abruptamente una conferencia de prensa sobre los 43 estudiantes con esa frase. Su frase “… fue reflejo de la insensibilidad que él, y por extensión el gobierno, mostraron hacia los estudiantes provenientes de familias pobres, rurales y mayormente de izquierda”. La nota concluye diciendo que el gobierno de EPN enfrenta su peor crisis política desde que tomó posesión hace dos años y se halla bajo presión para hacer cambios significativos que pudieran restablecer la confianza pública. “La tasa de aprobación del EPN está en su peor nivel. Pero (EPN) ha resistido escuchar las demandas”. Arely Gómez, aliada política de EPN, con escasa experiencia Por su parte, The New York Times en nota titulada “Captura de Capo, Mini Victoria para México,” también vincula la detención de La Tuta con el reacomodo de Murillo Karam, al observar que el hoy ex procurador fue “agudamente criticado” por el manejo de varios casos de alto perfil. Comenta que Arely Gómez, una “popular senadora” del partido de EPN, “tiene poca experiencia en temas del crimen organizado”. Para el diario, los casos de Tlataya y los 43 normalistas, exhibieron la falta de credibilidad de Murillo Karam. Fue criticado por aceptar inicialmente la explicación del ejercito sobre la matanza de 22 personas en Tlataya, versión que fue cuestionada por medios de comunicación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En cuanto a los 43, dice que Murillo primero descartó el caso por presuntamente tratarse de un delito del orden común, pero luego reculó y dio la versión de que fueron detenidos por la policía local, entregados a un grupo criminal, asesinados y quemados, todo por órdenes del alcalde de Iguala. Sin embargo, dice The New York Times, “los críticos observan que la investigación dependió demasiado en confesiones”. La nota del diario neoyorquino dice que la salida de Murillo de la PGR se da en momentos en que entrará en vigor una nueva ley que separará el cargo del gabinete presidencial y lo someterá a la ratificación del Senado. The New York Times dice que es improbable que la detención de La Tuta regrese la paz a Michoacán, donde el debilitamiento de Los Caballeros Templarios por parte de las fuerzas de seguridad fragmentó a los grupos criminales, y provocó guerras territoriales y la diversificación a otros delitos como secuestro y extorsión. The New York Times dice que este “patrón” se ha reproducido en todo México después de que grandes capos son capturados o muertos, como el caso de El Chapo Guzmán, líder del poderoso cartel de Sinaloa.
Finalmente, el diario inglés The Guardian coincide en decir que la captura de La Tuta representa un “ayuda” para Peña Nieto en momentos en que lucha por contener la indignación pública por la violencia, la corrupción e impunidad después del secuestro y presunta masacre de 43 normalistas. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
La crisis de confianza es también “una oportunidad”, pues “estamos a tiempo para mostrar resultados, para ofrecer beneficios a los mexicanos. Soy optimista”.
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que “México está plagado de ‘incredulidad y desconfianza’”, y que existe “sospecha y duda” por el tema de las casas que adquirieron él, su esposa y miembros de su gabinete con contratistas del gobierno, pero aseveró que ese asunto ha sido “satanizado”: “Les puedo decir que entendemos”, dijo el presidente en entrevista con el diario británico Financial Times, en referencia al titular que le dedicó hace unas semanas el semanario británico The Economist: “El Presidente no entiende que no entiende”. “Hoy hay sin duda, una sensación de incredulidad y desconfianza [...] ha habido una pérdida de confianza y esto se ha demostrado en la sospecha y la duda”, dijo Peña en su “confesión más sincera desde la desaparición y la sospecha de asesinato de 43 estudiantes”, escribió la periodista Jude Weber en el Financial. Peña Nieto dijo que está comprometido a luchar contra la corrupción de manera “mucho más eficaz” y a terminar con ”el estigma” de que los políticos de México está considerados como ladrones. Expresó su compromiso para que termine de concretarse un “innovador” sistema anticorrupción, diseñado para que los funcionarios públicos rindan cuentas. “El gran desafío” es la correcta implementación de tal sistema, subrayó. Y lo es porque, como lo dice el Financial Times citando al intelectual Gabriel Zaid, la corrupción “no es una característica desagradable del sistema; es el sistema”. En la entrevista, Peña Nieto detalló su estrategia de cinco puntos: (1) reforzar el estado de derecho; (2) mantener la estabilidad macroeconómica; (3) implementar las reformas para que sus beneficios lleguen a la gente; (4) ajustar el gasto público para centrarlo en la inversión, y (5) el desarrollo de zonas económicas especiales en los estados afectados por conflictos y en los más pobres de México.
EN otro tema, EPN aceptó que las elecciones de 2015 “pondrán a prueba la confianza en él y en su gobierno”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Desde el 2013, el Consejo de la Judicatura de Jalisco instauró un programa para combatir la corrupción al interior del Poder Judicial. Cinco jueces inhabilitados y cerca de 50 burócratas ha sido el saldo hasta el primer semestre del 2014. Rezago en la administración de justicia es la queja más común contra juzgadores.
