miércoles, 25 de marzo de 2015

¿Y la presunción de inocencia?

La Policía de Monterrey reprueba en la aplicación de la justicia con el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Un video en poder de Reporte Indigo evidencia que los uniformados echan abajo este nuevo esquema, y que hay fallas en la detención de un sospechoso en un delito del fuero común.

Y es que actuaron a la “antigüita” en un reporte de robo en una sucursal de una tienda departamental.

Dos policías regios arrestaron a Grace Elizabeth Alonso Andrade, empleada de la tienda, quien fue acusada por el gerente porque supuestamente robó varios celulares.

Sin ninguna prueba contra la mujer,  los uniformados actuaron sólo de “dichos” del encargado del comercio, identificado por la trabajadora como Joel Alejandro Díaz Quintanar.

Incluso, los uniformados hombres sometieron a la empleada, contradiciendo  los reglamentos de Derechos Humanos, que dictan debe ser un elemento del sexo femenino el que actúe en el arresto corporal de una mujer.

La mujer policía puede esposar, revisar y subir a una patrulla a la detenida, sólo en caso de que tenga pruebas suficientes del delito.

En la videograbación se observa a los policías sacando sometida a la empleada del Centro de Distribución de Coppel, ubicado sobre la calle Julián Villagrán, número 2802, colonia Bella Vista, en Monterrey.

Asustada y llorando, la empleada fue subida por los policías a la patrulla.

Los elementos jamás justificaron la detención, e incluso nunca entró a las celdas del cuartel de la Policía de Monterrey, conocido como “Alamey”.

 “Subieron a mi prima y al guardia (a la patrulla), según para que fueran a declarar a la Alamey, y la verdad ni siquiera entró a las celdas mi prima”, explicó Yéssica Andrade Castillo, familiar de la afectada.

“Sólo se la llevaron para asustarla. Y la dejaron en la esquina de un Seven Eleven”, agregó.

Explicó que el problema se originó porque personal de la empresa se había dado cuenta de un faltante de celulares.

Joel Alejandro Díaz Quintanar, gerente de esa sucursal, hizo una reunión con las personas que laboraban en el departamento de entrega y salida de mercancía.

“Y les dijo que había un ratero entre ellos. Y que iba a empezar a sacar de uno por uno, el que se quedara al final ése iba a ser el ratero. Pues a mi prima fue a la que dejó al último, pero una de sus compañeras nos avisó que la Policía estaba esperando a mi prima afuera de su lugar de trabajo”, explicó Castillo.

Añadió que en la sucursal de esta tienda existen cámaras de vigilancia, pero los videos no fueron presentados ante la autoridad.

El familiar de la víctima  solicitó los videos, pero no se los mostraron.

Sin pruebas no hay delito

Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de Renace, explicó que las policías municipales tendrán que estar bien preparadas para poder detener a una persona.

“Los policías deben cuestionar a la persona que acusa,  sobre dónde está la pruebas del robo, eso no quiere decir que se acabe la investigación, puede seguir la investigación y si hay pruebas se le acusa del delito

“Se puede acusar, pero si en ese momento (… ) la víctima le dice ‘y dónde está lo que me robé’, y si en ese momento no hay un producto de robo, lo único que puede pasar es que tendrá que citarla en alguna agencia, siempre y cuando haya pruebas donde se le pueda imputar el delito”, dijo Sánchez Bocanegra.      

Toda prueba tendrá que tener un sustento, esto para poder imputar un delito hacia un civil.

“Las pruebas pueden ser por testimoniales y apoyados por pruebas científicas. 

“Y la detención  (en el caso de la tienda) fue inadecuada, porque si hay denuncia se va con el juez de control para que verifique si hay una participación de la mujer en el robo.

“Si no hay pruebas, el juez debe determinar que ahí se acaba el proceso”, explicó el director de Renace.

Añadió que el tiempo en el proceso de un delito es fundamental

“El policía tiene la obligación de llevar a la persona al Ministerio Público y en el tiempo esperado. En un lapso de 15 a 20 minutos, y si se tarda más de ese tiempo no procede”, concluyó Bocanegra

Todas las policías preparadas

La Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal (Sijupe) informó que el 100 por ciento de los policías municipales y estatales habrían completado un curso introductorio al nuevo sistema.

La comisión dijo que pasar del sistema tradicional al nuevo implicó dividir el trabajo en fases en las áreas de personal, espacios, equipo, tecnología, capacitación y difusión.

En Nuevo León, dijo la comisión, se ha invertido 1 millón 100 mil pesos para su aplicación, y se ha capacitado con un curso básico a todos los policías de la entidad.

No obstante, en el caso de la empleada, los policías regiosno aplicaron el nuevo código penal.

Pese a que se solicitaba una justificación para la detención de la trabajadora de la tienda, los uniformados nunca la mostraron ante el Ministerio Público.

El Congreso local aprobó en noviembre del 2012 las reformas en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, que se basa por la presunción de inocencia.

“El pleno  del Congreso aprobó por unanimidad reformas al Código Penal, Código Procesal Penal”, anunció el exdiputado priista y ahora candidato a la alcaldía de Guadalupe,  Francisco Cienfuegos.

En la reforma, el principio de presunción de inocencia es aquel conforme el cual toda persona debe considerarse y tratarse como inocente hasta en tanto no se demuestre lo contrario.


El abogado Roberto Flores subió a las redes sociales otro video en el que se aprecia a elementos de la  Policía de Monterrey, actuando sin tener una prueba que justifique la detención de un auto.

Aparentemente, el oficial acusó a Flores de circular a alta velocidad, motivo por el cual ameritaba una revisión de su vehículo.

“Mandar a la Policía regia. Y al departamento deTránsito a que revisen mi camioneta, y resulta que no se atrevieron ni siquiera a tocarla, ¡no se atrevieron a inspeccionar nada! Cuatro patrullas para detenerme rumbo a mi oficina”, expresó el abogado en su cuenta de Facebook.

Código Procesal Penal para el estado de Nuevo León

La Policía es el primer eslabón de la cadena del proceso del sistema penal acusatorio:

Artículo 6. Presunción de inocencia.

Toda persona se presume inocente en todas las etapas del proceso, mientras no se declare su responsabilidad en sentencia firme conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de duda debe absolverse al imputado.

Artículo 22. Legalidad de la prueba.

Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos y producidos por medios lícitos  e incorporados al proceso del modo que autoriza este Código.

No tendrá valor la prueba obtenida mediante violación de los derechos fundamentales de las personas.

Artículo 23. Valoración de la prueba.

Las pruebas serán valoradas por los Juzgadores según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos afianzados y las máximas de la experiencia.

Artículo 127. Reglas generales.

Toda persona que acuda al lugar del hecho delictuoso, tiene obligación de preservar la escena del crimen y permitir que el Ministerio Público y la Policía se encarguen de la investigación y de no hacerlo se hará acreedor a las sanciones que establece el Código Penal para el Estado de Nuevo León.

Artículo 128. Función de los cuerpos de seguridad pública.

