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Impugnan decisión por caso Cuauhtémoc Gutiérrez; exigen su expulsión del PRI

MÉXICO, D.F: El consejero político nacional del PRI, Armando Barajas, impugnó la decisión de la Comisión de Justicia Partidaria de ese instituto político de sólo suspender los derechos como militante a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por su presunta participación en una red de prostitución al interior del mismo.

Según el proceso, la Comisión tiene 72 horas, a partir de este miércoles, para enviar el caso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La noche del pasado viernes 20 de marzo, la Comisión resolvió suspender los derechos del expresidente del PRI-DF hasta que la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) dicte sentencia sobre la denuncia que el PRD-DF interpuso en contra de Gutiérrez de la Torre.

Ese mismo día, Reyna Araceli Tirado Gálvez renunció a la presidencia de dicha Comisión, lo mismo que hizo tres días antes su antecesora Itlay Ciani Sotomayor. La primera argumentó “su condición de mujer y sus principios”, la segunda sólo dijo que fue por motivos “estrictamente personales”.

Sin embargo, al interior del partido se afirmó que ninguna estuvo de acuerdo con la decisión que se perfilaba en la Comisión.

De acuerdo con la impugnación que interpuso este miércoles el consejero Armando Barajas –quien ha pedido la expulsión del llamado Príncipe de la basura desde que se denunció el caso en el entonces noticiero de Carmen Aristegui en MVS–, existen cuatro argumentos:

La ilegal resolución del expediente sobre Cuauhtémoc Gutiérrez, la indebida integración de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, el nombramiento ilegal de Laura Ivonne Zapata como presidenta en funciones de la comisión y la realización de una sesión dentro de ese órgano partidista el 20 de marzo pasado cuando, supuestamente, estaba prohibida.

Barajas Ruiz acusó que la impugnación se debe a que el PRI violó su documentación interna para emitir una resolución que no “va de acuerdo” con los principios del partido.

Aclaró que la solicitud de expulsión analizada en el Revolucionario Institucional no tenía nada que ver con la investigación de la PGJDF sobre el caso, pues al partido se le pidió tratar el tema por denigrar la imagen del partido y no por el hecho legal.

Una versión sobre la decisión respecto a Gutiérrez de la Torre acusa que el presidente nacional del partido, César Camacho, movió sus hilos para evitar su expulsión.


En su columna “Serpientes y escaleras” del diario El Universal, Salvador García Soto asegura que el líder priista “presionó, chantajeó y ordenó a sus integrantes que aprobaran un dictamen previamente redactado en su oficina y que siempre propuso la exoneración de Cuauhtémoc”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pese a más de 15 mil firmas, la UNAM niega espacio a Aristegui

MÉXICO, D.F: Tras el despido de Carmen Aristegui y sus colaboradores de MVS, alumnos de instituciones académicas solicitaron a sus rectores, a través de plataformas como change.org, abrirles un espacio a los periodistas en sus frecuencias.

Una de esas peticiones dirigida al rector de la UNAM, José Narro Robles y que hasta hoy acumula poco más de 15 mil firmas, recibió respuesta hoy y fue negativa.

El rector argumentó que la institución no puede atender la petición para incorporar a Aristegui a Radio UNAM porque él concluye su periodo y además hay que esperar a que el diferendo entre la periodista y MVS concluya.

“Estamos concluyendo este periodo, ahorita no podríamos hacer una propuesta de esa naturaleza y el asunto está a lo que se determine en las vías jurídicas de las dos partes, la empresa y Carmen”, dijo.

Asimismo, recordó que hace cinco años, cuando Aristegui salió de W Radio, ofreció el espacio a la periodista pero la UNAM no contaba con las necesidades técnicas y financieras necesarias.

“En el caso de Carmen Aristegui, déjenme decirles que personalmente hace cinco años que estuvimos en comunicación con ella, cuando tuvo un problema con W Radio.

“Nosotros intentábamos incorporarla a Radio UNAM, pero sí tengo que reconocer que las necesidades financieras de la producción eran muy superiores a lo que nosotros podríamos hacer, y Carmen optó por tener alguna otra salida que fue la de incorporarse a MVS”, explicó y recalcó que lo más prudente es esperar la conclusión del diferendo que se dirimirá en los tribunales.

La Ibero analiza el caso

Otra de las instituciones a la que estudiantes y miembros de la sociedad civil han hecho la petición de incluir a Aristegui en su espacio, es la Universidad Iberoamericana, que cuenta con la frecuencia 90.9 en FM.

David Fernández Dávalos, rector de la Ibero, emitió hoy un comunicado en el que señala que conoce la solicitud hecha a través de change.org, que hasta hoy cuenta con 44 mil 128 firmas, y dejó abierta la posibilidad de invitar a la periodista y su equipo.

“Valoramos que, independientemente de las circunstancias que han conducido a la situación actual de la periodista y su equipo de trabajo, la sociedad mexicana se ha manifestado, de motu propio, a favor de derechos básicos que deben operar en una democracia sana: la libertad de expresión y la libertad de prensa. También agradecemos la simpatía mostrada por miles de personas en las redes con nuestro compromiso con la sociedad y el proyecto radiofónico de Ibero 90.9”, dice el comunicado.

El rector de la Ibero señala que contar con la presencia de Aristegui en Radio Ibero, sería un honor, aún en carácter temporal, pero considera que aún es pronto para establecer una postura definitiva sobre el tema, toda vez que, como la propia Carmen Aristegui planteó en su mensaje del 19 de marzo, mantiene su disposición a aclarar el diferendo con MVS, y en este sentido, “no es un hecho consumado la ruptura de su relación laboral o su eventual (y deseable) reinstalación en MVS Noticias, junto con su equipo de colaboradores”.

Además el rector considera que es poco probable que integrar a Aristegui y su equipo a la parrilla de programación de Ibero 90.9 realmente contribuya a una solución.

“Debe recordarse que Ibero 90.9 es una estación permisionaria y esto obstaculizaría la apertura de espacios de comercialización y, por ende, la obtención de los recursos económicos necesarios para asegurar la operatividad del equipo de reporteros, investigadores y más que trabajan con Aristegui”, subraya el rector.