Un juicio mercantil derivó en uno penal, en la cárcel, y hasta en la presentación ante la prensa de una pareja señalada de fraude, aun cuando su defensa ha aportado pruebas periciales para probar su inocencia, avaladas por el Ministerio Público, pero que un juez estatal se niega a tomar en cuenta. En diciembre del 2014, la Fiscalía General del Estado emitió un boletín en el que informó sobre la detención de Miguel Ángel Larios Cervantes, de 60 años, y de su esposa María Concepción Escalante Herrera, de 59, ambos residentes del fraccionamiento Santa Fe, en el municipio de Zapopan. La dependencia detalló en su comunicado que la pareja había sido aprehendida en Baja California por contar con dos órdenes de aprehensión, una de ellas emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del municipio de La Barca, quien los inculpó de fraude. Larios y Escalante fueron trasladados a Jalisco. La Fiscalía los recibió y luego los encarceló en la prisión municipal de La Barca. La defensa de la pareja ha alegado la inocencia de la misma, y ha dicho que, quien ha acusado a sus clientes, tramó una historia de falsedades, a la que presuntamente se ha sumado el propio juez, Ramón Alvarado Becerra. Alvarado Becerra tiene apenas unos meses en el cargo. El 21 de octubre del año pasado fue nombrado Juez Mixto de La Barca por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Como funcionario público, había sido también visitador adjunto de la segunda visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ). Y más: el abogado del denunciante es Jorge Vejar Orozco, un exagente del Ministerio Público, que salió de la anterior Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco por señalamientos de corrupción. Uno de ellos se documenta bien en la recomendación 18/2000 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por detención arbitraria y tortura. El ex agente del MP aprobó la detención ilegal de un grupo de personas. Un préstamo imposible de pagar Miguel Ángel Larios Cervantes y su esposa conocieron a José Luis Jiménez Anaya en el 2007. Al paso del tiempo, la pareja le pidió a Jiménez un préstamo de 3.5 millones de pesos, sabiendo que éste era agiotista. Los meses pasaron y el matrimonio no pagaba. José Luis prefirió presentar una demanda mercantil ante el Juzgado Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial de Jalisco. La demanda fue admitida el 4 de enero de 2011; se registró con el número de expediente 4806/2010, en el cual se detalla que se emitieron cinco pagares a favor de Miguel Ángel Larios, que suman un total de 3.5 millones de pesos; también se establecía el pago mensual de 2.5 por ciento por intereses. El 14 de julio del 2011, el usurero citó a Miguel Ángel Larios en una de sus oficinas, en la calle Agricultores del fraccionamiento Prados de Guadalupe, en Tepeyac. Eran cerca de las 11:30 horas de ese día cuando Jiménez le dio a firmar una hoja a Larios, para comprometerse a pagar 4.5 millones de pesos. La discusión inició. “De aquí no sales hijo de puta, firma la hoja culero, si no, ten por seguro que vas a amanecer encobijado”, fueron las palabras que supuestamente le dijo el agiotista a Miguel Ángel Larios, según consta en la denuncia penal que presentó éste último en agosto de aquel año por el delito de privación de la libertad. De acuerdo con la declaración, José Luis Jiménez le pedía a Larios, para saldar la deuda, su casa de la colonia Colomos Patria, en el municipio de Zapopan. Para no seguir recibiendo golpes, el hombre accedió, pero le dijo que tenía que llamar a su esposa. Al hacerlo, le pidió ayuda a ella. Las torretas de la policía lo salvaron. Después de ese episodio, la pareja se fue a vivir a San Diego, California. Deudas y compras Paralelo a la golpiza, José Luis Jiménez sacó un as que tenía bajo la manga. Presentó una denuncia de hechos ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Partido Judicial, con sede en el municipio de La Barca. Declaró que Miguel Ángel, el mismo hombre que le debía 3.5 millones de pesos, le había vendido después una casa de 4 millones de pesos en La Barca. Según el usurero, su deudor usó documentos falsos, como escrituras ante un Notario Público y un certificado de gravamen del Registro Público de la Propiedad, para validar que era el supuesto propietario de la finca. La denuncia por fraude específico por suplantación de identidad fue admitida por el juez Alvarado Becerra. El delito está contemplado dentro del artículo 252 del Código Penal del Estado de Jalisco, y establece penas que van de los 4 a los 10 años de prisión. En noviembre del año pasado, al momento de cruzar la frontera de Estados Unidos con México, la pareja fue detenida, y luego, encerrada en la cárcel de La Barca. Desde ahí enfrenta el proceso penal 20/2012. En la investigación se advierte que sí, que los documentos que presentó el agiotista son falsos. El notario público y el funcionario del Registro Público de la Propiedad que declararon, reiteraron que los papeles y firmas no son reales. La defensa de la pareja solicitó un peritaje externo con un especialista en la materia, Eleazar Navarro, pilar de las ciencias forenses en la entidad. El experto confirmó de nuevo: los documentos de papel y las firmas son falsos. Los abogados defensores pidieron un incidente de libertad.
Y el Ministerio Público dijo al juez que tomaba como propio el estudio hecho por el especialista, apegándose a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala tal decisión. Pero el juez se negó. Dijo que no se trataba de un peritaje colegiado (hecho por la defensa, la parte acusadora y el Ministerio Público), reclasificó el delito como fraude por suplantación (de identidad) y dictó el auto de formal prisión. Los defensores presentaron una queja contra el juez ante el Consejo de la Judicatura de Jalisco, y un par de denuncias más: una contra Jiménez Anaya, por uso de documentos falsos, falsedad de declaraciones, y otra hacia el juzgador por delitos cometidos en la administración de justicia. Los regaños e inhabilitaciones En abril del 2013, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco anunció la puesta en marcha de un programa anticorrupción, para documentar casos de irregularidades cometidos por funcionarios públicos del poder judicial de la entidad. A través de denuncias anónimas, vía telefónica o por correo electrónico, la Judicatura estatal fue conociendo de casos de servidores públicos involucrados en presunta corrupción. En el primer año, la dirección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades del Consejo de la Judicatura local recibió 432 quejas; de esas fueron resueltas 406. Y en los primeros meses del 2014, esa misma área había recibido 124 quejas. De acuerdo con Carlos Arias Madrid, responsable de esa oficina del Consejo de la Judicatura, la mayoría de las quejas son contra los jueces de primera instancia, por un motivo principal, el rezago en la administración de justicia. En lo que lleva el programa, cinco jueces han sido inhabilitados y casi 50 burócratas del poder Judicial de Jalisco han sido amonestados. Un caso emblemático fue el de Mario Hernández Martínez, quien era juez desde 1998 y a quien un error le costó el cargo el año pasado. Hernández fue Juez Tercero en Materia Penal con sede en Puente Grande hasta mayo del 2014. En el 2006 calificó una detención como legal cuando no lo era; después se dio cuenta del error y quiso subsanarlo: Era muy tarde. La persona a la que perjudicó con esa falla pasó casi siete años preso. En 2013, la Judicatura estatal se percató del hecho y destituyó a Hernández un año después. En 2013 también, el Consejo de la Judicatura de Jalisco inhabilitó al Juez Primero de lo Penal en Puerto Vallarta, Miguel Valenzuela, y al Juez Mixto en Lagos de Moreno, José Ávalos Pelayo. El primero –quien también fue presidente de la Asociación de Jueces de Jalisco– fue cesado por la Judicatura porque dictó una sentencia a favor de dos presuntos secuestradores. Y el segundo, fue retirado del cargo por tardar hasta ocho meses en resolver una orden de aprehensión. El sistema de justicia en Jalisco –que todavía no da el paso decisivo hacia la oralidad en los juicios– se presta a cualquier tipo de corrupción. Sólo en los juzgados penales se acumulan más de mil casos cada año.