Los integrantes de los cuerpos de seguridad pública distintos a la Policía Ministerial recabarán la información necesaria de los hechos delictuosos de que tengan noticia, dando inmediato aviso al Ministerio Público y sin que ello implique la realización de actos de molestia; teniendo como función:

I. Impedir que los hechos se lleven a consecuencias ulteriores;

II. Detener en flagrancia a quien realice un hecho que pueda constituir un delito;

III. Identificar, detener o aprehender  por mandamiento ministerial o judicial a los imputados.


Cuando los cuerpos de seguridad pública mencionados sean los primeros en conocer de un hecho delictuoso deberán ejercer las facultades previstas en el artículo 129 fracciones I, III, IV, V, VIII y IX de este Código, hasta que el Ministerio Público o la Policía Ministerial intervengan, debiendo informarles de lo actuado y entregarles los instrumentos, objetos y evidencias materiales que hayan asegurado. De todo lo actuado deberán elaborar un parte informativo.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.

Minutas a descongelar

El Congreso retomará esta semana la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Transparencia; líderes aseguran que hay voluntad para agilizar su aprobación.

El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno, afirmó ayer que existe compromiso y voluntad de los grupos legislativos para agilizar la discusión de las minutas de la ley de transparencia y del sistema nacional anticorrupción.

Agregó que se prevé una reunión con el senador Luis Miguel Barbosa Huerta el próximo viernes, para aprobarlas lo antes posible.

“Vamos a tratar de que ese encuentro sea público, cordial y, sobre todo, tratar de empatar los temas, que no haya una imagen o mensaje de que no hay coordinación, porque muchos de estos temas son un trabajo bicamaral”, puntualizó sobre la ley general de transparencia y de información pública.

Moreno Rivera dijo que está previsto que la Comisión de Gobernación se declare en sesión permanente hoy para analizarla y elaborar el dictamen.

“Esta ley se turnó con la intención de que tenga mayor agilidad y por la importancia del tema, a la Comisión de Gobernación para dictamen, con opinión de la Comisión de Transparencia, y estamos apostando porque no se retrase”, explicó.

El legislador añadió que ambas comisiones determinarán la ruta a seguir. “En congruencia, los diputados le darán la prioridad que tiene y estoy seguro de que van a hacer que esta ley camine inmediatamente”.

Por separado, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Francisco Arroyo Vieyra, sostuvo que las fracciones legislativas tienen la intención de dar todas las facilidades para que salga cuanto antes la minuta del Senado sobre la ley general de transparencia y de información pública.

“Las instrucciones que yo tengo, como parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es dar todas las facilidades para que esto salga cuanto antes, porque sabemos que es una exigencia de la sociedad y que le conviene a México”, indicó.


En tanto, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, señaló que la ley general de transparencia y de información pública, así como la creación del sistema nacional anticorrupción, son dos reformas que pueden salir adelante antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, es decir el 30 de abril.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Indígenas de Zacualpan se amparan contra concesiones mineras

COLIMA, Col: La comunidad indígena de Zacualpan interpuso hoy un juicio de amparo contra la emisión y otorgamiento de las concesiones mineras 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, ubicados en su territorio, por considerar que resultan violatorias de los derechos humanos de los habitantes de esta población.

Turnada a la Mesa 2 del Juzgado Primero de Distrito con el número de expediente 458/2015, la demanda de amparo –un legajo de 104 páginas– señala que la emisión de esas concesiones vulnera los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

En nombre de la comunidad, la petición del amparo fue presentada por la mesa directiva de Bienes Comunales encabezada por Taurino Rincón Lorenzo; el Consejo de Vigilancia, presidido por Conrado Carpio Hernández, y por integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y la Asamblea por Usos y Costumbres.

La concesión correspondiente al lote Tigrilla, con una superficie de 90.448 hectáreas, tiene como titular a Mario Carlos Moncada Cantú y fue otorgada en 2006, en tanto que la concesión del lote Heliotropo, con una superficie de 100 hectáreas, fue otorgada en 1995 a Adolfo Pineda Martínez.

Con la asesoría jurídica de Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy, del Colectivo de Abogados de Jalisco, los representantes de la comunidad de Zacualpan argumentaron que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera, “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”.

Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.

En ese mismo sentido, sustentaron su reclamo en el artículo 6º de ese convenio y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que también se refieren a la obligación de consultar a los pueblos antes de cualquier medida que los afecte.

Manifestaron que en las reuniones sostenidas con autoridades federales, durante la visita de la Misión Civil Nacional e Internacional de observación al Caso Zacualpan, se percataron de que las concesiones que se entregaron a empresas mineras y que afectan sus derechos territoriales se encuentran vigentes, por lo que decidieron emprender acciones legales “para lograr que sean canceladas y se declaren nulas por ser inconstitucionales”.

En el texto de la demanda, los representantes de Zacualpan argumentaron que son inconstitucionales los artículos 15 y 19 de la Ley Minera, pues el primero señala un plazo de 50 años de duración de las concesiones, prorrogables por otro periodo similar, lo que “viola los artículos 2 y 27 de la Constitución, ya que de forma por demás desproporcionada impide a las autoridades cumplir con el deber constitucional de proteger las tierras indígenas”, además de que “viola los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales, en la medida en que impide que los principios constitucionales de rectoría estatal de la economía sean aplicados en beneficio sin discriminación”.

Ese artículo también “conculca los artículos 6, 13, 15 y 17 del Convenio 169 de la OIT y 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues también de un modo desproporcionado impide que las autoridades del Estado Mexicano cumplan con su deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos a la consulta y al territorio, de los cuales son titulares los pueblos y las comunidades indígenas”.

En relación Al artículo 19 de la Ley Minera, los quejosos sustentaron su inconstitucionalidad en el hecho de que al otorgarse al tercero la concesión, se establece a su favor “un inédito derecho a la expropiación”, situación que “contraviene lo dispuesto en los artículos 1 párrafo último y 27 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que desvirtúa la institución jurídica de la expropiación e impone un trato injustificadamente discriminatorio y desigual que agravia directamente a la comunidad agraria que representamos y no garantiza que se respeten los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la protección especial de las tierras indígenas de nuestra comunidad indígena de Zacualpan”.


De acuerdo con los abogados de la comunidad, este juicio de amparo forma parte de una estrategia nacional propuesta por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), para lograr que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Minera y  de las concesiones que afectan territorios indígenas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.

Pide INE a PRI-PVEM que sus campañas sean “económicamente controladas”

MÉXICO, D.F. (apro).- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pidió a los dirigentes de la coalición PRI-PVEM que sus campañas electorales sean “económicamente controladas”.

Luego de recibir la lista de candidatos a diputados federales de ambos institutos políticos, recordó que esta elección intermedia será la más fiscalizada por mandato constitucional.

Córdova Vianello confió “en que, para bien de los militantes y simpatizantes del PRI y del PVEM, su participación en las próximas campañas sea económicamente autocontrolada, porque estamos por iniciar las campañas federales más escrutadas y fiscalizadas producto del mandato constitucional y legal que fue pactado en el Congreso de la Unión por las fuerzas políticas.

“Espero que la propaganda electoral transcurra exclusivamente por los medios y mecanismos de promoción y difusión validados por la legislación, para honrar las reglas del juego democrático que el pluralismo político ha consensado”, indicó.

También recomendó que las campañas sean ideológicamente intensas, apegadas a sus plataformas electorales para contribuir al debate democrático.