Destaca también que proyecto noticioso de Aristegui y su equipo es de alcance nacional, por lo menos, mientras que la cobertura radiofónica de Ibero 90.9 se limita a la Zona Metropolitana del Valle de México.


“Aunque también hay difusión de la señal por Internet, sectores importantes del público fuera de la capital del país se quedarían sin acceso a estos servicios informativos”, apunta la Ibero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El caso Aristegui sí es un asunto de libertad de prensa y es “preocupante”, precisa RSF

La organización defensora de la libertad de prensa calificó de preocupante el despido de la periodista (y su equipo) en el contexto de una "delicada situación" para la libertad de expresión en México.

Una semana después de que una publicación alemana informara que Reporteros sin Fronteras (RSF) no veía un problema ligado a la libertad de prensa en el despido de Carmen Aristegui de MVS Radio, la organización defensora de periodistas en todo el mundo calificó esto como “información errónea” y agregó que el caso es “preocupante” sobre todo por la “delicada situación” para la libertad de expresión en México. 

En un comunicado difundido este miércoles 25 de marzo, RSF indicó:

“El despido tajante de Carmen Aristegui y de sus colegas, el que el grupo MVS haya preferido la confrontación mediática y su decisión de no aceptar la mediación, son hechos muy preocupantes en lo que concierne a la libertad de expresión y el derecho a la información, en medio de una situación muy difícil y tensa para los periodistas mexicanos.

“En vista del trabajo de investigación de la periodista, muy crítico frente al gobierno, no es posible dejar de interrogarse respecto a las verdaderas razones que se esconden tras este despido”.

Este posicionamiento es respuesta a una publicación del medio alemán DW, el cual informó que la oficina alemana de RSF rechazó dar un pronunciamiento sobre el despido de la periodista mexicana con el argumento de que el caso no representa un atentado contra la libertad de prensa. 

Con el comunicado de hoy, la postura de RSF coincide con la de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI), que dijeron que el despido de Aristegui y  su equipo –entre ellos los reporteros Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera e Irving Huerta, que trabajaron en el reportaje de la Casa Blanca– limita “el derecho a la información de la sociedad” y, además, es un golpe “y vulnera la libertad de expresión”.

El comunicado íntegro de RSF:

Tras la difusión de información errónea en la que se señalaba que Reporteros sin Fronteras (RSF) consideraba que el despido de Carmen Aristegui no tenía que ver con un problema ligado a la libertad de expresión, nuestra organización desea precisar su posición y lamenta la instrumentalización de esta información para minimizar el impacto de este despido. Reporteros sin Fronteras expresa su preocupación por la decisión de la empresa MVS de despedir a la periodista y a sus colaboradores, en medio de una delicada situación para la libertad de expresión en México.

Las diferencias entre la periodista Carmen Aristegui y la empresa MVS Noticias se remontan al 11 de marzo pasado, cuando se encontró el logotipo de MVS en el sitio web de MexicoLeaks, después de que la periodista anunciara que MVS participaría en el proyecto de la plataforma independiente. MVS reaccionó de inmediato a través de los medios de comunicación denunciando el supuesto uso sin permiso de su marca y anunciando que tomaría “medidas pertinentes”. Al día siguiente Daniel Lizárra e Irving Huerta, dos periodistas del equipo de Carmen Aristegui, fueron despedidos. Ellos formaban parte del equipo de periodistas que en noviembre pasado reveló la existencia de una lujosa mansión presidencial conocida como la “casa blanca”. El 15 de marzo Carmen Aristegui también fue despedida. La empresa MVS Radio, de Joaquín Vargas, dijo públicamente que rechazaba su ultimátum –la periodista había puesto como condición que se reinstalara a sus colegas para continuar con su noticiero–y decidió despedirla.

“El despido tajante de Carmen Aristegui y de sus colegas, el que el grupo MVS haya preferido la confrontación mediática y su decisión de no aceptar la mediación, son hechos muy preocupantes en lo que concierne a la libertad de expresión y el derecho a la información, en medio de una situación muy difícil y tensa para los periodistas mexicanos”, señaló Reporteros sin Fronteras. “En vista del trabajo de investigación de la periodista, muy crítico frente al gobierno, no es posible dejar de interrogarse respecto a las verdaderas razones que se esconden tras este despido”, añadió.

El 19 de marzo de 2015 Carmen Aristegui dio una conferencia de prensa vía Internet en la que señaló respecto a su despido: “que quede claro que este asunto no es entre particulares”, como lo indicó en un comunicado la Secretaría de Gobernación, sino que esta decisión tiene un trasfondo obscuro: “La secuencia de hechos nos indica que esto fue fraguado con anticipación […] MexicoLeaks y [el uso sin permiso de] la marca [MVS] nos ha sonado, desde el primer momento a pretexto”, precisó.


En una entrevista concedida a la revista Proceso el 22 marzo, Carmen Aristegui explicó que no tiene ninguna duda sobre el hecho de que las presiones presidenciales son la verdadera razón de su despido. La periodista indicó que la Presidencia de la República había presionado a MVS para que ese reportaje no fuera difundido en su popular programa Noticias MVS, el 9 de noviembre de 2014.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El hijo de Fidel Herrera será diputado plurinominal

Aunque en Veracruz el PRI rechazó a Javier Herrera Borunda como candidato a una diputación federal, su nombre fue registrado ante el INE.

Javier Herrera Borunda, hijo del exgobernador de Veracruz acusado de presuntos nexos con el narcotráfico Fidel Herrera, fue registrado este miércoles 25 de marzo como candidato a diputado plurinominal por la alianza PRI–PVEM.

En el listado presentado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) también aparece Federico Madrazo Rojas –hijo del ex candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado–, empresarios del futbol, ex funcionarios del gobierno federal, cantantes y actrices, como María del Pilar Torre Canales, mejor conocida como “Pili” Torre, quien apareció en la revista para caballeros H. 

Herrera Borunda es un empresario constructor que trabaja mayormente gracias a contratos ganados en este sexenio para la administración del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, con quien tiene amistad.

