México, DF. La dirigencia nacional del PRD y la bancada del sol azteca en San Lázaro condenaron el homicidio de Aidé Nava González, quien era precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, y pidieron que se esclarezca y no quede impune.
Por separado, el partido pidió a las autoridades estatales y federales emprender una investigación exhaustiva que permita detener y castigar con todo rigor a los responsables intelectuales y materiales de este terrible acontecimiento.
A través de un comunicado exigió que se redoblen esfuerzos para garantizar a cabalidad condiciones de seguridad para todos los candidatos en el presente proceso electoral.
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) perredista manifestó su pésame a familiares y amigos de Aidé, y reiteró que dará seguimiento puntual al trabajo de las autoridades además de vigilar que de manera expedita, se finquen responsabilidades.
La sociedad mexicana y la guerrerense no pueden permitir que logren sus propósitos quienes mediante la amenaza y la violencia pretenden secuestrar a las instituciones.
Por su parte, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados también reprobó el asesinato de Aidé Nava González, y exigió al gobierno federal garantías para los militantes que buscan participar en las elecciones del 7 de junio.
Después de que se conoció que junto con el cuerpo de Nava González se encontró un mensaje de la banda conocida como Los Rojos, el coordinador perredista, Miguel Alonso Raya, expresó su preocupación por el hecho de que a pesar de los operativos de seguridad, el crimen organizado persista en infiltrar a los gobiernos municipales.
“Si el mensaje es para los que no se quieran alinear, ¿qué van a hacer los candidatos? ¿Ceder ante las presiones para que luego los acusen de estar aliados con la delincuencia? ¿O dejarse asesinar?”, cuestionó.
Porque, expuso, en el caso de Aidé Nava, es evidente que no se rindió ni pactó o no aceptó las condiciones que le querían imponer. “¿Y ante ello, cuál es la respuesta del Estado? Debe tomar acciones para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, y en este caso de los candidatos que, por estar en campaña, son blanco fácil de la delincuencia”, indicó.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Georgina Saldierna, Roberto Garduño y Enrique Méndez.
miércoles, 11 de marzo de 2015
Subasta de dólares, para preservar estabilidad de la economía: Videgaray
La Comisión de Cambios anunció hoy una disminución en el ritmo de acumulación de las reservas internacionales.
Las medidas preventivas adicionales anunciadas este miércoles por la Comisión de Cambios para proveer de mayor liquidez al mercado cambiario tienen como objetivo fundamental preservar la estabilidad de la economía mexicana, afirmó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
“A final de cuentas, de lo que se trata es de proteger la estabilidad y proteger la estabilidad significa proteger la economía de las familias mexicanas, y ese es un bien superior en el cual no escatimaremos decisiones para actuar con oportunidad”, sostuvo en el Informe de Avance de la Reforma Financiera.
Expuso que para asegurar que existan mejores condiciones de liquidez en el mercado cambiario, la Comisión de Cambios anunció hoy una disminución en el ritmo de acumulación de las reservas internacionales y durante los siguientes tres meses se subastarán 52 millones de dólares diarios, sin un precio mínimo.
Estas medidas tomadas por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México –que encabezan la Comisión de Cambios- buscan asegurar el orden, la liquidez y el buen funcionamiento del mercado cambiario, apuntó.
Videgaray Caso reiteró que la Comisión de Cambios seguirá atenta a la evolución del mercado cambiario, “reconociendo que el entorno internacional representa un reto relevante para la economía mexicana”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Ordena Ifai amplio informe sobre actuación del Ejército en caso Iguala
México, DF. Al resolver un nuevo recurso relacionado con la actuación del Ejército en el periodo en que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional hacer una búsqueda exhaustiva de su documentación y entregar una información pública de todos los partes relacionados con la actuación del 27 batallón del Ejército, con base en Iguala, Guerrero, entre el 25 y el 30 de septiembre.
En su proyecto de resolución, el comisionado Rosendoevgueni Monterrey señaló que esta determinación se tomó a partir de la consideración de que la desaparición de los estudiantes ya ha sido considerado como un caso en el que se registraron violaciones graves a los derechos humanos.
En consecuencia, señaló, es importante el conocimiento público de la información.
Recordó que no es el primer caso que el Ifai ha resuelto sobre la actuación del ejército en aquellos días, pero el recurso ahora interpuesto, abarca un periodo más amplio de los reportes militares de la actividad del citado batallón, antes y después de los hechos en los que presuntamente están involucrados autoridades.
Por tal motivo, se consideró viable la petición del solicitante de obtener una versión pública, en donde se eliminen sólo aquellos datos personales que no hayan hecho públicos la autoridad y por tanto obliga a la Sedena a entregar la documentación requerida. Esto a partir de que el pleno del Ifai no admitió la argumentación de incompetencia que alegó la dependencia para rechazar la solicitud.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA
En su proyecto de resolución, el comisionado Rosendoevgueni Monterrey señaló que esta determinación se tomó a partir de la consideración de que la desaparición de los estudiantes ya ha sido considerado como un caso en el que se registraron violaciones graves a los derechos humanos.
En consecuencia, señaló, es importante el conocimiento público de la información.
Recordó que no es el primer caso que el Ifai ha resuelto sobre la actuación del ejército en aquellos días, pero el recurso ahora interpuesto, abarca un periodo más amplio de los reportes militares de la actividad del citado batallón, antes y después de los hechos en los que presuntamente están involucrados autoridades.
Por tal motivo, se consideró viable la petición del solicitante de obtener una versión pública, en donde se eliminen sólo aquellos datos personales que no hayan hecho públicos la autoridad y por tanto obliga a la Sedena a entregar la documentación requerida. Esto a partir de que el pleno del Ifai no admitió la argumentación de incompetencia que alegó la dependencia para rechazar la solicitud.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALONSO URRUTIA
En Ley de Aguas no hay claridad; es preocupante en materia de derechos humanos: especialistas
"Sin duda el aspecto de privatización es muy preocupante pero no es el único", señaló Nathalie Seguin.
La Ley General de Aguas que se discutía en Cámara de Diputados ha sido pospuesta ante la reacción de científicos y organizaciones, pero podría retomarse en cualquier momento, indicó Joel Carrillo Rivera, hidrogeólogo, investigador de la UNAM.
En entrevista para Aristegui CNN, indicó que juegan con “los conceptos, porque muchos de ellos están completamente dobleteados, no permiten una claridad en la ley, esto es una situación que se ha cargado metiendo conceptos de economía, por ejemplo lo que le llaman ahora de cómo los usuarios van a tener que pagar por el agua, porque se usa la palabra enmascarada de concesionario y la palabra asequible. Y asequible es el agua que tú puedes tomar que es lo diferente a disponible y aquí hay que pagar por ella”.
Precisó que para “nosotros los investigadores hay dos aspectos importantes; uno es el que se prohíbe hacer estudios- monitoreo en aspectos que tienen que ver con el agua. Donde hay agua, tú no puedes estudiar ni hacer monitoreo, esto es grave porque mucho académicos, estudiantes, que estamos dependiendo de esa situación; ahora, esto tiene que ver con otra circunstancia, no va a haber forma de establecer estudios que permitan saber cuáles son las condiciones del agua en el país, esto es negativo para el país como un ente, como un ecosistema, y no vas a saber qué pasa con el agua en ese sentido”
Comentó que hasta ahora “es contaminación cuando tú alteras las condiciones originales; sin embargo con esta nueva ley puedes contaminar hasta el valor que esté indicado en las normas oficiales mexicanas, es decir, puedes poner contaminantes al agua mientras no te llegue a un valor contrario a las normas, todo el mundo se lo va a poder tomar, incluyendo los ecosistemas”.
Lo anterior “es una situación grave, preocupante, porque en muchos lugares donde la gente tiene agua, para sus necesidades, no va a poder ser incorporada, por ejemplo, al derecho humano al agua”.
Además, “después de esa ley va a ser controlado por el reglamento y las normas correspondientes, que se hacen aparte y no pasan por la norma legislativa”, indicó.
Por su parte, la experta Nathalie Seguin dijo que “sin duda el aspecto de privatización es muy preocupante pero no es el único, un aspecto terriblemente preocupante en materia de derechos humanos, y no solamente en materia de agua, sino es la violación a más de un derecho humano, que se está haciendo con esta iniciativa, porque se está violando el derecho al agua”.
Agregó que “el derecho al saneamiento ni siquiera existe y no puedo abundar, pero averiguaré qué quiere decir derecho de saneamiento, no es limpiar el agua como menciona este articulado; en el artículo 10, hay una definición que no tiene nada que ver con lo que la Organización de las Naciones Unidas dice al respecto, cinco años han pasado como para que no sepan qué significa derecho de saneamiento, es el colmo”.
“Cuidaron muy bien que no se mencionara ni gas de esquisto, ni fracking , ni nada que pudiera parecerse a ello, sin embargo cuando se lee la definición del uso industrial dice claramente que es cualquier producto que se pueda extraer del subsuelo bajo cualquier procedimiento, ahí no me digan que no cabe el fracking, ahí cabe perfectamente el fracking y lo peligroso de esta tecnología es el agua residual que conlleva, se utilizan más de 29 millones de litros de agua mezclados con tóxicos que hoy en día no se sabe cómo limpiar”, sostuvo Seguin.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.
La Ley General de Aguas que se discutía en Cámara de Diputados ha sido pospuesta ante la reacción de científicos y organizaciones, pero podría retomarse en cualquier momento, indicó Joel Carrillo Rivera, hidrogeólogo, investigador de la UNAM.
En entrevista para Aristegui CNN, indicó que juegan con “los conceptos, porque muchos de ellos están completamente dobleteados, no permiten una claridad en la ley, esto es una situación que se ha cargado metiendo conceptos de economía, por ejemplo lo que le llaman ahora de cómo los usuarios van a tener que pagar por el agua, porque se usa la palabra enmascarada de concesionario y la palabra asequible. Y asequible es el agua que tú puedes tomar que es lo diferente a disponible y aquí hay que pagar por ella”.
Precisó que para “nosotros los investigadores hay dos aspectos importantes; uno es el que se prohíbe hacer estudios- monitoreo en aspectos que tienen que ver con el agua. Donde hay agua, tú no puedes estudiar ni hacer monitoreo, esto es grave porque mucho académicos, estudiantes, que estamos dependiendo de esa situación; ahora, esto tiene que ver con otra circunstancia, no va a haber forma de establecer estudios que permitan saber cuáles son las condiciones del agua en el país, esto es negativo para el país como un ente, como un ecosistema, y no vas a saber qué pasa con el agua en ese sentido”
Comentó que hasta ahora “es contaminación cuando tú alteras las condiciones originales; sin embargo con esta nueva ley puedes contaminar hasta el valor que esté indicado en las normas oficiales mexicanas, es decir, puedes poner contaminantes al agua mientras no te llegue a un valor contrario a las normas, todo el mundo se lo va a poder tomar, incluyendo los ecosistemas”.
Lo anterior “es una situación grave, preocupante, porque en muchos lugares donde la gente tiene agua, para sus necesidades, no va a poder ser incorporada, por ejemplo, al derecho humano al agua”.
Además, “después de esa ley va a ser controlado por el reglamento y las normas correspondientes, que se hacen aparte y no pasan por la norma legislativa”, indicó.
Por su parte, la experta Nathalie Seguin dijo que “sin duda el aspecto de privatización es muy preocupante pero no es el único, un aspecto terriblemente preocupante en materia de derechos humanos, y no solamente en materia de agua, sino es la violación a más de un derecho humano, que se está haciendo con esta iniciativa, porque se está violando el derecho al agua”.
Agregó que “el derecho al saneamiento ni siquiera existe y no puedo abundar, pero averiguaré qué quiere decir derecho de saneamiento, no es limpiar el agua como menciona este articulado; en el artículo 10, hay una definición que no tiene nada que ver con lo que la Organización de las Naciones Unidas dice al respecto, cinco años han pasado como para que no sepan qué significa derecho de saneamiento, es el colmo”.