“Las elecciones no van a resolver los problemas que aquejan a México, pero son la vía privilegiada en las democracias, para debatir públicamente, de cara a la ciudadanía, las distintas propuestas y las distintas soluciones que son planteadas por los partidos políticos. Necesitamos un debate electoral tan franco como sea posible y tan ríspido como sea necesario para que la ciudadanía clarifique la oferta política de cada contendiente y emita su voto de manera informada con el único límite de los cauces que establece la propia ley”, señaló.

Córdova prometió que el INE “será absolutamente imparcial” y cumplirá con arbitrar las contiendas electorales “sin filias ni fobias”.

El INE recibió la solicitud de registro de 250 candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa de la coalición parcial entre el PRI y el PVEM

Asimismo, el PRI presentó la documentación para el registro de 50 candidatos de mayoría relativa que no contenderán dentro de la coalición, y 200 candidatos de representación proporcional.

Acompañado de las consejeras electorales Adriana Favela, Beatriz Galindo y Pamela San Martín; de los consejeros Enrique Andrade, Marco Baños, Ciro Murayama, Roberto Ruiz, Arturo Sánchez y Javier Santiago; así como por el secretario ejecutivo del Instituto Edmundo Jacobo, y el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados, recordó que las elecciones son la vía privilegiada para debatir frente a la ciudadanía, las distintas propuestas y soluciones que plantean los partidos políticos, a los problemas del país.

En presencia del presidente del PRI, César Camacho; y el coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, Arturo Escobar; Lorenzo Córdova hizo un llamado a los candidatos que obtengan su registro a aportar la información curricular en el sistema que el INE ha dispuesto, para que la ciudadanía pueda conocer la historia de quienes aspiran a integrar la Cámara de Diputados.

Por otro lado, el Comité de Radio y Televisión del INE ordenó a la empresa Dish pagar 7 millones 729 mil pesos a Televisión Azteca y Televisa para que los sistemas satelitales que retransmiten canales de televisión abierta transmita los promocionales del INE y de los partidos políticos nacionales, del 5 de abril al 7 de junio, día de la elección.


“Dish deberá pagar por cada una de las señales que debe retransmitir un millón 665 mil 829 pesos más IVA”, en los canales 2 y 5 de Televisa y 7 y 13 de Televisión Azteca, indicó la consejera Pamela San Martín.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

Activan en Quintana Roo red de ‘trolls’ y ‘bots’ tras informe sobre censura

CANCÚN, Q. Roo: Minutos después de que la organización Artículo 19 difundió en la capital del país el informe “Estado de Censura”, en el cual, entre otros elementos, refiere que el gobernador Roberto Borge mantiene una campaña de hostigamiento a voces críticas, una red de trolls y bots, así como cuentas falsas de Twitter vinculadas al gobierno estatal y al PRI volvieron a difundir ataques contra periodistas locales, en los que además se incluyeron documentos judiciales.

En el informe de Artículo 19, además de Borge Angulo también son señalados el director del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial, Lino Magos Acevedo; el presidente estatal del PRI y diputado federal, Raymundo King y el encargado de las redes sociales de ese partido en el estado, César Mortera de “acosar voces críticas en el estado que forman parte de las agresiones contra la prensa en Quintana Roo”.

Estos tres funcionarios han sido acusados reiteradamente por difundir ataques en redes sociales contra medios de comunicación y periodistas independientes.

Justo cuando se difundía el informe “Estado de Censura” por diversas vías, incluidos mensajes de Twitter, la red de trolls, bots y cuentas falsas del gobierno del estado volvió a arremeter contra perredistas de la entidad.

En esta ocasión fue más evidente la vinculación de esta red de ataques cibernéticos al gobierno estatal, pues uno de los tuits incluyó un documento judicial, específicamente el amparo promovido por la presidenta del semanario Luces del Siglo contra el gobernador Roberto Borge, y en el que también se señala a Lino Magos y César Mortera.

“El juez rechazo amparos y protección a @NormaMadero @jvite @secaballero37 por falta de fundamentos @article19mex”, según el tuit difundido en decenas de cuentas.

En el mensaje se incluye como archivo adjunto la carátula de la sentencia al juicio de amparo indirecto 1099/2014-IV radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito, promovido por Norma Madero contra Roberto Borge y otros funcionarios.

Entre las cuentas falsas en las que se difunde este mensaje, se encuentra una atribuida al periódico Por Esto! de Quintana Roo, el de mayor circulación en la entidad.

El coordinador de dicho medio, Renán Castro, rechazó que esta cuenta sea de Por Esto!.


“No tenemos ninguna cuenta en redes sociales y para precisarlo, publicamos todos los días una alerta al respecto en nuestras páginas (del periódico)”, dijo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.

Ratifican ‘no a los partidos’

El 3 de mayo los habitantes de Cherán nombrarán a la autoridad local que gobernará los próximos tres años. No habrá urnas ni credenciales de elector, los vecinos designarán a sus funcionarios a mano alzada.

La comunidad indígena de Cherán decidió no dar vuelta al proyecto de autonomía planteado desde abril del 2011. Por unanimidad, en asambleas de barrios, los vecinos optaron por no permitir campañas, candidatos, ni partidos políticos. Su proceso para designar autoridades comunales es tan independiente que ni siquiera se llama elección, sino nombramiento de autoridad.

Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgara reconocimiento jurídico a la autonomía de ese pueblo indígena de Michoacán, la comunidad entera ratificó su decisión de no volver a permitir el sistema de partidos que consideran corrupto y antidemocrático.

La semana pasada el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en obediencia al mandato de la SCJN se acercó con la comunidad de Cherán, para encaminar un acuerdo bajo el que se debería llevar el proceso electoral para la renovación de las autoridades locales. La comunidad de Cherán dijo de nueva cuenta no a los candidatos de los partidos.

Por acuerdo de las asambleas de barrio, el proceso de nombramiento de autoridad local para un periodo de tres años, se llevará a cabo el 3 de mayo del año en curso. Los nuevos funcionarios serán designados por mayoría simple, en un proceso de elección a mano alzada, en donde no habrá ni credenciales de elector ni urnas, solamente la confianza entre todos los vecinos.

El IEM, sin argumentos

Ante la decisión de los vecinos de Cherán, de no permitir la presencia de candidatos ni partidos políticos en su demarcación, el Instituto Electoral de Michoacán se dijo sin argumentos legales para la instalación de urnas dentro de ese municipio, toda vez que la misma la SCJN avaló la autonomía de esa localidad indígena.

Solo en calidad de observadores, representantes del IEM han acudido a algunas de las asambleas de barrio, denominadas “fogatas”, consideradas las células básicas de la democracia indígena, en donde los vecinos hablan y participan sobre el nombramiento de las nuevas autoridades locales. El IEM ha reconocido no tener argumentos para mejorar la democracia que está naciendo en esa comunidad.

Los promotores de la autonomía indígena de Cherán, han comenzado a llevar a las reuniones de cada uno de los barrios de ese municipio una propuesta de balance del primer gobierno autónoma, en donde la gente participa con opiniones francas sobre el desempeño de las autoridades, a la que se les señalan los desaciertos para que no se vuelvan a cometer por quienes los suplan en los cargos.

El debate que se ha iniciado en el seno de cada una de las reuniones de barrios, también pretende diseñar los perfiles de los hombres y mujeres que tendrán a su cargo la administración del gobierno municipal indígena.

