En el marco de lo que denominó como una “fase avanzada del colonialismo”, Eugenio Raúl Zaffaroni, ex Juez Supremo de la Nación Argentina y candidato por ese país a la titularidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), alertó que en México es necesario darse cuenta de lo que pasa en su realidad, para no tener que lamentarse después, como ocurrió en el caso de la Argentina luego del Golpe de Estado del 1976.
Zaffaroni, quien fue Minisitro de la Corte Suprema de Justicia de su país desde 2003 hasta finales de 2014, expresó su tristeza porque en esa nueva cara del colonialismo, “más sutil, perversa y sangrienta”, México se esté “llevando la peor parte”.
“Lo que se está viviendo (en México) es un verdadero genocidio. Un genocidio por goteo. Sumen 10 años de muertos y tendrán una pequeña ciudad. Una Hiroshima o Nagasaki hechas con un poquito más de paciencia. El genocidio no deja de ser genocidio por el hecho de que se continúe en el tiempo, lentamente”, dijo el experto en Derecho Penal y Criminología, pero también un reconocido defensor de los derechos humanos a nivel internacional.
En una participación breve aunque contundente, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni se presentó durante una conferencia acontecida el pasado martes por la noche en el Distrito Federal.
Fue en el marco de la Cátedra de Derechos Humanos Abuelas de Plaza de Mayo, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, destinado a conmemorar los 39 años del Golpe de Estado que el 24 de marzo de 1976 dio inicio a una de las dictaduras más cruentas de que tenga memoria el continente latinoamericano y que dejó un saldo de 30 mil desaparecidos en dicho país sudamericano.
Se esperaba una conferencia magistral de una de las figuras más rutilantes en materia de derecho y justicia en el continente, pero una indisposición que derivó en un estado febril y obligó a la atención médica previa a su presencia en el Auditorio Divino Narciso en uno de los edificios antiguos más bonitos y mejor preservados del Centro Histórico, impidió la conversación con el público y redujo el discurso del ex Juez de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, a unos pocos minutos.
Acompañado por la escritora Sandra Lorenzano, Vicerrectora de Investigación, Universidad del Claustro de Sor Juana; el doctor José Steinsleger (escritor y periodista); la doctora Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la Embajadora de Argentina en México, Patricia Vaca Narvaja, el ex magistrado fue de todos modos demoledor al analizar la situación de violencia y derechos humanos en nuestro país.
CERCANO A LA CULTURA MEXICANA
Previo a su conferencia, Eugenio Raúl Zaffaroni se disculpó por su estado de salud. “Tengo 38 grados de fiebre y probablemente estaré más incoherente que de costumbre”, bromeó, tras lo cual recordó sus inicios en el derecho y particularmente su trabajo como juez durante la dictadura argentina, un hecho que México, según afirmó, tendría que tomar como referencia a la hora de justipreciar la situación de violencia e impunidad en que se encuentra sumido.
“No hablo desde la soberbia. Vine a México muchos años antes de la ola del exilio post-dictadura y México en aquellos momentos me abrió una enorme comprensión sobre América Latina”, contó.
“Aquí fui discípulo de Alfonso Quiroz Cuarón (1910-1978), quien fue el que investigó el asesinato de León Trotsky y fundador del Instituto de Investigaciones Especiales del Banco de México; fui discípulo de Celestino Porte Petit (1910-2002), uno de los penalistas más conocidos de México y ellos me incorporaron a la cultura mexicana, razón por la que me duele mucho lo que está pasando acá”, afirmó.
Zaffaroni, un hombre de voz dulce, un tic en el rostro por el que cierra los ojos en forma constante, vestido de verde, con ropa de calle, lanzó entonces una advertencia a nuestro país en el sentido de que “no crean ustedes que los argentinos nos dimos cuenta inmediatamente de lo que nos pasaba aquel 24 de marzo de 1976 (Golpe de Estado militar contra el gobierno constitucional). Todos creímos que era un Golpe de Estado más, que se correspondía con esa normalidad patológica a la que estábamos acostumbrados”, relató.
“No sabíamos lo que iba a pasar. Me fui del Juzgado Federal. Me degradaron y me dieron un juzgado de sentencia en un altillo, desde no obstante librábamos algunos Habeas Corpus. Los campos de concentración no salían en los periódicos y no nos decían naturalmente dónde estaban las personas desaparecidas”, narró.
“Un día llegó uno donde sí pudimos investigar quiénes se los habían llevado. Al final le mandé un oficio a (Jorge Rafael) Videla (1925-2013) –ex dictador de Argentina, fallecido en la cárcel, donde permanecía condenado por graves delitos contra los derechos humanos– pidiéndole la nómina de personas autorizadas a detener. No se la dan y no se la darán, fue la respuesta”, contó Zaffaroni, para luego admitir que la dimensión real de la dictadura militar en su país la percibió en 1978 hablando con los exiliados argentinos en Europa.
“Se trataba efectivamente de un genocidio y de la dimensión de ese genocidio tomé conciencia. No es un tema de contabilidad, no se trata de contar cadáveres, pero era masivo, estaba hecho con suma crueldad y programado fríamente”, explicó el experto de la justicia, al tiempo de confesar que la sensación que experimentó en Alemania pensando que tal vez estuviera sin saberlo compartiendo un café con un criminal nazi se le reprodujo en la Argentina, donde existían amplios sectores de la clase media “que legitimaban todo”, es decir, los secuestros y desapariciones hacia otro amplio sector de la sociedad.
CUIDADO, MÉXICO
En ese sentido, en el de no reaccionar a tiempo, es que el magistrado pidió a México que tenga cuidado. “Siento mucho lo que está pasando acá. Así como a nosotros nos ocultaban las desapariciones y los muertos, creo que aun cuando sea un momento distinto de la historia latinoamericana, se corre en México el riesgo de no saber realmente lo que está pasando”, advirtió.
En su visión, en nuestro continente ya no hay cabidas para dictaduras como la del mencionado Videla en Argentina o como la de Augusto Pinochet (1915-2006), “pero no porque hayamos conseguido nada, sino porque se terminó el neocolonialismo”, precisó.
“Fue una etapa que comenzó con la Revolución Industrial y terminó con nuestras dictaduras de Seguridad Nacional. A partir de entonces entramos en una fase más avanzada del colonialismo, que es la actual y que no se vale de Golpes de Estado tradicionales, sino de desestabilizaciones y de un control social muy perverso que se juega por sociedades excluyentes, donde hay un 30 por ciento de incluidos y un 70 por ciento de excluidos”, explicó.
Para Zaffaroni, la forma de controlar a los excluidos es instigar y fomentar la conflictividad para que se maten entre ellos y de esa forma no puedan tener conciencia de su situación, ni coaligarse ni tener ningún tipo de protagonismo político.
Se trata, según él, de un regreso a la ideología de hace 150 años, la del derrame, consistente en pesar que si el 30 % de incluidos tiene mucho, por lógica su riqueza “se derramará” y algo de ella llegará al 70 % de excluidos.
En este proceso entran los medios de comunicación, con prevalencia de la televisión sobre los periódicos, pues “hoy tiene más importancia la imagen que la palabra”, opinó.
La televisión “nos crea la realidad y ese es el grave problema. Esos medios no están al servicio del capital financiero internacional, son parte del capital financiero internacional y por tanto, al no poder ocultar la violencia, la naturalizan”, dijo, para luego rematar con una advertencia que sonó en el Divino Narciso como un clamor: “México: cuidado con la infamia y el racismo de los que dicen que la violencia es algo inherente al pueblo mexicano.”, afirmó el famoso penalista sudamericano.
QUIÉN ES EUGENIO RAÚL ZAFFARONI
Nacido el 7 de enero de 1940 en Buenos Aires, Eugenio Raúl Zaffaroni es catedrático emérito de la Universidad de Buenos Aires y uno de los tratadistas más importantes de la ciencia penal iberoamericana.
Es Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad del Litoral y ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, cargo que ocupó desde el 2003 hasta el 2014, cuando presentó su renuncia por haber alcanzado los 75 años, edad tope para los magistrados de acuerdo a la Constitución de su país.
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Castilla La Mancha, de la Università degli Studi di Macerata (Italia), de la Universidad de Morón, de la Universidad Privada Antenón Orrego (Perú), de la Universidad de Udine (Italia), de la Universidad Nacional de Cajamarca (Perú), de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad para la Cooperación Internacional (Costa Rica), del Instituto Nacional de Ciencias Penales (México, DF), entre otras.
Entre los diversos premios y condecoraciones recibidos a lo largo de su carrera, destacan el Premio Estocolmo de Criminología y la Orden al Mérito otorgada por el Gobierno de Alemania. Es vicepresidente de la Asociación Internacional del Derecho Penal; Presidente y fundador de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología; miembro del panel de juristas eminentes de la Asociación Internacional de Juristas que funciona en Ginebra.
Ex becario de la OEA en México y de la Max Planck Stiftung en Alemania. Director General del Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito de las Naciones Unidas (ILANUD), San José, Costa Rica en 1991 y 1992.
Es autor de proyectos de reformas a los códigos penales de Argentina, Ecuador y Costa Rica. Actualmente preside la Comisión de Reforma Integral al código penal de Bolivia.
Es autor de más de 25 libros, entre los que destaca el Manual de Derecho Penal, editado también en México y Perú y adaptado para la justicia brasileña.
Es el candidato por Argentina para presidir la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MÓNICA MARISTAIN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-03-2015/1285147.
jueves, 19 de marzo de 2015
El gobierno mexicano no invirtió dinero en cinta del 007, dice el productor
Michael G. Wilson, productor de Spectre, rechazó que el gobierno haya modificado el guión de la película; anuncian cierre de calles en el Centro Histórico del Distrito Federal.
El productor de la próxima cinta del agente James Bond, Michael G. Wilson, rechazó que el gobierno mexicano haya apoyado financieramente a la producción de la película; sin embargo, dijo, sí les presentó a un grupo de empresarios que aportaron recursos.
“Hubo una empresa que se unió a nosotros a esa aventura y que apoya el turismo en este país. Hubo un grupo de hoteles y hay otros involucrados, que nos dieron apoyo financiero. Sobre el monto del dinero, no quiero ahondar. Tenemos una política sobre eso”, señaló el productor en conferencia de prensa realizada este miércoles 18 de marzo.
Agregó que el apoyo que recibió la producción fue para realizar trámites burocráticos para poder grabar en el Distrito Federal y aclaró que las autoridades mexicanas no participaron en el guión de la cinta.
“En lo que concierne al gobierno, nos ayudaron presentándonos a esta gente y eso fue muy importante”, dijo, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.
Las aclaraciones del productor de Spectre, la nueva cinta de James Bond, ocurren luego de que el sitio Tax Analysts publicó una nota en la que aseguraba que las autoridades mexicanas solicitaron la contratación de una actriz nacional y que los villanos no tuvieran nacionalidad mexicana.
De acuerdo con Tax Analysts, esa información se filtró durante el hackeo que sufrió la empresa Sony.
“No hay nada en el guión que no tuviéramos ya. El villano siempre fue alguien italiano, Mónica Bellucci”, señaló antes de rechazar que el gobierno haya exigido la contratación de una actriz mexicana.
Sin detallar qué instancias le ayudaron, Michael G. Wilson explicó que la producción recibió ayuda de asesores, quienes les ayudaron a hacer creíble la historia y a precisar qué corporaciones de la policía mexicana actuarían en situaciones determinadas.
Indicó que las películas del agente 007 son de entretenimiento y no políticas, por lo que, insistió a los productores y al gobierno les interesa que México sea mostrado al mundo bajo una buena luz.
El actor Daniel Craig será el protagonista de la nueva cinta del agente 007, la cual comenzará a filmarse este fin se semana.
Por ese motivo, del 25 al 31 de marzo, la plancha del Zócalo y las calles que la rodean serán cerradas totalmente tanto para los peatones como para la circulación vehicular.
A partir de las 0:00 horas de este jueves 19 de marzo, se cerrarán las calles Donceles, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Allende; Filomeno Mata, entre 5 de Mayo y Tacuba; Héroes del 57, entre Belisario Domínguez y Donceles, y el Callejón Condesa, entre 5 de Mayo y Tacuba, las cuales serán reabiertas a partir del primer minuto del 20 de marzo.
El Gobierno del Distrito Federal indicó que a partir de las 6:00 y hasta las 9:00 horas del jueves 19 de marzo se cerrará el acceso vehicular al Zócalo capitalino sobre 5 de Mayo y 20 de Noviembre, desde República del Salvador.
Los días 20, 21 y 24 de marzo se restringirá la circulación en las calles Donceles, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Allende; Tacuba, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y República de Chile; Filomeno Mata, entre 5 de Mayo y Tacuba; Héroes del 57, entre Belisario Domínguez y Donceles, y Callejón Condesa, entre 5 de Mayo y Tacuba.
Entre el 25 de marzo y el 1 de abril se cerrará el acceso al Zócalo para los vehículos sobre 5 de Mayo, 20 de Noviembre, desde República del Salvador y Avenida Pino Suárez, entre Circuito Plaza de la Constitución y Venustiano Carranza.
Resaltó que la Autoridad del Espacio Público resguardará durante los días que se lleve a cabo el rodaje los 90 macetones ubicados sobre 20 de Noviembre, entre República de Uruguay y Circuito Plaza de la Constitución, además, fueron retirados los bolardos ubicados en la calle 16 de Septiembre, entre las calles 5 de Febrero y Palma.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El productor de la próxima cinta del agente James Bond, Michael G. Wilson, rechazó que el gobierno mexicano haya apoyado financieramente a la producción de la película; sin embargo, dijo, sí les presentó a un grupo de empresarios que aportaron recursos.
