En vez de emprender alguna acción para contener a los agresores o para salvaguardar a las víctimas de la agresión, la Policía Estatal decidió "acuartelar" a los 38 elementos que tenía destacamentados en esa ciudad, con el objetivo de "resguardar el armamento y las patrullas" de la corporación, así como la cárcel ubicada a un costado de su cuartel regional.
El pasado 26 de septiembre de 2014, a las 21:40 horas la Policía Estatal de Guerrero fue notificada a través de denuncias ciudadanas sobre el ataque que, en ese mismo momento, agentes municipales de Iguala perpetraban contra alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el cual dejó un saldo inicial de seis personas asesinadas y 43 estudiantes desaparecidos.
Sin embargo, en vez de emprender alguna acción para contener a los agresores o para salvaguardar a las víctimas de la agresión, la Policía Estatal decidió “acuartelar” a los 38 elementos que tenía destacamentados en esa ciudad, con el objetivo de “resguardar el armamento y las patrullas” de la corporación, así como la cárcel ubicada a un costado de su cuartel regional.
Con base en los propios informes generados por la Policía Estatal durante los días 26 y 27 de septiembre, Animal Político te presenta una reconstrucción de la forma en que esta corporación, que depende directamente de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Guerrero, respondió ante los hechos de violencia suscitados en Iguala, y de los cuales fue testigo silente.
Las 21:40 horas
Tal como consta en la “Tarjeta Informativa 02370″ de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero –redactada el mismo 26 de septiembre por el coordinador de la Policía Estatal en la Región Norte, José Adame Bautista–, a través de dos reportes ciudadanos al número de emergencia 066, la Policía Estatal supo a las 21:20 horas que un grupo de normalistas se había apoderado de dos autobuses en la central camionera Estrella Blanca y que habían ido “con dirección al centro de la ciudad”, información que fue refrendada por un segundo llamado de la población, realizado a las 21:30 horas.
Esta tarjeta, junto con otros 54 documentos que certifican distintas acciones emprendidas por la autoridad estatal, forman parte del informe titulado “Acciones realizadas por el Gobierno del Estado de Guerrero ante los hechos sucedidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en el Municipio de Iguala de la Independencia”, publicado en octubre del año pasado por la administración estatal, pero cuya difusión quedó cancelada cuando el entonces jefe del Ejecutivo guerrerense, Ángel Aguirre, pidió licencia al cargo.
Este informe reconoce que, a las 21:30 horas, al ser notificado de la toma de autobuses por parte de los normalistas, “el oficial a cargo acuarteló a todo su personal en las instalaciones de la Policía Estatal, con la finalidad de organizar a los elementos, ante los hechos que se estaban desarrollando”.
Para justificar este repliegue de la Policía Estatal hacia su cuartel, el informe señala que con esta decisión se daba cumplimiento a la Recomendación 1VG/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual insta a las autoridades guerrerenses “a implementar acciones eficaces de coordinación institucional para el tratamiento de manifestaciones públicas, a fin de diferenciar si su naturaleza es pacífica o violenta”.
Diez minutos después, a las 21:40 horas, “se recibe otra llamada vía 066, en la que (los denunciantes) manifiestan escuchar detonaciones por arma de fuego en Periférico Norte y calle Hidalgo, reportando varias personas con armas de fuego”. Luego vino una llamada más, “en la que piden una ambulancia, indicando que se encontraba un joven lesionado por arma de fuego”.
Las 21:59 horas
Según el documento elaborado por las autoridades estatales, ante la reiteración de las llamadas al número de emergencias 066, el jefe regional de la Policía Estatal decidió comunicarse a las 21:47 horas con su superior, el subsecretario de Prevención y Operación Policial del gobierno de Guerrero, Juan José Gatica Martínez, para solicitarle “autorización” para actuar, pero en vez de eso, este mando policiaco “ordenó reforzar la seguridad del cuartel regional y (del) Centro de Readaptación Social, con el fin de no vernos sorprendidos en nuestras instalaciones, en razón de que pudiese tratarse de una distracción”.
El otro argumento para no salir del cuartel fue que así se evitaría “una confrontación con los normalistas de Ayotzinapa“, esto, a pesar de que los mismos reportes al 066 indicaban que dichos jóvenes eran las víctimas del ataque, y no sus autores.
Según el reporte de la Policía Estatal, las llamadas de auxilio por parte de la ciudadanía continuaron al menos hasta las 21:59 horas.
El jefe en turno de la Policía Estatal, no obstante, determinó permanecer guarecido dentro de su cuartel “al no contar con elementos de la fuerza estatal y no tener condiciones para enfrentar esta situación”, tal como él mismo admite en su tarjeta informativa.
Las 23:00 horas
El informe oficial, que viene acompañado de 54 anexos que documentan todas las acciones emprendidas por el gobierno estatal durante los primeros días tras el ataque a los normalistas, revela que los 38 elementos de la Policía Estatal que se encontraban en Iguala el 26 de septiembre de 2014 permanecieron acuartelados durante toda la noche sin decidirse a actuar en respuesta a la balacera que se registraba en dicha ciudad, y que se prolongó hasta la madrugada del día siguiente, debido a que, se afirma, no contaba “con información sobre la identidad de las personas que habían detonado sus armas de fuego”.
