En la brutal represión, según los testimonios recabados por Proceso, los uniformados abusaron sexualmente de cuatro mujeres por lo menos, entre ellas una embarazada. Su intención era, dicen, amedrentarlas para que jamás volvieran a protestar.
Los crímenes y excesos de la PF son una muestra de la estrategia de “cero tolerancia” a manifestaciones anunciada desde hace meses por el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez y funcionarios federales ante la crisis político-social que se vive en la entidad luego de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, asegura la dirigencia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).
Y agrega: a las autoridades les provoca terror el movimiento social generado por el desconocimiento de más de 20 mil plazas docentes y administrativas en la entidad.
Desde el 1 de enero, en un acto público, Ortega Martínez les advirtió a los miembros de las organizaciones sociales que apoyan el movimiento de los padres de normalistas de Ayotzinapa que “no fueran ingenuos” porque hay quienes están dispuestos a dar la orden de reprimir las protestas, las cuales, aseguró, estaban llegando al límite de la tolerancia.
El 24 de febrero la amenaza de represión se cumplió. Ese día más de 5 mil integrantes del magisterio institucional y disidente marcharon juntos en la Zona Diamante del puerto de Acapulco, donde bloquearon durante más de seis horas el bulevar de las Naciones para exigir certeza laboral, pago de salarios y justicia por el caso Ayotzinapa.
Castillo Peña, un emblemático profesor jubilado de 65 años, egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y originario de la región de Tierra Caliente pero radicado en el puerto, murió a causa de los golpes de los uniformados federales, quienes también humillaron y violaron a cuatro mujeres, e incluso se lanzaron contra los reporteros. No querían que se grabara la brutal agresión.
La protesta comenzó cerca de las nueve de la mañana del 23 de febrero y subió de tono por la tarde, cuando las autoridades estatales y federales se negaron a instalar una mesa de negociación como se habían comprometido por escrito el día 11. El propósito era negociar para evitar que se redujeran las plazas y se regularizara el pago a docentes y trabajadores administrativos con más de 10 años de antigüedad.
La reunión se pactó ese día –el 11 de febrero– después de una protesta que incluyó la toma del aeropuerto internacional Juan N. Álvarez. El subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, se comprometió a seguir analizando la problemática para el 23 de febrero, pero no acudió a la cita “por motivos de agenda”. Eso molestó a los manifestantes, que decidieron tomar nuevamente el aeropuerto.
José Antonio Cabrera Méndez, comisario de la PF y jefe regional en Acapulco, declaró: “Al aeropuerto de plano no pasan. Esa es una postura: paso al aeropuerto no hay. No necesitamos la agresión”.
La represión
Alrededor de las 19:30 horas, el muro policiaco se mantenía para impedir la toma del aeropuerto. Al frente del bloque magisterial varias mujeres no dejaban de lanzar consignas pese a la caminata realizada a pleno sol. El alumbrado público del bulevar fue interrumpido y apareció un autobús Futura de la línea Estrella Blanca al lado de los manifestantes. De repente se lanzó contra los uniformados y enseguida se desató la represión.
“Al principio pensamos que eran compañeros que venían a apoyar, pero el autobús no frenó su marcha y después de que se dirigió hacia los policías regresó en reversa hacia nosotras. Corrimos sobre el bulevar y todo fue caos y confusión”, asegura una maestra.
Otra narra el momento en que los uniformados detuvieron al profesor Castillo Peña, quien alentaba a sus compañeros desde una camioneta blanca de doble cabina, y comenzaron a tundirlo a golpes.
“Yo estaba con otra compañera y otro compañero a bordo de la camioneta del sonido junto al profesor Castillo Peña cuando los federales nos rodearon. Comenzaron a romper los vidrios con los toletes y con vulgaridades nos exigían que bajáramos del vehículo.”
“Ora sí, pinche viejo, hijo de tu puta madre… Sigue gritando”, decían los policías mientras golpeaban al luchador social, quien murió a causa de “traumatismo torácico provocado por objeto contundente”, según la necropsia. Tenía las costillas fracturadas y las astillas óseas perforaron los pulmones, indica un informe de la Fiscalía General del Estado consultado por Proceso.
La noche del mismo 24 de febrero, el comisionado general de la PF, Enrique Galindo, señaló que el profesor Castillo Peña murió por el “aplastamiento de un neumático” derivado de un hecho distinto al desalojo. Sin embargo, una profesora, quien pide omitir su identidad, tiene una versión distinta:
“Yo vi cómo los federales se llevaron arrastrando a golpes al maestro y me siento culpable porque no pude hacer nada. No pude ni gritarles que lo dejaran y a ellos tampoco les importó que fuera una persona mayor, indefensa”.