Molesta actitud del IEM

Pese a que la comunidad indígena de Cherán tolera la presencia de una comisión de enlace del IEM, que se limita a observar las asambleas de barrio para recoger los primeros nombres de quienes pueden ser mandos de gobierno local, la comunidad no ve con buenos ojos la presencia del órgano electoral.

La razón es porque ese organismo ha tenido poco tacto al traer a la conversación a personas que se encuentran desaparecidas.

En Cherán, aun cuando no habrá instalación de casillas, algunos funcionarios del IEM insisten en preguntar por algunos comuneros que fueron sustraídos de sus domicilios o levantados por grupos delincuenciales.

No al pasado

Los puntos coincidentes que se han puesto de manifiesto en las asambleas de barrio, es que los indígenas de Cherán no quieren regresar –bajo ninguna circunstancia- a un régimen de gobierno en donde tengan injerencia los partidos políticos.

Con coraje y dolor se recuerda aun la corrupción reinante en esa localidad durante el último gobierno partidista, el del priista Roberto Bautista Chapina.

Durante su mandato se incrementó el número de comuneros asesinados y desaparecidos. En su periodo no se supo el paradero de al menos 12 vecinos que defendían el bosque.

En ese mismo lapso de gobierno, cuando mayor participación económica recibió el gobierno local, menos obra pública se pudo ejecutar y aumentó la deuda pública municipal.

Los vecinos de Cherán recuerdan que fue durante esa administración priista que el crimen organizado se apoderó de la las personas y los recursos naturales de esa región. Fue cuando los comuneros fueron esclavos de las células del cartel de Los Caballeros Templarios.

No a las campañas

Tras el establecimiento de la erradicación del sistema de partidos en la vida política de Cherán, también se ha planteado la necesidad de que los hombres y mujeres que sean postulados a cargos de mando, no hagan promoción ni campaña política.

“La gente es la que debe considerar si alguien que es propuesto a un cargo tiene la calidad y la capacidad suficiente para ello. No es sano que uno hable bien de uno mismo”, explica uno de los organizadores del nuevo sistema democrático de Cherán.


Bajo ese contexto, el viernes 3 de mayo, la población de Cherán elegirá en la plaza principal a los integrantes de su gobierno para los próximos tres años, los que serán representantes de los cuatro barrios del municipio, de donde saldrán los responsables de procuración, vigilancia y mediación de justicia; de lo civil; de los programas sociales, económicos y culturales; de los barrios; y el gobierno de los bienes comunales.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS

No cuadran cuentas en Circuito Interior

Para rehabilitar esta zona de la ciudad, la Secretaría de Finanzas capitalina le autorizó casi 8 mil 900 millones de pesos a la Secretaría de Obras, pero el Gobierno del DF anunció una inversión menor, por sólo 6 mil millones de pesos.

Justo hace un año, el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció públicamente que rehabilitaría el Circuito Interior con una inversión de 6 mil millones de pesos. 

Sin embargo, para llevar a cabo dichas maniobras el entonces secretario de Obras, Alfredo Hernández, solicitó a la Secretaría de Finanzas un monto mayor por 8 mil 879 millones 337 mil pesos, que fue autorizado en noviembre del 2013, cuatro meses antes de que Mancera hiciera pública la inversión en el Circuito Interior.

La diferencia entre lo que anunció que gastarían el jefe de Gobierno y el monto que le autorizó la Secretaría de Finanzas a la Secretaría de Obras es de 2 mil 879 millones de pesos.

Reporte Indigo tiene en su poder la autorización firmada por Édgar Amador Zamora, quien en su calidad de secretario de Finanzas entregó a Alfredo Hernández un monto total de 8 mil 879 millones 337 mil 615 pesos para llevar a cabo el proyecto “Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales”.

De acuerdo con el documento SFDF/0386/2013 de noviembre del 2013, los 8 mil 879 millones de pesos comprometen los recursos públicos del GDF hasta el año 2025, a través de un esquema anual de pagos similar al que autorizó el extesorero Mario Delgado Carrillo al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) para el pago de la renta de un lote de 30 trenes para la Línea 12.

En marzo del 2014, cuando Mancera Espinosa hizo público la inversión en el Circuito Interior reportó que gastarían 6 mil millones bajo un esquema de Proyecto para Prestación de Servicios (PPS) que se le había entregado al consorcio constructor encabezado por grupo GAMI.

A partir de que ganó este millonario PPS, Grupo GAMI tendría la responsabilidad de construir dos puentes vehiculares en los cruces del Circuito Bicentenario con avenida Tezontle y avenida Té, un deprimido en Tlalpan y un doble túnel en el cruce de Mixcoac e Insurgentes.

Presumen sobreprecio

A decir de exfuncionarios consultados por este medio, la obra multianual comprometida a Grupo Gami por el exsecretario de Obras del GDF, Alfredo Hernández, podría presentar un sobreprecio de alrededor de 50 por ciento.

Razón por la cual forma parte del paquete de contratos que tiene bajo lupa la Contraloría General del Distrito Federal, sobre todo después de que se exhibieron los presuntos actos de corrupción en el que se otorgaron contratos a la empresa Planet Ingeniería en la que trabajó la esposa del extitular de Sobse.

La presunción de sobreprecios de millonario PPS del Circuito Interior que entregó Alfredo Hernández a Grupo Gami tiene como base el PPS del 2009 que se firmó también para la rehabilitación del Circuito Interior en el sexenio de Marcelo Ebrard, por un monto de 3 mil 280 millones de pesos.

Según el contrato del 2009, la administración de Ebrard pretendía convertir el Circuito Interior o Circuito Bicentenario en una “avenida ejemplar en el mundo entero”.

Además de sustituir la carpeta de asfalto por una de concreto hidráulico con vida útil no menor de 25 años, se rescatarían 22 parques de la periferia para convertirlos en espacios urbanos con áreas de juegos infantiles.

También se rehabilitarían 43 puentes peatonales, más de mil postes nuevos y se sustituirían 2 mil 800 luminarias.

Expedientes bajo escrutinio

Al terminar el sexenio de Marcelo Ebrard y apenas en el primer año de gobierno, la Secretaría de Obras, con Alfredo Hernández al frente, retomó el Circuito Interior como estandarte para continuar con las obras millonarias en esa vialidad.

Por eso es que apenas terminaba el primer año de gobierno de Miguel Ángel Mancera cuando Alfredo Hernández pidió autorización a la Secretaría de Finanzas para asumir el compromiso multianual por 8 mil 879 millones hasta el 2025.

“Finalmente no omito mencionar que la presente autorización no prejuzga ni valida los mecanismos que utilice la Secretaría de Obras del Distrito Federal para la planeación, instrumentación de la contratación y ejecución del proyecto Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales”, precisa Édgar Amador Zamora en el documento de noviembre del 2013.

Los mecanismos de contratación y la ejecución del proyecto es justo lo que hoy revisa la Contraloría General capitalina, que integra diversos expedientes de los actos ejecutados por Alfredo Hernández en su calidad de secretario de Obras del Distrito Federal, más allá del escándalo que detonó su salida de la dependencia.

Porque en ese cargo clave, Alfredo Hernández también recibió la autorización por 210 millones para la construcción del área de hospitalización del Hospital Regional de Iztapalapa.