Sin embargo, esta versión queda desmentida por el mismo informe párrafos más adelante, cuando se reporta que “a las 23:00 horas del 26 de septiembre de 2014, el médico de guardia del Hospital General de Iguala de la Independencia, Guerrero, dio parte al agente del Ministerio Público del Fuero Común del ingreso de los jóvenes Andrés Daniel Martínez Hernández, Érick Santiago López y una persona más que se encontraba en calidad de desconocida, por herida con arma de fuego (…) A partir de las diligencias ministeriales practicadas en el hospital, la autoridad estatal conoció que se había realizado un ataque con armas de fuego contra estudiantes y que dicho ataque había sido perpetrado por policías municipales”.
Así, aun cuando el gobierno central de Guerrero logró confirmar a las 23:00 horas que el ataque reportado en Iguala era dirigido contra estudiantes indefensos, se decidió que los agentes de la Policía Estatal destacamentados en dicho municipio permanecieran en su cuartel, protegiendo su armamento y sus vehículos.
A las 23:00 horas, los normalistas de Ayotzinapa que permanecen hasta la fecha en calidad de desaparecidos ya habían sido detenidos por la Policía Municipal de Iguala, pero se tiene confirmado que aún seguían vivos y aún no habían sido entregados a sicarios de la agrupación criminal Guerreros Unidos, quienes según la construcción de los hechos elaborada por la Procuraduría General de la República (PGR), fueron asesinados.
A esa misma hora, los agentes municipales de Iguala todavía no perpetraban el ataque contra el autobús del equipo deportivo Avispones de Chilpancingo –ocurrido a las 23:20 horas–, y el ataque en que asesinaron a tres personas.
Por último, a las 23:00 horas tampoco se había consumado el último ataque con armas de fuego contra los estudiantes de Ayotzinapa, en el que murieron dos alumnos y un tercero fue raptado y localizado muerto horas más tarde.
Según el informe del gobierno de Guerrero, los policías estatales no salieron de su cuartel en Iguala sino hasta pasadas las 3:40 horas del día siguiente, 27 de septiembre, una vez que a dicho municipio arribaron refuerzos provenientes de la ciudad de Chilpancingo.
Sólo entonces “la Policía Estatal tomó el control de la seguridad y protección de las personas en la Ciudad de Iguala”, afirma el documento.
El informe sobre las acciones emprendidas por el gobierno de Guerrero tras el ataque a los normalistas puede ser consultado, en el suiguiente link: http://www.informeiguala.inf
FUENTE: ANIMAL POLÍTICIO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
Sin embargo, en vez de emprender alguna acción para contener a los agresores o para salvaguardar a las víctimas de la agresión, la Policía Estatal decidió “acuartelar” a los 38 elementos que tenía destacamentados en esa ciudad, con el objetivo de “resguardar el armamento y las patrullas” de la corporación, así como la cárcel ubicada a un costado de su cuartel regional.
Con base en los propios informes generados por la Policía Estatal durante los días 26 y 27 de septiembre, Animal Político te presenta una reconstrucción de la forma en que esta corporación, que depende directamente de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Guerrero, respondió ante los hechos de violencia suscitados en Iguala, y de los cuales fue testigo silente.
Las 21:40 horas
Tal como consta en la “Tarjeta Informativa 02370″ de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero –redactada el mismo 26 de septiembre por el coordinador de la Policía Estatal en la Región Norte, José Adame Bautista–, a través de dos reportes ciudadanos al número de emergencia 066, la Policía Estatal supo a las 21:20 horas que un grupo de normalistas se había apoderado de dos autobuses en la central camionera Estrella Blanca y que habían ido “con dirección al centro de la ciudad”, información que fue refrendada por un segundo llamado de la población, realizado a las 21:30 horas.
Esta tarjeta, junto con otros 54 documentos que certifican distintas acciones emprendidas por la autoridad estatal, forman parte del informe titulado “Acciones realizadas por el Gobierno del Estado de Guerrero ante los hechos sucedidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en el Municipio de Iguala de la Independencia”, publicado en octubre del año pasado por la administración estatal, pero cuya difusión quedó cancelada cuando el entonces jefe del Ejecutivo guerrerense, Ángel Aguirre, pidió licencia al cargo.
Este informe reconoce que, a las 21:30 horas, al ser notificado de la toma de autobuses por parte de los normalistas, “el oficial a cargo acuarteló a todo su personal en las instalaciones de la Policía Estatal, con la finalidad de organizar a los elementos, ante los hechos que se estaban desarrollando”.
Para justificar este repliegue de la Policía Estatal hacia su cuartel, el informe señala que con esta decisión se daba cumplimiento a la Recomendación 1VG/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual insta a las autoridades guerrerenses “a implementar acciones eficaces de coordinación institucional para el tratamiento de manifestaciones públicas, a fin de diferenciar si su naturaleza es pacífica o violenta”.