Aunque no tiene experiencia política, Javier Herrera Borunda fue puesto en la lista de diputados plurinominales luego de que el priísmo veracruzano rechazó que fuera candidato de ese partido a una diputación federal por su estado.

El Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México tenían contemplado presentar la documentación de 250 candidatos de mayoría relativa postulados en coalición con el PVEM, 50 más que sólo serán abanderados del PRI y 200 candidatos, también priistas, a diputaciones plurinominales.


El PVEM, por su parte, dejará pendiente el registro de 50 candidatos a diputados federales por mayoría y su lista de 200 más de representación proporcional.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VÍCTOR HUGO ARTEAGA.

Virgilio Andrade no ha investigado nada

La Secretaría de la Función Pública no emitió un pronunciamiento sobre porqué no ha investigado el conflicto de intereses.

Fragmento de la nota publicada por Rolando Herrera, en el diario Reforma:

A 50 días de que se hiciera cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade ha quedado a deber… todo.

Ninguna de las tareas a las que se comprometió el día que el Presidente Enrique Peña le tomó protesta se ha cumplido.

La principal encomienda que le instruyó Peña fue que investigara si existía un conflicto de intereses en la adquisición de la llamada “Casa Blanca” a Grupo Higa y en la venta que el mismo consorcio le hizo a Luis Videgaray de una residencia en un club de golf en Malinalco.

Hasta el momento, la SFP no había informado del resultado o avances de esta indagatoria, la cual estaría dividida en tres fases (…)

Consultada por Reforma sobre el tema, la SFP rechazó emitir un pronunciamiento.

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Virgilio Andrade se convirtió, el pasado 3 de febrero, en secretario de la Función Pública:

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En un perfil del político, elaborado por este sitio de noticias, se apuntó que:

Virgilio Andrade Martínez nació en 1967, es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); y maestro en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Es hijo de Virgilio Andrade Palacios, miembro del equipo de abogados defensores del líder petrolero Carlos Romero Deschamps.

La SFP no es su primer puesto en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Al inicio de esta administración, fue nombrado titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en la Secretaría de Economía.

Andrade fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral, de 2003 a 2010, cargo en el que cobró notoriedad en la clase política.

Previamente se desempeñó como Secretario Técnico tanto de Banrural, como de la Financiera Rural, en 2002 y 2003. Trabajó en la Secretaría de Hacienda como Director General Adjunto de Análisis de Legislación Financiera en 2001 y 2002.

También fue Coordinador de Asesores del Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, de 1999 al año 2000, y asesor en esa misma Secretaría durante la elaboración de las Reformas Electorales, de 1993 y 1996.

Además, trabajó en Pemex, y también en diversos periodos en la Oficina de la Presidencia de la República, así como en las Cámaras de Diputados y de Senadores durante 2011 y 2012. Se desempeñó como auditor interno de la Empresa Procesar.

Ha sido, también, profesor en el ITAM y en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Recientemente, fue autor del prólogo del libro: Antología del Pensamiento sobre México en el Siglo XX, escrito por el doctor José Manuel Orozco Garibay.


Entre 1989 y 1990, Andrade Martínez fue asesor de Ana Paula Gerard, secretaria técnica del gabinete económico de Carlos Salinas de Gortari, su segunda esposa.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Miles de despensas, escondidas por Delegación Cuauhtémoc; Contraloría investiga y renuncia funcionaria

Se trata de 11 mil 111 despensas que supuestamente pertenecen a un programa social; el Gobierno del DF se desmarca.

En el deportivo Peñoles, no todo es deporte.

Ahí, la Delegación Cuauhtémoc, de administración perredista, acumula y oculta miles de despensas, a unos meses de las elecciones, reportó este miércoles el diario Reforma. 

La noticia sacudió la delegación y escaló al Gobierno del Distrito Federal:

Verónica Olvera renunció a la dirección de Desarrollo Social en la Delegación Cuauhtémoc. La señora es esposa del candidato perredista a la Jefatura Delegacional, José Luis Muñoz Soria. 

Jorge Padilla, director de Obras y Desarrollo Urbano, informó que Olvera, quien operaba un programa de reparto de despensas, dimitió argumentando que no quería tener un conflicto de intereses.

“Fue una renuncia voluntaria por una cuestión de ética”, comentó.

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que están evaluando quién ocupará su cargo.

En tanto, la Contraloría General local investiga el reparto de despensas para deslindar responsabilidades, informó el Secretario de Gobierno del DF, Héctor Serrano, quien deslindó al gobierno de Miguel Ángel Mancera de esa acción.

La distribución de las canastas alimentarias en la demarcación no forma parte del paquete de programas sociales del Gobierno capitalino, dijo.

“Las despensas que fueron encontradas no forman parte de ningún programa, que a través de la Secretaria de Desarrollo Social del DF se distribuyan”, indicó.

La pista de las despensas 

El periódico Reforma constató que en el gimnasio del deportivo, ubicado en Calzada de Guadalupe 125, Colonia Valle Gómez, se resguardan miles de cajas blancas con alimentos. 

Al documentar y fotografiar el hallazgo, María de la Paz Arcos, funcionaria de la Delegación que se identificó como encargada del lugar, arremetió junto con otros empleados contra la reportera y el fotógrafo del rotativo, cuya nota mereció la primera plana de este día.

El reportero gráfico fue golpeado y esposado por policías, y ambos fueron remitidos al Ministerio Público, donde permanecieron durante cinco horas por presunto allanamiento de morada pese a que el lugar es público.


Al intentar justificar el origen y destino de las despensas, Eduardo Lima, encargado del despacho en la Jefatura Delegacional, afirmó que éstas forman parte de un programa social del GDF en el que la Delegación Cuauhtémoc colabora con la entrega a los beneficiarios.

Comunicado de la Delegación Cuauhtémoc


Autoridades de la delegación Cuauhtémoc rechazaron que el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional tenga fines partidistas, pues este se creó para garantizar el derecho a la alimentación y nutrición de la población de escasos recursos.