Además de otros 80 millones para la construcción de la Clínica de VIH Iztapalapa; 300 millones para la pavimentación de diversas vialidades y 100 millones para la construcción del distribuidor vial Chimalhuacán-Calle 7, entre muchos otros.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Banobras se deslinda de Gabino Fraga, involucrado en el caso Monex

MÉXICO D.F: El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) negó hoy que Antonio Fraga, quien actualmente se encuentra sujeto a una investigación en España por posibles operaciones financieras irregulares, sea delegado fiduciario o administre fideicomiso alguno en esa institución.

En un comunicado, la Gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales detalla que Fraga y algunos de sus asociados fungen como abogados externos “para pleitos y cobranzas” de la dependencia, por lo que no existe una relación laboral directa.

Además, agrega que el bufete en el que trabaja Fraga ha prestado servicios jurídicos a Banobras desde hace más de 10 años, por lo que su contratación vigente obedece a la continuidad que requieren diferentes asuntos jurisdiccionales de interés para la institución.

Asimismo explica que el documento dado a conocer a los medios hace unos días, de donde se desprende la versión de que Fraga es apoderado legal de Banobras, contiene una relación de personas físicas y morales que en 2014 eran delegados fiduciarios de Banobras o, bien, fungían como abogados externos del banco, “sin que lo anterior implique alguna ratificación de Fraga en algún puesto dentro de la dependencia”.

En el número que empezó a circular esta semana, el semanario Proceso (número 2003) publicó un reportaje titulado “Las Turbulencias bancarias de Gabina Fraga, en el que la periodista Anabel Hernández aporta datos que no dejan lugar a dudas de que Fraga funge como gestor y delegado fiduciario de Banobras por las actividades propias de su encargo. El nombramientios e lo dio el entonces titular del Banco, Alfredo del Mazo, en 2014

Un delegado fiduciario de Banobras es un apoderado legal que representa a la dependencia en los fideicomisos; se encarga de su administración y vigila que se cumplan los objeticos para los que fue creado el instrumento financiero.

Dicha figura posee poder general para actos de dominio, poder general para suscribir, avalar, endosar y negociar toda clase de títulos de crédito; comparecer a nombre de Banobras ante particulares y ante toda clase de autoridades judiciales, administrativas, civiles, penales, fiscales, militares y de trabajo, ya sea a nivel federal, en el Distrito Federal o en estados y municipios.


La empresa de Fraga, Grupo de Abogados Profesionales (GAP), estuvo involucrada indirectamente en el caso Monex.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Integrantes de Méxicoleaks fustigan despido de Aristegui de MVS

MÉXICO, D.F: Más de una década después de lo que definió como el “manotazo” que lo quitó de la dirección adjunta de El Universal, el director de la revista Emeequis, Ignacio Rodríguez Reyna, aseguró que los hermanos Vargas, dueños de MVS, fueron “muy ingenuos” en su decisión de despedir a Carmen Aristegui y su equipo de investigación, pues advirtió que “no les van a dar nada”.

En una plática convocada hoy por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), aseveró que durante el sexenio de Vicente Fox, en Los Pinos prometieron otorgar a los dueños de El Universal concesiones de televisión, radiodifusión e, incluso, de la aerolínea Aeroméxico a cambio de su despido, pero no les cumplieron.

El jefe de la Unidad de Investigación del equipo de Aristegui, Daniel Lizárraga, reiteró que los motivos que invocó MVS Noticias para despedir a la conductora y a sus colaboradores -la utilización indebida del logotipo de la empresa-, sólo fue un “pretexto”.

Recordó que en varias ocasiones presentó trabajos de investigación en premios de periodismo con la marca de MVS, sin recibir ningún regaño por ello.

Cuestionado sobre su futuro y el de la Unidad de Investigación, el periodista afirmó: “En este momento somos un equipo, lo nuestro es informar”. Añadió que Carmen Aristegui aún no había recibido ninguna propuesta concreta para ocupar un espacio en otro medio o institución.

“El manotazo a Carmen Aristegui y su equipo de investigación tiene su origen en el grupo de poder en Los Pinos”, estimó por su parte Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso.

Agregó que la reacción de MVS Noticias respondió al ambiente en el que se encuentra el actual gobierno.

“Se trató de un poder ofendido por la investigación de la ‘Casa Blanca’ y una corporación contra la pared por su calidad de concesionado, pero es difícil que existan huellas de ello”, analizó.

Rodríguez Castañeda asumió que “el autoritarismo del PRI no acaba de nacer, va a recurrir a lo mismo a lo que recurrió durante sus primeros 70 años en el poder”.

Comentó que “el manotazo que experimentó Carmen Aristegui y su equipo, muchos lo han vivido antes”.

Y, ante la campaña difundida en algunos medios de comunicación en contra de la exconductora del noticiero matutino de MVS Noticias, el director de Proceso afirmó: “El PRI regresó con todo su corte, parte del séquito que lo acompañó hacia Los Pinos es el que ahora aplaude el manotazo”.

La charla entre los periodistas derivó en el tema de Méxicoleaks -plataforma recién lanzada para la filtración de documentos de interés periodístico de manera anónima y segura-, ya que reunía a los directores de Proceso, emeequis, Animal Político y Daniel

Lizárraga, quienes forman parte de los ocho medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que comparten la iniciativa.

Méxicoleaks fue “el detonante” del despido de Aristegui y su equipo, afirmó Ignacio Rodríguez Reyna, quien aseveró que, a pesar de que aún no se haya publicado ninguna investigación a partir de un documento recibido a través de la plataforma, ya se observó en las dos últimas semanas “el nerviosismo del poder”.

“Lo que le da miedo (al poder) es la posibilidad de asociarse, de formar este tipo de alianza para recuperar el propósito genuino de recuperar el papel de vigilantes del poder”, asumió.

El fundador y director del diario en línea Animal Político, Daniel Moreno, abundó en este sentido: “Méxicoleaks permitió juntar a medios que nunca se habían sentado juntos”. Agregó que esta iniciativa abre la posibilidad de trabajar en colaboración para dar a conocer información de interés público.

El periodista reiteró uno de los principios básicos de la plataforma: “no somos una coladera, no publicamos todo lo que recibimos, hacemos periodismo”.

Según Daniel Lizárraga, uno de los éxitos del reportaje sobre la llamada “Casa Blanca” presidencial fue su difusión simultánea en varios medios de comunicación, incluso Proceso.


Rodríguez Castañeda estimó que, además de canalizar las denuncias ciudadanas, uno de los retos de la plataforma será “ganar la confianza de los cuadros más altos, quienes pueden usufructuar de su situación en una institución o una corporación, pero están hartos de la corrupción”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Detienen en Chiapas a seis militantes del PRI por homicidio de dirigente del PVEM

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Seis militantes del PRI fueron detenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) como presuntos responsables de la decapitación del hijo del líder municipal del PVEM, quien fue hallado muerto el pasado lunes.

El lunes 23 por la mañana, habitantes del municipio de Altamirano reportaron el hallazgo de un cuerpo sin cabeza en el tramo carretero Morelia-La Laguna, por lo que de inmediato se trasladaron al sitio agentes de la Policía Municipal y Policía Estatal Preventiva (PEP).

Cuando llegó el agente del Ministerio Público al lugar, encontró la cabeza a un lado del cuerpo.

Testigos informaron que el individuo que fue identificado como Amilcar Guzmán Jiménez, de 40 años de edad, quien ingería bebidas embriagantes en la tarde del domingo.