Jalisco aún no da el paso decisivo hacia la oralidad en los juicios, y en los juzgados penales se acumulan más de mil casos cada año. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: MAURICIO FERRER.
Después de un año, esta semana finalmente se discutirá en el Congreso la Ley General de Transparencia, sin embargo, no todos ven claro los detalles de esta propuesta. Conoce ocho puntos que, de acuerdo a organizaciones civiles, representan fallas en la legislación.
La reforma constitucional en materia de transparencia aprobada en febrero de 2014 está en peligro. Lo ven así, por lo menos, que 303 organizaciones civiles mexicanas y extranjeras. Esta semana el Senado discutirá un proyecto de ley secundaria que debió estar aprobado desde el 7 de febrero, pero aún no ha pasado siquiera por la cámara de origen. La iniciativa contraviene, en opinión de estos colectivos integrados por expertos, el espíritu de la reforma constitucional de una máxima publicidad. El viraje se dio luego de que la consejería jurídica de la Presidencia presentó 81 reservas al proyecto de Ley General de Transparencia. Se encaminan, principalmente, a incluir más asuntos reservados, eliminar la necesidad de justificación para negar entrega de documentos y datos, además de cerrar, desde la ley, algunos asuntos vitales como las violaciones graves a los derechos humanos o la información sobre la explotación de hidrocarburos. La divulgación de un comunicado conjunto, liderado por el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate, con el apoyo del propio Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ya tuvo un primer resultado. Desde este lunes los funcionarios de presidencia, los legisladores y los ciudadanos debaten en el Senado la inclusión o no de estas reservas en el proyecto final que aprobarán los Senadores y pasará luego a la Cámara baja. En entrevistas para Reporte Indigo, algunos de los autores de este pronunciamiento conjunto explican por qué decidieron concentrarse en estos ocho puntos en la batalla por eliminar las reservas y buscar que la “máxima confidencialidad” no se convierta en la regla. 1. Sanciones que limitan el derecho de acceso a la información Omar Rábago Director Ejecutivo Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) “El artículo 208 de la iniciativa menciona la posibilidad de sancionar a los funcionarios de los sujetos garantes (como el IFAI) cuando sus decisiones de abrir información generen daños que pudieran afectar a los funcionarios de las dependencias afectadas. Al ser tan ambiguo el término de generar daño, no explica en qué consiste ni sus alcances, puede hacer que los órganos garantes tengan miedo a dar acceso a la información. No queda claro qué proceso se va a seguir, pero estamos temiendo que cualquier funcionario afectado acuda al poder judicial a pedir un amparo contra el IFAI diciendo que le fue generado un daño. Aquí va a primar el miedo de los funcionarios públicos de ser sancionados, van a darle la vuelta al tema para que no se difunda y no puedan resultar afectados. Estas sanciones no estaban previstas en la iniciativa pero fueron incluidas en las reservas que presentó la consejería jurídica (de la Presidencia), pero no se especifican los montos”. 2. La desaparición de la obligación de generar la información Renata Terrazas Investigadora de Transparencia y Rendición de Cuentas Fundar “Los argumentos de consejería jurídica y el Partido Revolucionario Institucional son que al mantener la redacción como está, la propuesta terminaría obligando a que las autoridades ejercieran facultades que no ejercieron. Quieren eliminar que el Órgano Interno de Control obligue a generar información, con el pretexto de que estarían teniendo más trabajo. No es un doble trabajo, es algo que en principio debieron haber hecho. La autoridad debe decir: no se llama así el documento que tiene la información que estás pidiendo pero te damos una opción. No podemos tener el discurso de que no se hizo, queremos que por lo menos se generen documentos importantes. Esta garantía es una de las pocas cosas que viene tal cual en el texto constitucional, que se debe documentar todo acto de la autoridad. Entre 2010 y 2014 las dependencias federales negaron más de 30 mil solicitudes de información declarando inexistencia. Las más frecuentes fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de la Función Pública. Lo que hacía el órgano garante (IFAI) era resolver que hicieras una búsqueda exhaustiva. Buscamos que exista la obligación de generar la información. La importancia de esto es muy básico: ¿Cómo garantizar el acceso a la información si no hay información; cómo un acto de autoridad puede ser legal y legítimo si no existe un documento que lo avale?” 3 Se limita el acceso a la información sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad Ana Lorena Delgadillo Directora Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho “Como está establecido actualmente en la ley, permite que el IFAI se pronuncie en un caso a priori sobre si hay violaciones graves a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Esta determinación no tiene ninguna consecuencia jurídica más que preservar un derecho más inmediato de dar el acceso a la información. En la propuesta de la nueva ley, se le quita al IFAI esta facultad. Será obligatorio que lo determinen la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con la CIDH el problema es el tiempo que toma para dar una determinación de tal magnitud. Simplemente para ser admitido un caso puede tomar hasta cuatro años. Esto quitaría el efecto de que en graves violaciones a derechos humanos pueda haber una vigilancia o control ciudadano de lo que se está haciendo en la investigación, un escrutinio público. Si te van a dar acceso cuando ya haya una determinación de un juez, pierdes un espacio de oportunidad para incidir.