250315 BOLETÍN CANASTA ALIMENTARIA, SIN TINTES POLÍTICOS.doc by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Incumplir con recomendaciones de CNDH fomenta la impunidad: ombudsman

A raíz de lo ocurrido en casos como Iguala, Tlatlaya y Chalchihuapan, las autoridades deben asumir un nuevo paradigma de actuación, apuntó.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, consideró que incumplir las recomendaciones en la materia debilita el Estado de derecho y fomenta la impunidad.

“La simulación, omisión, parcialidad y falta de apego de la ley en los procedimientos de responsabilidad administrativa, constituye, por sí misma, una nueva violación de derechos humanos, pues se revictimiza a quienes fueron objeto de la violación que dieron origen la recomendación y se incurre en una conducta que incide de manera directa en el aumento de la impunidad, y debilita nuestro Estado de Derecho. El ombudsman, debo decirlo, no es antagónico a las autoridades, ni a los poderes públicos. Por el contrario, a través de su actividad y del ejercicio de sus atribuciones, coadyuva a la lucha contra la impunidad, así como a depurar, fortalecer y consolidar las instituciones”, expuso.

Al presentar su informe anual de labores en la Residencia Oficial de Los Pinos pidió al presidente Enrique Peña Nieto y a los gobernadores instruir para que se cumplan las solicitudes de información y las recomendaciones que la CNDH hace a las instancias de la administración pública.

Olvidar esos puntos constituye una violación a los derechos y revictimiza a los agraviados, además señaló que el ombudsman no debe ser visto como un antagonista del poder público sino como alguien que contribuya a depurar y consolidar las instituciones.

Durante la presentación de su Informe de Labores 2014 al frente de la CNDH consideró que a raíz de lo ocurrido en casos como Iguala, Tlatlaya y Chalchihuapan, las autoridades deben asumir un nuevo paradigma de actuación.

Solicitó al Ejecutivo federal concretar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética, además de colaborar y aceptar la jurisdicción de mecanismos regionales e internacionales en materia de derechos humanos.

“Esta apertura y compromiso del Estado mexicano, dignos de todo reconocimiento, requieren para consolidarse de estrategias y vías para la atención de observaciones y recomendaciones que se formulen como consecuencia de ese escrutinio internacional”.

“Por sensibles que sean los temas y aun cuando existan puntos de divergencia, es preciso, y lo digo con todo respeto, que con base en las coincidencias y buscando en todo momento la mayor protección y vigencia de los derechos humanos en el país, se avance en la implementación de acciones sustantivas propuestas en cada tema”, dijo.

La autoridad está obligada a encauzar las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas eficazmente, pero también aplicar oportuna y debidamente la ley.

“La ilegalidad, la violencia y el delito deben ser prevenidos y sancionados por la autoridad en cualquier parte del país”, expresó el ombudsman nacional.

Algunos procedimientos han resultado inadecuados para la operación oportuna y eficaz de la CNDH, que han derivado en rezago de expedientes, por lo cual se está atendiendo como una prioridad institucional.


Por ello se comprometió a generar mecanismos para evaluar el trabajo del organismo defensor de los derechos humanos y transparentar su gestión, informó en un comunicado la CNDH.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Titular de la CNDH le exige a Peña Nieto leyes contra de la desaparición forzada y la tortura

Al presentar el informe de actividades, Luis Raúl González, titular de la CNDH pidió la emisión de una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no Localizadas y un Sistema Nacional de Información Genética.

Tras asegurar que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa marca un antes y después para México y luego de insistir en que el caso Iguala continúa abierto, el titular de la Comisión Nacional  de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, exigió al presidente Enrique Peña Nieto que emita leyes en contra de la desaparición forzada y la tortura.

Al presentar el informe de Actividades 2014 en la residencia oficial de Los Pinos, el ombudsman nacional  pidió la emisión de una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética.

“Por sensibles que sean los temas y aun cuando existan puntos de divergencia, es preciso, y lo digo con todo respeto, que con base en las coincidencias y buscando en todo momento la mayor protección y vigencia de los derechos humanos en el país, se avance en la implementación de acciones sustantivas propuestas en cada tema”, dijo.

Añadió que las autoridades están obligadas a encauzar las muestras de descontento, escuchar las necesidades y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas eficazmente, pero también aplicar oportuna y debidamente la ley.

“No podemos establecer acciones integrales y coordinadas de búsqueda, ni estaremos en posibilidad de que se deslinden las responsabilidades correspondientes, si no contamos con información real y objetiva”, dijo el titular de la CNDH.

Agregó que México está obligado a atender los informes recientes de la Organización de las Naciones Unidas sobre tortura y desaparición forzada, como parte del compromiso asumido en el ámbito internacional.

Durante su discurso, González Pérez consideró que incumplir las recomendaciones de la CNDH debilita el Estado de derecho y fomenta la impunidad.

Por ello, pidió al presidente Enrique Peña Nieto y a los gobernadores que den instrucciones para que se cumplan las solicitudes de información y las recomendaciones que la Comisión hace a las instancias de la administración pública.

Al tomar la palabra, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno tiene un compromiso con el respeto y protección de los derechos humanos, los cuales deben ser respetados por todos.

Advirtió que el gobierno de la República seguirá trabajando en el marco de la ley y cualquier funcionario que se aparte de su cumplimiento debe asumir las consecuencias.

“La esperanza de una convivencia pacífica, armónica y apegada a la ley, sólo podrá concretarse si se ubica en el centro de toda la administración pública, la defensa y protección de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas”, señaló.

Reconoció que el Estado mexicano aún tiene mucho qué hacer en favor del goce y disfrute pleno de los derechos humanos, y ofreció la actuación del gobierno dentro del marco de la ley, con la total disposición de atender las recomendaciones.

“Toda autoridad está obligada a respetar y hacer respetar la ley; quien quebrante este precepto fundamental del Estado de derecho, tiene que asumir las consecuencias legales que correspondan”, sostuvo.

Dijo que el gobierno ha articulado una política en materia de derechos humanos con tres grandes ejes: difusión amplia del conocimiento y respeto a los derechos humanos; prevenir la violación de derechos humanos; y protección de los derechos de las personas.