Tras el asesinato de Amílcar Guzmán Jiménez, la Procuraduría General de Justicia del Estado inició las investigaciones y dio con los autores del homicidio.

Las investigaciones dieron a conocer que días antes de su asesinato, Amílcar Guzmán Jiménez, quien era militante del PVEM e hijo de un líder local de dicho partido, fue amenazado de muerte por integrantes del Partido Revolucionario Institucional.

Esto llevó a la detención de Ranulfo Pérez Méndez, Moisés Pérez Méndez, Jorge Braulio Pérez Hernández, Ronais Hernández Guzmán, Rosember Méndez Pérez y Fidelino Pérez, todos ellos militantes del PRI, quienes fueron presentados como principales sospechosos del asesinato.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado una declaración oficial, pero se presume que el móvil del asesinato pudo ser una rivalidad entre partidos políticos en el Municipio de Altamirano.


Los detenidos quedaron a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.

Un esposo muy dadivoso

El exsecretario de Obras del Distrito Federal, Alfredo Hernández García entregó no sólo 70 millones de pesos a la empresa Planet Ingeniería en la que trabajaba su esposa, también más de 500 millones de pesos a través de Vento System, cuyos representantes legales y socios son los mismos.

Reporte Indigo tiene en su poder documentación que permite exhibir que Planet Ingeniería SA de CV y Vento System S.A de C.V son operadas por las mismas personas. 

La conexión entre ambas es a través de Luis Miguel Orozco Lucio, quien aparece como socio accionista de la primera y como representante legal de la segunda. Ambas con domicilio en el estado de Hidalgo.

Desde la Secretaría de Obras, Alfredo Hernández le habría entregado dos contratos para la renovación de luminarias por 70 millones de pesos a Planet Ingeniería, empresa en la que trabajó su esposa Érika Sofibeth Molina Barragán

Y al mismo tiempo le entregó otro contrato por 454 millones de pesos a Vento System, que es operada por los mismos personajes vinculados con su mujer.

Desde que estalló el escándalo de conflicto de interés en la Secretaría de Obras, Reporte Indigo dio a conocer que la pieza clave para entender la relación entre la esposa del funcionario es José Refugio Palacios, socio accionista de Planet Ingeniería y amigo de Érika Sofibeth.

En el organigrama que Planet Ingeniería exhibía (hasta antes del escándalo), además del ingeniero José Refugio Palacios aparecía como el segundo socio accionista de la empresa Luis Miguel Orozco de Lucio. Aunque el organigrama fue eliminado de Internet este periódico tiene copia de dicha sociedad.

Luis Miguel Orozco Lucio aparece como el representante legal de la empresa Vento System en contratos firmados con otros entes del Gobierno federal. 

Así queda demostrado a través del contrato INAH.OP DO 016/2013-AD en el que Vento System obtuvo por adjudicación directa el contrato para cambiar el cableado dañado del Museo de Antropología que se ubica en Paseo de la Reforma, Ciudad de México.

En este documento, del cual se posee una copia, Orozco Lucio firma en calidad de representante legal de Vento System.

La aparición de Luis Miguel Orozco Lucio en la página de Planet Ingeniería y en el contrato de Vento System, permite comprobar que son los mismos empresarios que se vieron beneficiados con más de 500 millones de pesos a través de tres contratos del programa “Iluminemos tu ciudad”.

Van juntas en los negocios

Los contratos en Obras del DF no son los únicos negocios en los que Planet Ingeniería y Vento System fueron juntos.

De acuerdo con información del Aviso de Fallo de Licitaciones Públicas Internacionales del Seguro Social, Planet Ingeniería S.A de CV obtuvo del IMSS un contrato por 10 millones de pesos en noviembre de 2013.

En esa misma fecha, Vento System también ganó otro contrato de características similares.

En lo que no parece ser una simple coincidencia, empresa Vento System SA de CV reporta tener como domicilio Privada Beltrán, colonia de Santa Matilde, Hidalgo, estado en el que también tiene sus oficinas Planet Ingeniería.

Contratos opacos para luminarias

De manera oficial y de acuerdo con la lista de contratos de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, fue en octubre del 2014 cuando Alfredo Hernández asignó a la empresa Planet Ingeniería SA de CV el contrato número 22 por los primeros 30 millones 847 mil pesos para la renovación y modernización del alumbrado público en siete delegaciones de la zona norte de la capital, que forma parte del programa “Decisiones por Colonia 2014”.

En un segundo proceso de aparente licitación, Planet Ingeniería ganó otro contrato por 40 millones 483 mil pesos, esta vez para la renovación de nueve delegaciones en la zona sur del DF. Ambos suman poco más de 71 millones de pesos.

El compromiso que adquiría la empresa pachuqueña en la que operaba la esposa del secretario de Obras consistía en retirar las luminarias viejas e instalar las nuevas de forma oval con lámpara y balastro de última generación, según describe el contrato que es público en la página de la Sobse.

En ese documento, Planet Ingeniería aparece como la empresa que ganó dicha licitación de las luminarias de la mano del Grupo Constructor Zerzor SA de CV, según el argumento por “reunir las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas fijadas en las bases de la invitación”.

Como parte de dicho paquete, la Secretaría de Obras también entregó contratos de luminarias a las siguientes empresas: Baja Homes and Estates SA de CV.

Y a Vento System SA de CV por 454 millones 757 mil para renovar el alumbrado en siete delegaciones de la zona norte.

Intelliswitch SA de CV es otra compañía que se llevó otro contrato por 421 millones 561 mil pesos para modernizar el alumbrado.

En la lista de contratos que hace públicos la Secretaría de Obras no se dan detalles de quiénes son los accionistas, representantes legales de las empresas que ganaron, lo que impide conocer a simple vista que se trata de los mismos empresarios ocultos en diferentes nombres de compañías.

Sin embargo, es posible obtener la conexión a través de la información que las empresas refieren en sus páginas de Internet, o como en este caso, por contratos que firmaron en otras fechas y con otros entes de gobierno.

A diferencia de Planet Ingeniería, que despliega una página en Internet en la que es posible ver a qué se dedica y cuáles son los servicios que ofrece y los clientes para los que ha realizado proyectos, de la firma Vento System poco se sabe.


Los amigos en Pachuca

Ahora se sabe que tanto Érika Sofibeth Molina, la esposa del exsecretario de Obras del DF, como las empresas Planet Ingeniería y Vento System tienen su centro de operaciones en el estado de Hidalgo.

En Pachuca es conocida como empresaria taurina. En su página personal de Facebook la esposa del exfuncionario exhibía su amistad con ingenieros involucrados en este escándalo de conflicto de interés.

Recientemente, Érika Sofibeth quitó de sus redes sociales muchas de las fotografías que exponían las relaciones con los socios de ambas compañías.

El jefe de Gobierno Miguel Mancera Espinosa actuó rápido y le exigió a Alfredo Hernández la renuncia, apenas se hizo pública la situación.

Desde el 12 de marzo que Alfredo Hernández entregó de manera oficial su renuncia, el exfuncionario no ha sido localizado.

Durante las últimas horas de Hernández García al frente de la Sobse, el círculo rojo del jefe de Gobierno le sugirió salir junto con su esposa a ofrecer una conferencia de prensa para deslindarse de cualquier vínculo con Planet Ingeniería, lo que no aceptaron. 