Ella y otra compañera permanecieron en la camioneta aun cuando los federales intentaron voltearla. Uno de ellos incluso dijo a los otros policías que se detuvieran porque había niños dentro del vehículo.
“Yo les dije que no había niños, pero sí una mujer de edad avanzada. Los uniformados respondieron: dejen que se bajen y también pártanles su madre”. Sin embargo, un oficial protegió a las dos mujeres, mientras sus compañeros le insistían que las golpeara.
Las dos mujeres bajaron y se dirigieron a la explanada del Fórum Mundo Imperial donde se encontraban otros profesores; incluso entraron al inmueble, propiedad del empresario Juan Antonio Hernández Venegas, para protegerse.
“Parecían perros de caza”
Eran 50 personas, entre niños, hombres y mujeres, las que se refugiaron en la cocina. Minutos después llegó un hombre con un grupo de policías federales y ordenó que se las llevaran. Un profesor suplicó que dejaran salir a las mujeres y a los niños, pero los federales lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.
Uno de los uniformados ayudó al grupo a salir, mientras sus compañeros insistían en que los golpearan. Pero él los sacó del Fórum y los llevó del otro lado de la calle, donde se encuentra una tienda de autoservicio de la cadena Chedraui. Ahí se escondieron en los refrigeradores y bodegas.
La mujer recuerda que el gerente del local bajó las cortinas para impedir el ingreso a los federales, quienes desde afuera gritaban: “¡Se los va a cargar la verga. Les va a pasar lo de los pinches ayotzinapos!”. La mayoría de los manifestantes pudo escapar del lugar con ayuda de familiares y amigos que llegaron en sus autos.
“Nos querían destrozar, parecían perros de caza. Hasta ahora no puedo dormir porque a cada momento recuerdo las horribles escenas, sobre todo la forma como golpearon hasta matar al maestro Claudio Castillo, y la impotencia de no poder hacer nada por él me pone muy mal”, expresa la mujer entrevistada.
A pesar de que la razia se enfocó en los hombres, en un principio fueron detenidas varias mujeres. Algunos testigos refieren cuatro casos de violación, pero otros dicen que “fueron más las mujeres violadas”.
Una maestra fue encapsulada. Los policías le golpearon la cabeza, le alzaron la blusa y le bajaron el pantalón. “Era indignante ver cómo mujeres policías ayudaban a sus compañeros a someter y desnudar a las profesoras”, señala uno de los testigos. Dice que les golpeaban los glúteos, los pechos y los genitales con sus toletes.
Los federales les introducían los dedos en la vagina. A varias se las llevaron a los callejones para violarlas; incluso abusaron de una embarazada, comenta uno de los testigos.
Los dirigentes de la CETEG decidieron hacer público el caso de los abusos sexuales porque, comentan, “este tipo de aberraciones no pueden quedar impunes”. No obstante, las afectadas aún no superan el trauma, por lo que no han presentado las denuncias, sostiene Manuel Salvador Rosas, vocero de la Comisión Política de la organización.
El mensaje del gobierno federal es claro, dice uno de los entrevistados: “romper el espíritu de las mujeres y debilitar el movimiento a través del terror”.
Hasta el momento, el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez y las autoridades federales que actuaron en conjunto para desalojar a los maestros se muestran indiferentes frente al crimen del profesor Castillo Peña y las maestras ultrajadas.
Ortega Martínez incluso celebró la actuación de la PF, pues, dijo, obró con “absoluta pulcritud” al evitar que los manifestantes irrumpieran en el aeropuerto o trataran de boicotear el torneo Mextenis que se celebra en la Zona Diamante del puerto.
“Atentaron contra la economía de Acapulco y del estado en general, creando una situación en la que nosotros ya no podíamos seguir manteniendo el clima de tolerancia y sensatez”, expresó Ortega en un comunicado.
Con la agresión del 23 de febrero se rompió el dialogo entre autoridades y el magisterio. Cuatro días después, docentes y normalistas increparon al mandatario durante una gira en la cabecera municipal de Teloloapan.
“¡Asesino, lárgate de aquí!”, le gritaron más de 200 manifestantes que irrumpieron en un acto oficial. Ortega tuvo que retirarse. Iracundos, los maestros clamaban justicia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