Luego de aclarar que su administración ha aceptado todas las recomendaciones de la CNDH, el presidente Peña Nieto explicó que el primer eje, busca generar una cultura del conocimiento y respeto de los derechos humanos entre la sociedad, para su pleno goce.

El segundo eje se refuerza con el Programa Nacional de Derechos Humanos, en el cual ya se han capacitado a 10 mil 500 funcionarios federales, además de realizar un amplio análisis de cada queja y recomendación, para que no se repitan las conductas que las generaron.

Respecto al tercer eje explicó que México tiene innovadores instrumentos como la nueva Ley de Amparo, la Ley General de Víctimas y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.


No obstante, en esta última materia, el presidente advirtió que “aún tenemos que ir por más” y por ello el 27 de noviembre del año pasado planteó la creación de leyes en materia de tortura y desaparición forzada; renovación de los protocolos para erradicar y sancionar los casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Por primera vez un feminicidio llega a la Suprema Corte: esta es la historia de Mariana Lima

Será la Primera Sala del máximo tribunal, quien decida si otorgar el amparo para que las autoridades judiciales del Estado de México vuelvan a investigar la muerte de Mariana, ahora bajo la óptica de feminicidio. Las inconsistencias en la reconstrucción de hechos, en el desahogo de pruebas y en las diligencias forenses lograron que el caso fuera tomado por la principal instancia de justicia del país.

Mariana Lima Buendía, una abogada de 29 años, murió hace casi cinco años. Su esposo Julio César Hernández Ballinas – un policía judicial con un historial de golpes y amenazas a su esposa- dijo en su momento que la muerte de esta joven de Chimalhuacan había sido un suicidio. Y así lo dictaminaron inicialmente las autoridades.

Sin embargo, la madre de Mariana, Irinea Buendía, nunca aceptó la versión oficial y decidió gastar cinco años de su vida tratando de convencer a veinte ministerios públicos, tres fiscales y tres procuradores estatales de que la muerte de Mariana – quien cumpliría 34 años este miércoles 25 de marzo – no había sido un suicidio.

A Mariana, asegura Irinea, la asesinó su marido. 

Hoy, finalmente, el caso podría dar un giro en la Suprema Corte.

Irinea Buendía

Irinea, quien está por cumplir los 63 años, dedicó su tiempo a estudiar libros de criminalística y derecho para impedir, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que el caso cerrara. En septiembre de 2013 la SCJN, de manera histórica, atrajo por primera vez un caso por posible feminicidio bajo el número de expediente 554/2013.

Será la Primera Sala del máximo tribunal, quien decida si otorga el amparo para que las autoridades judiciales del Estado de México vuelvan a investigar la muerte de Mariana, ahora bajo la óptica de feminicidio. Las inconsistencias en la reconstrucción de hechos, en el desahogo de pruebas y en las diligencias forenses lograron que el caso fuera tomado por la principal instancia de justicia del país.

Antecedentes violentos, la clara sospecha de un feminicidio

“Vas a terminar en uno de esos tinacos donde eché a otras dos que no aprendieron a tratarme como debían” fue una de las amenazas recibidas que Mariana le llegó a relatar a su madre.

“A mí me llamó un día y me dijo: señora voy a matar a Mariana” asegura Irinea, quien el 28 de junio de 2010, recibió el aviso definitivo: Mariana había muerto – se colgó – le dijo Hernández Ballinas por teléfono cerca de las 7 de la mañana.

La muerte de Mariana ocurrió un día después de que decidiera denunciar a Hernández Ballinas por la violencia física e incluso sexual que padecía en casa. Familiares y amigos han reiterado en declaraciones ministeriales las intenciones de la joven de abandonar, ese 28 de junio, la casa donde vivía con su entonces esposo.

Irinea Buendía asegura haber llegado en menos de una hora desde Nezahualcóyotl al domicilio en Chimalhuacán, ambos en el Estado de México. Encontró la casa, que aún permanecía en construcción, con la puerta abierta y vio el cuerpo de Mariana tendido sobre la cama con ropa del día anterior, el cabello húmedo, los pies limpios, así como golpes y rasguños en todo el cuerpo.

Julio César Hernández llegó a su casa cerca de las 8:30 del día, acompañado de un Ministerio Público y un par de peritos para realizar las diligencias correspondientes. Previamente movió el cuerpo de Mariana de la posición en que supuestamente lo había encontrado.

De acuerdo con el abogado Rodolfo Domínguez Márquez, uno de los responsables de que el caso de Mariana Lima haya llegado a la Suprema Corte, en la declaración de Julio César Hernández, éste aseguró encontrar a Buendía colgada de un clavo – que servía para sostener cortinas – con un hilo que no rebasa los 5 milímetros de grosor. El policía judicial dijo que intentó reanimarla con “masajes en los pies y besitos” y al ver que no hubo resultado puso el cuerpo sobre la cama.

Para la madre de Mariana lo más complicado durante los últimos cinco años ha sido empoderarse y enfrentar a autoridades que “no son ni siquiera para darme copias. En una ocasión me tuvieron allí escribiendo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche por copias (del expediente) que yo necesitaba” dice Irinea en entrevista con Animal Político.

Buendía asegura que la pelea jurídica que emprendió desde 2010 le ha permitido entender “qué fue lo que había pasado con mi hija. Y espero de la Suprema Corte una resolución de altura, no esperamos menos”.

Obstrucción de la justicia, el obstáculo más grande

Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) es fundamental que la SCJN especifique cómo tendrá que hacerse la investigación de la muerte de Mariana Lima, es decir, que se realice con peritos expertos en criminalística, en medicina forense, y en antropología social, lo que implica tomar en cuenta antecedentes de violencia que haya vivido la víctima.

María de la Luz Estrada, Coordinadora Ejecutiva del Observatorio asegura que la decisión de la máxima autoridad en impartición de justicia en México se da en un contexto histórico, porque se vive el peor panorama en cuanto a violencia contra mujeres.

“Se combinan impunidad, con la discriminación y todas las omisiones de las propias autoridades, es una combinación perversa” asegura Estrada en entrevista con Animal Político.

El Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Homicidio desde la Perspectiva del Feminicidio obliga a que Ministerios Públicos, policías judiciales, ministeriales y peritos sigan una metodología de seis pasos que implica el levantamiento de indicios, el apoyo en investigación criminalística y la reconstrucción de los hechos.

De acuerdo con Luz Estrada en el expediente del caso de Mariana Lima Buendía, el entonces Procurador General de Justicia del Estado de México, Miguel Ángel Contreras Nieto, admitió las fallas de la procuraduría en la investigación, concretamente en el protocolo mencionado.


Según datos del OCNF de 2012 a 2013 se cometieron 535 asesinatos de mujeres, de éstos 140 fueron investigados como feminicidios y sólo 10 terminaron con sentencia. La organización asegura que después de documentar las muertes violentas de mujeres en el Edomex, identificaron que en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, existen “patrones sistemáticos de violencia contra las mujeres” como la desaparición, la brutalidad en cómo fueron asesinadas, y los lugares donde se hallan los cuerpos: lotes baldíos, tiraderos de basura, canales de desagüe, calles y avenidas.

VÍDEO:



DESICIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DELA NACIÓN.

Histórico: La SCJN ordena investigar un presunto feminicidio que fue ignorado por las autoridades

Por unanimidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a Irinea Buendía para que las autoridades del Estado de México investiguen el asesinato de su hija, Mariana Buendía, como un feminicidio.

El caso de Mariana Buendía es el primero en llegar al máximo tribunal. Fue atraído por la corte en septiembre de 2013 bajo el folio 554/2013.

En su intervención, la ministra Olga Sanchez Cordero calificó el caso como “de la mayor trascendencia” en el tema de violencia contra la mujer y la búsqueda de justicia.

“Seguiremos en esta lucha de justicia y justicia. Ya es suficiente lo que han hecho los misóginos con nuestras mujeres”, declaró Irinea al conocer la resolución del máximo organismo de impartición de justicia en México.

De acuerdo con el abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Rodolfo Dominguez Marquez, este fallo establece un primer criterio para una posible jurisprudencia en el tema.

Quienes realicen la investigación deben hacerlo bajo una perspectiva de género que no ignore elementos clave del caso como la violencia que padeció Mariana durante su matrimonio con el policía judicial Julio César Hernandez Ballinas.


El OCNF solicitará en el transcurso de la investigación la suspensión temporal de Hernandez Ballinas para que no intervenga en el proceso.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: GONZALO ORTUÑO.

Dictamen completo de la Ley de Transparencia (documento)

Este es el documento que llegó a la Cámara de Diputados la semana pasada, luego de que el dictamen fuera aprobado por el Senado.

El pleno del Senado aprobó, el pasado miércoles 18 de marzo, la Ley General de Transparencia, la cual obligará a los tres niveles de gobierno, sindicatos, órganos autónomos, fideicomisos, partidos y otros entes a transparentar su información y rendir cuentas sobre los recursos públicos que utilizan.


El dictamen aprobado por los senadores llegó a la Cámara de Diputados, y lo compartimos con los usuarios de este sitio de noticias:

20150319-V by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ley de transparencia dio “volantazo hacia el camino correcto”: Guerra Ford

“En mi opinión, nosotros no debemos hacer las sanciones administrativas, hay que formar el expediente y mandarlo a la contraloría, nunca han hecho nada porque están sujetas, pero eso ya se está regulando”, dijo el comisionado del Ifai.


El Senado aprobó la semana pasada la Ley de Transparencia, cuyo proceso legislativo no fue fácil, señaló Oscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), quien apuntó que hubo “un camino de baches, un poco accidentado, pero se cambió el rumbo, se dio el volantazo hacia el camino correcto”.

En entrevista para Aristegui CNN , expuso que en el proceso de elaboración del dictamen respectivo, “se abrieron espacios para manifestar preocupaciones”; “ciudadanos, organizaciones sociales se reunieron para ser escuchadas, se fue armando un asunto de participación y procreación”.

Recordó que esta ley lleva un proceso de dos años y medio, en los que las organizaciones estuvieron “más de doscientas horas con senadores, para realizar la iniciativa en diciembre pasado. Después se entró a una etapa oscura, no sabíamos bien qué pasaba. Estaban proponiendo cosas contrarias a lo original  y cosas contrarias que podrían poner entre dicho la reforma constitucional, la ley no estaba llevando a cabo lo que la reforma planteaba”.

“La presión permitió repensar las cosas y matizarlas, en algunas de ellas cancelarlas”, detalló.

Ford comentó que algunos de los logros fueron que en cuanto al tema de “violaciones graves de derechos humanos se quedará como está”, y no habrá cambios.

“El Ifai es competente para dar acceso a la información de aquellas investigaciones, cuando en estas se presuma que hay violaciones graves de derechos humanos o lesa humanidad”, precisó.

Además “se podrán entregar en versiones públicas, expedientes e investigaciones de actos de corrupción”, refirió.

“Siempre respetando la probable inocencia, pero sí se verá el actuar de un juez o quien tenga que actuar en casos de corrupción”, añadió el comisionado.

También señaló que la administración pública general, así como fideicomisos públicos que no estaban y que manejan 40 mil millones de pesos, “tendrán que informar en su portal todo a lo que hace alusión la ley, tendrán que subir su nomina, contrataciones, etcétera”.

“Se suma todo el poder legislativo, los Congresos, tanto federal y estatal, tienen una obligación de oficio”, dijo.

Reveló que “se incorporan importantes obligaciones para el Congreso de la Unión y de los estados, que tienen que ver con una cuestión no solamente de los sueldos, las dietas, los apoyos que reciben los diputados, las comisiones, todo el personal que trabaja para la Cámara, sino el asunto medular de los grupos parlamentarios, siempre ha estado del otro lado de la transparencia”.

“Las sanciones para los sujetos obligados que no cumplan, se aumentaron, se tipifican todas aquellas cuestiones que puedan ser infractoras de la ley y una cosa que habían quitado pero finalmente se quedó, es la denuncia de los ciudadanos, hay que hacer una investigación en cinco días”, explicó.