Ahora que otra empresa podría resultar coludida en el escándalo, la Contraloría General de la capital tendrá que ser clara: quiénes son los involucrados, cómo lo hicieron y cuántos fueron los millones en juego. 

Cuestionados

Empresas con vínculos con la esposa del exsecretario de Obras que ganaron licitaciones del Gobierno del DF:

> Planet Ingeniería SA de CV  Contrato número 22 por 30 millones 847 mil pesos para la renovación y modernización del alumbrado público en siete delegaciones de la zona norte de la capital

> Contrato por 40 millones 483 mil pesos para la renovación de nueve delegaciones en la zona sur del DF


> Vento System SA de CV  Contrato por 454 millones 757 mil para renovar el alumbrado en siete delegaciones de la zona norte

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Gastan más... y mal

De acuerdo al Diagnóstico del Desarrollo Institucional Municipal, la Auditoría Superior de la Federación encontró que la mayoría de los municipios en el país invierten el dinero en obras no contempladas que poco o nada ayudan al rezago social.

La mayor parte de los municipios del país ejercen de forma irregular el presupuesto que les es transferido para la realización de obras y servicios de seguridad, debido a su falta de capacidad para gestionarlos.

En su Diagnóstico del Desarrollo Institucional Municipal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que muchos municipios invierten en obras y acciones no contempladas, transfieren recursos a cuentas bancarias no autorizadas, y carecen de documentación que comprueben sus gastos.

El rubro en el que la ASF detectó más irregularidades es en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FSIM), en el que un tercio de los recursos fueron invertidos en obras que no benefician a la población en rezago social y pobreza extrema.

Una cuarta parte fue invertida en “obras y acciones fuera de los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal”.

Para realizar su diagnóstico, la ASF realizó 847 auditorías a 394 municipios entre los años 2007 y 2012 y tomó como muestra a ayuntamientos de todos los grados de rezago social.

Los recursos federales asignados a esos municipios fiscalizados fueron de poco más de 62 mil millones de pesos; la ASF estudió un 78 por ciento de ese capital.

En el caso del FISM, un total de mil 398 millones de pesos se destinaron a obras que no benefician a la población más pobre; y mil 116 millones de pesos en obras que no estaban contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal.

Casi 800 millones de pesos de ese Fondo, un 77 por ciento, fueron transferidos a cuentas bancarias distintas a las del programa; en un 13 por ciento, 90 millones de pesos, no se tuvo la comprobación de los gastos; y 223 millones del FISM no se ejercieron.

La Auditoría encontró que la falta de desarrollo institucional de los municipios está directamente ligada con la falta de resultados en la inversión de recursos económicos del Gobierno Federal.

Mientras más atrasado esté un municipio, tendrá menos capacidad de invertir se forma correcta ese dinero, lo que representa un “desperdicio” de millones y millones de pesos, determinó la ASF.

La situación se repite a nivel nacional.

En el 2013, solo mil 130 municipios, el 48 por ciento de los 2 mil 445 que existen en México, contaba con un órgano de control interno para realizar auditorías a la forma en que se invierten los recursos económicos de la localidad.

“Un factor importante que incidió en la inadecuada gestión de esos recursos, son las debilidades en las capacidades institucionales, por ejemplo la falta de institucionalización de los procesos, la elevada rotación del personal, la inadecuada calidad de éste; lo anterior influenciado a su vez por la insuficiente capacitación y asistencia técnica por parte de las dependencias federales y los gobiernos estatales, entre otros”, expone el diagnóstico.

La ASF encontró también que los municipios tienen irregularidades en los registros contables o patrimoniales; y es común el incumplimiento en la entrega de los informes trimestrales sobre el ejercicio de recursos que se debe hacer a la Secretaría de Hacienda.

El incumplimiento de los municipios también se dio con la ciudadanía, al no difundir entre la población el monto recibido para las obras, su avance y la conclusión de estas.

Falta de capacidad en los municipios

La ASF reveló que la mayor parte de los municipios tienen dificultades para administrarse a sí mismos por su falta de desarrollo.

Este hecho se ve reflejado, por ejemplo, en la captación de ingresos propios.

Los municipios tienen graves problemas para generar ingresos por la vía de impuestos, pago de derechos y otros mecanismos que les auxilian a mantener con recursos las arcas públicas.

De acuerdo con la ASF, los datos más recientes, del 2012, reflejan que el 55.5 por ciento de los ingresos propios recibidos por todos los municipios del país se concentró apenas en 39 localidades.

“En el 2012, los recursos propios fueron de 61 mil 689 millones de pesos, que representaron el 26 por ciento de los ingresos municipales locales, los cuales ascendieron a 237 mil 471 millones y significan un promedio de 32.2 millones por municipio”, expone el diagnóstico.

El 53.9 por ciento de esos ingresos se obtuvo por la vía de los impuestos, principalmente el predial, con un monto total de 10 mil 953 millones de pesos.

En ese año, el 57 por ciento de los recursos del impuesto predial de todo el país se concentró en solo 31 municipios. En promedio, estos 31 municipios recibieron 353 millones de pesos, mientras que entre los restantes, el promedio de ese ingreso fue de 5.1 millones de pesos.

Los 10 municipios que tuvieron más éxito con la captación del impuesto predial, en el 2012, fueron Guadalajara, Jalisco; Zapopan, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León; Chihuahua, Chihuahua; Puebla, Puebla; San Pedro Garza García, Nuevo León; Benito Juárez, Quintana Roo; Naucalpan, Estado de México; y Tlalnepantla, Estado de México.

La falta de capacidad de los municipios proviene de carencias sistémicas que padecen la mayor parte de ellos, sobre todo en las comunidades rurales y localidades apartadas.

Con cifras del INEGI, la ASF reveló que un 11 por ciento de los municipios del país no cuentan siquiera con una línea telefónica; mientras que el 28.3 por ciento no tiene acceso a internet.

De los 2 mil 445 municipios del país, apenas un 47.2 por ciento, mil 154 localidades, tienen un sitio web a través del cual puede hacerse llegar información a la población.

Las carencias llegan también a los bienes tecnológicos que poseen los ayuntamientos.


“Si se relaciona el número de computadoras con el total del personal de las administraciones municipales, en promedio, a nivel nacional, se dispone de una computadora por cada cinco empleados”, afirma la Auditoría.

Este promedio es menor en entidades como Puebla, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, en donde este valor es de tres empleados por computadora; en cambio, en Tabasco y Tamaulipas, el promedio duplica a la media nacional, con 11 y 10 personas por cada computadora.


Parámetros de organismos nacionales señalan que lo ideal es que haya una computadora por cada dos empleados para facilitar las actividades de los municipios.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

A cambio de nada, el INAH autoriza a James Bond

La multimillonaria película “Spectre” obtuvo gratis los permisos del INAH para filmar en varios sitios del Centro Histórico de la Ciudad de México, concretamente sobre una plataforma encima del antiguo edificio del Senado. Son innumerables las voces calificadas que cuestionan permisos de esa naturaleza en un inmueble histórico. Pero el coordinador nacional de Monumentos Históricos del INAH, Arturo Balandrano, no lo cree así, y piensa incluso que el filme sobre el agente 007 será una ventana positiva de México para el mundo.

MÉXICO, D.F: La película Spectre, la 24 de la serie James Bond –que tendrá un costo de producción de al menos 250 millones de dólares, según la información filtrada en internet después del hackeo a la empresa Sony– obtuvo sin costo alguno las licencias por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para utilizar el antiguo edificio del Senado de la República, ubicado en el callejón de Xicoténcatl, en el Centro Histórico.

En entrevista vía telefónica con Proceso, el arquitecto Arturo Balandrano Campos, coordinador nacional de Monumentos Históricos del INAH, explica que esto es así porque la autorización emitida por el instituto corresponde al trámite 008 y permite la “realización de cualquier tipo de obra en un inmueble considerado monumento histórico”.

Y es un “trámite sin costo”. Así especifica la página web del INAH.

El arquitecto Balandrano dice que la productora en México de la película que protagonizará el actor británico Daniel Craig, fue quien hizo la solicitud. Y se le pidió que cumpliera con los mismos requisitos que se exigen a cualquiera para “poner y quitar algunas instalaciones temporales en azoteas de inmuebles históricos”.

Detalla que en la cuestión técnica las instalaciones temporales deben ser independientes de la estructura del edificio y ser removibles al término de su utilización. Se exige una fianza para la protección de la estructura del monumento o de los monumentos involucrados “en caso de algún imprevisto”, y la garantía de un estudio. Aquí fue hecho por una empresa especialista en análisis estructural de monumentos históricos que permitió la verificación del peso y las tensiones de la estructura sobre la azotea del edificio del Senado…

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2003 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUDITH AMADOR TELLO (REPORTAJE ESPECIAL)

El estilo de Peña Nieto para censurar

MÉXICO, D.F: Ningún gobernante presume sus logros como censurador o enemigo de la libertad de expresión. En el lenguaje político de las simulaciones, la censura siempre se aplica de manera indirecta: vía presiones a los dueños de los medios, bloqueos publicitarios o informativos (como los que ha vivido Proceso desde hace lustros), amenazas veladas a través de terceros o guerras de lodo aplicadas por otros medios o comunicadores contra quienes son señalados por el dedo flamígero del gobernante.

En el episodio de la expulsión de Carmen Aristegui y de su equipo en MVS Noticias se está aplicando al pie de la letra el manual del censurador: sobredimensionar un conflicto menor (el “uso de la marca”); obligar al concesionario a morder el polvo como responsable de la expulsión (los Vargas); negar en todo momento que haya una violación a la libertad de expresión o a los derechos de los periodistas (los vergonzosos “lineamientos” de Noticias MVS que privilegian los derechos empresariales por encima de los derechos de información); polarizar y escalar el conflicto hasta el grado de hacer imposible la reconciliación.

Los recientes comunicados de Grupo MVS para embestir contra Aristegui reflejan no el estilo del corporativo de medios de radiodifusión y de telecomunicaciones sino el estilo del sexenio para quienes se atrevan a desafiar el consenso oficial.

MVS no argumenta, insulta en sus comunicados. En sus primeros mensajes de este episodio no mencionó por su nombre a la periodista.

Una vez que la corren, llama a Aristegui “mentirosa”, la acusa de “desviar recursos” en beneficio de su portal informativo y de caer en “conflicto de interés” (término clave en la cobertura de los grandes escándalos inmobiliarios del gobierno peñista como la Casa Blanca, la casa de Ixtapan y la casa de Malinalco, por ponerles nombres).

MVS cancela toda posibilidad de diálogo y reconciliación, especialmente tras los comunicados del viernes 20 y domingo 22 de marzo. Se exhibe públicamente como una empresa vengativa, rencorosa, insidiosa. Algo que no coincide con sus anteriores posiciones públicas en otros conflictos, incluyendo el que tuvo con la misma Aristegui en 2011, a raíz de su salida por preguntar al aire si Felipe Calderón tenía problemas con la bebida.

Como bien apuntó Fabrizio Mejía en su cuenta de Twitter: “he oído mayor respeto en un pleito de pulquería que en los comunicados de MVS contra Aristegui”.

Sin embargo, lo que más llama la atención en este talk show de la censura es que MVS decide quemar sus naves de credibilidad para emprender su odio contra quien hasta hace quince días era su principal conductora, su mina de oro de rating y la más galardonada y reconocida periodista en medios masivos.

Evidentemente, MVS hizo caso omiso al llamado de la Secretaría de Gobernación en su comunicado del 17 de marzo de 2015. De manera tardía, Gobernación señaló lo siguiente “respecto al diferendo” entre Aristegui y MVS:

“Es deseable que este conflicto entre particulares se resuelva para que la empresa de comunicación y la periodista sigan aportando contenidos de valor a la sociedad mexicana.

“El gobierno de la República ha respetado y valorado permanentemente el ejercicio crítico y profesional del periodismo, y seguirá haciéndolo, con la convicción de que la pluralidad de opiniones es indispensable para el fortalecimiento de la vida democrática del país”.

Gobernación escurre el bulto y su responsabilidad en un asunto fundamental: un “diferendo” de este tipo no es sólo un litigio “entre particulares” porque MVS es una concesión de un servicio de interés público y porque el noticiario de Aristegui está tutelado por los principios del artículo 6 constitucional, no por los “lineamientos” de una empresa.

Si tanto le preocupa a la Secretaría de Gobernación y al gobierno de Peña Nieto “el ejercicio crítico y profesional del periodismo” ¿por qué no mediaron de forma pública para restablecer las relaciones entre Aristegui y MVS? ¿Por qué no exhortaron a la reinstalación de la periodista? ¿Por qué se pronunciaron cuando ya estaba consumado el golpe?

Aquí está la clave de un estilo personal de censurar: esconder la mano y simular preocupación.

El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, expresó ante Proceso que es una responsabilidad del gobierno federal velar por la libertad de expresión y por el derecho a la información de los ciudadanos. Consideró que si el gobierno de Peña está interesado en fortalecer los valores democráticos debió intervenir para evitar la ruptura entre MVS y Aristegui.

No lo hizo porque todos los indicios señalan que alentó y presionó para esa ruptura, no al revés.

El golpe a Aristegui refleja un rostro sombrío de retroceso autoritario en un el seno de un gobierno que no sabe cómo revertir la severa crisis de credibilidad entre la población. No ha cumplido ni tres años en el poder y ya tiene los índices más bajos de aceptación, según todas las encuestas.

El peñismo sigue convencido que basta con cambiar al mensajero para que el “mensaje” se transforme. Pretenden “vender” los logros de las reformas estructurales con promesas y propaganda inducida o abierta en los medios, no con hechos. No lo han logrado.

El estilo personal de censurar de Peña se enfrenta a una prensa internacional que analiza con lupa este episodio y otros casos de presunta corrupción y violaciones graves a derechos humanos como el expediente de Ayotzinapa.

The Economist, la misma revista británica que alabó a Peña y ahora encabeza la más dura crítica contra su administración, sentenció en un párrafo lo que está sucediendo:


“Crece la sospecha de que el gobierno –que lucha contra un decrecimiento de su popularidad menos de tres meses antes de las elecciones intermedias- puso presión sobre MVS Radio. El despido de Aristegui vino pocas semanas después de que el presidente Peña nombró a Eduardo Sánchez, ex abogado de la propia compañía, para encabezar la coordinación de comunicación social de la Presidencia. MVS negó enfáticamente cualquier relación con el asunto”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.