“Cuidaron muy bien que no se mencionara ni gas de esquisto, ni fracking , ni nada que pudiera parecerse a ello, sin embargo cuando se lee la definición del uso industrial dice claramente que es cualquier producto que se pueda extraer del subsuelo bajo cualquier procedimiento, ahí no me digan que no cabe el fracking, ahí cabe perfectamente el fracking y lo peligroso de esta tecnología es el agua residual que conlleva, se utilizan más de 29 millones de litros de agua mezclados con tóxicos que hoy en día no se sabe cómo limpiar”, sostuvo Seguin.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.
Narco-candidatos: urnas en riesgo
El blindaje que se anunció en la elección del 2012 fracasó. Y aunque el INE asegura haber tomado medidas, persisten las dudas de que el crimen organizado logre infiltrarse en los comicios.
El caso del exalcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca, confirmó la vulnerabilidad que existe entre los partidos políticos y las autoridades electorales para evitar la infiltración del crimen organizado en las campañas.
El blindaje electoral –que se anunció hace tres años en la elección del 2012- fracasó en detectar que Abarca más que político era uno de los jefes de los Guerreros Unidos, grupo criminal que estuvo involucrado en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa el año pasado.
El INE contra la infiltración
El caso de José Luis Abarca no es el único narcopolítico detectado en México.
Hace 15 años Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, fue detenido por sus vínculos con el Cártel de Juárez.
En ese mismo estado hace 5 años el candidato del PRD a la gubernatura, Gregorio Sánchez, también fue arrestado por nexos con el narcotráfico.
En Michoacán se presentó el caso de Julio César Godoy, hermano del entonces gobernador Leonel Godoy, quien tomó protesta como diputado federal del PRD cuando se le señalaba por sus vínculos con La Familia y Servando Gómez, “La Tuta”.
La infiltración del narco en este proceso electoral será la principal tarea del ahora llamado Instituto Nacional Electoral (INE) y de los partidos políticos que postularán sus candidatos para las próximas elecciones.
El riesgo de que el crimen organizado imponga sus candidatos no solamente seguirá latente sino se incrementarán las posibilidades.
Es cierto que el INE prohíbe el uso de financiamiento ilícito, sin embargo, las capacidades que tiene el organismo electoral no son suficientes para realmente investigar la procedencia de los recursos que se usan en las campañas.
Solo es un buen propósito del INE y de los comisionados electorales.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, reconoce estas limitantes y ha dicho que el blindaje electoral para evitar la infiltración del narco en las campañas requiere también el involucramiento de dependencias federales como la PGR.
Córdova deja claro que no es facultad del INE revisar los antecedentes de los candidatos que se registran a un puesto de elección popular.
Para muestra…
> José Luis Abarca
Vinculado a Guerreros Unidos
> Mario Villanueva
Relacionado con el Cártel de Juárez
> Gregorio Sánchez
> Julio César Godoy
Vinculado con La Familia Michoacana
La Fepade sin dientes
En abril del 2011, José Luis Vargas, entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), presentó una serie de propuestas de reforma legislativa en materia penal electoral para fortalecer la arquitectura jurídica y la capacidad de actuación de la misma dependencia.
Vargas presionó para que el Congreso federal concretara esa reforma y dotar así a la Fepade de facultades para revisar los financiamientos de las campañas con el fin de detectar recursos de procedencia ilícita.
“En resumen, los objetivos de la reforma que se discute son: proteger el libre ejercicio del derecho al voto y el desarrollo normal de los procesos electorales; prevenir conductas delictivas, y adecuar el marco jurídico actualizando los tipos penales a la realidad social y a otras reformas, como la que se hizo al COFIPE en 2008”, dijo Vargas en aquella ocasión.
Sin embargo su propuesta nunca se concretó.
Peor aún, en febrero del 2012 -en la antesala de las elecciones presidenciales- Vargas fue relevado de su cargo como titular de la Fepade.
Fue acusado de presunta utilización de recursos públicos con fines electorales.
El entonces líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, exigió razones justificadas de la remoción de Vargas.
Coldwell insistió en que la decisión de reemplazar al titular de la Fepade se enmarcaba en una tendencia de nombrar “funcionarios a modo” para manipular las investigaciones ministeriales y en “una serie de hechos que generan desconfianza y un uso faccioso de la justicia”.
Facultades insuficientes
Adiferencia de las elecciones anteriores, el INE tiene más facultades para auditar los gastos de campañas de los candidatos incluso en tiempo real.
Sin embargo, estos mecanismos son insuficientes.
El INE no cuenta con mecanismos reales para detectar y evitar candidaturas financiadas, propuestas o respaldadas por células criminales o carteles de la droga.
La carta de no antecedentes penales sigue siendo el único candado real que deben librar los candidatos con nexos con el crimen organizado para registrarse como aspirantes a un cargo de elección popular.
Un documento que se obtiene en las oficinas de cualquier procuraduría de justicia estatal pagando de 50 a 200 pesos en la tesorería del estado.
Un aspirante cuyo nombre esté en una averiguación previa acusado de crimen organizado puede conseguir esta carta de no antecedentes penales.
De acuerdo al abogado Guillermo Valencia Reyes, la PGR y ninguna procuraduría estatal de justicia puede informar sobre averiguaciones previas que estén en curso en contra de personas que aspiren a ser candidatos a cargos de elección popular, para no violar la secrecía de la investigación del MP.
El INE ha delegado a los partidos políticos – sin innovación, como se ha venido haciendo desde hace más de una década- la facultad de revisar los perfiles de sus candidatos.
Serán las dirigencias de los partidos políticos la que finalmente “investiguen” a sus aspirantes, sin mayor obligación que la que la dicte la conciencia de cada líder partidista.
Es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) es el único organismo que podría informar a las instancias electorales sobre la probidad de los candidatos, pero históricamente el órgano electoral federal se ha negado a ello.
Solo buenas intenciones
Las iniciativas de los partidos para evitar la filtración del narcotráfico entre sus aspirantes han sido insuficientes.
El dirigente nacional del PRI, César Camacho, anunció que se revisarían los antecedentes de los aspirantes y que incluso se aplicarían exámenes toxicológicos.
Un filtro que no se realizó en el proceso de selección de candidatos, de acuerdo a priistas consultados por Reporte Indigo.
El PRD, el partido político más golpeado por este tema, aprobó un protocolo el año pasado para intentar establecer un “candado” que evite la postulación candidatos como José Luis Abarca, expresidente de Iguala.
Lo cierto es que no hay métodos de control de confianza entre los aspirantes a cargos de elección popular ni tampoco los partidos tienen la capacidad de investigar los antecedentes delictivos.
Opacidad en la Web
Tampoco se conocen a los candidatos de los partidos políticos.
El año pasado el entonces IFE creó en su página de Internet un micrositio con la información de todos los candidatos que registraron los partidos políticos en el pasado proceso electoral.
En este momento en su página el INE no tiene ninguna información sobre los aspirantes registrados ni mucho menos los antecedentes de ellos.
Requisitos disparejos
No solo la falta de revisión a la probidad de cada candidato es lo que podría poner al INE en el cuestionamiento general.
También destacan los requisitos extremos que se han impuesto a los ciudadanos que aspiran a ser independientes a cargos de elección popular, donde polariza el trato preferencial, casi consentidor, que se brinda a los candidatos que cuentan con el abanderamiento de los partidos políticos.
Mientras a los aspirantes ciudadanos se les exigió no solo una base mínima de votantes y se les advirtió del riesgo de no poder contender bajo el cobijo de ningún partido político si eran rechazados en su intención primera, a los postulados por los partidos no se les impuso ningún límite para representar a otros institutos políticos distintos, en caso de no ser aceptados por el primero que los postuló.
Hacia cualquier parte del país que se apunte, es notorio el número de aspirantes a cargos de elección popular de los que solamente el INE no mira los cuestionamientos sociales. Por la relevancia de los partidos, resaltan las candidaturas cuestionables en las filas del PRI, PRD y PAN, en donde se suman una gran cantidad de casos de importancia para ser revisados por las autoridades electorales.
Personajes polémicos
En esta elección no solo habrá candidatos por sus posibles nexos con el crimen organizado.
En esta elección también habrá un desfile de aspirantes controvertidos por sus perfiles psicológicos como el del candidato a diputado federal del PRI, Alfonso Rule Castro, señalado como un psicópata por su desmedida afición a la cacería y maltrato de animales.
En esa misma entidad también el PRI abandera a Oscar Valencia García, como candidato a diputado federal por el distrito X de Miahutlán.
Al candidato se le vincula con el movimiento armado del EPR, además de ser cuestionada su integridad psicológica por la vida dispendiosa de la que goza en forma pública.
En Michoacán, el PRI postula a Aida Nelly Sastré Gasca como candidata a diputada local por el distrito XVII de Morelia.
A la ex funcionaria del DIF se le cuestiona su función como directora del DIF estatal, en donde no tuvo empacho en entregar a familias pobres alimentos en estado de descomposición.
En Veracruz el candidato del PRD Julio Vázquez Copete, además de buscar los votos, también enfrentará una batalla en el juzgado de lo familiar, en donde su esposa Danae Vázquez Molina lo denunció como un marido golpeador y desentendido de las obligaciones familiares, según consta en la averiguación previa penal 191/2015 levantada ante el agente del ministerio público de Los Tuxtlas.
En Huajuapan de León, Oaxaca, el PAN ha avalado el nepotismo del presidente municipal Luis de Guadalupe Martínez Ramírez.
Candidatos bajo sospecha
En Michoacán el INE ha pasado por alto el caso del candidato priista Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, quien va como candidato del PRI a la diputación federal pese a los señalamientos hechos en sus primeras deposiciones por el propio Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, de tener una relación. Ixtlahuac es sobrino del candidato del PRI al gobierno de Michoacán, Asención Orihuela Bárcenas.
El exsenador priista ha rechazado el vínculo públicamente cualquier relación con “La Tuta”.
En Nuevo León el PAN postuló a Mauricio Fernández a la Alcaldía de San Pedro, panista que ha sido señalado de haber pactado con el crimen organizado cuando fue alcalde entre el 2009 y 2012.
Fernández formó el famoso “Grupo Rudo” para la seguridad del municipio, a quien la Marina vinculó con el Cártel de los Beltrán Leyva.
Las autoridades de Estados Unidos le retiraron la visa a Fernández por intentar pasar droga a Texas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
El caso del exalcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca, confirmó la vulnerabilidad que existe entre los partidos políticos y las autoridades electorales para evitar la infiltración del crimen organizado en las campañas.
El blindaje electoral –que se anunció hace tres años en la elección del 2012- fracasó en detectar que Abarca más que político era uno de los jefes de los Guerreros Unidos, grupo criminal que estuvo involucrado en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa el año pasado.
El INE contra la infiltración
El caso de José Luis Abarca no es el único narcopolítico detectado en México.
Hace 15 años Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, fue detenido por sus vínculos con el Cártel de Juárez.
En ese mismo estado hace 5 años el candidato del PRD a la gubernatura, Gregorio Sánchez, también fue arrestado por nexos con el narcotráfico.
En Michoacán se presentó el caso de Julio César Godoy, hermano del entonces gobernador Leonel Godoy, quien tomó protesta como diputado federal del PRD cuando se le señalaba por sus vínculos con La Familia y Servando Gómez, “La Tuta”.
La infiltración del narco en este proceso electoral será la principal tarea del ahora llamado Instituto Nacional Electoral (INE) y de los partidos políticos que postularán sus candidatos para las próximas elecciones.
El riesgo de que el crimen organizado imponga sus candidatos no solamente seguirá latente sino se incrementarán las posibilidades.
Es cierto que el INE prohíbe el uso de financiamiento ilícito, sin embargo, las capacidades que tiene el organismo electoral no son suficientes para realmente investigar la procedencia de los recursos que se usan en las campañas.