“Hubo una empresa que se unió a nosotros a esa aventura y que apoya el turismo en este país. Hubo un grupo de hoteles y hay otros involucrados, que nos dieron apoyo financiero. Sobre el monto del dinero, no quiero ahondar. Tenemos una política sobre eso”, señaló el productor en conferencia de prensa realizada este miércoles 18 de marzo.
Agregó que el apoyo que recibió la producción fue para realizar trámites burocráticos para poder grabar en el Distrito Federal y aclaró que las autoridades mexicanas no participaron en el guión de la cinta.
“En lo que concierne al gobierno, nos ayudaron presentándonos a esta gente y eso fue muy importante”, dijo, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.
Las aclaraciones del productor de Spectre, la nueva cinta de James Bond, ocurren luego de que el sitio Tax Analysts publicó una nota en la que aseguraba que las autoridades mexicanas solicitaron la contratación de una actriz nacional y que los villanos no tuvieran nacionalidad mexicana.
De acuerdo con Tax Analysts, esa información se filtró durante el hackeo que sufrió la empresa Sony.
“No hay nada en el guión que no tuviéramos ya. El villano siempre fue alguien italiano, Mónica Bellucci”, señaló antes de rechazar que el gobierno haya exigido la contratación de una actriz mexicana.
Sin detallar qué instancias le ayudaron, Michael G. Wilson explicó que la producción recibió ayuda de asesores, quienes les ayudaron a hacer creíble la historia y a precisar qué corporaciones de la policía mexicana actuarían en situaciones determinadas.
Indicó que las películas del agente 007 son de entretenimiento y no políticas, por lo que, insistió a los productores y al gobierno les interesa que México sea mostrado al mundo bajo una buena luz.
El actor Daniel Craig será el protagonista de la nueva cinta del agente 007, la cual comenzará a filmarse este fin se semana.
Por ese motivo, del 25 al 31 de marzo, la plancha del Zócalo y las calles que la rodean serán cerradas totalmente tanto para los peatones como para la circulación vehicular.
A partir de las 0:00 horas de este jueves 19 de marzo, se cerrarán las calles Donceles, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Allende; Filomeno Mata, entre 5 de Mayo y Tacuba; Héroes del 57, entre Belisario Domínguez y Donceles, y el Callejón Condesa, entre 5 de Mayo y Tacuba, las cuales serán reabiertas a partir del primer minuto del 20 de marzo.
El Gobierno del Distrito Federal indicó que a partir de las 6:00 y hasta las 9:00 horas del jueves 19 de marzo se cerrará el acceso vehicular al Zócalo capitalino sobre 5 de Mayo y 20 de Noviembre, desde República del Salvador.
Los días 20, 21 y 24 de marzo se restringirá la circulación en las calles Donceles, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Allende; Tacuba, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y República de Chile; Filomeno Mata, entre 5 de Mayo y Tacuba; Héroes del 57, entre Belisario Domínguez y Donceles, y Callejón Condesa, entre 5 de Mayo y Tacuba.
Entre el 25 de marzo y el 1 de abril se cerrará el acceso al Zócalo para los vehículos sobre 5 de Mayo, 20 de Noviembre, desde República del Salvador y Avenida Pino Suárez, entre Circuito Plaza de la Constitución y Venustiano Carranza.
Resaltó que la Autoridad del Espacio Público resguardará durante los días que se lleve a cabo el rodaje los 90 macetones ubicados sobre 20 de Noviembre, entre República de Uruguay y Circuito Plaza de la Constitución, además, fueron retirados los bolardos ubicados en la calle 16 de Septiembre, entre las calles 5 de Febrero y Palma.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Congreso solicitará a España información de Fraga por lavado de dinero y caso Monex
MÉXICO, D.F: La Cámara de Diputados solicitará este jueves al gobierno de España toda la información relacionada con Gabino Fraga Peña, presuntamente relacionado con un caso de lavado de dinero y debido a que forma parte de quienes habrían participado en el “Monexgate”.
Roberto López Suárez, diputado federal del PRD y presidente de la Comisión Monex de San Lázaro, informó lo anterior y detalló que entre la información que la Procuraduría General de la República (PGR) les entregó hace unos meses, Fraga Peña forma parte de las investigaciones abiertas por presunta triangulación de recursos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
El legislador explicó que desde el inicio de la conformación de la Comisión se pidieron a la PGR los reportes sobre todas las investigaciones en curso relacionadas con el tema. Por lo pronto, dijo, tenemos dos averiguaciones previas por el uso de las tarjetas Monex para la compra del voto y la triangulación de recursos.
Ambas indagaciones, aclaró, están radicadas en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la PGR.
En cuanto a la Comisión Monex –misma que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados intentó desaparecer hace dos semanas–, López Suárez informó que en los próximos meses dará a conocer el informe final.
Adelantó que se incluirá el nombre de Gabino Fraga Peña, Mauro Calzada Cisneros y Raúl Álvarez Longoria.
Detalló que según investigaciones de la PGR –en especial de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO)–, en 2012 les abrieron averiguaciones previas por presunto lavado de dinero. Además, Calzada y Álvarez figuran en la triangulación de recursos para la campaña presidencial que investigó el entonces Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE).
Ambos depositaron de manera directa o a través de intermediarios, cerca de 20 millones de pesos a Importadora y Comercializadora Efra, propiedad de Emilio Fraga Hilaire, hermano de Gabino Fraga Peña.
El coordinador de los diputados del PAN, Ricardo Anaya, demandó a las autoridades mexicanas abrir una investigación sobre lo denunciado ayer por el diario El Mundo, el cual acusó que Gabino Fraga Peña habría realizado operaciones irregulares o dudosas en la Banca Privat d’Andorra (BPA). “No basta con el deslinde del señor Fraga Peña”, argumentó.
A su vez, el coordinador de los perredistas, Miguel Alonso Raya, dijo que con los nuevos datos del periódico español se justifica la existencia de la Comisión Monex.
El caso de la triangulación de recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, argumentó, “aún no está cerrado”, a pesar de que la primera semana de febrero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró a Peña Nieto y al PRI de cualquier irregularidad en la campaña.
Finalmente, el nuevo vocero de la fracción del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, desestimó los señalamientos pues dijo que el propio Gabino Fraga Peña aclaró que no tuvo participación en la campaña presidencial en el manejo de los recursos. Consideró que sólo se trata de un escándalo mediático en tiempos preelectorales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Roberto López Suárez, diputado federal del PRD y presidente de la Comisión Monex de San Lázaro, informó lo anterior y detalló que entre la información que la Procuraduría General de la República (PGR) les entregó hace unos meses, Fraga Peña forma parte de las investigaciones abiertas por presunta triangulación de recursos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
El legislador explicó que desde el inicio de la conformación de la Comisión se pidieron a la PGR los reportes sobre todas las investigaciones en curso relacionadas con el tema. Por lo pronto, dijo, tenemos dos averiguaciones previas por el uso de las tarjetas Monex para la compra del voto y la triangulación de recursos.
Ambas indagaciones, aclaró, están radicadas en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la PGR.
En cuanto a la Comisión Monex –misma que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados intentó desaparecer hace dos semanas–, López Suárez informó que en los próximos meses dará a conocer el informe final.
Adelantó que se incluirá el nombre de Gabino Fraga Peña, Mauro Calzada Cisneros y Raúl Álvarez Longoria.
Detalló que según investigaciones de la PGR –en especial de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO)–, en 2012 les abrieron averiguaciones previas por presunto lavado de dinero. Además, Calzada y Álvarez figuran en la triangulación de recursos para la campaña presidencial que investigó el entonces Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE).
Ambos depositaron de manera directa o a través de intermediarios, cerca de 20 millones de pesos a Importadora y Comercializadora Efra, propiedad de Emilio Fraga Hilaire, hermano de Gabino Fraga Peña.
El coordinador de los diputados del PAN, Ricardo Anaya, demandó a las autoridades mexicanas abrir una investigación sobre lo denunciado ayer por el diario El Mundo, el cual acusó que Gabino Fraga Peña habría realizado operaciones irregulares o dudosas en la Banca Privat d’Andorra (BPA). “No basta con el deslinde del señor Fraga Peña”, argumentó.
A su vez, el coordinador de los perredistas, Miguel Alonso Raya, dijo que con los nuevos datos del periódico español se justifica la existencia de la Comisión Monex.
El caso de la triangulación de recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, argumentó, “aún no está cerrado”, a pesar de que la primera semana de febrero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exoneró a Peña Nieto y al PRI de cualquier irregularidad en la campaña.
Finalmente, el nuevo vocero de la fracción del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, desestimó los señalamientos pues dijo que el propio Gabino Fraga Peña aclaró que no tuvo participación en la campaña presidencial en el manejo de los recursos. Consideró que sólo se trata de un escándalo mediático en tiempos preelectorales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
Celebra AMLO investigación a Fraga en España
MÉXICO, D.F: El líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, celebró que las autoridades españolas hayan abierto una investigación en contra de Gabino Fraga Peña por operaciones de procedencia ilícita en el Banco de Madrid.
El tabasqueño recordó que Fraga Peña está involucrado en el caso Monex, a través de cuyo sistema se compraron votos en la elección presidencial de 2012 en favor de Enrique Peña Nieto.
“A Peña lo impusieron con el uso de mucho dinero de procedencia ilegal e ilícita, y eso que está pasando en España, que se descubre que uno de los que estuvo en la campaña de Peña lava dinero, pues no es una novedad, porque ya se sabe, Peña es un corrupto, es una gente muy inmoral”, dijo, durante una gira de trabajo por el estado de Guanajuato.
López Obrador recordó también el 77 aniversario de la expropiación petrolera y se comprometió a cancelarán los contratos que el gobierno de Peña está otorgando a empresas extranjeras por la reforma energética en caso de ganar la presidencia en el 2018.
“Una vez triunfe Morena el artículo 27 de la Constitución quedará como estaba antes de la traición a México, que llevó a cabo el priista Enrique Peña Nieto con la reforma energética en diciembre de 2013.
“En el 2018, vamos a dejar a la Constitución como estaba, el artículo 27, y vamos a cancelar los contratos que se están otorgando ahora a empresas extranjeras”.
Además, dijo, se cancelarán las reformas estructurales: laboral, educativa, fiscal y energética.
En entrevista, López Obrador expresó que esta es una fecha histórica, porque el general Cárdenas decidió de expropiar el petróleo, un día como hoy, pero de 1938.
Al preguntarle si el despido masivo de trabajadores petroleros podría desestabilizar más a Pemex, respondió que la empresa está privatizándose, como el petróleo que es del pueblo y de la nación.
Señaló el gobierno federal no quiere invertir en refinación del petróleo, porque están decididos a seguir comprando la gasolina en el extranjero, además canceló la reconversión de la refinería local, porque se recortó el presupuesto a refinerías.
Sobre los aspirantes de Morena a cargos de elección popular, indicó que se investigarán a todos los candidatos para descartar que tengan nexos con la mafia del poder, sobre todo con Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas y con otros.
En su cuenta de Facebook, precisó que se recuperará todo el sector energético integrado por el petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica para impulsar el desarrollo del pueblo y de la nación.
“Luego de la histórica decisión del presidente Lázaro Cárdenas de expropiar el petróleo, el 18 de marzo de 1938, siguieron habiendo presiones de las compañías extranjeras y de los conservadores del país, a eso se debe en lo fundamental el nacimiento del PAN en 1939, para privatizar de nuevo el petróleo”, agregó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
El tabasqueño recordó que Fraga Peña está involucrado en el caso Monex, a través de cuyo sistema se compraron votos en la elección presidencial de 2012 en favor de Enrique Peña Nieto.
“A Peña lo impusieron con el uso de mucho dinero de procedencia ilegal e ilícita, y eso que está pasando en España, que se descubre que uno de los que estuvo en la campaña de Peña lava dinero, pues no es una novedad, porque ya se sabe, Peña es un corrupto, es una gente muy inmoral”, dijo, durante una gira de trabajo por el estado de Guanajuato.
López Obrador recordó también el 77 aniversario de la expropiación petrolera y se comprometió a cancelarán los contratos que el gobierno de Peña está otorgando a empresas extranjeras por la reforma energética en caso de ganar la presidencia en el 2018.
“Una vez triunfe Morena el artículo 27 de la Constitución quedará como estaba antes de la traición a México, que llevó a cabo el priista Enrique Peña Nieto con la reforma energética en diciembre de 2013.
“En el 2018, vamos a dejar a la Constitución como estaba, el artículo 27, y vamos a cancelar los contratos que se están otorgando ahora a empresas extranjeras”.
Además, dijo, se cancelarán las reformas estructurales: laboral, educativa, fiscal y energética.
En entrevista, López Obrador expresó que esta es una fecha histórica, porque el general Cárdenas decidió de expropiar el petróleo, un día como hoy, pero de 1938.
Al preguntarle si el despido masivo de trabajadores petroleros podría desestabilizar más a Pemex, respondió que la empresa está privatizándose, como el petróleo que es del pueblo y de la nación.
Señaló el gobierno federal no quiere invertir en refinación del petróleo, porque están decididos a seguir comprando la gasolina en el extranjero, además canceló la reconversión de la refinería local, porque se recortó el presupuesto a refinerías.
Sobre los aspirantes de Morena a cargos de elección popular, indicó que se investigarán a todos los candidatos para descartar que tengan nexos con la mafia del poder, sobre todo con Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas y con otros.
En su cuenta de Facebook, precisó que se recuperará todo el sector energético integrado por el petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica para impulsar el desarrollo del pueblo y de la nación.
“Luego de la histórica decisión del presidente Lázaro Cárdenas de expropiar el petróleo, el 18 de marzo de 1938, siguieron habiendo presiones de las compañías extranjeras y de los conservadores del país, a eso se debe en lo fundamental el nacimiento del PAN en 1939, para privatizar de nuevo el petróleo”, agregó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Maestros de Chiapas convocan a huelga nacional para el 1 de mayo
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron este miércoles las instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en esta capital y el municipio de Tapachula, donde convocaron a una huelga nacional el próximo 1 de mayo.
En el marco del 77 aniversario de la expropiación petrolera, miles de maestros se concentraron e instalaron campamentos afuera de las instalaciones de Pemex ubicadas en la salida poniente de esta ciudad y en el sur de Tapachula.
José Luis Escobar Pérez, vocero de la Sección 7 del SNTE, adheridos a la CNTE, dio a conocer que compañeros de otras delegaciones sindicales retiraron propaganda electoral y la quemaron en las plazas centrales, como sucedió en San Cristóbal de Las Casas.
Asimismo dijo que ya preparan una serie de acciones para la Décima Acción Global por Ayotzinapa que se celebrará el próximo jueves 26 en la Ciudad de México, donde refrendarán su exigencia de la aparición con vida de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Guerrero.
Escobar Pérez convocó también a organizaciones sociales y sindicatos a una huelga nacional en contra de las reformas estructurales promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto el próximo 1 de mayo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
En el marco del 77 aniversario de la expropiación petrolera, miles de maestros se concentraron e instalaron campamentos afuera de las instalaciones de Pemex ubicadas en la salida poniente de esta ciudad y en el sur de Tapachula.
José Luis Escobar Pérez, vocero de la Sección 7 del SNTE, adheridos a la CNTE, dio a conocer que compañeros de otras delegaciones sindicales retiraron propaganda electoral y la quemaron en las plazas centrales, como sucedió en San Cristóbal de Las Casas.
Asimismo dijo que ya preparan una serie de acciones para la Décima Acción Global por Ayotzinapa que se celebrará el próximo jueves 26 en la Ciudad de México, donde refrendarán su exigencia de la aparición con vida de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Guerrero.
Escobar Pérez convocó también a organizaciones sociales y sindicatos a una huelga nacional en contra de las reformas estructurales promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto el próximo 1 de mayo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
Televisa es dominante en televisión de paga, indica el IFT
La autoridad de telecomunicaciones en México determinó que Sky, Cablevisión, Cablemás, Telecable, entre otras, le dan a la empresa una ventaja competitiva.
Televisa es dominante en el mercado de televisión de paga en 2 mil 124 mercados del país; es decir, cuenta con un 86% del total de las localidades y delegaciones, resolvió este miércoles 18 de marzo el Instituto Federal de Telecomunicaciones en un dictamen preliminar.
La empresa es dominante –gracias a la ventaja competitiva que le da Sky, Cablevisión, Cablemás, Cablecom, Telecable y TVI– en el Distrito Federal, Puebla, Monterrey, Aguas Calientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, entre otros.
Conforme a la ley, Televisa tiene ahora 20 días hábiles para responder al instituto lo que le convenga. El instituto señaló en un comunicado que cuando reciba pruebas y alegatos, se presentará un proyecto final que se someterá a discusión del pleno del organismo.
Cerca del mediodía, las acciones de Televisa en el mercado mexicano de valores caían 3,14%.
En marzo de 2014, Televisa fue declarado como agente preponderante en el sector de radiodifusión, lo que significa que tiene más de 50% de penetración nacional. La decisión provocó señalamientos de analistas, quienes indicaban que se debió determinar lo mismo en televisión de paga.
En respuesta, el Instituto Federal de Telecomunicaciones explicó que el servicio de televisión de paga corresponde al sector de las telecomunicaciones y que, según la reforma, sólo se puede declarar a una empresa como agente preponderante en cada sector. La empresa América Móvil, de Carlos Slim, fue declarada preponderante en materia de telecomunicaciones.
Con el objetivo de fomentar la competencia en televisión de paga, el IFT inició las investigaciones por poder sustancial en contra de Televisa con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Esta no es la primera ocasión en que Televisa enfrenta una situación similar, puesto que la ahora extinta Comisión Federal de Competencia había buscado, sin éxito, determinar a Televisa como agente con poder sustancial en televisión de paga.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Televisa es dominante en el mercado de televisión de paga en 2 mil 124 mercados del país; es decir, cuenta con un 86% del total de las localidades y delegaciones, resolvió este miércoles 18 de marzo el Instituto Federal de Telecomunicaciones en un dictamen preliminar.
La empresa es dominante –gracias a la ventaja competitiva que le da Sky, Cablevisión, Cablemás, Cablecom, Telecable y TVI– en el Distrito Federal, Puebla, Monterrey, Aguas Calientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, entre otros.
Conforme a la ley, Televisa tiene ahora 20 días hábiles para responder al instituto lo que le convenga. El instituto señaló en un comunicado que cuando reciba pruebas y alegatos, se presentará un proyecto final que se someterá a discusión del pleno del organismo.
Cerca del mediodía, las acciones de Televisa en el mercado mexicano de valores caían 3,14%.
En marzo de 2014, Televisa fue declarado como agente preponderante en el sector de radiodifusión, lo que significa que tiene más de 50% de penetración nacional. La decisión provocó señalamientos de analistas, quienes indicaban que se debió determinar lo mismo en televisión de paga.
En respuesta, el Instituto Federal de Telecomunicaciones explicó que el servicio de televisión de paga corresponde al sector de las telecomunicaciones y que, según la reforma, sólo se puede declarar a una empresa como agente preponderante en cada sector. La empresa América Móvil, de Carlos Slim, fue declarada preponderante en materia de telecomunicaciones.
Con el objetivo de fomentar la competencia en televisión de paga, el IFT inició las investigaciones por poder sustancial en contra de Televisa con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Esta no es la primera ocasión en que Televisa enfrenta una situación similar, puesto que la ahora extinta Comisión Federal de Competencia había buscado, sin éxito, determinar a Televisa como agente con poder sustancial en televisión de paga.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Senadores analizan rebajarse 10 mil pesos de sueldo
Esta cantidad se descontaría a los actuales 117 mil 500 pesos netos después de impuestos que recibe cada legislador mensualmente, informó el presidente del Senado, Miguel Barbosa.
El Senado de la República analiza y alista un plan de austeridad que prevé disminuir en 10 mil pesos la dieta mensual que perciben cada uno de sus 128 integrantes, informó el presidente de esa instancia, Luis Miguel Barbosa Huerta.
En entrevista informó que ya turnó a los coordinadores parlamentarios de las bancadas panista, priista, pevemista y petista esta propuesta de austeridad presupuestal, que en caso de ser avalada incluiría un reajuste en distintos rubros de entre 7 y 10%.
Con ello se prevé que la dieta de los senadores se reduzca aproximadamente 10 mil pesos al mes, que se descontarían a los actuales 117 mil 500 pesos netos después de impuestos que recibe cada legislador mensualmente.
La disminución sería de “entre 7 y 10% en cada rubro, de los distintos rubros del Senado y en el salario de legisladores hasta de 10 mil pesos. Se tiene que encontrar la forma de cómo se hace esa reducción, tiene que ser una especie de no entrega sino renuncia al salario en ese porcentaje de entregarlo para otro fin”, dijo Barbosa.
En febrero pasado se publicaron los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2015, en los que se estableció la reducción de 100 pesos a la dieta de los senadores, por lo que ganarían 117 mil 500 pesos.
Además, los senadores eliminaron los bocadillos y vinos de honor que se sirven en eventos públicos, suspendieron los servicios de box lunch y de cafetería para visitantes y redujeron el servicio de fotocopiado.
Otras de las medidas que se incluyen son la suspensión del servicio de vino de honor y bocadillos para foros, exposiciones y eventos similares, además de que se racionalizará “el servicio de alimentos, semillas, galletas, bocadillos y bebidas embotelladas, quedando suspendida su dotación para las unidades administrativas”.
El decimosexto acuerdo indica que “el otorgamiento de pasajes y viáticos para viajes nacionales e internacionales de carácter legislativo, se ajustará invariablemente a la normatividad autorizada por los órganos de gobierno, bajo criterios de racionalidad, pluralidad y proporcionalidad.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
El Senado de la República analiza y alista un plan de austeridad que prevé disminuir en 10 mil pesos la dieta mensual que perciben cada uno de sus 128 integrantes, informó el presidente de esa instancia, Luis Miguel Barbosa Huerta.
En entrevista informó que ya turnó a los coordinadores parlamentarios de las bancadas panista, priista, pevemista y petista esta propuesta de austeridad presupuestal, que en caso de ser avalada incluiría un reajuste en distintos rubros de entre 7 y 10%.
Con ello se prevé que la dieta de los senadores se reduzca aproximadamente 10 mil pesos al mes, que se descontarían a los actuales 117 mil 500 pesos netos después de impuestos que recibe cada legislador mensualmente.
La disminución sería de “entre 7 y 10% en cada rubro, de los distintos rubros del Senado y en el salario de legisladores hasta de 10 mil pesos. Se tiene que encontrar la forma de cómo se hace esa reducción, tiene que ser una especie de no entrega sino renuncia al salario en ese porcentaje de entregarlo para otro fin”, dijo Barbosa.
En febrero pasado se publicaron los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2015, en los que se estableció la reducción de 100 pesos a la dieta de los senadores, por lo que ganarían 117 mil 500 pesos.
Además, los senadores eliminaron los bocadillos y vinos de honor que se sirven en eventos públicos, suspendieron los servicios de box lunch y de cafetería para visitantes y redujeron el servicio de fotocopiado.
Otras de las medidas que se incluyen son la suspensión del servicio de vino de honor y bocadillos para foros, exposiciones y eventos similares, además de que se racionalizará “el servicio de alimentos, semillas, galletas, bocadillos y bebidas embotelladas, quedando suspendida su dotación para las unidades administrativas”.
El decimosexto acuerdo indica que “el otorgamiento de pasajes y viáticos para viajes nacionales e internacionales de carácter legislativo, se ajustará invariablemente a la normatividad autorizada por los órganos de gobierno, bajo criterios de racionalidad, pluralidad y proporcionalidad.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
miércoles, 18 de marzo de 2015
Agentes de Migración y de la PF dejan a hondureño ahogarse
MÉXICO, D.F. (apro).- Eran las 11 de la mañana del 6 de marzo cuando agentes de migración adscritos en Tenosique, Tabasco, y uniformados de la policía federal pararon el tren de carga a la altura de la “estación Chacamax”, ubicado a unos 60 kilómetros de la ciudad de Palenque, su cabecera municipal, e iniciaron una redada por los montes que duró a lo mucho tres horas.
Entre la centena de personas que viajaban encima de los vagones, un joven hondureño, de aproximadamente 20 años, entró en pánico: saltó del lomo de “La Bestia” y se tiró al río, dónde empezó a ahogarse. Pidió auxilio. Un agente de migración quiso ayudarle, pero sus colegas le frenaron: “¡Dejen a ese pendejo!”, dijeron. Bajo las miradas de los uniformados, el joven falleció.
El pasado 9 de marzo, un migrante de origen centroamerican, presente durante la redada, relató el acontecimiento a los integrantes de la Casa del Migrante de Palenque. Él y el fallecido se habían hecho amigos durante el viaje.
“Con la ayuda de los pobladores, quiénes les prestaron anzuelos, sus compañeros recuperaron el cuerpo. El cadáver estuvo tirado hasta las 10 de la noche en el pueblo, cuando llegaron agentes de migración de Palenque. Según las madres y los pobladores presentes, tanto el fiscal especializado en delitos contra migrantes como los agentes estaban muy indignados”, afirmó Fray Tomás González, director de la Casa del Migrante La 72 en Tenosique.
En entrevista con Apro, el sacerdote denunció que los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) adscritos en Tenosique se retiraron del lugar después de la “salvaje redada” –como la calificó–, y que no fue sino hasta diez horas después que llegaron los funcionarios adscritos en Palenque. “¿Quién les avisó que había un muerto?”, se preguntó.
En un comunicado, La 72 exigió “sanción a los culpables de la muerte del joven centroamericano, pues se trata de un homicidio”, y señaló que “son presuntos culpables los agentes del INM delegación de Tabasco adscritos a Tenosique, los agentes de la policía federal que los acompañaban en el operativo y los agentes del Grupo Beta que estuvieron en el mismo”.
En el mes de enero, el albergue de migrantes de Tenosique a su cargo recibió a más de mil centroamericanos, informó González, y en lo que va del mes de marzo ya hospedó a más de 700.
“Es un flujo muy importante”, insistió González, al recordar que el principal motivo de la migración proviene de las dificultades económicas, seguido de la violencia en el triángulo norte de Centroamérica –Honduras, Guatemala y El Salvador—, dónde “el tejido social está verdaderamente podrido”.
Según González, pese a la implementación del Programa Frontera Sur en el verano pasado, los más vulnerables de los migrantes indocumentados provenientes del triángulo norte de Centroamérica siguen subiendo al tren, ya que “no tienen otra opción”: “es el tren o la selva o, para lo que tienen dinero, el coyote”.
Según datos del Instituto Nacional de Migración, sólo en el pasado mes enero las autoridades mexicanas detuvieron a 14 mil 26 migrantes, entre ellos a 13 mil 287 centroamericanos. En el mismo periodo del año anterior detuvieron a 6 mil 295 extranjeros, de los cuales 5 mil 894 provenían de Centroamérica.
El sacerdote recordó que en ese entonces el gobierno aseveró que implementaría el programa para proteger los derechos humanos de los migrantes así como su integridad física al impedirles que se subieran encima del tren de carga.
“Ha sido todo lo contrario”, afirmó González. Desde que arrancó el programa, los integrantes de La 72 han documentado que los operativos de desalojo del tren se han intensificado y que ahora se llevan a cabo en lugares “muy inhóspitos”, en los montes y en la selva en el caso de Tenosique.
“Los migrantes quiénes logran escaparse se quedan en medio de la nada, a la merced de los criminales”, señaló.
Una de las consecuencias del programa frontera sur, es que se elevaron las cuotas que agentes exigen a los migrantes: el año pasado, en la garita de la Ceibo, a la frontera entre Tabasco y Guatemala, les exigían mil pesos. Ahora son cinco mil, subrayó el sacerdote, al añadir que el precio del coyotaje también aumentó.
“Tenemos ubicada a una red de guías y coyotes”, afirmó González, al precisar: “ya no atraviesan Tenosique, sino que pasan a Campeche y de ahí se integran a una red de transportistas como camiones, tráileres o taxistas”.
Afirmó que ahí, dependiendo de la cantidad de dinero que desembolsa el migrante, lo llevan hacia Villahermosa o Veracruz, o incluso lo trasladan hasta la frontera norte.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Entre la centena de personas que viajaban encima de los vagones, un joven hondureño, de aproximadamente 20 años, entró en pánico: saltó del lomo de “La Bestia” y se tiró al río, dónde empezó a ahogarse. Pidió auxilio. Un agente de migración quiso ayudarle, pero sus colegas le frenaron: “¡Dejen a ese pendejo!”, dijeron. Bajo las miradas de los uniformados, el joven falleció.
El pasado 9 de marzo, un migrante de origen centroamerican, presente durante la redada, relató el acontecimiento a los integrantes de la Casa del Migrante de Palenque. Él y el fallecido se habían hecho amigos durante el viaje.
“Con la ayuda de los pobladores, quiénes les prestaron anzuelos, sus compañeros recuperaron el cuerpo. El cadáver estuvo tirado hasta las 10 de la noche en el pueblo, cuando llegaron agentes de migración de Palenque. Según las madres y los pobladores presentes, tanto el fiscal especializado en delitos contra migrantes como los agentes estaban muy indignados”, afirmó Fray Tomás González, director de la Casa del Migrante La 72 en Tenosique.
En entrevista con Apro, el sacerdote denunció que los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) adscritos en Tenosique se retiraron del lugar después de la “salvaje redada” –como la calificó–, y que no fue sino hasta diez horas después que llegaron los funcionarios adscritos en Palenque. “¿Quién les avisó que había un muerto?”, se preguntó.
En un comunicado, La 72 exigió “sanción a los culpables de la muerte del joven centroamericano, pues se trata de un homicidio”, y señaló que “son presuntos culpables los agentes del INM delegación de Tabasco adscritos a Tenosique, los agentes de la policía federal que los acompañaban en el operativo y los agentes del Grupo Beta que estuvieron en el mismo”.
En el mes de enero, el albergue de migrantes de Tenosique a su cargo recibió a más de mil centroamericanos, informó González, y en lo que va del mes de marzo ya hospedó a más de 700.
“Es un flujo muy importante”, insistió González, al recordar que el principal motivo de la migración proviene de las dificultades económicas, seguido de la violencia en el triángulo norte de Centroamérica –Honduras, Guatemala y El Salvador—, dónde “el tejido social está verdaderamente podrido”.
Según González, pese a la implementación del Programa Frontera Sur en el verano pasado, los más vulnerables de los migrantes indocumentados provenientes del triángulo norte de Centroamérica siguen subiendo al tren, ya que “no tienen otra opción”: “es el tren o la selva o, para lo que tienen dinero, el coyote”.
Según datos del Instituto Nacional de Migración, sólo en el pasado mes enero las autoridades mexicanas detuvieron a 14 mil 26 migrantes, entre ellos a 13 mil 287 centroamericanos. En el mismo periodo del año anterior detuvieron a 6 mil 295 extranjeros, de los cuales 5 mil 894 provenían de Centroamérica.
El sacerdote recordó que en ese entonces el gobierno aseveró que implementaría el programa para proteger los derechos humanos de los migrantes así como su integridad física al impedirles que se subieran encima del tren de carga.
“Ha sido todo lo contrario”, afirmó González. Desde que arrancó el programa, los integrantes de La 72 han documentado que los operativos de desalojo del tren se han intensificado y que ahora se llevan a cabo en lugares “muy inhóspitos”, en los montes y en la selva en el caso de Tenosique.
“Los migrantes quiénes logran escaparse se quedan en medio de la nada, a la merced de los criminales”, señaló.
Una de las consecuencias del programa frontera sur, es que se elevaron las cuotas que agentes exigen a los migrantes: el año pasado, en la garita de la Ceibo, a la frontera entre Tabasco y Guatemala, les exigían mil pesos. Ahora son cinco mil, subrayó el sacerdote, al añadir que el precio del coyotaje también aumentó.
“Tenemos ubicada a una red de guías y coyotes”, afirmó González, al precisar: “ya no atraviesan Tenosique, sino que pasan a Campeche y de ahí se integran a una red de transportistas como camiones, tráileres o taxistas”.
Afirmó que ahí, dependiendo de la cantidad de dinero que desembolsa el migrante, lo llevan hacia Villahermosa o Veracruz, o incluso lo trasladan hasta la frontera norte.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Abuchean seguidores de Cárdenas a “los Chuchos” en aniversario de la expropiación petrolera
MÉXICO, D.F. (apro).-Distanciado del PRD desde su renuncia en noviembre pasado, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano convalidó la propuesta del partido que fundó para acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una queja por la violación hacia los derechos de los mexicanos a decidir sobre sus recursos energéticos.
El anuncio lo hizo el PRD a través de un comunicado previo al acto conmemorativo por el 77 aniversario de la Expropiación Petrolera en el Monumento a la Revolución al que acudió el líder nacional perredista, Carlos Navarrete, quien fue abucheado por la concurrencia al grito de “¡Fuera Chuchos!”
Concluida la ceremonia Cárdenas fue consultado sobre la propuesta de acudir a la CIDH y escueto, respondió:
“Me parece que todo esfuerzo por hacer valer la consulta y por aplicarla en su momento, es correcto”.
Más tarde el PRD emitió un segundo comunicado en el que señaló que PRD y Cárdenas “coinciden en acudir ante CIDH para echar abajo reforma energética” y “mantienen en pie la defensa de la riqueza petrolera y los energéticos tras la promulgación de la Reforma Energética”.
Según el PRD, Cárdenas Solórzano, coincidió con ese instituto político en la propuesta de acudir ante la CIDH para presentar una queja por la violación hacia los derechos de los mexicanos a decidir sobre sus recursos energéticos.
En su discurso, Cárdenas dijo que “se debe dar continuidad a los procedimientos para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la demanda que impidió que se realizara una consulta popular”, y el PRD recogió esas palabras en su comunicado.
Antes Cárdenas Solórzano dijo que al Congreso de la Unión deben hacerse llegar, por todos los conductos posibles, incluso el de la iniciativa popular, las iniciativas para revertir las contrarreformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales que se impusieron en 2014.
Reiteró que todo esfuerzo por hacer valer la Ley de la Consulta Popular y por modificarla en su momento le parece bien. “En todo lo que sea por la defensa del petróleo estaré presente, en lo que sea posible”, dijo
Y consideró necesario atender casos coyunturales como la recuperación del petróleo y cambiar la política en el sector energético. Destacó que el llamado a crear una mayoría política es con quiénes deseen recuperar el petróleo, “y no es cuestión electoral”.
Ceremonia empañada
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano arribó al Monumento a la Revolución en silencio, acompañado de sus cercanos e hizo guardia de honor donde reposan los restos de sus padres, Amalia Solórzano y Lázaro Cárdenas, en el 77 aniversario de la expropiación petrolera.
Llegó acompañado de sus más allegados, algunos de los que fundaron con él el PRD como Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo. También llegaron el candidato al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles, y el presidente Nacional del PRD, Carlos Navarrete, a quien recibieron entre gritos de “¡Fuera Chuchos!” por su vínculo con la corriente Nueva Izquierda.
Navarrete y Aureoles recibieron a Cárdenas con un fuerte abrazo a su arribo al Monumento a la Revolución pero no fueron correspondidos de igual manera. Caminaron unos pasos hasta llegar a la columna donde descansan los restos del general Lázaro Cárdenas y fue entonces que algunos simpatizantes del experredista empezaron a gritar al unísono a Navarrete y sus acompañantes “¡Fuera Chuchos, fuera Chuchos!”.
Cuando terminó la guardia de honor, Cárdenas salió a dar su discurso mientras Navarrete y Silvano se esfumaron del lugar.
Inmediatamente después, durante veinte minutos, Cárdenas Solórzano arengó contra la llamada reforma energética que permite la intervención del capital privado en el sector energético, la cual echa por la borda la soberanía petrolera impulsada por su progenitor.
“Echar abajo la contrarreforma energética, frenar un proyecto de ley de aguas privatizadora y reformar la ley para hacer realmente viable la consulta popular, exige trabajar en la construcción de una mayoría política que impulse estos cambios”, indicó, ante un grupo de personas que lo acompañaron, muchos identificados con el PRD, partido que Cárdenas fundó y al que renunció el 25 de noviembre del año pasado.
Casi tres meses después de aprobada la reforma energética, recordó que esta es la primera vez que se postra frente a Lázaro Cárdenas, “después del golpe de Estado legislativo” contra la nación y el pueblo por parte de “las mayorías legislativas pusilánimes e incondicionales a un poder ejecutivo entreguista”, que aprobaron la reforma energética en diciembre de 2014 sin haber realizado la consulta popular demandada por seis millones de personas gracias a una “absurda argumentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A poco más de un año de los argumentos presidenciales sobre los beneficios de dicha reforma, Cárdenas dudó que se logren los “engañadores anuncios” como elevar la producción de petróleo a tres millones de barriles diarios para el 2018, entre otros.
Al contrario, indicó que solamente ha aumentado la violencia delincuencial incontrolada por el gobierno y citó el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado.
Ese es un “reclamo que habrá que sostener con fuerza hasta que sean presentados todos con vida que ha generado una movilización popular que recorre el país, con un eco internacional sin precedente”, dijo, y desató el aplauso de la audiencia.
Cárdenas Solórzano resaltó que la corrupción de altos funcionarios de la federación terminó de demoler la credibilidad gubernamental, llevándose de paso a los partidos políticos vinculados, agudizando la crisis política y social “que México no había vivido en las últimas décadas”, así como el alejamiento de la inversión productiva al país.
En el ámbito de la producción petrolera refirió que desde mediados de 2014 el mercado ha experimentado “una severa caída de sus precios”, arrastrando a la estabilidad económica del país.
“Es previsible que los altos precios alcanzados no se recuperen, si bien va, hasta después de finalizado el actual sexenio, con serias afectaciones a las finanzas del gobierno y al desarrollo económico visto a mediano plazo”, vaticinó.
Se refirió a la disminución del 40% de la extracción de aceites ligeros tipo Olmeca, lo que ha aumentado la ineficiencia de las refinerías nacionales y también habló de la caída de la producción petrolera de 93 mil barriles de petróleo diarios, entre otros puntos.
El excandidato presidencial exigió que se detengan las licitaciones que pondrán los yacimientos de México en manos de particulares extranjeros como ExxonMobil, Chevron, British Gas, British Petroleum, Royal Dutch Schell, Total, Statoil, Lukoil, ENI International, Petrobras, Hunt Overseas, BHP Billiton, ECOPETROL, Cobalt Energía de México, Sierra Oil and Gas, ONGC, Videsh, Diavaz Offshore, INPEX Corporation, Pacific Rubiales, NBL, Hess News Ventures, Casa Exploration y Galp Energía.
Ley de aguas, una amenaza privatizadora
Cuauhtémoc Cárdenas también hizo referencia a la iniciativa de Ley Nacional de Aguas propuesta por el ejecutivo “y las mayorías pusilánimes del Congreso” porque, dijo, es privatizadora y amenaza con limitar la disponibilidad de agua a la gente, al proponer 50 litros por habitante y por día cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un mínimo de 100 litros.
“Este proyecto de ley amenaza, sobre todo, con el despojo de su agua a miles de comunidades con millones de habitantes y a los productores del campo; amenaza para hacer posible que mediante censos viciados y dictámenes vendidos, supuestamente sustentados en causas de utilidad pública –se sabe bien cómo opera la corrupción—se despoje del líquido a usuarios de la cuenca en la que el agua se genera, para usarla en otro sitio de la misma o para llevarla a otra mediante su trasvase, incluso en regiones donde está escasa, para utilizarla, por ejemplo, en el fracking petrolero”, explicó.
Por eso, consideró que la Ley de Aguas no debe ser aprobada, sino revisada para garantizar los derechos adquiridos para el buen uso de ese recurso.
“Ahora bien, no basta con buenos dictámenes y propuestas apropiadas, Unos y otras deben discutirse con amplitud entre los distintos grupos sociales y por todo el país, pero llevar a la práctica políticas que recuperen para la nación, para la mayoría de los mexicanos, las decisiones para el manejo de sus recursos naturales, requiere de la formación de una mayoría política que democráticamente y dentro de un Estado pleno de Derecho, haga valer sus decisiones”, dijo al concluir su discurso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
El anuncio lo hizo el PRD a través de un comunicado previo al acto conmemorativo por el 77 aniversario de la Expropiación Petrolera en el Monumento a la Revolución al que acudió el líder nacional perredista, Carlos Navarrete, quien fue abucheado por la concurrencia al grito de “¡Fuera Chuchos!”
Concluida la ceremonia Cárdenas fue consultado sobre la propuesta de acudir a la CIDH y escueto, respondió:
“Me parece que todo esfuerzo por hacer valer la consulta y por aplicarla en su momento, es correcto”.
Más tarde el PRD emitió un segundo comunicado en el que señaló que PRD y Cárdenas “coinciden en acudir ante CIDH para echar abajo reforma energética” y “mantienen en pie la defensa de la riqueza petrolera y los energéticos tras la promulgación de la Reforma Energética”.
Según el PRD, Cárdenas Solórzano, coincidió con ese instituto político en la propuesta de acudir ante la CIDH para presentar una queja por la violación hacia los derechos de los mexicanos a decidir sobre sus recursos energéticos.
En su discurso, Cárdenas dijo que “se debe dar continuidad a los procedimientos para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la demanda que impidió que se realizara una consulta popular”, y el PRD recogió esas palabras en su comunicado.
Antes Cárdenas Solórzano dijo que al Congreso de la Unión deben hacerse llegar, por todos los conductos posibles, incluso el de la iniciativa popular, las iniciativas para revertir las contrarreformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales que se impusieron en 2014.
Reiteró que todo esfuerzo por hacer valer la Ley de la Consulta Popular y por modificarla en su momento le parece bien. “En todo lo que sea por la defensa del petróleo estaré presente, en lo que sea posible”, dijo
Y consideró necesario atender casos coyunturales como la recuperación del petróleo y cambiar la política en el sector energético. Destacó que el llamado a crear una mayoría política es con quiénes deseen recuperar el petróleo, “y no es cuestión electoral”.
Ceremonia empañada
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano arribó al Monumento a la Revolución en silencio, acompañado de sus cercanos e hizo guardia de honor donde reposan los restos de sus padres, Amalia Solórzano y Lázaro Cárdenas, en el 77 aniversario de la expropiación petrolera.
Llegó acompañado de sus más allegados, algunos de los que fundaron con él el PRD como Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo. También llegaron el candidato al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles, y el presidente Nacional del PRD, Carlos Navarrete, a quien recibieron entre gritos de “¡Fuera Chuchos!” por su vínculo con la corriente Nueva Izquierda.
Navarrete y Aureoles recibieron a Cárdenas con un fuerte abrazo a su arribo al Monumento a la Revolución pero no fueron correspondidos de igual manera. Caminaron unos pasos hasta llegar a la columna donde descansan los restos del general Lázaro Cárdenas y fue entonces que algunos simpatizantes del experredista empezaron a gritar al unísono a Navarrete y sus acompañantes “¡Fuera Chuchos, fuera Chuchos!”.
Cuando terminó la guardia de honor, Cárdenas salió a dar su discurso mientras Navarrete y Silvano se esfumaron del lugar.
Inmediatamente después, durante veinte minutos, Cárdenas Solórzano arengó contra la llamada reforma energética que permite la intervención del capital privado en el sector energético, la cual echa por la borda la soberanía petrolera impulsada por su progenitor.
“Echar abajo la contrarreforma energética, frenar un proyecto de ley de aguas privatizadora y reformar la ley para hacer realmente viable la consulta popular, exige trabajar en la construcción de una mayoría política que impulse estos cambios”, indicó, ante un grupo de personas que lo acompañaron, muchos identificados con el PRD, partido que Cárdenas fundó y al que renunció el 25 de noviembre del año pasado.
Casi tres meses después de aprobada la reforma energética, recordó que esta es la primera vez que se postra frente a Lázaro Cárdenas, “después del golpe de Estado legislativo” contra la nación y el pueblo por parte de “las mayorías legislativas pusilánimes e incondicionales a un poder ejecutivo entreguista”, que aprobaron la reforma energética en diciembre de 2014 sin haber realizado la consulta popular demandada por seis millones de personas gracias a una “absurda argumentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A poco más de un año de los argumentos presidenciales sobre los beneficios de dicha reforma, Cárdenas dudó que se logren los “engañadores anuncios” como elevar la producción de petróleo a tres millones de barriles diarios para el 2018, entre otros.
Al contrario, indicó que solamente ha aumentado la violencia delincuencial incontrolada por el gobierno y citó el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado.
Ese es un “reclamo que habrá que sostener con fuerza hasta que sean presentados todos con vida que ha generado una movilización popular que recorre el país, con un eco internacional sin precedente”, dijo, y desató el aplauso de la audiencia.
Cárdenas Solórzano resaltó que la corrupción de altos funcionarios de la federación terminó de demoler la credibilidad gubernamental, llevándose de paso a los partidos políticos vinculados, agudizando la crisis política y social “que México no había vivido en las últimas décadas”, así como el alejamiento de la inversión productiva al país.
En el ámbito de la producción petrolera refirió que desde mediados de 2014 el mercado ha experimentado “una severa caída de sus precios”, arrastrando a la estabilidad económica del país.
“Es previsible que los altos precios alcanzados no se recuperen, si bien va, hasta después de finalizado el actual sexenio, con serias afectaciones a las finanzas del gobierno y al desarrollo económico visto a mediano plazo”, vaticinó.
Se refirió a la disminución del 40% de la extracción de aceites ligeros tipo Olmeca, lo que ha aumentado la ineficiencia de las refinerías nacionales y también habló de la caída de la producción petrolera de 93 mil barriles de petróleo diarios, entre otros puntos.
El excandidato presidencial exigió que se detengan las licitaciones que pondrán los yacimientos de México en manos de particulares extranjeros como ExxonMobil, Chevron, British Gas, British Petroleum, Royal Dutch Schell, Total, Statoil, Lukoil, ENI International, Petrobras, Hunt Overseas, BHP Billiton, ECOPETROL, Cobalt Energía de México, Sierra Oil and Gas, ONGC, Videsh, Diavaz Offshore, INPEX Corporation, Pacific Rubiales, NBL, Hess News Ventures, Casa Exploration y Galp Energía.
Ley de aguas, una amenaza privatizadora
Cuauhtémoc Cárdenas también hizo referencia a la iniciativa de Ley Nacional de Aguas propuesta por el ejecutivo “y las mayorías pusilánimes del Congreso” porque, dijo, es privatizadora y amenaza con limitar la disponibilidad de agua a la gente, al proponer 50 litros por habitante y por día cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un mínimo de 100 litros.
“Este proyecto de ley amenaza, sobre todo, con el despojo de su agua a miles de comunidades con millones de habitantes y a los productores del campo; amenaza para hacer posible que mediante censos viciados y dictámenes vendidos, supuestamente sustentados en causas de utilidad pública –se sabe bien cómo opera la corrupción—se despoje del líquido a usuarios de la cuenca en la que el agua se genera, para usarla en otro sitio de la misma o para llevarla a otra mediante su trasvase, incluso en regiones donde está escasa, para utilizarla, por ejemplo, en el fracking petrolero”, explicó.
Por eso, consideró que la Ley de Aguas no debe ser aprobada, sino revisada para garantizar los derechos adquiridos para el buen uso de ese recurso.
“Ahora bien, no basta con buenos dictámenes y propuestas apropiadas, Unos y otras deben discutirse con amplitud entre los distintos grupos sociales y por todo el país, pero llevar a la práctica políticas que recuperen para la nación, para la mayoría de los mexicanos, las decisiones para el manejo de sus recursos naturales, requiere de la formación de una mayoría política que democráticamente y dentro de un Estado pleno de Derecho, haga valer sus decisiones”, dijo al concluir su discurso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
“La corrupción es endémica en todos los niveles de la sociedad y del gobierno mexicano”: EU
MÉXICO, D.F: La corrupción es el facilitador del lavado de dinero, planteó hoy el Departamento de Estado, y lo anterior resulta problemático en dinero: según la cancillería estadunidense, “la corrupción es endémica en todos los niveles de la sociedad y del gobierno mexicano”.
En el extenso Reporte sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos que publicó hoy, el Departamento de Estado clasificó a México como uno de los países con mayor tránsito y producción de drogas, uno de los principales lugares de lavado de dinero así como una de las principales fuentes de precursores químicos para la elaboración de sustancias prohibidas.
El Departamento de Estado afirmó que las organizaciones criminales mexicanas lavan el dinero obtenido de la venta de drogas en Estados Unidos –pero también de la corrupción, del secuestro, o del tráfico de armas y de personas—a través del sistema financiero mexicano.
“Los cárteles de narcotráfico utilizan empresas legítimas y empresas de prestanombre para realizar transferencias de dinero al exportar bienes a México como una variante del mercado negro del peso”, sentenció.
Y recordó que en 2010, el gobierno de Felipe Calderón impuso un límite a las transferencias bancarias entre Estados Unidos y México, el cual se elevaba a cuatro mil dólares por persona y por mes y a 14 mil dólares por cada empresa ubicada en la región fronteriza o en ciertas zonas turísticas por mes.
En junio pasado, el gobierno de Enrique Peña Nieto canceló el límite de transferencias para las empresas. “El impacto de esta decisión debe ser determinado”, planteó el Departamento de Estado.
Así, aseveró que agentes financieros de los cárteles utilizan “cuentas embudos” para comprar en dólares bienes y servicios en México que posteriormente venden en pesos, o para vender dólares a empresas mexicanas.
Si bien aseveró que el gobierno mexicano no “favorece ni facilita la producción y distribución de drogas ilícitas, ni se involucra en lavar los beneficios de la venta de estas drogas”, afirmó que “la corrupción continúa impidiendo los esfuerzos en contra de los narcóticos”.
Y concluyó: “El gobierno de México debe combatir la corrupción”.
Presupuesto en crecimiento
Según el informe, divido en dos partes, en 2014 el gobierno estadunidense destinó 50 millones de dólares en apoyo a las autoridades mexicanas en su lucha contra las drogas, y redujo para 2015 el presupuesto a 34 millones de dólares.
El gobierno mexicano, por su parte, incrementó su presupuesto dedicado a la seguridad en un 6.9% entre 2014 y 2015, y debería invertir en ella alrededor de 11 mil millones de dólares este año.
Del 2008 a la fecha, el gobierno estadunidense invirtió aproximadamente mil 300 millones de dólares en la Iniciativa Mérida, mientras que la cooperación entre autoridades estadunidenses y mexicanas llevó a la detención de capos importantes y la extradición de 66 personas a Estados Unidos en 2014.
Sin embargo, el Departamento de Estado estimó que “estos éxitos resultaron en la creación de grupos más pequeños y fracturados que tratan de consolidar su poder de manera violenta”.
Entre las mayores preocupaciones del Departamento de Estado con respecto a México destaca el cultivo de amapola y la cantidad en constante aumento de heroína que llega en su territorio. Entre 2009 y 2013, las cantidades de heroína confiscadas por las autoridades estadunidenses crecieron en un 324%.
Asimismo, la Cancillería estadunidense señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) no reportó ninguna confiscación de seudoefedrina entre julio de 2013 y abril de 2014, aunque el químico sirva de base en la fabricación de la metanfetamina.
También apuntó que las cantidades de metanfetaminas confiscadas en México disminuyeron 56% entre 2012 y 2013, mientras que el número de laboratorios clandestinos cerrados en los primeros siete meses de 2014 –durante el cual se totalizaron 77 operativos—era 12.5 % inferior a las clausuras operadas durante el mismo periodo de 2013.
Según el Departamento de Estado, la mayor parte de los precursores químicos utilizados en la producción de la metanfetamina en México proviene de China, país con el que opera “un número creciente de organizaciones criminales de México, Colombia, África del Este y Oeste y Pakistán”.
La Cancillería señaló además que los cárteles mexicanos utilizan a Italia para repatriar dinero de la venta de cocaína, a través de buques o de transferencias inalámbricas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
En el extenso Reporte sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos que publicó hoy, el Departamento de Estado clasificó a México como uno de los países con mayor tránsito y producción de drogas, uno de los principales lugares de lavado de dinero así como una de las principales fuentes de precursores químicos para la elaboración de sustancias prohibidas.
El Departamento de Estado afirmó que las organizaciones criminales mexicanas lavan el dinero obtenido de la venta de drogas en Estados Unidos –pero también de la corrupción, del secuestro, o del tráfico de armas y de personas—a través del sistema financiero mexicano.
“Los cárteles de narcotráfico utilizan empresas legítimas y empresas de prestanombre para realizar transferencias de dinero al exportar bienes a México como una variante del mercado negro del peso”, sentenció.
Y recordó que en 2010, el gobierno de Felipe Calderón impuso un límite a las transferencias bancarias entre Estados Unidos y México, el cual se elevaba a cuatro mil dólares por persona y por mes y a 14 mil dólares por cada empresa ubicada en la región fronteriza o en ciertas zonas turísticas por mes.
En junio pasado, el gobierno de Enrique Peña Nieto canceló el límite de transferencias para las empresas. “El impacto de esta decisión debe ser determinado”, planteó el Departamento de Estado.
Así, aseveró que agentes financieros de los cárteles utilizan “cuentas embudos” para comprar en dólares bienes y servicios en México que posteriormente venden en pesos, o para vender dólares a empresas mexicanas.
Si bien aseveró que el gobierno mexicano no “favorece ni facilita la producción y distribución de drogas ilícitas, ni se involucra en lavar los beneficios de la venta de estas drogas”, afirmó que “la corrupción continúa impidiendo los esfuerzos en contra de los narcóticos”.
Y concluyó: “El gobierno de México debe combatir la corrupción”.
Presupuesto en crecimiento
Según el informe, divido en dos partes, en 2014 el gobierno estadunidense destinó 50 millones de dólares en apoyo a las autoridades mexicanas en su lucha contra las drogas, y redujo para 2015 el presupuesto a 34 millones de dólares.
El gobierno mexicano, por su parte, incrementó su presupuesto dedicado a la seguridad en un 6.9% entre 2014 y 2015, y debería invertir en ella alrededor de 11 mil millones de dólares este año.
Del 2008 a la fecha, el gobierno estadunidense invirtió aproximadamente mil 300 millones de dólares en la Iniciativa Mérida, mientras que la cooperación entre autoridades estadunidenses y mexicanas llevó a la detención de capos importantes y la extradición de 66 personas a Estados Unidos en 2014.
Sin embargo, el Departamento de Estado estimó que “estos éxitos resultaron en la creación de grupos más pequeños y fracturados que tratan de consolidar su poder de manera violenta”.
Entre las mayores preocupaciones del Departamento de Estado con respecto a México destaca el cultivo de amapola y la cantidad en constante aumento de heroína que llega en su territorio. Entre 2009 y 2013, las cantidades de heroína confiscadas por las autoridades estadunidenses crecieron en un 324%.
Asimismo, la Cancillería estadunidense señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) no reportó ninguna confiscación de seudoefedrina entre julio de 2013 y abril de 2014, aunque el químico sirva de base en la fabricación de la metanfetamina.
También apuntó que las cantidades de metanfetaminas confiscadas en México disminuyeron 56% entre 2012 y 2013, mientras que el número de laboratorios clandestinos cerrados en los primeros siete meses de 2014 –durante el cual se totalizaron 77 operativos—era 12.5 % inferior a las clausuras operadas durante el mismo periodo de 2013.
Según el Departamento de Estado, la mayor parte de los precursores químicos utilizados en la producción de la metanfetamina en México proviene de China, país con el que opera “un número creciente de organizaciones criminales de México, Colombia, África del Este y Oeste y Pakistán”.
La Cancillería señaló además que los cárteles mexicanos utilizan a Italia para repatriar dinero de la venta de cocaína, a través de buques o de transferencias inalámbricas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
Ordenan liberación de hombre preso 23 años acusado de asesinato; fue torturado
La Corte ordenó la liberación inmediata de Alfonso Martín del Campo Dodd al comprobarse que fue torturado para que confesara haber asesinado a su hermana y cuñado, y la inexistencia de más pruebas.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata libertad de Alfonso Martín del Campo Dodd -que permaneció 23 años en prisión acusado de matar a su hermana y cuñado- al comprobarse que fue torturado para que confesara los asesinatos y la inexistencia de más pruebas.
En un texto publicado en 2014, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) escribió sobre el caso de Alejandro, acusado de asesinar a su hermana y cuñado mientras dormían, en 1992, y condenado a 50 años de cárcel:
*Alfonso no tenía manchas de sangre de las víctimas en la ropa ni en otro lado al momento de su detención.
*Los cabellos recuperados de la escena del crimen no le correspondían, de acuerdo con las pruebas periciales de la misma procuraduría.
*Toda la evidencia, incluyendo la ropa de cama y las prendas de los cuerpos, fue incinerada el mismo día en que sucedieron los hechos.
*Alfonso no presentaba ninguna herida en las manos.
Para ordenar su liberación inmediata, la Corte consideró la resolución en la que se determinó que “un agente de policía era responsable por la detención arbitraria, incomunicación y tortura” de Alfonso Martín del Campo Dodd, dictamen médico psicológico conforme al Protocolo de Estambul –procedimiento para comprobar que alguien fue víctima de tortura-, informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, un punto de acuerdo de los senadores y otro de los asambleístas capitalinos.
En su texto, la CMDPDH explicó que el caso de Alfonso Martín del Campo fue el primero de México en llegar a la CIDH, pero lo descartó debido a que México interpuso la reserva de no someterse a la jurisdicción contenciosa de la Corte en casos ocurridos con anterioridad a 1998.
El 27 de julio de 2014, Martín del Campo Dodd publicó un video para pedir apoyo a la comunidad nacional e internacional: “Mi caso debería ser un escándalo y no lo es (…) los verdaderos homicidas gozan de libertad y total impunidad”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata libertad de Alfonso Martín del Campo Dodd -que permaneció 23 años en prisión acusado de matar a su hermana y cuñado- al comprobarse que fue torturado para que confesara los asesinatos y la inexistencia de más pruebas.
En un texto publicado en 2014, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) escribió sobre el caso de Alejandro, acusado de asesinar a su hermana y cuñado mientras dormían, en 1992, y condenado a 50 años de cárcel:
*Alfonso no tenía manchas de sangre de las víctimas en la ropa ni en otro lado al momento de su detención.
*Los cabellos recuperados de la escena del crimen no le correspondían, de acuerdo con las pruebas periciales de la misma procuraduría.
*Toda la evidencia, incluyendo la ropa de cama y las prendas de los cuerpos, fue incinerada el mismo día en que sucedieron los hechos.
*Alfonso no presentaba ninguna herida en las manos.
Para ordenar su liberación inmediata, la Corte consideró la resolución en la que se determinó que “un agente de policía era responsable por la detención arbitraria, incomunicación y tortura” de Alfonso Martín del Campo Dodd, dictamen médico psicológico conforme al Protocolo de Estambul –procedimiento para comprobar que alguien fue víctima de tortura-, informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, un punto de acuerdo de los senadores y otro de los asambleístas capitalinos.
En su texto, la CMDPDH explicó que el caso de Alfonso Martín del Campo fue el primero de México en llegar a la CIDH, pero lo descartó debido a que México interpuso la reserva de no someterse a la jurisdicción contenciosa de la Corte en casos ocurridos con anterioridad a 1998.
El 27 de julio de 2014, Martín del Campo Dodd publicó un video para pedir apoyo a la comunidad nacional e internacional: “Mi caso debería ser un escándalo y no lo es (…) los verdaderos homicidas gozan de libertad y total impunidad”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
PGR (otra vez) se niega a entregar el expediente de Tlatlaya, ahora por falta de copias
Pese a dos señalamientos públicos del IFAI, la Procuraduría rechazó proporcionar una versión pública de la averiguación y los peritajes. La respuesta no fue validada por el Comité de Información de la misma Procuraduría.
La Procuraduría General de la República (PGR) negó transparentar la investigación realizada por el homicidio de 22 personas a manos de militares en Tlatlaya, Estado de México, ahora con el argumento de que, tras una búsqueda “minuciosa y exhaustiva”, no encontró una copia de la averiguación que consignó.
En dos ocasiones este año, el 14 de enero y el 24 de febrero, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) había advertido a la Procuraduría que estaba obligada a entregar versiones públicas del expediente, ya que no procedían los argumentos esgrimidos para no hacerlo, como la reserva del mismo o el que ya no lo tuviera tras enviarlo a un juzgado.
Pero en un documento fechado el 9 de marzo, entregado como respuesta a una solicitud hecha por este reportero, la PGR otra vez rechazó entregar los datos solicitados en torno a los peritajes practicados.
“El 29 de octubre del 2014 el Agente del Ministerio Público (…) ejerció acción penal ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, estado de México, remitiendo la averiguación previa con su respectivo pliego de consignación en original y duplicado, sin que haya dejado copia en sus archivos” señaló la Procuraduría en el oficio sin firma.
La averiguación y el pliego de consignación que la PGR dice ya no tener, son nada más y nada menos los expedientes en donde se encuentras enumeradas y asentadas todas las pruebas con las que fueron consignados once militares por los hechos ocurridos en Tlatlaya, aunque solo tres de ellos acusados de homicidio.
Para dar esta respuesta, la PGR había solicitado una ampliación al periodo original de 20 días que marca la ley con el objetivo, según dijo la misma dependencia, de realizar una búsqueda “minuciosa y exhaustiva” de la información requerida.
En el documento entregado tras ese periodo, la dependencia señaló que turnó directamente la petición de información a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizado (SEIDO) que a su vez solicitó los datos a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de Fuego, en donde contestaron que ya no tienen nada.
A diferencia de solicitudes de otra naturaleza, la Procuraduría no reportó que se hubiera hecho una búsqueda en otras áreas como la fiscalía de procesos o la de delitos cometidos por servidores públicos.
Aunque la PGR tiene un Comité de Información responsable de verificar la legalidad y justificación de las respuestas que dan las distintas áreas a solicitudes de transparencia, como ocurre en otras dependencias, en el documento entregado se reconoce que el mismo no fue consultado bajo el argumento de que la SEIDO “no está sujeta a la autoridad de ese comité” como señala el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
El “no” reiterado
A finales de octubre del año pasado, la PGR consignó ante un juez la averiguación relacionada con la ejecución extrajudicial de civiles a manos de soldados, ocurrida el 30 de junio del 2014 en la localidad San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya.
Los principales acusados fueron tres soldados del 102 batallón de Infantería, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, a los que se les imputó homicidio. El único mando involucrado, según la procuraduría, fue el teniente Ezequiel Rodríguez, procesado por encubrimiento.
A partir de ese anuncio, la PGR recibió una solicitud de transparencia para que se dieran a conocer los peritajes del caso, pero se negó a hacerlo argumentando que el expediente estaba reservado por doce años.
Tras los recursos de revisión, el 14 de enero de este año el IFAI señaló públicamente que la Procuraduría debería dar a conocer una versión pública del expediente luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos clasificó el caso como de graves violaciones a los derechos humanos, lo que anula la imposición de la reserva.
En febrero la PGR volvió a rechazar nuevas solicitudes para conocer detalles del expediente, pero ahora se justificó diciendo que el caso ya no lo tenía porque había sido consignado. Los comisionados del IFAI, Oscar Guerra y Areli Cano, le insistieron nuevamente a la Procuraduría para que proporcionar una versión pública del expediente y no actuara de forma negligente, lo que no ha hecho hasta ahora.
La PGR no solo le ha negado la información a los ciudadanos y medios de comunicación. La diputada Margarita Elena Tapia, coordinadora de la comisión especial para la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya en Cámara de Diputados, reveló que tampoco les proporcionaron datos.
La legisladora dijo en una entrevista radiofónica que el argumento que les ha dado la PGR es que el caso está en curso. Este planteamiento es contrario a lo que ha expuesto en las solicitudes de transparencia respecto a que es un caso cerrado y envido a los juzgados.
Potencia en opacidad
En 2014 el IFAI dio a conocer las diez dependencias de toda la administración federal que tienen el dudoso honor de liderar el mayor número de quejas por la falta de respuesta a solicitudes de transparencia. La PGR, con más de mil 800 quejas hasta febrero de ese año, ocupaba el cuarto sitio, solo superada por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Función Pública, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La entonces comisionada Jacqueline Peschard señaló que la Procuraduría era una de las dependencias en donde se “habían encontrado problemas” para transparentar la información requerida por los ciudadanos en general.
En un lapso de siete años, el IFAI reportó que presentó ante la Función Pública casi 40 denuncias en contra de funcionarios de la misma Procuraduría que de plano no acataron las resoluciones del pleno y continuaron negando la información solicitada. Dicha cantidad fue muy superior al segundo sitio que ocupó la Policía federal con seis denuncias.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
La Procuraduría General de la República (PGR) negó transparentar la investigación realizada por el homicidio de 22 personas a manos de militares en Tlatlaya, Estado de México, ahora con el argumento de que, tras una búsqueda “minuciosa y exhaustiva”, no encontró una copia de la averiguación que consignó.
En dos ocasiones este año, el 14 de enero y el 24 de febrero, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) había advertido a la Procuraduría que estaba obligada a entregar versiones públicas del expediente, ya que no procedían los argumentos esgrimidos para no hacerlo, como la reserva del mismo o el que ya no lo tuviera tras enviarlo a un juzgado.
Pero en un documento fechado el 9 de marzo, entregado como respuesta a una solicitud hecha por este reportero, la PGR otra vez rechazó entregar los datos solicitados en torno a los peritajes practicados.
“El 29 de octubre del 2014 el Agente del Ministerio Público (…) ejerció acción penal ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, estado de México, remitiendo la averiguación previa con su respectivo pliego de consignación en original y duplicado, sin que haya dejado copia en sus archivos” señaló la Procuraduría en el oficio sin firma.
La averiguación y el pliego de consignación que la PGR dice ya no tener, son nada más y nada menos los expedientes en donde se encuentras enumeradas y asentadas todas las pruebas con las que fueron consignados once militares por los hechos ocurridos en Tlatlaya, aunque solo tres de ellos acusados de homicidio.
Para dar esta respuesta, la PGR había solicitado una ampliación al periodo original de 20 días que marca la ley con el objetivo, según dijo la misma dependencia, de realizar una búsqueda “minuciosa y exhaustiva” de la información requerida.
En el documento entregado tras ese periodo, la dependencia señaló que turnó directamente la petición de información a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizado (SEIDO) que a su vez solicitó los datos a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de Fuego, en donde contestaron que ya no tienen nada.
A diferencia de solicitudes de otra naturaleza, la Procuraduría no reportó que se hubiera hecho una búsqueda en otras áreas como la fiscalía de procesos o la de delitos cometidos por servidores públicos.
Aunque la PGR tiene un Comité de Información responsable de verificar la legalidad y justificación de las respuestas que dan las distintas áreas a solicitudes de transparencia, como ocurre en otras dependencias, en el documento entregado se reconoce que el mismo no fue consultado bajo el argumento de que la SEIDO “no está sujeta a la autoridad de ese comité” como señala el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
El “no” reiterado
A finales de octubre del año pasado, la PGR consignó ante un juez la averiguación relacionada con la ejecución extrajudicial de civiles a manos de soldados, ocurrida el 30 de junio del 2014 en la localidad San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya.
Los principales acusados fueron tres soldados del 102 batallón de Infantería, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, a los que se les imputó homicidio. El único mando involucrado, según la procuraduría, fue el teniente Ezequiel Rodríguez, procesado por encubrimiento.
A partir de ese anuncio, la PGR recibió una solicitud de transparencia para que se dieran a conocer los peritajes del caso, pero se negó a hacerlo argumentando que el expediente estaba reservado por doce años.
Tras los recursos de revisión, el 14 de enero de este año el IFAI señaló públicamente que la Procuraduría debería dar a conocer una versión pública del expediente luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos clasificó el caso como de graves violaciones a los derechos humanos, lo que anula la imposición de la reserva.
En febrero la PGR volvió a rechazar nuevas solicitudes para conocer detalles del expediente, pero ahora se justificó diciendo que el caso ya no lo tenía porque había sido consignado. Los comisionados del IFAI, Oscar Guerra y Areli Cano, le insistieron nuevamente a la Procuraduría para que proporcionar una versión pública del expediente y no actuara de forma negligente, lo que no ha hecho hasta ahora.
La PGR no solo le ha negado la información a los ciudadanos y medios de comunicación. La diputada Margarita Elena Tapia, coordinadora de la comisión especial para la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya en Cámara de Diputados, reveló que tampoco les proporcionaron datos.
La legisladora dijo en una entrevista radiofónica que el argumento que les ha dado la PGR es que el caso está en curso. Este planteamiento es contrario a lo que ha expuesto en las solicitudes de transparencia respecto a que es un caso cerrado y envido a los juzgados.
Potencia en opacidad
En 2014 el IFAI dio a conocer las diez dependencias de toda la administración federal que tienen el dudoso honor de liderar el mayor número de quejas por la falta de respuesta a solicitudes de transparencia. La PGR, con más de mil 800 quejas hasta febrero de ese año, ocupaba el cuarto sitio, solo superada por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Función Pública, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La entonces comisionada Jacqueline Peschard señaló que la Procuraduría era una de las dependencias en donde se “habían encontrado problemas” para transparentar la información requerida por los ciudadanos en general.
En un lapso de siete años, el IFAI reportó que presentó ante la Función Pública casi 40 denuncias en contra de funcionarios de la misma Procuraduría que de plano no acataron las resoluciones del pleno y continuaron negando la información solicitada. Dicha cantidad fue muy superior al segundo sitio que ocupó la Policía federal con seis denuncias.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
Posturas de Javier Corral y Mario Delgado sobre el caso MVS
Se reproduce un fragmento de la columna del senador del PAN, Javier Corral, publicada originalmente en el diario El Universal:
Vendaval autoritario
“Durante la campaña electoral de 2012 se colocó -frente al inminente regreso del PRI a la Presidencia de la República-, la advertencia de que tal retorno significaría una regresión autoritaria. Pero entonces, si se nos hubiera pronosticado lo que está sucediendo ahora, no hubiéramos dado crédito. Porque lo que se vive es un vuelco muchos años atrás. Se conjugó el viejo estilo priísta de control y cooptación desde el poder, con una estela de corrupción que alcanzó al Presidente de la República y varios de sus principales colaboradores. Enredados en el escándalo a muy temprana hora del nuevo gobierno, no han escatimado formas y prácticas de falsificación, intimidación, represión.
La división de poderes que era uno de los frutos más tangibles de la alternancia, pronto se nos ha ido desdibujando hacia una dinámica que restablece el sometimiento al Presidente. El Congreso le da todo lo que pida y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni chista cuando éste pone a su compadre de ministro. El Ministerio Público se aleja como nunca del ideal de la autonomía y la independencia para la persecución de los delitos. La libertad de expresión que, con bemoles, había venido conquistando mayores espacios, es ultrajada con carretadas de dinero y abiertos chantajes a propietarios de periódicos y concesionarios de radiodifusión. La protesta en la calle pretende ser desanimada con porros oficiales, y criminalizada aquella que resiste las provocaciones. Volvieron las auditorías para críticos y adversarios. Y la televisión, como en la mejor época de los soldados del presidente, es el instrumento para distraer, amagar, falsificar, intimidar.
El despido de Carmen Aristegui de su programa de radio en MVS Noticias es un golpe más de ese vendaval de regresiones. Dispuestos a continuar el sexenio con el carro abollado por los escándalos de corrupción de las casas de Higa, el encubrimiento al Ejército por los fusilamientos de Tlatlaya, y la farsa de explicación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el gobierno se acoraza en la impunidad. Para que la única voz que los exhibía en esa dimensión cínica no siga lastimando la imagen del gobierno, se decidió censurarla. Pagar el costo ahora y no durante los siguientes tres años y medio que restan, no sólo para evitar escuchar la exigencia reiterada de respuestas a los casos denunciados, sino ante la inminencia de nuevas revelaciones.
Carmen Aristegui ha sido una excepción en el sistema de medios de comunicación electrónicos que operan bajo concesión. Estructurada y habilidosa, ha realizado uno de los más informados ejercicios críticos del poder, lo que la volvió invencible en el cuadrante. Pero también conquistó en el camino uno de los contratos de prestación de servicios profesionales mejor blindados para la causa que la define y da sentido a su vida: la libertad. A prueba de balas para la censura previa y la intromisión indebida, convino para sí la facultad exclusiva de determinar los contenidos e informaciones que transmitía en su programa; titular, directora, conductora, responsable única de lo que se decía y no se decía, permanecía por casi seis años como excentricidad en el mundo de adocenamientos, servidumbres y acomodamientos de muchos periodistas en su relación con la empresa y el poder. Pero un contrato así era ya insostenible, porque ese ideal se cumple sólo cuando los propios periodistas son dueños de sus medios, y a veces ni así. Mucho menos en una época de regresión como la que vive nuestra maltrecha República. En el nuevo priato, ese modelo de contrato no puede, no debe existir…”.
En tanto, este es el comunicado difundido este miércoles por el senador ex perredista Mario Delgado:
B Delgado IMER 180315 by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Vendaval autoritario
“Durante la campaña electoral de 2012 se colocó -frente al inminente regreso del PRI a la Presidencia de la República-, la advertencia de que tal retorno significaría una regresión autoritaria. Pero entonces, si se nos hubiera pronosticado lo que está sucediendo ahora, no hubiéramos dado crédito. Porque lo que se vive es un vuelco muchos años atrás. Se conjugó el viejo estilo priísta de control y cooptación desde el poder, con una estela de corrupción que alcanzó al Presidente de la República y varios de sus principales colaboradores. Enredados en el escándalo a muy temprana hora del nuevo gobierno, no han escatimado formas y prácticas de falsificación, intimidación, represión.
La división de poderes que era uno de los frutos más tangibles de la alternancia, pronto se nos ha ido desdibujando hacia una dinámica que restablece el sometimiento al Presidente. El Congreso le da todo lo que pida y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni chista cuando éste pone a su compadre de ministro. El Ministerio Público se aleja como nunca del ideal de la autonomía y la independencia para la persecución de los delitos. La libertad de expresión que, con bemoles, había venido conquistando mayores espacios, es ultrajada con carretadas de dinero y abiertos chantajes a propietarios de periódicos y concesionarios de radiodifusión. La protesta en la calle pretende ser desanimada con porros oficiales, y criminalizada aquella que resiste las provocaciones. Volvieron las auditorías para críticos y adversarios. Y la televisión, como en la mejor época de los soldados del presidente, es el instrumento para distraer, amagar, falsificar, intimidar.
El despido de Carmen Aristegui de su programa de radio en MVS Noticias es un golpe más de ese vendaval de regresiones. Dispuestos a continuar el sexenio con el carro abollado por los escándalos de corrupción de las casas de Higa, el encubrimiento al Ejército por los fusilamientos de Tlatlaya, y la farsa de explicación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el gobierno se acoraza en la impunidad. Para que la única voz que los exhibía en esa dimensión cínica no siga lastimando la imagen del gobierno, se decidió censurarla. Pagar el costo ahora y no durante los siguientes tres años y medio que restan, no sólo para evitar escuchar la exigencia reiterada de respuestas a los casos denunciados, sino ante la inminencia de nuevas revelaciones.
Carmen Aristegui ha sido una excepción en el sistema de medios de comunicación electrónicos que operan bajo concesión. Estructurada y habilidosa, ha realizado uno de los más informados ejercicios críticos del poder, lo que la volvió invencible en el cuadrante. Pero también conquistó en el camino uno de los contratos de prestación de servicios profesionales mejor blindados para la causa que la define y da sentido a su vida: la libertad. A prueba de balas para la censura previa y la intromisión indebida, convino para sí la facultad exclusiva de determinar los contenidos e informaciones que transmitía en su programa; titular, directora, conductora, responsable única de lo que se decía y no se decía, permanecía por casi seis años como excentricidad en el mundo de adocenamientos, servidumbres y acomodamientos de muchos periodistas en su relación con la empresa y el poder. Pero un contrato así era ya insostenible, porque ese ideal se cumple sólo cuando los propios periodistas son dueños de sus medios, y a veces ni así. Mucho menos en una época de regresión como la que vive nuestra maltrecha República. En el nuevo priato, ese modelo de contrato no puede, no debe existir…”.
En tanto, este es el comunicado difundido este miércoles por el senador ex perredista Mario Delgado:
B Delgado IMER 180315 by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
“Son Los Pinos”
"Al eliminar a Carmen y a su equipo del cuadrante han lanzado una advertencia a quienes piensen en hablar claro", sentencia Aguayo.
Sergio Aguayo, académico y analista político, escribe este miércoles en el diario Reforma sobre el caso MVS-Aristegui.
Aguayo afirma que “mi hipótesis de trabajo es que el despido de Carmen Aristegui y su equipo de MVS -soy parte de él- fue orquestado y acordado entre la empresa y Los Pinos”.
Además señala que “en los medios de comunicación el prestigio se traduce -generalmente- en mayor flujo de caja. Porque MVS ganaba dinero con la independencia de Carmen y su equipo, resulta incomprensible cesar a dos de los periodistas que sacudieron al país en 2014 con la Casa Blanca”.
Aquí un fragmento de su colaboración, publicada este miércoles en Reforma:
Estaciono mi indignación para centrarme en comprender el por qué. Mi hipótesis de trabajo es que el despido de Carmen Aristegui y su equipo de MVS -soy parte de él- fue orquestado y acordado entre la empresa y Los Pinos.
Sabemos que la negociación entre Carmen y MVS encalló en la negativa de recontratar a Daniel Lizárraga e Irving Huerta. MVS dijo tener “razones suficientes” tras la “pérdida de nuestra confianza” pero nunca las explicitó. Sólo queda, como motivo, el error de los periodistas al usar las siglas MVS cuando anunciaron su participación en Méxicoleaks, una plataforma que protege el anonimato de quienes denuncien la corrupción. Se merecían una amonestación y procedía una rectificación pero es absurda la decisión desde una óptica empresarial.
En los medios de comunicación el prestigio se traduce -generalmente- en mayor flujo de caja. Porque MVS ganaba dinero con la independencia de Carmen y su equipo, resulta incomprensible cesar a dos de los periodistas que sacudieron al país en 2014 con la Casa Blanca. Es como si el Washington Post hubiera atendido las presiones del gobierno de Richard Nixon y despedido en 1973 a Bob Woodward y Carl Bernstein por investigar Watergate.
LINK: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=58570
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/ REFORMA.
AUTOR: SERGIO AGUAYO.
Sergio Aguayo, académico y analista político, escribe este miércoles en el diario Reforma sobre el caso MVS-Aristegui.
Aguayo afirma que “mi hipótesis de trabajo es que el despido de Carmen Aristegui y su equipo de MVS -soy parte de él- fue orquestado y acordado entre la empresa y Los Pinos”.
Además señala que “en los medios de comunicación el prestigio se traduce -generalmente- en mayor flujo de caja. Porque MVS ganaba dinero con la independencia de Carmen y su equipo, resulta incomprensible cesar a dos de los periodistas que sacudieron al país en 2014 con la Casa Blanca”.
Aquí un fragmento de su colaboración, publicada este miércoles en Reforma:
Estaciono mi indignación para centrarme en comprender el por qué. Mi hipótesis de trabajo es que el despido de Carmen Aristegui y su equipo de MVS -soy parte de él- fue orquestado y acordado entre la empresa y Los Pinos.
Sabemos que la negociación entre Carmen y MVS encalló en la negativa de recontratar a Daniel Lizárraga e Irving Huerta. MVS dijo tener “razones suficientes” tras la “pérdida de nuestra confianza” pero nunca las explicitó. Sólo queda, como motivo, el error de los periodistas al usar las siglas MVS cuando anunciaron su participación en Méxicoleaks, una plataforma que protege el anonimato de quienes denuncien la corrupción. Se merecían una amonestación y procedía una rectificación pero es absurda la decisión desde una óptica empresarial.
En los medios de comunicación el prestigio se traduce -generalmente- en mayor flujo de caja. Porque MVS ganaba dinero con la independencia de Carmen y su equipo, resulta incomprensible cesar a dos de los periodistas que sacudieron al país en 2014 con la Casa Blanca. Es como si el Washington Post hubiera atendido las presiones del gobierno de Richard Nixon y despedido en 1973 a Bob Woodward y Carl Bernstein por investigar Watergate.
LINK: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=58570
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/ REFORMA.
AUTOR: SERGIO AGUAYO.
Resurge el caso Monex: PAN y sus senadores piden investigar a Gabino Fraga
El coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera, calificó al caso Monex como un atraco a los mexicanos.
El caso Monex, insuficientemente investigado y sancionado según la oposición, se resiste a desaparecer.