La intención es que hay una afectación general, un control de cómo se está abordando la investigación. Con la CNDH también toma años. Por ejemplo, en la recomendación sobre el caso de la matanza de migrantes en San Fernando, la CNDH no calificó el caso como violaciones graves, no se pronunció sobre dos derechos fundamentales, que son a la integridad y a la vida. Esto te limita ya de fondo porque no hay como accionar el derecho de acceso a la información ¿Qué va a pasar cuando le pida a la CNDH información de investigación en curso que ellos están haciendo? Serían juez y parte”. 4. Reserva de información por causal de estabilidad económica, seguridad nacional e integración de nuevas reservas Edna Jaime Directora México Evalúa “Incluir la causal de estabilidad económica para negar información es abrir mucho la puerta a la reserva. Debe quedar establecido con mucha precisión cual es la información que se va a limitar, que sea excepcional. Es legítimo y válido que se solicite una prueba de daño. ¿Cuántas cosas no influyen en la estabilidad económica bajo control y no del Estado mexicano? Estas reservas buscan diluir la fuerza de la reforma constitucional. Deben quedar claras cuáles serían las razones para reservar información. La propuesta de la consejería jurídica es que se haga una prueba de daño en la segunda instancia, es decir, cuando el ciudadano pida un recurso de revisión. Muchos solicitantes no van a una segunda instancia y es importante una argumentación sustantiva, una explicación de por qué generar información sobre un asunto puede causar un daño. Para esto es importante una Ley de Archivos, para que todo acto de autoridad quede bien documentado, que no quede a discreción del funcionario público. Siendo así el caso es muy difícil justificar la no existencia de la información. Es muy frecuente que aleguen seguridad nacional sin argumentos. En los casos de reserva necesita una prueba, las reservas son excepcionales y debe estar sustentada, aunque en la práctica no son excepcionales”. 5. Eliminación de la prueba de daño Omar Rábago Director ejecutivo Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) “Cuando se habla de la prueba de daño, los sujetos obligados no tendrán que valorarlo. Esto evita justificar la decisión a los que se les niega la información. Estamos hablando de la valoración también, tiene que haber una reflexión, un análisis de la información, que no es propiedad de los funcionarios. Tendría que darse la máxima publicidad o justificar por qué. Con las reservas se elimina por completo la prueba de daño. Las últimas modificaciones son regresivas. Tuvimos una muy buena reforma constitucional, seguida de una mala reglamentación secundaria. En términos de derechos humanos la progresividad es importante. Se puede negar la información sin que haya un proceso de reflexión y análisis antes, sin que haya una justificación. Lo ganado en la prueba de daño se eliminaría por completo y podría dar pie y la información n se niegue como regla no como excepción”. 6. Intervención ampliada del Consejero Jurídico Alejandro González Arreola Presidente Gestión Social y Corporativa “La reforma constitucional planteaba solamente algunos puntos de excepción para reservar información, que tenían que ver con seguridad nacional, estabilidad económica y financiera. Sólo facultaba a la consejería jurídica para sustentar, presentar la causal de reserva e impugnar ante el IFAI alguna disposición. Ahora se está planteando que la consejería jurídica pueda dar cauce a peticiones de inconstitucionalidad de gobiernos estatales, municipales y congresos de los estados. El análisis de las organizaciones es que ninguno de éstos tiene ninguna acción o tema referido a estabilidad económica ni seguridad nacional. La consejería estaría funcionando como una especie de gestor. Esto va más allá de sus atribuciones y abre la posibilidad a tener una interpretación laxa del término seguridad nacional a otros como la seguridad pública. En la ley debe quedar establecido a que se refieren con seguridad nacional y estabilidad económica. Como copresidentes de la Alianza para el Gobierno Abierto junto al gobierno federal durante este año, desde Gesoc expresamos la preocupación de organizaciones de la sociedad civil y el IFAI. A pesar de que en la elaboración de la iniciativa hubo un consenso, lo que ha hecho la consejería jurídica representa un retroceso”. 7. Desaparecen las obligaciones de transparencia relacionadas con la gestión pública de las actividades de explotación de hidrocarburos María Colín Asesora jurídica Greenpeace México “Si se revisa la Ley de Hidrocarburos, el tercer capítulo es de la información obtenida de las actividades de reconocimiento y exploración. Este capítulo pareciera que está generando un régimen de transparencia aparte de lo que es la Ley de Transparencia. Se dice que la Comisión Nacional de Hidrocarburos garantizará la confidencial de la información. En el artículo 88 de la Ley de Hidrocarburos, faculta en materia de transparencia a la Secretaría de Energía, pero no menciona gran cosa, esencialmente son números muy básicos. No vas a obtener una concesión completa, sólo estadísticas del proceso de licitación, bases, reglas, números de contratos. Son cifras rudas, muy generales. Veo muy difícil que te den interpretación de datos sísmicos o algo más profundo, diferente a los puros listados. La información del contratista no va a ser accesible al público.
El criterio que permea en materia de hidrocarburos es confidencialidad ante todo y luego ya vemos. Se está violando el principio de la máxima publicidad, porque todo el matiz de esa ley va reiteradamente a la confidencialidad. La Ley marco es la de transparencia, no se debe garantizar la máxima confidencialidad sino la máxima publicidad. Eso en la práctica no está sucediendo”. 8. Se elimina la obligación de transparentar listado cancelaciones tributarias Juan Pardinas Director general Instituto Mexicano para la Competitividad “Ha habido una serie de malentendidos. En apariencia las condonaciones, esto es, los privilegios fiscales a contribuyentes al Impuesto Sobre la Renta -que son motivo de irritación de los contribuyentes en el país- van a ser públicas. No se van a hacer pública las exenciones, como el Impuesto al Valor Agregado en la compra de libros y revistas. No parece un tema grave que no se hagan públicos porque no privilegia un sector o una empresa. La discusión de los últimos días con el poder ejecutivo da la apariencia de que no hay ninguna objeción en hacer públicas la condonaciones fiscales. Con la nueva legislación los gobiernos estatales no nos podrían echar para atrás el requerimiento de conocer lo que se les ha condonado. Cuando se litigó el caso Yo Contribuyente (para conocer el listado de condonaciones de congresos estatales) el argumento, bastante pedestre, fue que la ley no diferenciaba entre personas morales empresas y públicas, por lo cual los obligaba a guardar la información. Tendrá que quedar muy claro en la leu que las condonaciones van a ser transparentes. El principio de justicia de un sistema fiscal es que todos pagamos en forma equivalente a nuestro ingreso, justamente con estas condonaciones era legalizar la evasión y protegerlos con el velo de la opacidad. Por lo menos ante la luz pública va a haber información, hay que ver cómo se va a publicar, si por solicitud de información.