Diez minutos después, a las 21:40 horas, “se recibe otra llamada vía 066, en la que (los denunciantes) manifiestan escuchar detonaciones por arma de fuego en Periférico Norte y calle Hidalgo, reportando varias personas con armas de fuego”. Luego vino una llamada más, “en la que piden una ambulancia, indicando que se encontraba un joven lesionado por arma de fuego”.
Las 21:59 horas
Según el documento elaborado por las autoridades estatales, ante la reiteración de las llamadas al número de emergencias 066, el jefe regional de la Policía Estatal decidió comunicarse a las 21:47 horas con su superior, el subsecretario de Prevención y Operación Policial del gobierno de Guerrero, Juan José Gatica Martínez, para solicitarle “autorización” para actuar, pero en vez de eso, este mando policiaco “ordenó reforzar la seguridad del cuartel regional y (del) Centro de Readaptación Social, con el fin de no vernos sorprendidos en nuestras instalaciones, en razón de que pudiese tratarse de una distracción”.
El otro argumento para no salir del cuartel fue que así se evitaría “una confrontación con los normalistas de Ayotzinapa“, esto, a pesar de que los mismos reportes al 066 indicaban que dichos jóvenes eran las víctimas del ataque, y no sus autores.
Según el reporte de la Policía Estatal, las llamadas de auxilio por parte de la ciudadanía continuaron al menos hasta las 21:59 horas.
El jefe en turno de la Policía Estatal, no obstante, determinó permanecer guarecido dentro de su cuartel “al no contar con elementos de la fuerza estatal y no tener condiciones para enfrentar esta situación”, tal como él mismo admite en su tarjeta informativa.
Las 23:00 horas
El informe oficial, que viene acompañado de 54 anexos que documentan todas las acciones emprendidas por el gobierno estatal durante los primeros días tras el ataque a los normalistas, revela que los 38 elementos de la Policía Estatal que se encontraban en Iguala el 26 de septiembre de 2014 permanecieron acuartelados durante toda la noche sin decidirse a actuar en respuesta a la balacera que se registraba en dicha ciudad, y que se prolongó hasta la madrugada del día siguiente, debido a que, se afirma, no contaba “con información sobre la identidad de las personas que habían detonado sus armas de fuego”.
Sin embargo, esta versión queda desmentida por el mismo informe párrafos más adelante, cuando se reporta que “a las 23:00 horas del 26 de septiembre de 2014, el médico de guardia del Hospital General de Iguala de la Independencia, Guerrero, dio parte al agente del Ministerio Público del Fuero Común del ingreso de los jóvenes Andrés Daniel Martínez Hernández, Érick Santiago López y una persona más que se encontraba en calidad de desconocida, por herida con arma de fuego (…) A partir de las diligencias ministeriales practicadas en el hospital, la autoridad estatal conoció que se había realizado un ataque con armas de fuego contra estudiantes y que dicho ataque había sido perpetrado por policías municipales”.
Así, aun cuando el gobierno central de Guerrero logró confirmar a las 23:00 horas que el ataque reportado en Iguala era dirigido contra estudiantes indefensos, se decidió que los agentes de la Policía Estatal destacamentados en dicho municipio permanecieran en su cuartel, protegiendo su armamento y sus vehículos.
A las 23:00 horas, los normalistas de Ayotzinapa que permanecen hasta la fecha en calidad de desaparecidos ya habían sido detenidos por la Policía Municipal de Iguala, pero se tiene confirmado que aún seguían vivos y aún no habían sido entregados a sicarios de la agrupación criminal Guerreros Unidos, quienes según la construcción de los hechos elaborada por la Procuraduría General de la República (PGR), fueron asesinados.
A esa misma hora, los agentes municipales de Iguala todavía no perpetraban el ataque contra el autobús del equipo deportivo Avispones de Chilpancingo –ocurrido a las 23:20 horas–, y el ataque en que asesinaron a tres personas.
Por último, a las 23:00 horas tampoco se había consumado el último ataque con armas de fuego contra los estudiantes de Ayotzinapa, en el que murieron dos alumnos y un tercero fue raptado y localizado muerto horas más tarde.
Todas estas agresiones, pues, fueron realizados por la Policía Municipal de Iguala mientras las fuerzas estatales permanecían guarecidas en sus instalaciones, aún a sabiendas de lo que ocurría.Las 3:40 horas
Según el informe del gobierno de Guerrero, los policías estatales no salieron de su cuartel en Iguala sino hasta pasadas las 3:40 horas del día siguiente, 27 de septiembre, una vez que a dicho municipio arribaron refuerzos provenientes de la ciudad de Chilpancingo.
Sólo entonces “la Policía Estatal tomó el control de la seguridad y protección de las personas en la Ciudad de Iguala”, afirma el documento.
El informe sobre las acciones emprendidas por el gobierno de Guerrero tras el ataque a los normalistas puede ser consultado, en el suiguiente link: http://www.informeiguala.inf
FUENTE: ANIMAL POLÍTICIO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