La dirigencia nacional del PAN exigió que las autoridades mexicanas abran una investigación al empresario Gabino Fraga Peña, quien enfrenta un señalamiento por un presunto desvío de recursos a una cuenta bancaria suya en Madrid.
Gustavo Madero, dirigente de Acción Nacional (PAN), estimó que ese involucramiento de Fraga deja al descubierto que el caso Monex aún sigue abierto.
Por su parte, senadores del PAN exigieron este martes a las autoridades mexicanas profundizar en las investigaciones del caso Monex, luego de revelarse que autoridades españolas indagan a Gabino Fraga Peña, ex colaborador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, por posibles operaciones ilícitas.
El coordinador de los panistas, Fernando Herrera, calificó al caso Monex como un atraco a los mexicanos, y consideró que las averiguaciones realizadas en el extranjero ponen al descubierto un brazo más de la red financiera tejida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para financiar la campaña del 2012.
“Debe llegarse a sus últimas consecuencias. El PRI no actúa de manera legal y éste no es más que un ejemplo que se adiciona a la larga serie de conductas ilícitas con las cuales están acostumbrados a actuar los priistas”, dijo.
“Tiene que investigarse donde tenga que investigarse en México o en España. Hay que darle seguimiento a ese hilo conductor y tiene que seguir abierto el caso Monex, no es un tema que ya se haya olvidado”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, denunció que las autoridades mexicanas no han realizado una investigación exhaustiva sobre ese caso.
Gil consideró que, además de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Hacienda debe permanecer atenta a las indagatorias del Gobierno español.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El caso Monex, insuficientemente investigado y sancionado según la oposición, se resiste a desaparecer.
La dirigencia nacional del PAN exigió que las autoridades mexicanas abran una investigación al empresario Gabino Fraga Peña, quien enfrenta un señalamiento por un presunto desvío de recursos a una cuenta bancaria suya en Madrid.
Gustavo Madero, dirigente de Acción Nacional (PAN), estimó que ese involucramiento de Fraga deja al descubierto que el caso Monex aún sigue abierto.
Por su parte, senadores del PAN exigieron este martes a las autoridades mexicanas profundizar en las investigaciones del caso Monex, luego de revelarse que autoridades españolas indagan a Gabino Fraga Peña, ex colaborador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, por posibles operaciones ilícitas.
El coordinador de los panistas, Fernando Herrera, calificó al caso Monex como un atraco a los mexicanos, y consideró que las averiguaciones realizadas en el extranjero ponen al descubierto un brazo más de la red financiera tejida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para financiar la campaña del 2012.
“Debe llegarse a sus últimas consecuencias. El PRI no actúa de manera legal y éste no es más que un ejemplo que se adiciona a la larga serie de conductas ilícitas con las cuales están acostumbrados a actuar los priistas”, dijo.
“Tiene que investigarse donde tenga que investigarse en México o en España. Hay que darle seguimiento a ese hilo conductor y tiene que seguir abierto el caso Monex, no es un tema que ya se haya olvidado”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, denunció que las autoridades mexicanas no han realizado una investigación exhaustiva sobre ese caso.
Gil consideró que, además de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Hacienda debe permanecer atenta a las indagatorias del Gobierno español.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Aprobación del gobierno de Peña, menor que la de Calderón y Fox, según GEA-ISA
El nivel de aceptación del presidente Peña Nieto subió en el primer trimestre de este año; sin embargo, los exmandatarios panistas contaban con un porcentaje de aprobación mayor en el mismo punto de sus administraciones.
A pesar de que la aprobación del presidente Enrique Peña Nieto mejoró tres puntos porcentuales, al pasar de 41 a 44% durante el primer trimestre de este año, su nivel de aceptación es inferior al que tuvieron los exmandatarios Felipe Calderón y Vicente Fox en el mismo punto de sus administraciones.
Así lo revela la Primera Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana 2015, de GEA:ISA, que señala que la aprobación del presidente (44%) es dos puntos porcentuales menor a la que se reportó durante el primer trimestre del tercer año de gobierno del expresidente Vicente Fox y 10% menor a la que registraba Calderón.
Tres de cada 10 personas encuestadas, 33%, respondió que la labor del presidente Peña Nieto es mejor que la de los dos exmandatarios del Partido Acción Nacional (PAN), mientras que 23% respondió que el trabajo del actual titular del Ejecutivo es peor que sus dos antecesores.
La encuesta de GEA-ISA establece que el presidente no ha tenido un acierto que destaque, puesto que 34.9% de los mexicanos piensa que el actual gobierno no ha tenido ningún logro, mientras que 12.3% de las personas respondió que la mejora de la educación es el mayor acierto de esta administración.
De acuerdo con la encuesta, los temas relacionados con el combate a la pobreza deberían ser prioridad para el gobierno, ya que 27% de los mexicanos considera que el combate a la pobreza es el aspecto más urgente que se debe cambiar, 25% señaló que urge reducir el desempleo y 20% dijo que la mejora salarial es necesaria.
Al responder la pregunta: ¿Usted diría que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho más o menos de lo que usted esperaba?, 46% dijo que ha hecho lo que esperaba, 30% menos de lo que esperaba y 21% más de lo que esperaba.
En este contexto, 49% de los mexicanos se sienten optimistas con respecto a lo que le espera al país en lo que resta de la actual administración, mientras que 41% opina lo contrario.
Al hablar sobre el desempeño del gabinete del presidente Enrique Peña nieto, 41% de las personas aprobó su trabajo, cifra que muestra una mejoría de tres puntos porcentuales en comparación con el último trimestre del año pasado.
La Primera Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana 2015 indica que el nivel de confianza de la ciudadanía hacia los sindicatos, juzgados, partidos, los gobiernos federal y estatal, las televisoras, los bancos, las policías y los institutos electorales es baja.
Sólo 15% de los encuestados confía en los institutos electorales, 13% respondió en el mismo sentido sobre las policías, 12% tiene confianza en los gobiernos estatales y 9% en el federal, mientras que 10% de los encuestados cree en las televisoras y en los bancos.
Al analizar la imagen de los partidos y las preferencias electorales, la encuesta indica que el Revolucionario Institucional (PRI) se mantiene en primer lugar con 33% de intención efectiva de voto, pero su ventaja con respecto al segundo lugar, el Partido Acción Nacional (PAN), se ha reducido.
Además, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) aparece en tercer lugar con 14% de la intención efectiva de voto, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aparece en cuarto sitio con 9%, mientras que los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano cuentan con 1 y 2%, respectivamente.
Consulta de la encuesta íntegra:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
A pesar de que la aprobación del presidente Enrique Peña Nieto mejoró tres puntos porcentuales, al pasar de 41 a 44% durante el primer trimestre de este año, su nivel de aceptación es inferior al que tuvieron los exmandatarios Felipe Calderón y Vicente Fox en el mismo punto de sus administraciones.
Así lo revela la Primera Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana 2015, de GEA:ISA, que señala que la aprobación del presidente (44%) es dos puntos porcentuales menor a la que se reportó durante el primer trimestre del tercer año de gobierno del expresidente Vicente Fox y 10% menor a la que registraba Calderón.
Tres de cada 10 personas encuestadas, 33%, respondió que la labor del presidente Peña Nieto es mejor que la de los dos exmandatarios del Partido Acción Nacional (PAN), mientras que 23% respondió que el trabajo del actual titular del Ejecutivo es peor que sus dos antecesores.
La encuesta de GEA-ISA establece que el presidente no ha tenido un acierto que destaque, puesto que 34.9% de los mexicanos piensa que el actual gobierno no ha tenido ningún logro, mientras que 12.3% de las personas respondió que la mejora de la educación es el mayor acierto de esta administración.
De acuerdo con la encuesta, los temas relacionados con el combate a la pobreza deberían ser prioridad para el gobierno, ya que 27% de los mexicanos considera que el combate a la pobreza es el aspecto más urgente que se debe cambiar, 25% señaló que urge reducir el desempleo y 20% dijo que la mejora salarial es necesaria.
Al responder la pregunta: ¿Usted diría que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho más o menos de lo que usted esperaba?, 46% dijo que ha hecho lo que esperaba, 30% menos de lo que esperaba y 21% más de lo que esperaba.
En este contexto, 49% de los mexicanos se sienten optimistas con respecto a lo que le espera al país en lo que resta de la actual administración, mientras que 41% opina lo contrario.
Al hablar sobre el desempeño del gabinete del presidente Enrique Peña nieto, 41% de las personas aprobó su trabajo, cifra que muestra una mejoría de tres puntos porcentuales en comparación con el último trimestre del año pasado.
La Primera Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana 2015 indica que el nivel de confianza de la ciudadanía hacia los sindicatos, juzgados, partidos, los gobiernos federal y estatal, las televisoras, los bancos, las policías y los institutos electorales es baja.
Sólo 15% de los encuestados confía en los institutos electorales, 13% respondió en el mismo sentido sobre las policías, 12% tiene confianza en los gobiernos estatales y 9% en el federal, mientras que 10% de los encuestados cree en las televisoras y en los bancos.
Al analizar la imagen de los partidos y las preferencias electorales, la encuesta indica que el Revolucionario Institucional (PRI) se mantiene en primer lugar con 33% de intención efectiva de voto, pero su ventaja con respecto al segundo lugar, el Partido Acción Nacional (PAN), se ha reducido.
Además, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) aparece en tercer lugar con 14% de la intención efectiva de voto, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aparece en cuarto sitio con 9%, mientras que los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano cuentan con 1 y 2%, respectivamente.
Consulta de la encuesta íntegra:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Contratista de Peña no obtuvo ganancias por venta de casa a Videgaray, revela el WSJ
Según el diario estadounidense, esto socava los dichos del secretario de Hacienda acerca de que la transacción se realizó exclusivamente por interés comercial.
H&G, filial de Grupo Higa, no obtuvo ganancias por la venta de una casa en Malinalco al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, lo que socava los dichos del funcionario acerca de que la transacción se realizó a precios del mercado, publica el The Wall Street Journal.
Registros revisados por el diario estadounidense revelan que Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa, empresa contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto, vendió la casa a Videgaray en octubre de 2012 al mismo precio en que la empresa de Hinojosa la adquirió 10 meses antes, es decir, el valor de la propiedad no fue ajustado a la inflación.
En diciembre de 2014, el WSJ publicó que Luis Videgaray, compró una casa en Malinalco, Estado de México, a la empresa Bienes Raíces H&G SA, propiedad de Juan Armando Hinojosa, dueño de compañías que se beneficiaron con varios contratos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en dicha entidad.
De acuerdo con The Wall Street Journal, Videgaray liquidó el préstamo el 31 de enero de 2014, cuando ya era secretario de Hacienda.
“No hay conflicto de interés, Hice el trato cuando no tenía ningún cargo público y el trato se realizó de acuerdo con parámetros del mercado”, señaló Videgaray en respuesta al diario estadounidense.
Un día después de esta revelación, el funcionario federal dijo a Carmen Aristegui en la Primera Emisión de Noticias MVS que estaba dispuesto a que una autoridad independiente al gobierno federal investigara la compra de esta casa.
En febrero de 2015, datos del Banco de México revelaron que Videgaray pagó una tasa de interés preferencial al comprar su casa en Malinalco, puesto que su tasa fue de 5.31%, cuando la banca nacional ofrecía un promedio de 12.17% en el año 2012.
Si se compara lo que Videgaray habría pagado con la tasa promedio con la que tuvo, se puede observar el titular de la SHCP se ahorró 56.6% en el pago de intereses.
Durante los 15 meses en los que Videgaray pagó su hipoteca a una tasa de 5.31%, el funcionario gastó 494 mil 535 pesos, mientras que si hubiera pagado la tasa de 12.17% habría pagado un millón 145 mil 412 pesos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
H&G, filial de Grupo Higa, no obtuvo ganancias por la venta de una casa en Malinalco al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, lo que socava los dichos del funcionario acerca de que la transacción se realizó a precios del mercado, publica el The Wall Street Journal.
Registros revisados por el diario estadounidense revelan que Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa, empresa contratista del gobierno de Enrique Peña Nieto, vendió la casa a Videgaray en octubre de 2012 al mismo precio en que la empresa de Hinojosa la adquirió 10 meses antes, es decir, el valor de la propiedad no fue ajustado a la inflación.
En diciembre de 2014, el WSJ publicó que Luis Videgaray, compró una casa en Malinalco, Estado de México, a la empresa Bienes Raíces H&G SA, propiedad de Juan Armando Hinojosa, dueño de compañías que se beneficiaron con varios contratos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en dicha entidad.
De acuerdo con The Wall Street Journal, Videgaray liquidó el préstamo el 31 de enero de 2014, cuando ya era secretario de Hacienda.
“No hay conflicto de interés, Hice el trato cuando no tenía ningún cargo público y el trato se realizó de acuerdo con parámetros del mercado”, señaló Videgaray en respuesta al diario estadounidense.
Un día después de esta revelación, el funcionario federal dijo a Carmen Aristegui en la Primera Emisión de Noticias MVS que estaba dispuesto a que una autoridad independiente al gobierno federal investigara la compra de esta casa.
En febrero de 2015, datos del Banco de México revelaron que Videgaray pagó una tasa de interés preferencial al comprar su casa en Malinalco, puesto que su tasa fue de 5.31%, cuando la banca nacional ofrecía un promedio de 12.17% en el año 2012.
Si se compara lo que Videgaray habría pagado con la tasa promedio con la que tuvo, se puede observar el titular de la SHCP se ahorró 56.6% en el pago de intereses.
Durante los 15 meses en los que Videgaray pagó su hipoteca a una tasa de 5.31%, el funcionario gastó 494 mil 535 pesos, mientras que si hubiera pagado la tasa de 12.17% habría pagado un millón 145 mil 412 pesos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
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