Solo es un buen propósito del INE y de los comisionados electorales.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, reconoce estas limitantes y ha dicho que el blindaje electoral para evitar la infiltración del narco en las campañas requiere también el involucramiento de dependencias federales como la PGR.
Córdova deja claro que no es facultad del INE revisar los antecedentes de los candidatos que se registran a un puesto de elección popular.
Para muestra…
> José Luis Abarca
Vinculado a Guerreros Unidos
> Mario Villanueva
Relacionado con el Cártel de Juárez
> Gregorio Sánchez
> Julio César Godoy
Vinculado con La Familia Michoacana
La Fepade sin dientes
En abril del 2011, José Luis Vargas, entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), presentó una serie de propuestas de reforma legislativa en materia penal electoral para fortalecer la arquitectura jurídica y la capacidad de actuación de la misma dependencia.
Vargas presionó para que el Congreso federal concretara esa reforma y dotar así a la Fepade de facultades para revisar los financiamientos de las campañas con el fin de detectar recursos de procedencia ilícita.
“En resumen, los objetivos de la reforma que se discute son: proteger el libre ejercicio del derecho al voto y el desarrollo normal de los procesos electorales; prevenir conductas delictivas, y adecuar el marco jurídico actualizando los tipos penales a la realidad social y a otras reformas, como la que se hizo al COFIPE en 2008”, dijo Vargas en aquella ocasión.
Sin embargo su propuesta nunca se concretó.
Peor aún, en febrero del 2012 -en la antesala de las elecciones presidenciales- Vargas fue relevado de su cargo como titular de la Fepade.
Fue acusado de presunta utilización de recursos públicos con fines electorales.
El entonces líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, exigió razones justificadas de la remoción de Vargas.
Coldwell insistió en que la decisión de reemplazar al titular de la Fepade se enmarcaba en una tendencia de nombrar “funcionarios a modo” para manipular las investigaciones ministeriales y en “una serie de hechos que generan desconfianza y un uso faccioso de la justicia”.
Facultades insuficientes
Adiferencia de las elecciones anteriores, el INE tiene más facultades para auditar los gastos de campañas de los candidatos incluso en tiempo real.
Sin embargo, estos mecanismos son insuficientes.
El INE no cuenta con mecanismos reales para detectar y evitar candidaturas financiadas, propuestas o respaldadas por células criminales o carteles de la droga.
La carta de no antecedentes penales sigue siendo el único candado real que deben librar los candidatos con nexos con el crimen organizado para registrarse como aspirantes a un cargo de elección popular.
Un documento que se obtiene en las oficinas de cualquier procuraduría de justicia estatal pagando de 50 a 200 pesos en la tesorería del estado.
Un aspirante cuyo nombre esté en una averiguación previa acusado de crimen organizado puede conseguir esta carta de no antecedentes penales.
De acuerdo al abogado Guillermo Valencia Reyes, la PGR y ninguna procuraduría estatal de justicia puede informar sobre averiguaciones previas que estén en curso en contra de personas que aspiren a ser candidatos a cargos de elección popular, para no violar la secrecía de la investigación del MP.
El INE ha delegado a los partidos políticos – sin innovación, como se ha venido haciendo desde hace más de una década- la facultad de revisar los perfiles de sus candidatos.
Serán las dirigencias de los partidos políticos la que finalmente “investiguen” a sus aspirantes, sin mayor obligación que la que la dicte la conciencia de cada líder partidista.
Es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) es el único organismo que podría informar a las instancias electorales sobre la probidad de los candidatos, pero históricamente el órgano electoral federal se ha negado a ello.
Solo buenas intenciones
Las iniciativas de los partidos para evitar la filtración del narcotráfico entre sus aspirantes han sido insuficientes.
El dirigente nacional del PRI, César Camacho, anunció que se revisarían los antecedentes de los aspirantes y que incluso se aplicarían exámenes toxicológicos.
Un filtro que no se realizó en el proceso de selección de candidatos, de acuerdo a priistas consultados por Reporte Indigo.
El PRD, el partido político más golpeado por este tema, aprobó un protocolo el año pasado para intentar establecer un “candado” que evite la postulación candidatos como José Luis Abarca, expresidente de Iguala.
Lo cierto es que no hay métodos de control de confianza entre los aspirantes a cargos de elección popular ni tampoco los partidos tienen la capacidad de investigar los antecedentes delictivos.
Opacidad en la Web
Tampoco se conocen a los candidatos de los partidos políticos.
El año pasado el entonces IFE creó en su página de Internet un micrositio con la información de todos los candidatos que registraron los partidos políticos en el pasado proceso electoral.
En este momento en su página el INE no tiene ninguna información sobre los aspirantes registrados ni mucho menos los antecedentes de ellos.
Requisitos disparejos
No solo la falta de revisión a la probidad de cada candidato es lo que podría poner al INE en el cuestionamiento general.
También destacan los requisitos extremos que se han impuesto a los ciudadanos que aspiran a ser independientes a cargos de elección popular, donde polariza el trato preferencial, casi consentidor, que se brinda a los candidatos que cuentan con el abanderamiento de los partidos políticos.
Mientras a los aspirantes ciudadanos se les exigió no solo una base mínima de votantes y se les advirtió del riesgo de no poder contender bajo el cobijo de ningún partido político si eran rechazados en su intención primera, a los postulados por los partidos no se les impuso ningún límite para representar a otros institutos políticos distintos, en caso de no ser aceptados por el primero que los postuló.
Hacia cualquier parte del país que se apunte, es notorio el número de aspirantes a cargos de elección popular de los que solamente el INE no mira los cuestionamientos sociales. Por la relevancia de los partidos, resaltan las candidaturas cuestionables en las filas del PRI, PRD y PAN, en donde se suman una gran cantidad de casos de importancia para ser revisados por las autoridades electorales.
Personajes polémicos
En esta elección no solo habrá candidatos por sus posibles nexos con el crimen organizado.
En esta elección también habrá un desfile de aspirantes controvertidos por sus perfiles psicológicos como el del candidato a diputado federal del PRI, Alfonso Rule Castro, señalado como un psicópata por su desmedida afición a la cacería y maltrato de animales.
En esa misma entidad también el PRI abandera a Oscar Valencia García, como candidato a diputado federal por el distrito X de Miahutlán.
Al candidato se le vincula con el movimiento armado del EPR, además de ser cuestionada su integridad psicológica por la vida dispendiosa de la que goza en forma pública.
En Michoacán, el PRI postula a Aida Nelly Sastré Gasca como candidata a diputada local por el distrito XVII de Morelia.
A la ex funcionaria del DIF se le cuestiona su función como directora del DIF estatal, en donde no tuvo empacho en entregar a familias pobres alimentos en estado de descomposición.
En Veracruz el candidato del PRD Julio Vázquez Copete, además de buscar los votos, también enfrentará una batalla en el juzgado de lo familiar, en donde su esposa Danae Vázquez Molina lo denunció como un marido golpeador y desentendido de las obligaciones familiares, según consta en la averiguación previa penal 191/2015 levantada ante el agente del ministerio público de Los Tuxtlas.
En Huajuapan de León, Oaxaca, el PAN ha avalado el nepotismo del presidente municipal Luis de Guadalupe Martínez Ramírez.
Candidatos bajo sospecha
En Michoacán el INE ha pasado por alto el caso del candidato priista Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, quien va como candidato del PRI a la diputación federal pese a los señalamientos hechos en sus primeras deposiciones por el propio Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, de tener una relación. Ixtlahuac es sobrino del candidato del PRI al gobierno de Michoacán, Asención Orihuela Bárcenas.
El exsenador priista ha rechazado el vínculo públicamente cualquier relación con “La Tuta”.
En Nuevo León el PAN postuló a Mauricio Fernández a la Alcaldía de San Pedro, panista que ha sido señalado de haber pactado con el crimen organizado cuando fue alcalde entre el 2009 y 2012.
Fernández formó el famoso “Grupo Rudo” para la seguridad del municipio, a quien la Marina vinculó con el Cártel de los Beltrán Leyva.
Las autoridades de Estados Unidos le retiraron la visa a Fernández por intentar pasar droga a Texas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Seguridad de 'bajo perfil'
Autoridades federales mantuvieron en secreto el operativo para detener al líder de Los Zetas por tener información de que policías municipales lo protegían, aunque no señalan en qué ciudades. Por lo pronto, el alcalde Ugo Ruiz ya investiga a sus elementos.
El equipo especial del Ejército Mexicano que capturó a Omar Treviño Morales “Z-42”, líder absoluto de Los Zetas, desconfió de la Policía de San Pedro.
Y es que la investigación de la PGR arrojó que Treviño Morales contaba con tres anillos de protección. El primero, policías municipales a su servicio, así como una red de espías conocidos como “halcones” y escoltas personales.
Motivo por el cual la incursión de inteligencia militar fue dirigida desde la Ciudad de México la madrugada del miércoles, casi en el cambio de turno de los uniformados en ese día, que era alrededor de las 6:00 horas.
El grupo especial decidió desplegarse el miércoles 4 de marzo por todo el municipio en un convoy de al menos 15 vehículos, esto sin reportar su presencia y motivos de su operación militar a ninguna autoridad de San Pedro.
Reporte Indigo buscó información las primeras horas de ese día con estas autoridades municipales, sobre la ubicación de la casa en donde fue detenido Treviño Morales.
Pero la respuesta no fue positiva.
“No sabemos el 12 (lugar) de los hechos, sólo sabemos por la tele “, respondieron fuentes consultadas.
Y el Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría de Justicia, tampoco tenía detalles de la acción militar.
Fue hasta que se localizó a fuentes de la Policía Federal en la Ciudad de México, como se logró obtener información sobre el lugar de la detención.
Ni mínima colaboración
La captura ocurrió en la casa marcada con el número 514, ubicada sobre la calle Vía Colatina, en la colonia Fuentes del Valle en San Pedro.
De manera extraña, ninguna patrulla de la Policía sampetrina acudió a brindar apoyo de custodia preventiva a personal del Ejército en las residencias aseguradas en este municipio.
Ni siquiera instalaron el típico cerco de seguridad con cinta de “prohibido pasar” en las calles en donde se realizaba el operativo, lo que facilitó que los curiosos acudieran a ver la casa dónde vivía el líder zeta.
Esta atención regularmente se ofrece por la supuesta coordinación que presume el alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz, con las fuerzas armadas, incluso hasta con el Gobierno del Estado, que en este caso sería Fuerza Civil.
La desconfianza del Ejército Mexicano se plasmó desde el pasado 25 de junio del 2013.
Militares intervinieron el Centro de Control, Comando y Comunicaciones de la Policía de San Pedro, conocido como el C4, por considerar que no cumplía con los requerimientos en materia de seguridad.
Los soldados estuvieron por casi tres meses en las instalaciones policiales, ante la sospecha de presuntos vínculos de los uniformados con el crimen organizado.
Los policías municipales fueron trasladados para realizarse los exámenes de confianza, resultados que no fueron dados a conocer por el alcalde Ugo Ruiz.
La falta de confianza de los militares hacia la Policía es evidente.
Otra dato que levanta sospecha es que las cámaras de seguridad del C4 de San Pedro no están ligadas al C5 estatal.
El Procurador de Justicia estatal, Javier Flores Saldívar, explicó que falta una sincronía entre ambos centros de comandos de control.
“No están conectadas las cámaras, sólo comparten información”, dijo públicamente Flores Saldívar.
La Procuraduría buscará coordinación con el Municipio de San Pedro para que se conecten las cámaras del C4 con el C5 estatal.
En constante observación
En los últimos años, las fuerzas policiacas de varios municipios de Nuevo León han sido intervenidas por el Ejército Mexicano ante sospechas de que colaboran con el crimen organizado:
> Del 1 al 3 de junio del 2009
Elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Federal y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) tomaron de manera simultánea y sorpresiva las instalaciones de las policías de Monterrey, Apodaca, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, García y Salinas Victoria.
Fueron detenidos el secretario de Vialidad de Tránsito de Monterrey, Amador Medina Flores, el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, José Santos Almaraz Órnelas, y su director de Seguridad Pública, Héctor Gonzalo de la Garza; también Fernando Torre y Cuevas, secretario de Seguridad Pública de Escobedo.
Al final fueron reportados alrededor de 150 policías detenidos por las fuerzas federales.
> 18 de diciembre del 2010
Militares y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) tomaron las instalaciones policiacas de Guadalupe en donde detuvieron a 13 policías municipales por su presunta participación en contra de elementos de la AEI.
> 7 de enero del 2011
El Ejército Mexicano y la Policía Federal sitiaron el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina, en donde detuvieron a un elemento municipal.
> 8 de agosto del 2011
Elementos del Ejército cercaron las instalaciones de la Policía de Santa Catarina con la intención de revisar el porte de arma de los policías y tránsitos, una semana antes habían sido detenidos seis policías por prácticas de halconeo.
10 de enero del 2012
Los soldados regresaron a Santa Catarina, pero esta vez a trasladar a todos los policías municipales a la práctica de exámenes de control de confianza en la sede policíaca, sin que hasta el momento ninguna autoridad les haya proporcionado información de la situación imperante.
25 junio del 2013
Elementos militares tomaron el mando del Centro de Control, Comando y Comunicaciones (C4) de San Pedro.
Durante casi tres meses, los soldados revisaron las acciones de los policías municipales, les practicaron pruebas de confianza e hicieron señalamientos.
> 22 octubre del 2013
El alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz Cortés, designó a Pedro Vallarta Cobo como titular del C4.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.
El equipo especial del Ejército Mexicano que capturó a Omar Treviño Morales “Z-42”, líder absoluto de Los Zetas, desconfió de la Policía de San Pedro.
Y es que la investigación de la PGR arrojó que Treviño Morales contaba con tres anillos de protección. El primero, policías municipales a su servicio, así como una red de espías conocidos como “halcones” y escoltas personales.
Motivo por el cual la incursión de inteligencia militar fue dirigida desde la Ciudad de México la madrugada del miércoles, casi en el cambio de turno de los uniformados en ese día, que era alrededor de las 6:00 horas.
El grupo especial decidió desplegarse el miércoles 4 de marzo por todo el municipio en un convoy de al menos 15 vehículos, esto sin reportar su presencia y motivos de su operación militar a ninguna autoridad de San Pedro.
Reporte Indigo buscó información las primeras horas de ese día con estas autoridades municipales, sobre la ubicación de la casa en donde fue detenido Treviño Morales.
Pero la respuesta no fue positiva.
“No sabemos el 12 (lugar) de los hechos, sólo sabemos por la tele “, respondieron fuentes consultadas.
Y el Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría de Justicia, tampoco tenía detalles de la acción militar.
Fue hasta que se localizó a fuentes de la Policía Federal en la Ciudad de México, como se logró obtener información sobre el lugar de la detención.
Ni mínima colaboración
La captura ocurrió en la casa marcada con el número 514, ubicada sobre la calle Vía Colatina, en la colonia Fuentes del Valle en San Pedro.
De manera extraña, ninguna patrulla de la Policía sampetrina acudió a brindar apoyo de custodia preventiva a personal del Ejército en las residencias aseguradas en este municipio.
Ni siquiera instalaron el típico cerco de seguridad con cinta de “prohibido pasar” en las calles en donde se realizaba el operativo, lo que facilitó que los curiosos acudieran a ver la casa dónde vivía el líder zeta.
Esta atención regularmente se ofrece por la supuesta coordinación que presume el alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz, con las fuerzas armadas, incluso hasta con el Gobierno del Estado, que en este caso sería Fuerza Civil.
La desconfianza del Ejército Mexicano se plasmó desde el pasado 25 de junio del 2013.
Militares intervinieron el Centro de Control, Comando y Comunicaciones de la Policía de San Pedro, conocido como el C4, por considerar que no cumplía con los requerimientos en materia de seguridad.
Los soldados estuvieron por casi tres meses en las instalaciones policiales, ante la sospecha de presuntos vínculos de los uniformados con el crimen organizado.
Los policías municipales fueron trasladados para realizarse los exámenes de confianza, resultados que no fueron dados a conocer por el alcalde Ugo Ruiz.
La falta de confianza de los militares hacia la Policía es evidente.
Otra dato que levanta sospecha es que las cámaras de seguridad del C4 de San Pedro no están ligadas al C5 estatal.
El Procurador de Justicia estatal, Javier Flores Saldívar, explicó que falta una sincronía entre ambos centros de comandos de control.
“No están conectadas las cámaras, sólo comparten información”, dijo públicamente Flores Saldívar.
La Procuraduría buscará coordinación con el Municipio de San Pedro para que se conecten las cámaras del C4 con el C5 estatal.
En constante observación
En los últimos años, las fuerzas policiacas de varios municipios de Nuevo León han sido intervenidas por el Ejército Mexicano ante sospechas de que colaboran con el crimen organizado:
> Del 1 al 3 de junio del 2009
Elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Federal y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) tomaron de manera simultánea y sorpresiva las instalaciones de las policías de Monterrey, Apodaca, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, García y Salinas Victoria.
Fueron detenidos el secretario de Vialidad de Tránsito de Monterrey, Amador Medina Flores, el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, José Santos Almaraz Órnelas, y su director de Seguridad Pública, Héctor Gonzalo de la Garza; también Fernando Torre y Cuevas, secretario de Seguridad Pública de Escobedo.
Al final fueron reportados alrededor de 150 policías detenidos por las fuerzas federales.
> 18 de diciembre del 2010
Militares y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) tomaron las instalaciones policiacas de Guadalupe en donde detuvieron a 13 policías municipales por su presunta participación en contra de elementos de la AEI.
> 7 de enero del 2011
El Ejército Mexicano y la Policía Federal sitiaron el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Catarina, en donde detuvieron a un elemento municipal.
> 8 de agosto del 2011
Elementos del Ejército cercaron las instalaciones de la Policía de Santa Catarina con la intención de revisar el porte de arma de los policías y tránsitos, una semana antes habían sido detenidos seis policías por prácticas de halconeo.
10 de enero del 2012
Los soldados regresaron a Santa Catarina, pero esta vez a trasladar a todos los policías municipales a la práctica de exámenes de control de confianza en la sede policíaca, sin que hasta el momento ninguna autoridad les haya proporcionado información de la situación imperante.
25 junio del 2013
Elementos militares tomaron el mando del Centro de Control, Comando y Comunicaciones (C4) de San Pedro.
Durante casi tres meses, los soldados revisaron las acciones de los policías municipales, les practicaron pruebas de confianza e hicieron señalamientos.
> 22 octubre del 2013
El alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz Cortés, designó a Pedro Vallarta Cobo como titular del C4.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.
Inician los MéxicoLeaks
Una nueva plataforma digital independiente en el país permitirá denunciar actos de corrupción e irregularidades de forma anónima.
Acaba de nacer un nuevo proyecto en pro de la transparencia en México.
Un grupo de medios de comunicación y organizaciones civiles lanzaron ayer MéxicoLeaks, una plataforma digital para recibir filtraciones con información que permita denunciar actos de corrupción e irregularidades por parte de las autoridades.
Las personas que deseen filtrar alguna información podrán hacerlo anónimamente. Antes de publicar algo se investigará y comprobará cualquier dato recibido, dijeron representantes de los medios que participan en la primera iniciativa de su tipo en México.
“Todas las denuncias serán verificadas”, aseguró Ignacio Rodríguez Reyna, director de la revista Emeequis.
En total participan dos organizaciones ciudadanas y seis medios, entre los cuales también están la revista Proceso, el portal Animal Político y la unidad de investigación de la periodista Carmen Aristegui.
De acuerdo a la cuenta oficial de Twitter (@MexLeaks), es una plataforma ciento por ciento independiente, sin “afiliación a gobiernos y sin agenda oculta. Trabajamos por la ciudadanía mexicana”.
El lanzamiento ocurre en un momento en que el Gobierno federal enfrenta escándalos de presunta corrupción y conflicto de interés a raíz de investigaciones periodísticas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Acaba de nacer un nuevo proyecto en pro de la transparencia en México.
Un grupo de medios de comunicación y organizaciones civiles lanzaron ayer MéxicoLeaks, una plataforma digital para recibir filtraciones con información que permita denunciar actos de corrupción e irregularidades por parte de las autoridades.
Las personas que deseen filtrar alguna información podrán hacerlo anónimamente. Antes de publicar algo se investigará y comprobará cualquier dato recibido, dijeron representantes de los medios que participan en la primera iniciativa de su tipo en México.
“Todas las denuncias serán verificadas”, aseguró Ignacio Rodríguez Reyna, director de la revista Emeequis.
En total participan dos organizaciones ciudadanas y seis medios, entre los cuales también están la revista Proceso, el portal Animal Político y la unidad de investigación de la periodista Carmen Aristegui.
De acuerdo a la cuenta oficial de Twitter (@MexLeaks), es una plataforma ciento por ciento independiente, sin “afiliación a gobiernos y sin agenda oculta. Trabajamos por la ciudadanía mexicana”.
El lanzamiento ocurre en un momento en que el Gobierno federal enfrenta escándalos de presunta corrupción y conflicto de interés a raíz de investigaciones periodísticas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Relator de ONU reitera acusaciones de tortura contra México
Ginebra. El relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura reiteró este miércoles en Ginebra su acusación de que "la tortura es una práctica generalizada hoy en México".
"La expresión 'tortura generalizada' es la expresión correcta, no he cambiado de opinión", declaró Juan Méndez durante una rueda de prensa en Ginebra, al margen del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
En mayo del año pasado, Méndez ya había empleado esta expresión en su informe preliminar sobre México. El gobierno mexicano había respondido a Méndez, pero sus explicaciones no convencieron al relator especial. El gobierno mexicano reprocha a Méndez que solo se ha basado en una quincena de testimonios escritos que daban cuenta de torturas ocurridas durante una interpelación de las fuerzas del orden.
"El hecho de que no se puedan presentar centenares de casos no quiere decir que la tortura no esté generalizada", declaró Méndez, que afirmó haber recibido numerosos testimonios, pero no necesariamente escritos, pues "es un proceso complicado".
Méndez señaló además que había visitado unas quince prisiones en México y que había entrevistado a prisioneros. Según él, estos mencionaron que sólo hubo torturas en el momento de su arresto, pero no en el recinto de la prisión. "Existen casos de tortura en todos los niveles del Estado, a nivel federal, regional y local", indicó, añadiendo que se trataría tanto de tortura "física como moral".
El relator especial de la ONU reconoció, sin embargo, que el gobierno mexicano enfrenta "un desafío mayor, el de la lucha contra el crimen organizado"
Hallan muertos a encuestadores del Inegi desaparecidos en Chihuahua (10 MARZO 2015)
CHIHUAHUA, Chih: Los dos encuestadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) que se encontraban desaparecidos en el municipio de Urique aparecieron muertos hoy, informó la Fiscalía General del Estado.
Jesús Manuel Pérez Montoya, de 30 años, y Erick Fabián Paredes Valois, de 24, aparecieron semienterrados a 800 metros del poblado Cerro Colorado, en el mismo municipio de Urique.
Los jóvenes fueron encontrados por agentes de la Policía Estatal División Investigación, luego de realizar varios recorridos, entrevistas y rastreos, dio a conocer la FGE en un comunicado de prensa.
Los Servicios Periciales y los agentes se encargaron de los cuerpos y de la escena del crimen y aseguraron evidencia que fue trasladada a la Fiscalía Zona Occidente.
De acuerdo con los resultados de las necropsias, fallecieron por traumatismo craneoencefálico, laceración pulmonar y cardiaca, producidas por proyectil de arma de fuego.
La Fiscalía informó que basados en la cronotanatología de los cuerpos, pudieron establecer que ambos tenían, al momento del hallazgo, cerca de siete días sin vida.
Jesús Manuel Pérez Montoya tenía su domicilio en Segorachi, municipio de Urique, y Erick Fabián Paredes Valois en San Juanito, municipio de Bocoyna.
Las familias de los dos trabajadores presentaron el reporte de ausencia la semana pasada, ya que la última vez que se les vio con vida fue el lunes 2 en el poblado de Bahuichivo, en Urique.
Por la investigación que realizó la Fiscalía, se sabe que al momento de la desaparición los dos paseaban en Bahuichivo y que apenas estos días comenzarían su labor en la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi.
Luego de conocer los hechos, el Inegi emitió un comunicado de prensa para expresar su solidaridad y apoyo “a las familias de nuestros compañeros Jesús Manuel Pérez Montoya y Eric Fabián Paredes Valois, quienes fueron incorporados como encuestadores temporales para el levantamiento de la Encuesta Intercensal 2015 en la zona rural del municipio de Urique, Chihuahua, donde se reportó su desaparición”.
También refiere que las familias ya identificaron los cuerpos en las instalaciones de la Fiscalía del Estado Zona Occidente en la ciudad de Cuauhtémoc, a donde fueron trasladados.
La dependencia federal informó que para garantizar la integridad física del personal de campo, se han reprogramado las actividades de levantamiento de información en la zona rural del municipio de Urique hasta que se reestablecen las condiciones de seguridad necesarias.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
Jesús Manuel Pérez Montoya, de 30 años, y Erick Fabián Paredes Valois, de 24, aparecieron semienterrados a 800 metros del poblado Cerro Colorado, en el mismo municipio de Urique.
Los jóvenes fueron encontrados por agentes de la Policía Estatal División Investigación, luego de realizar varios recorridos, entrevistas y rastreos, dio a conocer la FGE en un comunicado de prensa.
Los Servicios Periciales y los agentes se encargaron de los cuerpos y de la escena del crimen y aseguraron evidencia que fue trasladada a la Fiscalía Zona Occidente.
De acuerdo con los resultados de las necropsias, fallecieron por traumatismo craneoencefálico, laceración pulmonar y cardiaca, producidas por proyectil de arma de fuego.
La Fiscalía informó que basados en la cronotanatología de los cuerpos, pudieron establecer que ambos tenían, al momento del hallazgo, cerca de siete días sin vida.
Jesús Manuel Pérez Montoya tenía su domicilio en Segorachi, municipio de Urique, y Erick Fabián Paredes Valois en San Juanito, municipio de Bocoyna.
Las familias de los dos trabajadores presentaron el reporte de ausencia la semana pasada, ya que la última vez que se les vio con vida fue el lunes 2 en el poblado de Bahuichivo, en Urique.
Por la investigación que realizó la Fiscalía, se sabe que al momento de la desaparición los dos paseaban en Bahuichivo y que apenas estos días comenzarían su labor en la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi.
Luego de conocer los hechos, el Inegi emitió un comunicado de prensa para expresar su solidaridad y apoyo “a las familias de nuestros compañeros Jesús Manuel Pérez Montoya y Eric Fabián Paredes Valois, quienes fueron incorporados como encuestadores temporales para el levantamiento de la Encuesta Intercensal 2015 en la zona rural del municipio de Urique, Chihuahua, donde se reportó su desaparición”.
También refiere que las familias ya identificaron los cuerpos en las instalaciones de la Fiscalía del Estado Zona Occidente en la ciudad de Cuauhtémoc, a donde fueron trasladados.
La dependencia federal informó que para garantizar la integridad física del personal de campo, se han reprogramado las actividades de levantamiento de información en la zona rural del municipio de Urique hasta que se reestablecen las condiciones de seguridad necesarias.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
Se agrieta la CMIC
La mayoría de los agremiados de esta organización no aprueban la asignación de Gustavo Arballo como nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción.
Las inconformidades por la elección del nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción (CMIC) reflejan que la organización se está agrietando hacia el interior.
Y es que el pasado lunes solo acudieron el 16 por ciento de los agremiados de esta cámara para a elegir a Gustavo Arballo como nuevo dirigente nacional.
Fuentes constructoras aseguraron que la institución cuenta con 9 mil 860 afiliados, y que en su mayoría están inconformes con la elección del nuevo presidente.
En entrevista con Reporte Indigo, el constructor de Yucatán, Tuffy Gaber Flores, quien fue excluido de la contienda, aseguró que su planilla representaba a las pequeñas y medianas empresas constructoras.
“Íbamos muy en el proceso, y la teníamos ganada, y esto se ratifica, porque solo se presenta a votar alrededor del 16 por ciento de la afiliación nacional, y es una pena que se desestimule todo el esfuerzo, y con esto mucha gente está decepcionada de la cámara” dijo Gaber Flores.
Agregó que sus proyectos estaban enfocados a modernizar la CMIC, para lograr que las pequeñas empresas pudieran participar en todas las obras.
“Nosotros estamos pujando para que la cámara se pusiera al día con lo que vive el país, un país abierto y moderno, y extrañamente, internamente no sostengamos lo que pedimos hacia afuera, porque al Gobierno le pedimos transparencia, rendición de cuentas y mesura en el gasto, pero hacia adentro al menos en esta cámara no somos capaces de otorgarlo”, dijo Gaber.
Explicó que era una oportunidad para que la CIMC pudiera elegir cualquier de los dos proyectos, por lo que lamentó su descalificación.
“Después de recorrer todas la delegaciones, a menos de 48 horas, nos niegan la inscripción de la planilla por falta de solvencia moral que es uno de los requisitos que se tenían”, explicó el empresario constructor.
Añadió que su descalificación de la contienda atenta contra la transparencia.
“Nosotros vamos a ir la Secretaría de Economía a todas las instancias, para hacer ver que las cosas no son así. Porque estamos en un terreno de lo subjetivo, porque la moral no se mide con kilos y metros”, señaló el empresario.
La descalificación de la planilla de Gaber Flores que concretó la cúpula de la CMIC– deja el camino libre para que el constructor tapatío Gustavo Arballo gane la elección y sustituya en la presidencia a Luis Zárate Rocha.
FUENTE: REPORTE INDIGO
AUTOR: JESÚS PADILLA
Las inconformidades por la elección del nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción (CMIC) reflejan que la organización se está agrietando hacia el interior.
Y es que el pasado lunes solo acudieron el 16 por ciento de los agremiados de esta cámara para a elegir a Gustavo Arballo como nuevo dirigente nacional.
Fuentes constructoras aseguraron que la institución cuenta con 9 mil 860 afiliados, y que en su mayoría están inconformes con la elección del nuevo presidente.
En entrevista con Reporte Indigo, el constructor de Yucatán, Tuffy Gaber Flores, quien fue excluido de la contienda, aseguró que su planilla representaba a las pequeñas y medianas empresas constructoras.
“Íbamos muy en el proceso, y la teníamos ganada, y esto se ratifica, porque solo se presenta a votar alrededor del 16 por ciento de la afiliación nacional, y es una pena que se desestimule todo el esfuerzo, y con esto mucha gente está decepcionada de la cámara” dijo Gaber Flores.
Agregó que sus proyectos estaban enfocados a modernizar la CMIC, para lograr que las pequeñas empresas pudieran participar en todas las obras.
“Nosotros estamos pujando para que la cámara se pusiera al día con lo que vive el país, un país abierto y moderno, y extrañamente, internamente no sostengamos lo que pedimos hacia afuera, porque al Gobierno le pedimos transparencia, rendición de cuentas y mesura en el gasto, pero hacia adentro al menos en esta cámara no somos capaces de otorgarlo”, dijo Gaber.
Explicó que era una oportunidad para que la CIMC pudiera elegir cualquier de los dos proyectos, por lo que lamentó su descalificación.
“Después de recorrer todas la delegaciones, a menos de 48 horas, nos niegan la inscripción de la planilla por falta de solvencia moral que es uno de los requisitos que se tenían”, explicó el empresario constructor.
Añadió que su descalificación de la contienda atenta contra la transparencia.
“Nosotros vamos a ir la Secretaría de Economía a todas las instancias, para hacer ver que las cosas no son así. Porque estamos en un terreno de lo subjetivo, porque la moral no se mide con kilos y metros”, señaló el empresario.
La descalificación de la planilla de Gaber Flores que concretó la cúpula de la CMIC– deja el camino libre para que el constructor tapatío Gustavo Arballo gane la elección y sustituya en la presidencia a Luis Zárate Rocha.
FUENTE: REPORTE INDIGO
AUTOR: JESÚS PADILLA
Soy sensible: Medina
En su primer discurso como nuevo magistrado de la SCJN, Eduardo Medina Mora aseguró que escucha las críticas y respeta las opiniones. Su designación dividió al Senado, pero al final se impuso con 83 votos a su favor.
Durante casi cuatro horas, senadores de izquierda se dedicaron a cuestionar el nombramiento de Eduardo Medina Mora como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN).
Nombramiento que, de facto, ya habían realizado los legisladores del PRI y algunos del PAN.
A pesar de haber sido electo por 83 votos a favor, los votos en contra y los nulos estuvieron acompañados de más de 51 mil firmas de ciudadanos que se pronunciaron por no hacer ministro a Medina Mora, rúbricas a las que los senadores solo les dieron entrada para ser “colgadas” en línea.
Los panistas, que en un primer momento anunciaron que votarían en bloque, votaron divididos. Un total de 16 votos nulos dieron cuenta de que no convenció a algunos.
Aunque no acompañaron a los senadores de izquierda en los señalamientos –salvo Javier Corral-, los panistas se bajaron del apoyo al candidato favorito.
“Se dieron cuenta de lo que iban a hacer y se arrepintieron, por eso mejor votaron en abstención”, señaló un senador del PAN.
En un hecho histórico, Medina Mora comenzó su discurso defendiéndose de señalamientos en su contra. Dijo que no era insensible a esos señalamientos.
“Soy sensible; escucho, pongo atención a las críticas y señalamientos que se han hecho con respecto a mi actuación en diversos cargos. Respeto las opiniones, pero no siempre las comparto”, dijo en la tribuna del Senado.
El nuevo ministro de la SCJN afirmó que siempre ha actuado de buena fe, y se defendió de algunas acusaciones que le han hecho sus opositores.
Así, Medina Mora fue defendiéndose de algunos de los argumentos hechos en su contra, desde la detención de tres mujeres indígenas en Querétaro, su responsabilidad en los hechos en San Salvador Atenco, y hasta el supuesto regreso de fondos a Raúl Salinas de Gortari que, dijo, fue ordenado por un juez y no por él.
Los senadores que se opusieron a su nombramiento argumentaron durante cuatro horas las razones por las que no debía ser electo.
‘Dos ministros para el PRI’
Javier Corral, único senador del PAN que subió a tribuna a hablar abiertamente en contra del nombramiento, lamentó que la SCJN se haya convertido en un reparto de cuotas pues, aseguró, ya están pactados también otros lugares.
“Ya se habla de dos ministros para el PRI: Medina Mora y Raúl Cervantes, y uno para el PAN, que todavía no se dibuja ante nosotros pero que todos sabemos está enfilado. El daño a la Corte bajo la dinámica de cuotas de partidos es irreversible este día, porque la decisión está tomada”, acusó Corral.
Acusó que el nombramiento de Medina Mora es el pago de una factura por haber dado carpetazo a la investigación en contra de Arturo Montiel, el exgobernador del Estado de México, ordenada por Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador mexiquense.
En cambio, su compañero de bancada, Daniel Ávila, afirmó que el PAN consideró a uno de los candidatos por haber defendido “el derecho a la vida”.
Cuando era procurador general de la República, Medina Mora presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley que despenalizó el aborto en el Distrito Federal.
Dolores Padierna, senadora del PRD, cuestionó la actitud que tomará Medina Mora como ministro de la Corte cuando ésta tenga que votar asuntos como la violación de derechos humanos en el enfrentamiento de San Salvador Atenco.
Y Layda Sansores, senadora por el PT, afirmó que el Senado debe una disculpa a los dos magistrados propuestos en la terna, Alfredo Fuentes y Horacio Hernández, por haberlos hecho parte de una simulación.
Roberto Gil, el panista presidente de la Comisión de Justicia, afirmó antes de la votación que el ministro que fuera electo no le debería su cargo al presidente de la República o al Senado.
“Quien resulte electo, no recibe un favor del Presidente o de una mayoría del Senado que habrá de pagar con lealtad, disciplina o complicidad. Recibe un mandato de la República”, apuntó Gil.
Medina Mora será ministro de la Suprema Corte hasta el año 2030, pues el tiempo en el cargo para el que fue electo es por 15 años.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Durante casi cuatro horas, senadores de izquierda se dedicaron a cuestionar el nombramiento de Eduardo Medina Mora como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN).
Nombramiento que, de facto, ya habían realizado los legisladores del PRI y algunos del PAN.
A pesar de haber sido electo por 83 votos a favor, los votos en contra y los nulos estuvieron acompañados de más de 51 mil firmas de ciudadanos que se pronunciaron por no hacer ministro a Medina Mora, rúbricas a las que los senadores solo les dieron entrada para ser “colgadas” en línea.
Los panistas, que en un primer momento anunciaron que votarían en bloque, votaron divididos. Un total de 16 votos nulos dieron cuenta de que no convenció a algunos.
Aunque no acompañaron a los senadores de izquierda en los señalamientos –salvo Javier Corral-, los panistas se bajaron del apoyo al candidato favorito.
“Se dieron cuenta de lo que iban a hacer y se arrepintieron, por eso mejor votaron en abstención”, señaló un senador del PAN.
En un hecho histórico, Medina Mora comenzó su discurso defendiéndose de señalamientos en su contra. Dijo que no era insensible a esos señalamientos.
“Soy sensible; escucho, pongo atención a las críticas y señalamientos que se han hecho con respecto a mi actuación en diversos cargos. Respeto las opiniones, pero no siempre las comparto”, dijo en la tribuna del Senado.
El nuevo ministro de la SCJN afirmó que siempre ha actuado de buena fe, y se defendió de algunas acusaciones que le han hecho sus opositores.
Así, Medina Mora fue defendiéndose de algunos de los argumentos hechos en su contra, desde la detención de tres mujeres indígenas en Querétaro, su responsabilidad en los hechos en San Salvador Atenco, y hasta el supuesto regreso de fondos a Raúl Salinas de Gortari que, dijo, fue ordenado por un juez y no por él.
Los senadores que se opusieron a su nombramiento argumentaron durante cuatro horas las razones por las que no debía ser electo.
‘Dos ministros para el PRI’
Javier Corral, único senador del PAN que subió a tribuna a hablar abiertamente en contra del nombramiento, lamentó que la SCJN se haya convertido en un reparto de cuotas pues, aseguró, ya están pactados también otros lugares.
“Ya se habla de dos ministros para el PRI: Medina Mora y Raúl Cervantes, y uno para el PAN, que todavía no se dibuja ante nosotros pero que todos sabemos está enfilado. El daño a la Corte bajo la dinámica de cuotas de partidos es irreversible este día, porque la decisión está tomada”, acusó Corral.
Acusó que el nombramiento de Medina Mora es el pago de una factura por haber dado carpetazo a la investigación en contra de Arturo Montiel, el exgobernador del Estado de México, ordenada por Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador mexiquense.
En cambio, su compañero de bancada, Daniel Ávila, afirmó que el PAN consideró a uno de los candidatos por haber defendido “el derecho a la vida”.
Cuando era procurador general de la República, Medina Mora presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley que despenalizó el aborto en el Distrito Federal.
Dolores Padierna, senadora del PRD, cuestionó la actitud que tomará Medina Mora como ministro de la Corte cuando ésta tenga que votar asuntos como la violación de derechos humanos en el enfrentamiento de San Salvador Atenco.
Y Layda Sansores, senadora por el PT, afirmó que el Senado debe una disculpa a los dos magistrados propuestos en la terna, Alfredo Fuentes y Horacio Hernández, por haberlos hecho parte de una simulación.
Roberto Gil, el panista presidente de la Comisión de Justicia, afirmó antes de la votación que el ministro que fuera electo no le debería su cargo al presidente de la República o al Senado.
“Quien resulte electo, no recibe un favor del Presidente o de una mayoría del Senado que habrá de pagar con lealtad, disciplina o complicidad. Recibe un mandato de la República”, apuntó Gil.
Medina Mora será ministro de la Suprema Corte hasta el año 2030, pues el tiempo en el cargo para el que fue electo es por 15 años.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
Se ‘arma’ la elección
La participación política de Hipólito Mora como candidato a diputado federal no significa una renuncia al movimiento de los grupos de autodefensa, él mismo ha reconocido que su aspiración es para fortalecer el levantamiento armado.
Aún mareado por el salto de la oscuridad de su celda a los reflectores mediáticos, el recién liberado líder de los grupos de autodefensa de La Ruana, Hipólito Mora Chávez, no ceja en su empeño de ser candidato plurinominal a la cámara federal de diputados.
En el PRI, PAN y PRD le han cerrado los espacios, pero entre los llamados “partidos chicos” comenzó la puja para fichar al que saben con alto capital político.
En primera instancia Mora Chávez desechó la oferta presentada por el coordinador en Michoacán del Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada, quien –en una actitud llena de soberbia- le aventó la oferta para incluirlo en la quinta posición.
El líder de las autodefensas no aceptó y optó por reunirse con el coordinador nacional de ese partido, Dante Delgado, a fin de buscar una mejor posición.
Por su parte, el Partido Encuentro Social, dijo el presidente de ese organismo en Michoacán, se mantiene a la espera “para mejorar la oferta” que finalmente le pudiera hacer a Hipólito Mora el partido Movimiento Ciudadano, a fin de que sea diputado por el naciente partido que en Michoacán no alcanza a completar el 100 por ciento de las candidaturas a las 113 alcaldías.
La dirigencia estatal del PT, también con el ánimo de poder alcanzar una votación que le permita mantenerse dentro de las prerrogativas económicas oficiales, no ha descartado la posibilidad de ofrecer algunas posiciones dentro de la lista plurinominal de candidatos a diputado federal para los integrantes del movimiento de autodefensas.
El PT –señalaron fuentes oficiales al interior del comité directivo estatal- ya inició también negociaciones con Hipólito Mora, a fin de que este sea candidato directo a la diputación federal por el distrito de Apatzingán, además de buscar la postulación de algunos de los hombres de ese grupo de autodefensas para que sean candidatos a las alcaldías de los municipios de la zona de Tierra Caliente.
Por su parte, la dirigencia estatal del Partido Humanista también inició el acercamiento con los representantes del fundador del movimiento armado de La Ruana, a fin de ofertarle una propuesta de inclusión en las candidaturas plurinominales. El partido Humanista es el único organismo que también ha tendido lazos hacia el grupo de Luis Antonio Torres González “El Americano”, para cubrir sus candidaturas.
Mora, trascendió al interior del partido Movimiento Ciudadano, no aceptó la quinta posición en la lista plurinominal, porque el coordinador estatal de ese organismo, Daniel Moncada, no valoró en su justa dimensión la figura política que ahora representa el excarcelado líder de las autodefensas. El coordinador estatal fue tajante en su oferta. Presentó un “tómalo o déjalo”, lo que hizo que Mora optara por negociar con el coordinador nacional.
Apenas hace una semana, cuando Mora se encontraba recluido en la cárcel estatal de Mil Cumbres, en Morelia, uno de sus abogados se acercó al comité estatal del Partido Encuentro Social, a fin de ofertar la candidatura del líder de las autodefensas, garantizando un repunte considerable en la votación del partido que lo acogiera.
La primera negociación se hizo con el comité directivo estatal del Partido Encuentro Social, de acuerdo a la versión emitida por el presidente de ese organismo en la entidad, Rubén Pérez Hernández, quien confirmó que ese partido le ofrecería la primera posición en la lista de la V circunscripción.
Hipólito sí quiere
A unas horas de haber alcanzado la libertad, luego que un magistrado del poder judicial de Michoacán estableciera que no había conducta ilícita en Hipólito Mora que acreditara su permanencia en prisión, el líder de las autodefensas reconoció que sí “hay la propuesta” para ser candidato a diputado federal, refiriendo como su opción el partido Movimiento Ciudadano.
Hipólito Mora no habló de que uno de sus abogados es el que ha tendido los lazos para negociar con algunas dirigencias estatales su participación como candidato del partido político que acepte el abanderamiento. El único requisito que se ha solicitado a las organizaciones políticas es que vaya en una posición segura para ser diputado.
El abogado que le ha negociado su participación política es Gabriel Torres, el que mantuvo un acercamiento con Movimiento Ciudadano, partido que aún no define si cede la primera diputación plurinominal.
“Voy a seguir en pláticas con el Movimiento Ciudadano, y si llegamos a un acuerdo le voy a entrar”.
El tema de la participación política de Hipólito como candidato a diputado federal no significa una renuncia al movimiento de los grupos de autodefensa. Él mismo ha reconocido que su aspiración para ser candidato es para fortalecer el movimiento armado, toda vez que no está todo resuelto en Michoacán, pese a que se habla del exterminio del cartel delincuencial contra el que se alzaron él y miles de hombres.
El líder de La Ruana aseguró que de llegar a ser diputado, por el partido que sea, no hará que se olvide de los grupos de autodefensa.
“No, si me lanzo es precisamente por eso, porque aquí en Michoacán y en otras partes del país se necesitan personas que alcen la voz, que no se dejen intimidar por nadie. La gente me ha pedido que me meta a la política, que me meta allí”, eso es lo que lo mueve.
Es un tema de oportunismo: Sandoval
Para el diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, lo que está haciendo el Movimiento Ciudadano y el Partido Encuentro Social, al tratar de fichar a Hipólito Mora como su candidato, es solo un tema de oportunismo.
“Son partidos que no lograran la votación necesaria y tratan de subsistir a como dé lugar colgándose de figuras mediáticas importantes”, dice.
Recordó que “el PT es el único partido que mantiene una alianza de unidad y entendimiento con los grupos de autodefensa, no de ahora, sino de hace años”. Por esa razón es que el Partido del Trabajo ha optado por abanderar las candidaturas de líderes de autodefensas a las alcaldías de Aquila y Coahuayana, las únicas que están confirmadas al momento.
El PT, aseguró, está vinculado con el movimiento de las autodefensas desde hace años. La unidad entre la insurgencia y los candidatos del movimiento no se ha dado a partir de los votos que el partido pudiera necesitar.
Se prende el estado
A menos de 12 horas de que se diera la liberación del líder de las autodefensas de La Ruana y uno de los hombres más cercanos a José Manuel Mireles Valverde, los grupos de civiles armados que se han desmovilizado, salieron de nueva cuenta a las calles, carreteras y caminos de al menos ocho municipios de Michoacán.
Pese a que el Gobierno Federal ha dicho en repetidas ocasiones, desde el mes de mayo del año pasado a través de diversos funcionarios públicos de primer nivel, que las autodefensas no existen, la muestra de su persistencia se dio la madrugada de este martes, cuando nuevas barricadas comenzaron a aparecer en diversas localidades.
Unas de las barricadas más importantes de los grupos de autodefensa que se vieron alentadas con la puesta en libertad de Hipólito Mora, fueron las del municipio de Uruapan, las que a media noche comenzaron a concentrarse con la intención de tomar el control de la seguridad pública de la tercera ciudad más importante de la entidad.
Elementos del Ejército Mexicano se desplazaron desde Morelia hacia el municipio de Uruapan para llevar a cabo una operación de desarme de los ciudadanos que retornaron a las posiciones de vigilancia. Oficialmente no se habla de detenidos, pero se estima que al menos 200 hombres armados fueron retirados de la vía pública.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Aún mareado por el salto de la oscuridad de su celda a los reflectores mediáticos, el recién liberado líder de los grupos de autodefensa de La Ruana, Hipólito Mora Chávez, no ceja en su empeño de ser candidato plurinominal a la cámara federal de diputados.
En el PRI, PAN y PRD le han cerrado los espacios, pero entre los llamados “partidos chicos” comenzó la puja para fichar al que saben con alto capital político.
En primera instancia Mora Chávez desechó la oferta presentada por el coordinador en Michoacán del Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada, quien –en una actitud llena de soberbia- le aventó la oferta para incluirlo en la quinta posición.
El líder de las autodefensas no aceptó y optó por reunirse con el coordinador nacional de ese partido, Dante Delgado, a fin de buscar una mejor posición.
Por su parte, el Partido Encuentro Social, dijo el presidente de ese organismo en Michoacán, se mantiene a la espera “para mejorar la oferta” que finalmente le pudiera hacer a Hipólito Mora el partido Movimiento Ciudadano, a fin de que sea diputado por el naciente partido que en Michoacán no alcanza a completar el 100 por ciento de las candidaturas a las 113 alcaldías.
La dirigencia estatal del PT, también con el ánimo de poder alcanzar una votación que le permita mantenerse dentro de las prerrogativas económicas oficiales, no ha descartado la posibilidad de ofrecer algunas posiciones dentro de la lista plurinominal de candidatos a diputado federal para los integrantes del movimiento de autodefensas.
El PT –señalaron fuentes oficiales al interior del comité directivo estatal- ya inició también negociaciones con Hipólito Mora, a fin de que este sea candidato directo a la diputación federal por el distrito de Apatzingán, además de buscar la postulación de algunos de los hombres de ese grupo de autodefensas para que sean candidatos a las alcaldías de los municipios de la zona de Tierra Caliente.
Por su parte, la dirigencia estatal del Partido Humanista también inició el acercamiento con los representantes del fundador del movimiento armado de La Ruana, a fin de ofertarle una propuesta de inclusión en las candidaturas plurinominales. El partido Humanista es el único organismo que también ha tendido lazos hacia el grupo de Luis Antonio Torres González “El Americano”, para cubrir sus candidaturas.
Mora, trascendió al interior del partido Movimiento Ciudadano, no aceptó la quinta posición en la lista plurinominal, porque el coordinador estatal de ese organismo, Daniel Moncada, no valoró en su justa dimensión la figura política que ahora representa el excarcelado líder de las autodefensas. El coordinador estatal fue tajante en su oferta. Presentó un “tómalo o déjalo”, lo que hizo que Mora optara por negociar con el coordinador nacional.
Apenas hace una semana, cuando Mora se encontraba recluido en la cárcel estatal de Mil Cumbres, en Morelia, uno de sus abogados se acercó al comité estatal del Partido Encuentro Social, a fin de ofertar la candidatura del líder de las autodefensas, garantizando un repunte considerable en la votación del partido que lo acogiera.
La primera negociación se hizo con el comité directivo estatal del Partido Encuentro Social, de acuerdo a la versión emitida por el presidente de ese organismo en la entidad, Rubén Pérez Hernández, quien confirmó que ese partido le ofrecería la primera posición en la lista de la V circunscripción.
Hipólito sí quiere
A unas horas de haber alcanzado la libertad, luego que un magistrado del poder judicial de Michoacán estableciera que no había conducta ilícita en Hipólito Mora que acreditara su permanencia en prisión, el líder de las autodefensas reconoció que sí “hay la propuesta” para ser candidato a diputado federal, refiriendo como su opción el partido Movimiento Ciudadano.
Hipólito Mora no habló de que uno de sus abogados es el que ha tendido los lazos para negociar con algunas dirigencias estatales su participación como candidato del partido político que acepte el abanderamiento. El único requisito que se ha solicitado a las organizaciones políticas es que vaya en una posición segura para ser diputado.
El abogado que le ha negociado su participación política es Gabriel Torres, el que mantuvo un acercamiento con Movimiento Ciudadano, partido que aún no define si cede la primera diputación plurinominal.
“Voy a seguir en pláticas con el Movimiento Ciudadano, y si llegamos a un acuerdo le voy a entrar”.
El tema de la participación política de Hipólito como candidato a diputado federal no significa una renuncia al movimiento de los grupos de autodefensa. Él mismo ha reconocido que su aspiración para ser candidato es para fortalecer el movimiento armado, toda vez que no está todo resuelto en Michoacán, pese a que se habla del exterminio del cartel delincuencial contra el que se alzaron él y miles de hombres.
El líder de La Ruana aseguró que de llegar a ser diputado, por el partido que sea, no hará que se olvide de los grupos de autodefensa.
“No, si me lanzo es precisamente por eso, porque aquí en Michoacán y en otras partes del país se necesitan personas que alcen la voz, que no se dejen intimidar por nadie. La gente me ha pedido que me meta a la política, que me meta allí”, eso es lo que lo mueve.
Es un tema de oportunismo: Sandoval
Para el diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, lo que está haciendo el Movimiento Ciudadano y el Partido Encuentro Social, al tratar de fichar a Hipólito Mora como su candidato, es solo un tema de oportunismo.
“Son partidos que no lograran la votación necesaria y tratan de subsistir a como dé lugar colgándose de figuras mediáticas importantes”, dice.
Recordó que “el PT es el único partido que mantiene una alianza de unidad y entendimiento con los grupos de autodefensa, no de ahora, sino de hace años”. Por esa razón es que el Partido del Trabajo ha optado por abanderar las candidaturas de líderes de autodefensas a las alcaldías de Aquila y Coahuayana, las únicas que están confirmadas al momento.
El PT, aseguró, está vinculado con el movimiento de las autodefensas desde hace años. La unidad entre la insurgencia y los candidatos del movimiento no se ha dado a partir de los votos que el partido pudiera necesitar.
Se prende el estado
A menos de 12 horas de que se diera la liberación del líder de las autodefensas de La Ruana y uno de los hombres más cercanos a José Manuel Mireles Valverde, los grupos de civiles armados que se han desmovilizado, salieron de nueva cuenta a las calles, carreteras y caminos de al menos ocho municipios de Michoacán.
Pese a que el Gobierno Federal ha dicho en repetidas ocasiones, desde el mes de mayo del año pasado a través de diversos funcionarios públicos de primer nivel, que las autodefensas no existen, la muestra de su persistencia se dio la madrugada de este martes, cuando nuevas barricadas comenzaron a aparecer en diversas localidades.
Unas de las barricadas más importantes de los grupos de autodefensa que se vieron alentadas con la puesta en libertad de Hipólito Mora, fueron las del municipio de Uruapan, las que a media noche comenzaron a concentrarse con la intención de tomar el control de la seguridad pública de la tercera ciudad más importante de la entidad.
Elementos del Ejército Mexicano se desplazaron desde Morelia hacia el municipio de Uruapan para llevar a cabo una operación de desarme de los ciudadanos que retornaron a las posiciones de vigilancia. Oficialmente no se habla de detenidos, pero se estima que al menos 200 hombres armados fueron retirados de la vía pública.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
MVS emprende campaña contra Aristegui; la acusa de “abuso de confianza”
MÉXICO, D.F: La empresa MVS emprendió una campaña en la que, sin mencionarla por su nombre, acusa a la periodista Carmen Aristegui de “abuso de confianza”.
Esta mañana, la cadena difundió un comunicado y anuncios en sus espacios noticiosos para deslindarse de la plataforma de filtraciones periodísticas Méxicoleaks, en la que participa Arsitegui.
“MVS Radio nunca tuvo conocimiento de negociaciones, encuentros o posibles alianzas con iniciativas u organización alguna, por lo que lamentamos y condenamos el uso de nuestra marca ‘Noticias MVS’”, censura la empresa.
Y advierte: “Noticias MVS, tomará las medidas pertinentes y necesarias a fin de que sus recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales, no sean utilizados para fines distintos para los que fueron creados y sirvan a intereses particulares que nada tienen que ver con el periodismo que realiza la empresa”.
Al aire, Carmen Aristegui, titular del espacio matutino de MVS Noticias, se limitó a mencionar que continuará ejerciendo el periodismo.
Ayer fue presentada la plataforma Méxicoleaks, en la que participan ocho medios, incluida la revista Proceso. Dicho proyecto ofrece la posibilidad a los ciudadanos de enviar documentos de interés público de manera segura y anónima por internet, los cuales recibirán posteriormente un riguroso tratamiento periodístico.
Entre los medios participantes se encuentran: Animal Político, Aristegui Noticias, Emeequis, Periodistas de a Pie, Másde131, R3D y PODER.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Esta mañana, la cadena difundió un comunicado y anuncios en sus espacios noticiosos para deslindarse de la plataforma de filtraciones periodísticas Méxicoleaks, en la que participa Arsitegui.
“MVS Radio nunca tuvo conocimiento de negociaciones, encuentros o posibles alianzas con iniciativas u organización alguna, por lo que lamentamos y condenamos el uso de nuestra marca ‘Noticias MVS’”, censura la empresa.
Y advierte: “Noticias MVS, tomará las medidas pertinentes y necesarias a fin de que sus recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales, no sean utilizados para fines distintos para los que fueron creados y sirvan a intereses particulares que nada tienen que ver con el periodismo que realiza la empresa”.
Al aire, Carmen Aristegui, titular del espacio matutino de MVS Noticias, se limitó a mencionar que continuará ejerciendo el periodismo.
Ayer fue presentada la plataforma Méxicoleaks, en la que participan ocho medios, incluida la revista Proceso. Dicho proyecto ofrece la posibilidad a los ciudadanos de enviar documentos de interés público de manera segura y anónima por internet, los cuales recibirán posteriormente un riguroso tratamiento periodístico.
Entre los medios participantes se encuentran: Animal Político, Aristegui Noticias, Emeequis, Periodistas de a Pie, Másde131, R3D y PODER.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Decapitan a precandidata del PRD en Guerrero
CHILPANCINGO, Gro: La precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, fue encontrada decapitada.
El hallazgo se registró ayer por la noche sobre un camino de terracería que conduce al poblado de Oxtotitlán, indica un reporte oficial al que Proceso tuvo acceso.
El cadáver fue cubierto con una manta; junto a él, sus victimarios dejaron un mensaje:
“Esto le va a pasar a todos los putos políticos que no se quieran alinear, putos chaqueteros. Atte. Puro Rojo ZNS”.
La precandidata perredista fue interceptada por un comando que la privó de su libertad el lunes por la tarde, cuando se desplazaba junto a miembros de su equipo en las inmediaciones del crucero que conduce a la comunidad de Tecoanapa, sobre la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo.
Apenas el sábado pasado, Aidé Nava González se había registrado para ser considerada candidata por el PRD para presidenta municipal y, al parecer, contaba con el apoyo de todas las corrientes de su partido.
Hace nueve meses, el 28 de junio de 2014, el esposo de Aidé Nava, exalcalde perredista en el periodo 2009-2012, Francisco Quiñónez Ramírez, fue asesinado en la entrada a la ciudad.
El ataque contra Quiñónez Ramírez, quien iba acompañado de Nava González, ocurrió en el lugar conocido como Tierras Prietas, ubicado entre el crucero a Tecoanapa y un módulo de seguridad en Barranca Honda.
Antes, el 11 de octubre de 2012, el hijo de la pareja perredista, Francisco Quiñónez Nava, fue secuestrado. Se supo que sus captores pedían 300 mil pesos por su liberación; el joven permanece en calidad de desaparecido.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
El hallazgo se registró ayer por la noche sobre un camino de terracería que conduce al poblado de Oxtotitlán, indica un reporte oficial al que Proceso tuvo acceso.
El cadáver fue cubierto con una manta; junto a él, sus victimarios dejaron un mensaje:
“Esto le va a pasar a todos los putos políticos que no se quieran alinear, putos chaqueteros. Atte. Puro Rojo ZNS”.
La precandidata perredista fue interceptada por un comando que la privó de su libertad el lunes por la tarde, cuando se desplazaba junto a miembros de su equipo en las inmediaciones del crucero que conduce a la comunidad de Tecoanapa, sobre la carretera Chilapa-Ahuacuotzingo.
Apenas el sábado pasado, Aidé Nava González se había registrado para ser considerada candidata por el PRD para presidenta municipal y, al parecer, contaba con el apoyo de todas las corrientes de su partido.
Hace nueve meses, el 28 de junio de 2014, el esposo de Aidé Nava, exalcalde perredista en el periodo 2009-2012, Francisco Quiñónez Ramírez, fue asesinado en la entrada a la ciudad.
El ataque contra Quiñónez Ramírez, quien iba acompañado de Nava González, ocurrió en el lugar conocido como Tierras Prietas, ubicado entre el crucero a Tecoanapa y un módulo de seguridad en Barranca Honda.
Antes, el 11 de octubre de 2012, el hijo de la pareja perredista, Francisco Quiñónez Nava, fue secuestrado. Se supo que sus captores pedían 300 mil pesos por su liberación; el joven permanece en calidad de desaparecido.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
martes, 10 de marzo de 2015
Morena amenaza con movilizar la calle y tomar las tribunas si pasa la Ley de Aguas
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunció la toma de tribunas y movilizaciones en las calles para frenar la Ley General de Aguas.
Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, rechazó la legislación que se detuvo en el Congreso de la Unión, por ser “privatizadora” y afectar a la población en su acceso básico al líquido.
El dirigente de la fuerza política dijo que el partido apoya en su totalidad la propuesta del Movimiento Agua para Todos, que durante dos años construyó una propuesta que ya fue entregada a los legisladores.
La propuesta ciudadana dijo es agua para la población, mientras que el dictamen que se discute es agua para la privatización.
Este lunes, Manlio Fabio Beltrones, Coordinador Parlamentario de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que la Junta de Coordinación Política de San Lazaro acordó posponer la discusión de la nueva Ley General de Aguas, prevista para este martes, “el tiempo que sea necesario”.
También ayer, más de cinco mil personas y cerca de mil científicos reprobaron la Ley y convocaron a la sociedad a defender su derecho a contar con el líquido de forma gratuita.
En conferencia de prensa, integrantes de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua afirmaron que la iniciativa para crear la Ley General del Agua viola diversos derechos humanos, es privatizadora, y va en contra de normas internacionales para garantizar la accesibilidad del líquido para la gente que no puede pagarla.
“Son las grandes trasnacionales como Coca Cola o Nestlé entre otras, por citar a las más evidentes, las cuales obtienen ganancias millonarias por las concesiones que han ganado”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en entrevista para SinEmbargo.
“Son empresas como Coca Cola y también otra es Grupo Monterrey, en general”, concordó la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a este diario digital.
Al respecto, la Diputada perredista Aleida Alavez Ruiz detalló que la nueva Ley General de Aguas es una legislación con una redacción “tramposa”, porque por un lado afirma que defiende el derecho humano al agua, pero por el otro fomenta una visión mercantil del líquido al imponer tarifas prácticamente a todo su consumo y elimina los subsidios que apoyan la economía de miles de familias.
Agregó que la legislación “privilegia las concesiones”. Explicó que en la redacción de la Ley prácticamente tienen el mismo sentido los conceptos ‘asignaciones’ y ‘concesiones’, y esto implica que se privilegiará la apertura al sector privado en las diferentes áreas de distribución y operación el agua.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-03-2015/1276814.
Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, rechazó la legislación que se detuvo en el Congreso de la Unión, por ser “privatizadora” y afectar a la población en su acceso básico al líquido.
“Vamos a dar la batalla en tres rubros: debate de ideas, dentro de la Cámara se tomarán tribunas y en las calles con Movilización ciudadana”, dijo el dirigente de Morena.Batres acompañado de la candidata a la delegación Iztapalapa Clara Brugada y del investigador Pedro Moctezuma Barragán, indicó que Morena rechaza por completo el dictamen que se encuentra en discusión.
El dirigente de la fuerza política dijo que el partido apoya en su totalidad la propuesta del Movimiento Agua para Todos, que durante dos años construyó una propuesta que ya fue entregada a los legisladores.
La propuesta ciudadana dijo es agua para la población, mientras que el dictamen que se discute es agua para la privatización.
Este lunes, Manlio Fabio Beltrones, Coordinador Parlamentario de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que la Junta de Coordinación Política de San Lazaro acordó posponer la discusión de la nueva Ley General de Aguas, prevista para este martes, “el tiempo que sea necesario”.
“Aunque con distintas expresiones del porqué, hemos resuelto que se difiera su discusión del día de mañana por el tiempo que sea necesario para que se aclaren dudas y se acabe la desinformación que ha hecho que algunos políticos en campaña quieran tomarlo como bandera”, dijo Beltrones en conferencia de prensa.El Diputado tricolor indicó que habrá tiempo suficiente “para que muchos de quienes hablan pero todavía no han leído la iniciativa ni el dictamen hagan su trabajo. Lo que no hay es intención privatizadora como ciertos políticos demagógicos lo han expresado”.
También ayer, más de cinco mil personas y cerca de mil científicos reprobaron la Ley y convocaron a la sociedad a defender su derecho a contar con el líquido de forma gratuita.
En conferencia de prensa, integrantes de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua afirmaron que la iniciativa para crear la Ley General del Agua viola diversos derechos humanos, es privatizadora, y va en contra de normas internacionales para garantizar la accesibilidad del líquido para la gente que no puede pagarla.
“Ya se privatizó el subsuelo, ahora van por los ríos. Esto es el mensaje: es una ley privatizadora, es una ley mercantilizadora, nada tiene que ver con el derecho humano al agua y llamamos a una movilización social fuerte para que no pase una ley que va en beneficio de los que ya conocemos, de los pocos sobre las mayorías”, afirmó Silvia Manueli, de COMDA.Legisladores de oposición han denunciado que la Ley beneficiará a grandes consorcios y empresas trasnacionales de la talla de Coca Cola o Nestlé, entre otras empresas embotelladoras de agua para su consumo en diversas presentaciones.
“Son las grandes trasnacionales como Coca Cola o Nestlé entre otras, por citar a las más evidentes, las cuales obtienen ganancias millonarias por las concesiones que han ganado”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en entrevista para SinEmbargo.
“Son empresas como Coca Cola y también otra es Grupo Monterrey, en general”, concordó la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a este diario digital.
Al respecto, la Diputada perredista Aleida Alavez Ruiz detalló que la nueva Ley General de Aguas es una legislación con una redacción “tramposa”, porque por un lado afirma que defiende el derecho humano al agua, pero por el otro fomenta una visión mercantil del líquido al imponer tarifas prácticamente a todo su consumo y elimina los subsidios que apoyan la economía de miles de familias.
Agregó que la legislación “privilegia las concesiones”. Explicó que en la redacción de la Ley prácticamente tienen el mismo sentido los conceptos ‘asignaciones’ y ‘concesiones’, y esto implica que se privilegiará la apertura al sector privado en las diferentes áreas de distribución y operación el agua.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-03-2015/1276814.
Médico residente de hospital de Hidalgo llama “aborígenes” a sus pacientes de comunidad indígena
Una médico residente del Hospital Regional de la Huasteca Hidalguense, llamada Verónica Rodríguez, escribió en su cuenta personal de Facebook que sus pacientes indígenas son unos aborígenes.
La trabajadora del nosocomio localizado en la comunidad indígena de Chililico, escribió en la red social comentarios discriminatorios contra sus pacientes y dijo estar feliz por haber llegado a Pachuca, a la “civilización”.
Lo anterior fue denunciado por usuarios de las diversas redes sociales, quienes también dieron a conocer un segundo mensaje discriminatorio escrito por la médico internista, quien aún estudia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
“Jaja que felicidad estar en la civilización y no escuchar a nadie hablando náhuat (sic)”, escribió Rodríguez también en Facebook.
Algunos usuarios le cuestionaron por qué se queja de que la gente de Chililico hable en su lengua materna, a lo que Verónica Rodríguez respondió: “tiene de malo que no le entiendo nada la consulta a mis pacientes”.
Tras el comentario de uno de sus contactos en la referida red social, llamado Luis Roberto Lucio, quien le dijo: “te van a amarrar los chililicos”, ella contestó: “soy feliz lejos de los aborígenes de chililico (sic)”. Chililico es una comunidad hidalguense que se caracteriza por el manejo de la cerámica.
Los usuarios bautizaron a Verónica Rodríguez como la #LadyHuejutla o #LadyAborigenes.
Medios locales aseguran que habitantes de la comunidad indígena de Chililico, solicitarán la destitución de Verónica Rodríguez como médico residente del nosocomio, perteneciente a la Secretaría de Salud de Hidalgo.
Además, ante las criticas que recibió por los usuarios de redes sociales la médico internista dio de baja su cuenta de Facebook.
La Secretaría de Salud estatal, a cargo de Geraldina García, afirmó que Verónica Rodríguez no pertenece a su plantilla laboral debido a que es becaria de Internado de Pregrado en el referido Hospital.
La funcionaria también señaló que con base a la normatividad y de acuerdo al reglamento de convenio con la Universidad Autónoma del Estado, se da de baja definitiva del servicio social, además de poner a disposición de la Universidad este caso ya que es la institución educativa la que puede sancionar a los alumnos de acuerdo con los procesos y lineamentos de su Consejo Académico.
Asimismo, García reprobó este tipo de conductas discriminatorias hacia los indígenas.
FUENTE: SIN EMBARGO
AUTOR. REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-03-2015/1277243.
La trabajadora del nosocomio localizado en la comunidad indígena de Chililico, escribió en la red social comentarios discriminatorios contra sus pacientes y dijo estar feliz por haber llegado a Pachuca, a la “civilización”.
Lo anterior fue denunciado por usuarios de las diversas redes sociales, quienes también dieron a conocer un segundo mensaje discriminatorio escrito por la médico internista, quien aún estudia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
“Jaja que felicidad estar en la civilización y no escuchar a nadie hablando náhuat (sic)”, escribió Rodríguez también en Facebook.
Algunos usuarios le cuestionaron por qué se queja de que la gente de Chililico hable en su lengua materna, a lo que Verónica Rodríguez respondió: “tiene de malo que no le entiendo nada la consulta a mis pacientes”.
Tras el comentario de uno de sus contactos en la referida red social, llamado Luis Roberto Lucio, quien le dijo: “te van a amarrar los chililicos”, ella contestó: “soy feliz lejos de los aborígenes de chililico (sic)”. Chililico es una comunidad hidalguense que se caracteriza por el manejo de la cerámica.
Los usuarios bautizaron a Verónica Rodríguez como la #LadyHuejutla o #LadyAborigenes.
Medios locales aseguran que habitantes de la comunidad indígena de Chililico, solicitarán la destitución de Verónica Rodríguez como médico residente del nosocomio, perteneciente a la Secretaría de Salud de Hidalgo.
Además, ante las criticas que recibió por los usuarios de redes sociales la médico internista dio de baja su cuenta de Facebook.
La Secretaría de Salud estatal, a cargo de Geraldina García, afirmó que Verónica Rodríguez no pertenece a su plantilla laboral debido a que es becaria de Internado de Pregrado en el referido Hospital.
La funcionaria también señaló que con base a la normatividad y de acuerdo al reglamento de convenio con la Universidad Autónoma del Estado, se da de baja definitiva del servicio social, además de poner a disposición de la Universidad este caso ya que es la institución educativa la que puede sancionar a los alumnos de acuerdo con los procesos y lineamentos de su Consejo Académico.
Asimismo, García reprobó este tipo de conductas discriminatorias hacia los indígenas.
FUENTE: SIN EMBARGO
AUTOR. REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-03-2015/1277243.
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