Si el Servicio de Administración Tributaria ha hecho tanto énfasis en difundir nombres que no han estado al día con sus obligaciones fiscales, también tendrían que publicar la lista de los que perdonaron. Lo deseable sería que no tuviera que mediar una solicitud de información”. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
CHIHUAHUA, Chih: Un grupo de choque identificado con el gobierno estatal irrumpió la concentración masiva del movimiento Unión Ciudadana, con palos y gas lacrimógeno. Agredieron a mujeres, hombres, adultos mayores y representantes de medios de comunicación que se encontraban en el evento ciudadano. A las 16:30 horas estaba convocada la gente para dar inicio la reunión masiva de Unión Ciudadana, pero desde las 10:00 horas, los dirigentes fueron alertados de la colocación de un gran templete justo frente a la puerta de Palacio de Gobierno, donde se colocarían los integrantes del movimiento. Además colocaron camiones oficiales de Gobierno en la plaza Mayor, frente al palacio, para no dar espacio a la manifestación en contra de la corrupción del gobernador César Horacio Duarte Jáquez. Alrededor de las 14:00 horas, un grupo de hombres robustos, intentó bajar al senador Javier Corral Jurado del templete, pero lo defendió otro grupo del movimiento, lo que dio origen a una serie de jaloneos. Los hombres también intentaron quitar al abogado Jaime García Chávez, quien interpuso la demanda penal contra el gobernador ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero no lo lograron. Sin embargo, jalaron a hombres y mujeres.
Jóvenes, mujeres y dirigentes de Unión Ciudadana, se apoderaron del templete mientras que el grupo de choque jaloneaba una piñata con la cara del gobernador y cuerpo de cerdo, para evitar que la llevaran al templete. Le arrancaron una pata y una mano. Cuando inició el evento con más de mil personas y el conductor tomó el micrófono, se apersonaron los enviados que gritaban “Duarte, Duarte, Duarte”, para provocar e insultar a los del movimiento concentrado. Junto con esa acción, elevaron el sonido de la música en la plaza Mayor para ahogar la voz de los manifestantes. Primero era un sonido y luego llegó el grupo La Consentida, que tocó casi sin público, pues era un evento no programado. Con palos, el grupo dirigido por la lideresa de colonia apodada “La Negra Tomasa”, lanzó golpes contra los asistentes, varios de ellos adultos mayores. Un grupo de Unión Ciudadana se replegó para hacerlos para atrás, mientras gente cercana a gobierno alertaba que tenían un grupo de antimotines en un sótano abajo del edificio Héroes de la Revolución. Cuando uno de los adultos mayores se cayó, una alidada de La Negra Tomasa, se burlaba porque le enterró la punta de una sombrilla negra. Se cayeron varias personas y el grupo aprovechaba para darles palazos, la policía no aparecía y los agentes de Vialidad sólo eran espectadores. Luego de más de media hora, llegó un par de agentes y controlaron al grupo provocador, que intentaba bajar del templete a los de Unión Ciudadana y correr a los participantes que habían llegado de la capital Juárez, Cuauhtémoc, Parral, Camargo, Jiménez, Ojinaga y Madera, varios de ellas víctimas de violencia y del sistema. Casi al finalizar la agresión, jóvenes que iban con la Negra Tomasa, lanzaron gas lacrimógeno contra los participantes de Unión Ciudadana y contra la prensa. La reunión anticorrupción continuó: “Nadie sabe para quién trabaja”, advirtió el senador Javier Corral, al hacer referencia que desde la noche el gobernador mandó instalar el templete sobre el que estaban plantados. Y Víctor Quintana Silveyra, dirigente estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), indicó que esa era su primer triunfo, la toma del templete, del lugar asignado para la manifestación ciudadana que les intentaron arrebatar. La estudiante Sofía García tomó el micrófono para externar el hartazgo de varios jóvenes y refirió que la agresión que acababan de recibir sólo es una prueba del tipo de gobierno que hay en Chihuahua. Respaldada por un grupo de jóvenes que organizan las manifestaciones por Ayotzinapa, otra estudiante llamada Mariana lamentó la situación que acababan de vivir, que calificó como triste y deprimente, pero advirtió que no los van acallar. “Señor gobernador: ni con sus acarreados, ni con sus come lonches, lo va a lograr”, expresión que arrancó el grito de “Ayotzi vive, la lucha sigue”. Y cuestionó a los provocadores en qué calle viven. “Porque en la calle donde yo vivo, hay gente pidiendo dinero por hambre, en la calle que yo vivo los jóvenes no pueden estudiar lo que quieren ni cómo quieren. A nosotros nos preguntan que si no nos da miedo andar aquí, y sí , sí nos da miedo, pero nos da más miedo formar una familia y tener hijos para que vivan en un lugar como éste”. “Vete Duarte, Vete Duarte”, era el grito recurrente. Víctor Quintana pidió un minuto de silencio por el asesinato del activista y ex alcalde de Villa Ahumada, Alberto Almeida Fernández, a quien mataron en Juárez esta semana. “Este templete es nuestra primera victoria (…) ¿qué tan débil es Duarte que tiene que mandar a provocadores de tercera? Unión Ciudadana es el sueño compartido, el poder está aquí, con nosotros, sientan el palpitar de Chihuahua”, dijo Quintana. Luego tomó el micrófono Blanca Gámez Gutiérrez, integrante del movimiento estatal de mujeres y exdiputada federal, quien recordó que en Chihuahua permanece la impunidad de hace más de dos décadas y tampoco se reconoce la problemática de las personas desaparecidas, que en Chihuahua suman más de mil 500. “Todo México es un cementerio”, refirió y dijo que en Chihuahua además no hay separación de poderes, hay una sumisión total de los poderes Judicial y Legislativo hacia el Ejecutivo, que ha impuesto hasta magistrados y aun así “se presume la cultura de la legalidad”. Mencionó a los derechohumanistas y agradeció su lucha porque no se dejan amedrentar, como las organizaciones que defienden a las mujeres, a las familias de personas desaparecidas, indígenas, el campo, entre otros. Javier Corral indicó que estaban viviendo un momento contradictorio en la vida de Chihuahua porque habiendo varios signos ominosos, de éste se levanta una esperanza con la gente que está decidida a decir “ya basta” por los abusos del gobernador. “Qué poco conoce Duarte a la gente de Chihuahua, pensaba que con La Negra Tomasa nos iba a correr. Desde anoche mandó tomar la plaza, pero nadie sabe para quién trabaja. Utilizó hasta niños para traerlos a la plaza y trata de sofocar y sabotear. Cerró 20 cuadras a la redonda y siguen cerradas; mandó traer porros para desalojarnos del templete y luego utilizó ala gente más humilde para provocar”, detalló. Y enfatizó: “Ha mostrado el miedo que nos tiene a todos juntos. Cuando un gobierno muestra su miedo, es porque está a punto de caer”. Recordó que ese movimiento, Unión Ciudadana, abraza la batalla contra la corrupción que se ha encarnado en la figura de Duarte, porque Chihuahua ha visto cómo se enriquece, ya que el caso de Unión Progreso sólo es la punta del iceberg. “Hace ocho años no tenía Duarte registro de exportación a Estados Unidos, ahora es uno de los ganaderos con más exportaciones. Es donde está el temor de Duarte. Si alguien sabe todo lo que ha hecho es él, y sabe que los sabemos. Sabe que no tiene escapatoria. Va a ir a la cárcel por sus fechorías”, señaló Corral. Y la gente respondió: “Fuera Duarte, fuera Duarte”. El sacerdote Javier “El Pato” Ávila, quien es parte del consejo directivo de Unión Ciudadana en Bocoyna, envió un mensaje: “Mi solidaridad con ustedes. El funeral de un amigo en la sierra me impide estar con ustedes. Aunque Duarte se me enoje, estoy con ustedes”. Jaime García Chávez cerró el evento y también lamentó la situación del grupo de choque y explicó que decidieron no irse a otro lugar, porque si lo hubieran hecho, la libertad de todos estaría pisoteada “y el pueblo de Chihuahua no está para eso”. “Esto es muy grave, entre ellos está la Negra Tomasa y nosotros nos tuvimos que cuidar porque la policía está protegiendo a aquel grupo (…) Duarte se tiene que ir, en estos momentos es el emblema de la corrupción política. Chihuahua no quiere corrupción, quiere que sus recursos de utilicen en las necesidades del pueblo, por eso Duarte tiene mido y con Enrique Peña Nieto y Murillo Karam, hizo un pacto de corrupción”. Posteriormente colocaron en la puerta de palacio de gobierno, un Bando Solemne para explicar la situación por la que pasa Chihuahua y al concluir, quebraron la piñata de donde salieron billetes de juguete, como simbolismo del dinero público que está en el Banco Progreso. Javier Corral anunció que interpondrán una denuncia por lesiones, ya que hubo mujeres fuertemente golpeadas, por personas que fueron enviadas por Duarte.
Lamentó que hasta el Canal del Congreso esté censurado, luego de que acusó en tribuna los actos de intimidación que ha tenido luego de denuncias actos de corrupción contra Duarte y Peña Nieto. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
MÉXICO, D.F: La exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, pidió al juez que lleva su caso que le conceda gozar de prisión domiciliaria en un departamento con un valor de 2.5 millones de dólares. El diario Reforma publica hoy que el inmueble se ubica en el edificio de Camino Alto Lerma número 13 en la colonia San Mateo Tlaltenango, en la delegación Cuajimalpa, localizado en el exclusivo Club de Golf Bosques de Santa Fe. El departamento es de 711 metros cuadrados de construcción con un costo aproximado de 2.5 millones de dólares y fue adquirido el 7 de septiembre de 2005 por Comercializadora TTS de México, una de las inmobiliarias de la familia Gordillo, en 1.2 millones de dólares, más 50 mil dólares por una acción del club del golf que forma parte del desarrollo, según estipula el contrato. La maestra argumenta que es una adulta mayor con un estado de salud crítico y no puede ser atendida adecuadamente en prisión y por ello pretende vivir en ese lugar. El lugar se localiza en un edificio de cuatro plantas, con lobby, mezzanine, sala de cine, cava, bodegas y un área común que incluye además un jardín con kiosco y bancas. El complejo cuenta con canchas de tenis y futbol, albercas, andadores y espacios verdes con una superficie de más de 100 hectáreas. Si el juez Alejandro Caballero Vértiz autoriza el traslado, Gordillo tendrá limitaciones propias de la prisión domiciliaria como que no podrá salir de un perímetro determinado y deberá permanecer en el inmueble y sus áreas comunes vigiladas permanentemente por agentes federales. Al respecto, la Procuraduría General de la República (PGR) pidió a un juez federal declarar infundada la petición de prisión domiciliaria de Elba Esther Gordillo. La dependencia alega que al menos uno de sus estudios clínicos “puede no ser cierto” y que los informes médicos oficiales demuestran que el estado de salud de la maestra es estable.
El pasado 18 de febrero, la PGR entregó un escrito al juez Alejandro Caballero en el cual explica su oposición a la prisión domiciliaria. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
CANCÚN, Q. Roo: Andrés Manuel López Obrador calificó a Marcelo Ebrard como una “buena persona” y justificó que Morena no pudo postularlo como candidato a diputado federal porque el proceso de selección en ese partido ya iba muy adelantado. “(Marcelo Ebrard) es buena persona, cada quien toma sus decisiones. Nosotros ya teníamos el proceso (de selección de candidatos) muy adelantado”, dijo el exjefe de Gobierno del Distrito Federal al concluir un deslucido mitin en el parque de Las Palapas de Cancún, que estuvo semivacío. Sin embargo, aclaró que Morena no hace invitaciones particulares para incorporarse a este partido. “Nosotros no hacemos invitaciones particulares, las puertas de Morena están abiertas a todos los ciudadanos, hombres y mujeres de buena voluntad. No hacemos invitaciones selectivas. Solamente nos reservamos el derecho de admisión si quieren entrar Salinas, Fox, Calderón, Peña Nieto”. López Obrador defendió a Ebrard -ahora candidato de Movimiento Ciudadano- al señalar que el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, “le echan la culpa” al experredista por dar la información sobre la Casa Blanca de las Lomas. “Están muy enojados con Marcelo, Peña y Chong y toda esa maleantada”, sostuvo el excandidato presidencial. Por otra parte, luego de que el INE retiró un spot de su partido, el tabasqueño acusó al instituto de estar “maiceado” y al servicio de la mafia del poder. Según, explicó, los argumentos de la denuncia es que en el spot de Morena que el voto por Morena sí vale, “pero la verdad lo que no les gusta del spot, aunque no lo dicen, es que advierte ahí, que nosotros dijimos que tiempo es que nos iban a llevar al despeñadero, eso es lo que les molesta, la frase del despeñadero, ese es todo el asunto”. Agregó que en esta ocasión “la mafia del poder” usó al PVEM para impugnar el spot de Morena. Adelantó que modificarán el spot con el fin de ponerlo otra vez al aire. Pide libertad de presos políticos Cuando ya había concluido su discurso, López Obrador recordó de último momento hacer un pronunciamiento por los presos políticos de la isla de Holbox y de Felipe Carrillo Puerto. El líder de Morena pidió la libertad de estas personas que, según él, fueron detenidas de manera injusta. Sin embargo, no hizo referencia a otros cuatros activistas detenidos -una de ellas militante de Morena- que fueron detenidos en Cancún, al participar en una marcha por los 43 normalistas de Ayotzinapa. En su discurso tampoco hizo alusión directa al gobernador Roberto Borge Angulo.
Militantes reclamaron a López Obrador la nominación como candidata a diputada de representación proporcional de Lourdes Cardona, hija de la exdiputada local y tres veces regidora, Latifa Musa, quien aprobó en días pasados en el cabildo local el aumento a las tarifas del transporte urbano y el nuevo Plan de Desarrollo Urbano, que permite la construcción de proyectos en zonas protegidas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: SERGIO CABALLERO.
Con 35 años de carrera política a cuestas, Marcelo Ebrard toca de nuevo la puerta a otra ideología. Tras renunciar al PRD, irá por una diputación plurinominal con Movimiento Ciudadano
Después de encumbrarse con el PRD, el ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubón se prepara para jugar su quinto partido. Inició con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que hoy detesta y al que renunció tras casi 15 años de militancia y varios cargos. Fue postulado y ganó una diputación federal con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con el que no militaba, para luego declararse independiente. Luego creó en 1999 el Partido del Centro Democrático (PCD) junto con Manuel Camacho Solís. En el 2005 recibió el respaldo de algunos miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para su candidatura rumbo a la jefatura de Gobierno del DF, se adhirió al partido y el pasado viernes lo dejó. Ahora se enfila al Partido Movimiento Ciudadano. En la carta de renuncia que entregó el pasado viernes al presidente del PRD nacional, Carlos Navarrete, Ebrard se asume claramente confrontado con el actual jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y con el presidente del país, Enrique Peña Nieto. Sus peores momentos Ebrard atraviesa por una de las peores crisis de su historia política. Incluso, de nuevo se habla de la posibilidad de que pise la cárcel por supuestos errores cometidos durante su ejercicio público. En el 2004 también enfrentó turbulencia política y fue removido del cargo de secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) por el entonces presidente, Vicente Fox. La decisión se dio luego de que agentes de la Policía Federal murieron en el poblado de San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac, sin que la policía preventiva a su cargo pudiera hacer nada para evitarlo. En septiembre pasado, cuando la Contraloría General del Distrito Federal dio a conocer la lista del primer bloque de funcionarios inhabilitados por presuntas irregularidades cometidas en la Línea 12, Reporte Indigo publicó que podría ser la tumba política de Ebrard. Y es que hoy, el ex jefe de Gobierno enfrenta de nueva cuenta la posibilidad de tener que rendir cuentas ante la justicia, debido al cúmulo de anomalías detectadas en lo que fue la obra cumbre de su sexenio. El próximo destino Marcelo se prepara para jugar su quinto partido como abanderado plurinominal de Movimiento Ciudadano, partido cuyos diputados han mostrado mayor vehemencia en su defensa, aún más que los propios perredistas. Para muestra las participaciones del legislador local, Cuauhtémoc Velasco Oliva, y en el Congreso de la Unión, Ricardo Mejía Berdeja. Este último, incluso, lo habría ayudado para ingresar sin ser invitado a la reunión de la Comisión que investiga el uso y destino de los recursos federales de la Línea 12. Aquella que terminó entre manoteos y empujones. Luego vinieron los elogios de Dante Delgado, presidente nacional del Movimiento Ciudadano hacia la figura de Marcelo Ebrard, de quien dijo “fue un jefe de Gobierno excepcional”, frase con la que le abrió oficialmente las puertas de su partido. Mientras Ebrard aclara su panorama político, el jurídico avanza a sus propios tiempos.
El martes de la semana pasada el expediente de Enrique Horcasitas Manjarrez y la Línea 12 recibió un “anexo”… Se prepara la consignación, según las fuentes, de cuatro exservidores. Uno, muy cercano al ex jefe de Gobierno. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: ICELA LAGUNAS.
Aunque Alfredo Castillo ya no está comisionado en Michoacán, en el estado aún permanecen 106 funcionarios federales de su primer círculo. Ellos, ahora operan en el Órgano Implementado del Plan Estratégico de Transición en Materia de Seguridad.
Aún cuando ya no está, el excomisionado Alfredo Castillo sigue presente en Michoacán. Su mano sigue gobernando a través de los funcionarios que formaron su primer círculo de contacto y que a la fecha mantienen el control de la administración económica y política del estado. Además, son los pilares del gobierno estatal que intenta conducir el sustituto Salvador Jara. Al frente del grupo que una vez fue la comisión de seguridad para Michoacán se encuentra Carlos Hugo Castellanos Becerra, quien fuera el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, y que encabezó el proyecto político de la Federación para designar candidatos a cargos de elección popular por parte del PRI. La orden presidencial del 22 de enero pasado que disolvió las funciones del comisionado como enviado de la Federación, no ha menguado la operatividad de los 106 funcionarios federales leales a Castillo, quienes ahora operan bajo la figura denominada Órgano Implementado del Plan Estratégico de Transición en Materia de Seguridad. Funcionarios estatales reconocen que dentro del aparato de gobierno de Jara siguen siendo los integrantes del equipo de Castillo quienes mantienen las directrices de la administración estatal. El gobernador sustituto no tiene presencia de mando dependencias como la Secretaria de Seguridad Pública, Procuraduría de Justicia del Estado o Secretaria de Finanzas. Allí las instrucciones las sigue dando el Gobierno Federal. La mayoría de los 106 funcionarios que se integraron a la comisión de Alfredo Castillo -cuyos datos de identidad fueron protegidos por el IFAI a petición de la propia Secretaria de Gobernación- son originarios del Estado de México, con cercanos lazos de amistad hacia el presidente Enrique peña Nieto. El secreto mejor guardado En no menos de 27 solicitudes de información que se han presentado por parte de periodistas independientes ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), se ha patentado la negativa oficial para dar a conocer el presupuesto de gastos de la Comisión para el Desarrollo de Michoacán, así como el perfil profesional de los que conformaron ese organismo. El argumento de la negativa de información de la Secretaría de Gobernación (Segob) es que esa información “puede comprometer la seguridad y el orden público, en este caso para el estado de Michoacán, así como poner en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona, la cual se actualiza en el asunto que nos ocupa, puesto que la información solicitada por el requirente versa sobre fichas curriculares de servidores públicos, cuya información pone en riesgo su persona”. En una respuesta entregada a Reporte Indigo por parte del IFA, fechada el 09 de octubre del 2014, en el documento signados por Alejandro Galván Illanes, director de proyectos y secretario del comité técnico de información de la Segob, no solo se ratifica la confidencialidad de los datos solicitados, sino que se advierte “del Daño Probable, Daño Presente y Daño Especifico”, si se llega a publicar información, obtenida por otras vías. A la fecha, la Secretaría de Gobernación se ha negado a dar a conocer cuántos de los funcionarios que integraron la Comisión de Seguridad para Michoacán han dejado de trabajar en ese encargo. Las fuentes al interior del gobierno estatal de Michoacán son las que indican que al menos el 98 por ciento de los funcionarios que llegaron con Alfredo Castillo siguen activos en sus cargos, ratificados por el gobernador Salvador Jara Guerrero. Costo de la comisión La mayoría de los 106 funcionarios federales que llegaron tras la integración de la Comisión para el Desarrollo de Michoacán siguen cobrando sus sueldos. Solamente 11, entre ellos el propio Alfredo Castillo, han dejado de percibir sus salarios. De cualquier forma, la federación sigue pagando casi 8 millones de pesos en esa nómina. El equipo de Elite Todos los funcionarios que se sumaron a la comisión para la seguridad de Michoacán ya habían sido colaboradores de Alfredo Castillo, desde el tiempo en el que pasó por la Procuraduría de Justicia del Estado de México, hasta su rápido desempeño en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). > Carlos Hugo Castellanos Primero fue Secretario de Seguridad Pública y ahora encabeza el Órgano Implementado del Plan Estratégico de Transición en Materia de Seguridad de Michoacán. Castellanos conoce a Castillo desde que fue director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría de Justicia en el Estado de México. > Bernardo Téllez Duarte Es secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en su momento sirvió a Castillo como director de planeación en la Procuraduría de Justicia mexiquense, y también fue subprocurador de Verificación en Profeco. > Jaime Rodríguez Aguilar Es subprocurador de justicia de Morelia, trabaja al servicio de Castillo desde que estuvo al frente de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla. > José Juan Monroy García Es subprocurador de justicia en Lázaro Cárdenas, trabajó con Castillo como Fiscal Regional de Texcoco y como subdelegado de la PGR en el Estado de México. > Jesús Isaac Acevedo Román Es subsecretario de prevención y reinserción social del gobierno de Michoacán, trabaja con el hoy ex comisionado desde estuvo al frente de la fiscalía regional de Nezahualcóyotl. > Adolfo Eloy Peralta Mora
Se encuentra al mando de la Subsecretaría de Seguridad Pública del gobierno de Michoacán, trabajó llegó con Castillo luego de colaborar como director de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México. > Victorino Porcayo Domínguez Es subprocurador de justicia en Apatzingán, quien conoció a Castillo siendo responsable de la Fiscalía Regional de Atlacomulco. > José Ramón Ávila Farca
Es subprocurador de justicia para la zona de Zitácuaro, es viejo amigo del excomisionado desde que colaboró con él como fiscal especial para delitos dolosos cometidos por cuerpos policiacos de la procuraduría de justicia del Estado de México, y luego como director general de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamientos de la Profeco. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