Cada apartado tiene un responsable de subir la información a cada portal y habrá multas de hasta 10 mil pesos que deberá pagar el funcionario, de su bolsa, contó el comisionado Guerra Ford.


La ley de transparencia se encuentra en la Cámara de Diputados, donde deberá de ser discutida y votada.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Estímulo fiscal para proveedores de la vivienda, anuncia Videgaray

La industria se encuentra en una etapa de crecimiento sólido; representó 7.0 por ciento del PIB en 2014, y se posicionó como la segunda actividad industrial y el primer lugar en la generación de empleos, dijo el secretario de Hacienda.


El gobierno federal anunció un estímulo del ciento por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para prestadores de servicios de la industria de la vivienda, lo que evitará un incremento en el precio final de las casas habitación de entre 1.0 y 3.0 por ciento.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, informó que lo anterior es para que aquellos proveedores de la industria que ofrezcan un servicio a los desarrolladores de vivienda reciban un estímulo al ciento por ciento del IVA causado, de manera que no lo tengan que trasladar a los desarrolladores y, por lo tanto, no encarezca el costo de la vivienda para las familias.

“Calculamos que aproximadamente evitar este traslado del IVA reduce o evita un incremento en el precio de la vivienda de entre 1.0 y 3.0 por ciento del precio final a la familia que la adquiera”, añadió al anunciar estas medidas de impulso para la construcción de la vivienda.

Acompañado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jesús Murillo Karam, el funcionario destacó que con ello se tiene un impacto relevante en el precio de la vivienda que le da certidumbre a la industria y permite seguir con la construcción de casas.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) abundó que esto implica que aquellas viviendas que se construyen con la utilización de servicios de terceros pagan IVA, el cual se traslada al precio final de la vivienda.

Ante ello, la SHCP y la Sedatu trabajaron un mecanismo junto con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) que resolverá este problema de aquí en adelante.

La medida consiste en un estímulo fiscal equivalente al ciento por ciento del IVA que se cause por la prestación de los servicios parciales de construcción de bienes inmuebles destinados a casa habitación.


El funcionario precisó que este estímulo fiscal sólo beneficia a los proveedores formales, y se establecen incentivos claros para que este beneficio no se utilice en construcciones distintas a la vivienda y que sí están sujetas al IVA, con lo cual se tiene un debido proceso de certificación para asegurar que no haya un abuso en este mecanismo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

¿Y la presunción de inocencia?

La Policía de Monterrey reprueba en la aplicación de la justicia con el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Un video en poder de Reporte Indigo evidencia que los uniformados echan abajo este nuevo esquema, y que hay fallas en la detención de un sospechoso en un delito del fuero común.

Y es que actuaron a la “antigüita” en un reporte de robo en una sucursal de una tienda departamental.

Dos policías regios arrestaron a Grace Elizabeth Alonso Andrade, empleada de la tienda, quien fue acusada por el gerente porque supuestamente robó varios celulares.

Sin ninguna prueba contra la mujer,  los uniformados actuaron sólo de “dichos” del encargado del comercio, identificado por la trabajadora como Joel Alejandro Díaz Quintanar.

Incluso, los uniformados hombres sometieron a la empleada, contradiciendo  los reglamentos de Derechos Humanos, que dictan debe ser un elemento del sexo femenino el que actúe en el arresto corporal de una mujer.

La mujer policía puede esposar, revisar y subir a una patrulla a la detenida, sólo en caso de que tenga pruebas suficientes del delito.

En la videograbación se observa a los policías sacando sometida a la empleada del Centro de Distribución de Coppel, ubicado sobre la calle Julián Villagrán, número 2802, colonia Bella Vista, en Monterrey.

Asustada y llorando, la empleada fue subida por los policías a la patrulla.

Los elementos jamás justificaron la detención, e incluso nunca entró a las celdas del cuartel de la Policía de Monterrey, conocido como “Alamey”.

 “Subieron a mi prima y al guardia (a la patrulla), según para que fueran a declarar a la Alamey, y la verdad ni siquiera entró a las celdas mi prima”, explicó Yéssica Andrade Castillo, familiar de la afectada.

“Sólo se la llevaron para asustarla. Y la dejaron en la esquina de un Seven Eleven”, agregó.

Explicó que el problema se originó porque personal de la empresa se había dado cuenta de un faltante de celulares.

Joel Alejandro Díaz Quintanar, gerente de esa sucursal, hizo una reunión con las personas que laboraban en el departamento de entrega y salida de mercancía.

“Y les dijo que había un ratero entre ellos. Y que iba a empezar a sacar de uno por uno, el que se quedara al final ése iba a ser el ratero. Pues a mi prima fue a la que dejó al último, pero una de sus compañeras nos avisó que la Policía estaba esperando a mi prima afuera de su lugar de trabajo”, explicó Castillo.

Añadió que en la sucursal de esta tienda existen cámaras de vigilancia, pero los videos no fueron presentados ante la autoridad.

El familiar de la víctima  solicitó los videos, pero no se los mostraron.

Sin pruebas no hay delito

Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de Renace, explicó que las policías municipales tendrán que estar bien preparadas para poder detener a una persona.

“Los policías deben cuestionar a la persona que acusa,  sobre dónde está la pruebas del robo, eso no quiere decir que se acabe la investigación, puede seguir la investigación y si hay pruebas se le acusa del delito

“Se puede acusar, pero si en ese momento (… ) la víctima le dice ‘y dónde está lo que me robé’, y si en ese momento no hay un producto de robo, lo único que puede pasar es que tendrá que citarla en alguna agencia, siempre y cuando haya pruebas donde se le pueda imputar el delito”, dijo Sánchez Bocanegra.      

Toda prueba tendrá que tener un sustento, esto para poder imputar un delito hacia un civil.

“Las pruebas pueden ser por testimoniales y apoyados por pruebas científicas. 

“Y la detención  (en el caso de la tienda) fue inadecuada, porque si hay denuncia se va con el juez de control para que verifique si hay una participación de la mujer en el robo.

“Si no hay pruebas, el juez debe determinar que ahí se acaba el proceso”, explicó el director de Renace.

Añadió que el tiempo en el proceso de un delito es fundamental

“El policía tiene la obligación de llevar a la persona al Ministerio Público y en el tiempo esperado. En un lapso de 15 a 20 minutos, y si se tarda más de ese tiempo no procede”, concluyó Bocanegra

Todas las policías preparadas

La Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal (Sijupe) informó que el 100 por ciento de los policías municipales y estatales habrían completado un curso introductorio al nuevo sistema.

La comisión dijo que pasar del sistema tradicional al nuevo implicó dividir el trabajo en fases en las áreas de personal, espacios, equipo, tecnología, capacitación y difusión.

En Nuevo León, dijo la comisión, se ha invertido 1 millón 100 mil pesos para su aplicación, y se ha capacitado con un curso básico a todos los policías de la entidad.

No obstante, en el caso de la empleada, los policías regiosno aplicaron el nuevo código penal.

Pese a que se solicitaba una justificación para la detención de la trabajadora de la tienda, los uniformados nunca la mostraron ante el Ministerio Público.

El Congreso local aprobó en noviembre del 2012 las reformas en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, que se basa por la presunción de inocencia.

“El pleno  del Congreso aprobó por unanimidad reformas al Código Penal, Código Procesal Penal”, anunció el exdiputado priista y ahora candidato a la alcaldía de Guadalupe,  Francisco Cienfuegos.

En la reforma, el principio de presunción de inocencia es aquel conforme el cual toda persona debe considerarse y tratarse como inocente hasta en tanto no se demuestre lo contrario.


El abogado Roberto Flores subió a las redes sociales otro video en el que se aprecia a elementos de la  Policía de Monterrey, actuando sin tener una prueba que justifique la detención de un auto.

Aparentemente, el oficial acusó a Flores de circular a alta velocidad, motivo por el cual ameritaba una revisión de su vehículo.

“Mandar a la Policía regia. Y al departamento deTránsito a que revisen mi camioneta, y resulta que no se atrevieron ni siquiera a tocarla, ¡no se atrevieron a inspeccionar nada! Cuatro patrullas para detenerme rumbo a mi oficina”, expresó el abogado en su cuenta de Facebook.

Código Procesal Penal para el estado de Nuevo León

La Policía es el primer eslabón de la cadena del proceso del sistema penal acusatorio:

Artículo 6. Presunción de inocencia.

Toda persona se presume inocente en todas las etapas del proceso, mientras no se declare su responsabilidad en sentencia firme conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de duda debe absolverse al imputado.

Artículo 22. Legalidad de la prueba.

Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos y producidos por medios lícitos  e incorporados al proceso del modo que autoriza este Código.

No tendrá valor la prueba obtenida mediante violación de los derechos fundamentales de las personas.

Artículo 23. Valoración de la prueba.

Las pruebas serán valoradas por los Juzgadores según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos afianzados y las máximas de la experiencia.

Artículo 127. Reglas generales.

Toda persona que acuda al lugar del hecho delictuoso, tiene obligación de preservar la escena del crimen y permitir que el Ministerio Público y la Policía se encarguen de la investigación y de no hacerlo se hará acreedor a las sanciones que establece el Código Penal para el Estado de Nuevo León.

Artículo 128. Función de los cuerpos de seguridad pública.

Los integrantes de los cuerpos de seguridad pública distintos a la Policía Ministerial recabarán la información necesaria de los hechos delictuosos de que tengan noticia, dando inmediato aviso al Ministerio Público y sin que ello implique la realización de actos de molestia; teniendo como función:

I. Impedir que los hechos se lleven a consecuencias ulteriores;

II. Detener en flagrancia a quien realice un hecho que pueda constituir un delito;

III. Identificar, detener o aprehender  por mandamiento ministerial o judicial a los imputados.


Cuando los cuerpos de seguridad pública mencionados sean los primeros en conocer de un hecho delictuoso deberán ejercer las facultades previstas en el artículo 129 fracciones I, III, IV, V, VIII y IX de este Código, hasta que el Ministerio Público o la Policía Ministerial intervengan, debiendo informarles de lo actuado y entregarles los instrumentos, objetos y evidencias materiales que hayan asegurado. De todo lo actuado deberán elaborar un parte informativo.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.

Minutas a descongelar

El Congreso retomará esta semana la iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Transparencia; líderes aseguran que hay voluntad para agilizar su aprobación.

El presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno, afirmó ayer que existe compromiso y voluntad de los grupos legislativos para agilizar la discusión de las minutas de la ley de transparencia y del sistema nacional anticorrupción.

Agregó que se prevé una reunión con el senador Luis Miguel Barbosa Huerta el próximo viernes, para aprobarlas lo antes posible.

“Vamos a tratar de que ese encuentro sea público, cordial y, sobre todo, tratar de empatar los temas, que no haya una imagen o mensaje de que no hay coordinación, porque muchos de estos temas son un trabajo bicamaral”, puntualizó sobre la ley general de transparencia y de información pública.

Moreno Rivera dijo que está previsto que la Comisión de Gobernación se declare en sesión permanente hoy para analizarla y elaborar el dictamen.

“Esta ley se turnó con la intención de que tenga mayor agilidad y por la importancia del tema, a la Comisión de Gobernación para dictamen, con opinión de la Comisión de Transparencia, y estamos apostando porque no se retrase”, explicó.

El legislador añadió que ambas comisiones determinarán la ruta a seguir. “En congruencia, los diputados le darán la prioridad que tiene y estoy seguro de que van a hacer que esta ley camine inmediatamente”.

Por separado, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Francisco Arroyo Vieyra, sostuvo que las fracciones legislativas tienen la intención de dar todas las facilidades para que salga cuanto antes la minuta del Senado sobre la ley general de transparencia y de información pública.

“Las instrucciones que yo tengo, como parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es dar todas las facilidades para que esto salga cuanto antes, porque sabemos que es una exigencia de la sociedad y que le conviene a México”, indicó.


En tanto, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, señaló que la ley general de transparencia y de información pública, así como la creación del sistema nacional anticorrupción, son dos reformas que pueden salir adelante antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, es decir el 30 de abril.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF