MÉXICO, D.F: El Ejército y la Policía Federal (PF) resguardarán la seguridad en el oriente de esta ciudad y el Estado de México ante los elevados índices delincuenciales que registra esa zona.
A pesar de que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ha sido insistente en que las fuerzas federales, incluidas las tropas del Ejército, no ingresarían a la capital del país, la realidad se impuso y a partir de este miércoles llegaron a las calles de Tláhuac y el municipio de Chalco.
“No, no va a haber operativos federales… Nuestros canales de comunicación con la parte de policía de la Federación, con la parte de PGR, con el Ejército y con la Marina siguen cada vez mejor. Eso es muy importante para la ciudad, pero no quiere decir que vaya a haber operatividad. La operatividad federal, tiene que ver con el combate al contrabando, a la piratería y esta operatividad la acompaña la Secretaría de Seguridad Pública, eso es lo que habría”, declaró el 16 de febrero de 2013.
“El Ejército no tiene nada que hacer en la Ciudad de México. El Ejército lo que tiene que hacer, y es lo que hace, es su función, es una función de seguridad nacional”, insistió el 8 de noviembre de ese mismo año.
Hoy, el mandatario capitalino encabezó la puesta en marcha del Operativo Conjunto Tláhuac-Chalco, arropado por el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, así como representantes del Ejército Mexicano y la Policía Federal.
Aunque lo anunció hace casi seis meses –el 17 de diciembre de 2014, cuando puso en marcha el Operativo Ajusco— Mancera Espinosa explicó que el propósito de esta movilización es reforzar la seguridad en los límites del DF y el Estado de México, como parte de la iniciativa Escudo Centro.
Y es que en esta zona se volvieron preocupantes las denuncias por extorsión, secuestros, robos, ejecuciones y demás delitos a manos de la delincuencia organizada.
Según lo anunciado, en el operativo participan 175 elementos en 36 vehículos de la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Seguridad, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Marina (Semar), así como la de la Policía Federal.
Por parte del GDF participan la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) y del Estado de México, la Coordinación de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal de Chalco.
Como parte del operativo se estableció un puesto de mando en avenida Tláhuac-Chalco, que abarca un circuito de 50 kilómetros y cuatro puntos de revisión: La Virgen, Eje 10, Mixquic y San Juan Tezompa, donde habrá recorridos “durante las 24 horas”, según explicó el procurador capitalino, Rodolfo Ríos.
Las colonias beneficiadas serán San Francisco Tlaltenco, San Andrés, La Habana, San José, Las Puertas, Barrio y San Mateo.
Además habrá puntos itinerantes de revisión a vehículos sin placas, que circulen a exceso de velocidad o con vidrios polarizados, entre otras características.
El jefe de gobierno recordó que como parte de la estrategia de seguridad, en las zonas limítrofes del DF ya operan 26 puntos de revisión: siete operados con la Policía Federal y 19 con los municipios del Estado de México.
Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad, explicó que en el operativo se establecerán mesas de trabajo interinstitucionales para “instaurar objetivos comunes en el corto y mediano plazo”. También darán seguimiento permanente a los resultados de las bases de operación mixta y atenderán las denuncias ciudadanas.
Entre los asistentes estaban el subprocurador de Control Regional Procedimientos y Amparo, Gilberto Higuera Bernal; el General de División, Gerardo Rubén Serrano Herrera, diplomado del Estado Mayor, comandante de la Primera Región Militar de la Sedena, y el Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos.
También acudieron el vicealmirante Cuerpo General, Rafael Adolfo Suárez González; el Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Edomex, Marco Antonio Pérez Álvarez; el General de Brigada, Gustavo Nieto Navarro, diplomado del Estado mayor comandante de la Primera Zona Militar, así como el titular de la SSPDF, Hiram Almeida Estrada, y el jefe delegacional en Tláhuac, Isaac López Alejo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El candidato del PRD a la gubernatura de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aprovechó su posición como legislador para beneficiar a empresas constructoras de sus amigos, mediante la entrega de obras municipales que fueron sobrecosteadas.
De acuerdo a la denuncia que la fracción del PRI en el Senado se alista a presentar ante la PGR, Silvano Aureoles habría manejado de manera irregular parte de los fondos que por más de 5 mil millones de pesos gestionó ante la federación en el 2013.
Solo en el municipio de Tuxpan, gobernado por el hoy candidato a diputado federal por el PRD, Carlos Alberto Paredes Correa, se destinaron 133 millones de pesos, que fueron entregados a empresas de amigos cercanos al candidato.
Las auditorías realizadas a los procesos de licitación revelan que las compañías más beneficiadas por Silvano Aureoles fueron las constructoras propiedad de Carlos Herrera, hoy candidato del PRD a la presidencia municipal de Zitácuaro; la de Pascual Sigala, candidato del PRD a diputado plurinominal, y la de Norberto Antonio Martínez Soto, candidato del sol azteca a una diputación federal por el distrito de Hidalgo, en Michoacán.
Las empresas de los amigos de Silvano Aureoles ganaron licitaciones públicas de manera oscura en diversos municipios, explicó el presidente del PRI Agustín Trujillo Iñiguez. El sobrecosto, en ocasiones de hasta un 450 por ciento sobre la postura inicial, fue el gran negocio de los que se integraron en la red de corrupción que propició el candidato al gobierno de Michoacán.
Sólo en el municipio de Tuxpan, Silvano Aureoles gestionó fondos por 133 millones de pesos para obras cuyo costo real es de 87 millones de pesos. El sobrecosto de la inversión pública se hizo con consentimiento del gestor de los recursos y las partes involucradas en las obras, donde podrían tener responsabilidad los gobiernos municipales y constructoras privadas que allí intervinieron.
Los actos de corrupción en ejecución de obras con fondos federales también se extendieron al municipio de La Piedad, gobernado por el PAN, donde la inversión federal ejercida por el alcalde con licencia Hugo Anaya Ávila, fue sometida a moches con empresas constructoras locales, propuestas por el entonces legislador Silvano Aureoles Conejo.
Documentos en poder de Reporte Indigo revelan que algunas de las empresas beneficiadas en esta red de corrupción, pese a no tener recursos para operar -unas por no poder financiarse y otras por tener cuentas congeladas por orden judicial-, finalmente fueron revividas con fondos federales.
El comité directivo estatal del PRI en Michoacán, encabezado por Trujillo Iñiguez, estimó que gran parte de los recursos que se pudieron lograr con la operación de las constructoras de los amigos de Silvano Aureoles, pudieran ser la fuente principal de financiamiento del candidato del PRD al gobierno de Michoacán, el que ya ha sido reconvenido por el propio Instituto Electoral de Michoacán por el uso indebido de recursos.
La empresa favorita del PRD
Una de las empresas que mayor participación tuvo en la red de distribución de obras gestionadas por Silvano Aureoles en su calidad de legislador fue Ingeniería de Soluciones Estratégicas Pa&Nor S.A. de C.V.
De acuerdo a la escritura pública 1683, inscrita en el volumen 37 de la notaría 132 a cargo de Jorge Guerrero Chávez, es propiedad de Pascual Sigala Páez y Norberto Antonio Martínez Soto.
Sigala Páez es uno de los pilares ideológicos del PRD en Michoacán, por ello ha sido consejero y delegado nacional de ese partido. Fue subsecretario de Desarrollo Rural del gobierno de Leonel Godoy, además de diputado federal por Zitácuaro, en la LIX Legislatura. Actualmente es candidato a diputado federal por la vía de la representación proporcional.
El socio en la empresa, Norberto Antonio Martínez Soto, actualmente es candidato del PRD a la diputación por el distrito 06 de Michoacán. Martínez Soto fue presidente municipal de Irimbo, constituyó la empresa apenas un año de haber dejado el cargo. En febrero del 2012 comenzó a ejecutar obras para el municipio que gobernó.
Gracias a la gestión del que fuera alcalde de Tuxpan y hoy candidato del PRD para diputado por Zitácuaro, Carlos Alberto Paredes Correa, la empresa Ingeniería de Soluciones Estratégicas Pa&Nor S.A. de C.V., se adjudicó la millonaria obra para la construcción de un auditorio de usos múltiples, el que se designó bajo la licitación MTM/DOP/LIPFE-003-2014, que finalmente costó a la Federación 5 millones 170 mil 601.62 pesos, el doble del costo real de la obra.
En el contrato de adjudicación se estableció una cláusula, la décimo sexta, en donde el municipio “garantiza” el pago del sobrecosto de la obra, pese a que los contratos de adjudicación federal previenen y hasta prohíben el aumento de los costos a obras una vez que se han definido los montos. La cláusula se aplicó a la mayoría de los municipios en donde se ejecutaron obras con fondos federales desde el 2013 a la fecha.
Desde su constitución, la empresa ha sido una de las más exitosas del estado de Michoacán, al mantener presencia en las obras publicas de 16 municipios, en donde fueron entregados recursos por parte de la Federación, a través de la gestión del diputado perredista Silvano Aureoles Conejo, según denunció el senador suplente Agustín Trujillo Iñiguez.
Defraudan al fisco
En el modus operandi de la red de corrupción que se atribuye por parte de los senadores del PRI al candidato Silvano Aureoles no solo deja ver el desfalco de fondos federales, también resalta la evasión fiscal que las empresas beneficiadas realizan en forma reiterada, al facturar las obras a precios muy por debajo a como fueron pagadas por los municipios.
Las empresas beneficiadas ofrecían un costo al momento de licitar, inflaban la obra con sobre costos y facturaban a un precio más bajo para evadir el pago del IVA, todo esto con pleno conocimiento de los gobierno municipales “beneficiados” con la gestión de Aureoles.
El 22 de septiembre del 2014, el gobierno municipal de Tuxpan contrató una obra de alumbrado público, denominada La Cofradía, la que fue encargada a la empresa Lumiamper S.A. de C.V., representada por J. Dolores García Arellano, bajo la licitación pública MTM/DOP/LIPFED 010-2014, en donde se estableció el monto de la obra por 8 millones 344 mil 989 pesos con 53 centavos.
Menos de 20 días después del contrato se emitió la factura por la obra, en la que se cobró la suma de 2 millones 533 mil 485 pesos con 05 centavos, pese a que las transferencias de fondos de la cuenta de la presidencia municipal hacia la cuenta de la empresa fluyeron en forma normal, hasta cubrir el monto de lo pactado en el convenio original, en donde el municipio pagó los más de 8 millones de pesos acordados.
En algunos casos, se detectan pagos dobles por el mismo concepto y cantidad, pero derivadas a cuentas distintas.
La obra del alumbrado del Malacate se acordó en 7 millones 095 mil 491 pesos con 33 centavos. El primer pago para esa obra se hizo por transferencia electrónica, el 6 de octubre del 2014, de la cuenta BBVA numero 0196675581 hacia la cuenta Banamex 002737700460739300 por la cantidad de un millón 773 mil 872 pesos con 83 centavos. El segundo pago de esa obra se hizo dos días después, con programación bancaria automática, el 8 de octubre del 2014, por la cantidad de 2 millones 483 mil 421 pesos con 97 centavos, pero el pago fue duplicado a dos cuentas: la Banamex 002737700460739300 y la Santander 014537655043904501.
Los datos que señalan la posible responsabilidad penal del candidato del PRD a la gubernatura de Michoacán, dijo el líder estatal del PRI en Michoacán.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Los audios de directivos de la empresa OHL y su presunta red de sobornos a autoridades salpica al máximo órgano de administración de la justicia nacional.
Una vez más los magistrados del Poder Judicial de la Federación están bajo la lupa.
El ministro Luis María Aguilar, presidente del Poder Judicial de la Federación, enfrenta su primer escándalo de corrupción en su gestión como titular del Consejo de la Judicatura Federal.
A su antecesor en el cargo, Juan Silva Meza, le tocaron los casos más graves de corrupción que hayan involucrado a magistrados y jueces federales del PJF.
Los nexos de los funcionarios federales con casineros fue el tema que originó estas denuncias que pusieron en el ojo del huracán al PJF. Hoy son los audios de directivos de la empresa OHL y su presunta red de sobornos a autoridades la que salpica al máximo órgano de administración de la justicia nacional.
El martes se filtró al canal de videos You Tube grabaciones de conversaciones telefónicas entre directivos de OHL donde se habla de la necesidad de pagar sobornos a magistrados para conseguir fallos favorables en sus recursos legales.
Los audios –difundidos de manera anónima- involucran presuntamente a Pablo Wallentin, director de Relaciones Públicas de OHL de México y a Gerardo Fernández, director jurídico de OHL México.
“¿Cuánto hay que darle a los magistrados?”, pregunta Wallentin a Fernández.
El director jurídico de OHL le responde: “Yo creo que una manita…¿no?”.
Wallentin acepta.
“Sí, entonces, tu habla hoy con Oteyza (presidente de OHL México). Anda de muy buen humor hoy”.
En otra conversación el tema de los pagos a los magistrados es retomado por los directivos de OHL.
“Los magistrados sí en los términos que dijiste”, le comunica Wallentin a Fernández.
“Yo no le puedo dar al magistrado el cheque…¿entonces como quieres que lo hagamos?”. El director jurídico le responde:
“No, no pues no hay otra forma. O se hace como siempre o no hay otra forma”.
La renuncia
Hace dos semanas un primer audio difundido entre directivos de OHL provocó la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México Apolinar Mena Vargas.
El funcionario mexiquense renunció tras la divulgación de un audio solicitando favores a representantes de OHL.
Los magistrados y jueces federales han estado bajo sospecha por corrupción principalmente con casineros y hasta por sus nexos con el crimen organizado.
El Consejo de la Judicatura Federal –órgano responsable del Poder Judicial de la Federación- ha suspendido desde secretarios hasta magistrados para investigarlos por presuntos actos de corrupción.
Enriquecimiento ilícito
El año pasado el Consejo de la Judicatura Federal denunció ante la PGR al juez Luis Armando Jerezano por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
De acuerdo a la denuncia de la CJF, a Jerezano se le encontraron cuentas y pagos hasta por 26 millones de pesos los cuales el funcionario no pudo comprobar.
Jerezano fue suspendido desde el año 2011 por favorecer con sus amparos –cuando se desempeñaba como juez en la ciudad de Torreón- a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta.
Esta empresa operadora de centros de apuestas estuvo vinculada el abogado Eliseo Martínez, que fue ejecutado hace dos años en el municipio de San Pedro Garza García.
En un audio que publicó Reporte Indigo hace tres años, Jerezano reconoce que formaba parte de un grupo de la delincuencia organizada que pretendía hacerse del control de un casino en Monterrey.
También el año pasado el periódico El Universal reprodujo audios que demostraban negociaciones entre magistrados y jueces y el abogado de Juan José Rojas Cardona, dueño de casinos y casas de apuestas en México.
El funcionario implicado fue Eduardo Ochoa Torres, magistrado de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del estado en Nuevo León.
En el audio se vinculaba a este magistrado con Francisco Salazar, abogado de la empresa Emex propiedad de los hermanos Rojas Cardona.
El magistrado fue grabado hablando con el abogado casinero y platicando de favores y cultivando relaciones públicas.
De la conversación se desprende que Ochoa Torres fue el vínculo con el abogado de Rojas Cardona para conectarlo con otros jueces federales.
Ese magistrado fue captado también por las cámaras de seguridad en un viaje que realizó a la ciudad de Las Vegas, en una avionenta privada.
El Consejo de la Judicatura Federal presentó una denuncia penal donde se menciona no sólo a Ochoa Torres, sino también al magistrado José Manuel Rodríguez Puerto, y Javier Rubén Lozano Martínez, quien se desempeñaba como Juez Segundo en Materia Administrativa en Nuevo León.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
MÉXICO, D.F: Desde hace semanas, el nombre y la fotografía oficial del presidente Enrique Peña Nieto desaparecieron del portal de la Presidencia de la República.
La veda electoral impide la promoción de la imagen de los servidores públicos, y aunque las actividades presidenciales prevalecen con todo y difusión de discursos, selfies, fotografías, videos y transmisiones en vivo, el nombre y la imagen del mandatario fueron eliminados de manera temporal.
Sin embargo, en una acción inusual, Enrique Peña Nieto publicó este miércoles un artículo en al menos cinco diarios que se editan en la Ciudad de México (La Jornada, El Universal, Excelsior, Milenio y el Financiero) para abordar las virtudes de la reforma constitucional que promulgó esta tarde en Palacio Nacional, en compañía de servidores públicos y legisladores.
Fotografía en algunos diarios, firma en todos, el texto expresa más o menos lo mismo que en el discurso pronunciado hoy.
A tres años de haberse comprometido a crear una Comisión Nacional Anticorrupción, e inclusive prometer una iniciativa antes de tomar posesión, el presiente Enrique Peña Nieto promulgó finalmente las reformas en la materia que implicaron 14 cambios al articulado constitucional.
En el discurso y el artículo, calificó la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción como la reforma transformadora número 12, pues –sostuvo– se trata de un cambio de paradigmas, “una reforma contra la impunidad”.
A principios de agosto de 2014, Peña Nieto promulgó el paquete de reformas y nuevas leyes en materia energética, mientras el PRD se levantaba de la mesa del Pacto por México. Y mientras el mandatario daba por cerrado “el ciclo reformador”, el dirigente panista Gustavo Madero lo llamaba a no olvidar el pendiente de la ley anticorrupción.
Fue hasta meses después, ya inmerso en el escándalo de la “Casa Blanca” de las Lomas, cuando anunció una serie de medidas y la discusión legislativa posibilitó concretar los consensos, pese a la crispación prelelectoral.
De acuerdo con Peña Nieto, “para superar un problema estructural” se requiere “una respuesta estructural”, y a su juicio la reforma implica un cambio de paradigma, pues ahora quien incurra en actos de corrupción será sancionado y deberá resarcir el daño.
“Como Presidente de la República, estoy firmemente comprometido con el combate frontal a la corrupción y con el fortalecimiento de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo.
Abundó en que la reforma establece y articula el Sistema Nacional Anticorrupción, con un comité integrado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Fiscalía para el Combate a la Corrupción y la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y un comité ciudadano del propio Sistema.
Además, destacó que se fortalecen las facultades de la ASF, que ahora podrá reducir los tiempos de fiscalización, revisar ejercicios fiscales previos y conocer sobre ejercicio prespuestales de estaos y municipios.
También observó que se crea un modelo distinto de justicia administrativa, además de que el titular de la SFP deberá ser ratificado por el Senado.
Finalmente, Peña Nieto destacó que la reforma constitucional establece “una hoja de ruta” para el tinglado legislativo secundario. Esto quiere decir que el sistema creado no podrá operarse hasta que el Poder Legislativo analice, discuta y en su caso apruebe las leyes que harán efectiva la reforma constitucional.
La creación de una Comisión Nacional Anticorrupción fue una propuesta de Peña Nieto en mayo de 2012, cuando las movilizaciones del movimiento #yosoy132 parecían empañar un proselitismo que, conforme a los estudios de opinión, eran mero trámite.
El 21 de mayo de 2012, el mexiquense dio a conocer su “Manifiesto por una Presidencia Democrática”, en el que ya planteaba la creación de dicho sistema. El asunto no se volvió a tocar hasta que, en el contexto de las movilizaciones contra el resultado electoral, anunció tres iniciativas, entre ellas la creación del nuevo modelo anticorrupción.
La iniciativa jamás pasó, hasta el 27 de noviembre pasado, en medio de las movilizaciones que exigían justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, y del escándalo de la “Casa Blanca”, construida y financiada por el contratista gubernamental, Juan Armando Hinojosa Cantú.
Fue entonces cuando el presidente expuso un nuevo manifiesto, conocido como “Decálogo por la seguridad y la justicia”, en cuyos dos últimos puntos expresaba su respaldo a la creación del sistema anticorrupción y diferentes medidas para “un gobierno abierto”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación por las ejecuciones extrajudiciales de dos jóvenes, a manos de efectivos militares del XVI Regimiento de Caballería Motorizada asentado en Tamaulipas.
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, informó que el organismo presidido por Luis González Pérez admitió la queja que presentaron familiares de Diana Calderón Bravo y Ricardo Daniel Borrego Miguel, abatidos en un operativo militar el pasado martes 19.
Dos días después del doble crimen, Ramos Vázquez y la madre de Diana, María Guadalupe Bravo, enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto; al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, y al ombudsman nacional, en la que denunciaron que militares dispararon contra un grupo de jóvenes desarmados que se encontraban cerca de las vías del tren, en la colonia Matamoros de Nuevo Laredo.
Añadieron que en el ataque murió Ricardo Daniel, y luego los soldados le dispararon a Diana, quien viajaba en su vehículo junto con una amiga, la cual resultó lesionada.
Precisaron que en el operativo militar fue detenido Job Calderón Bravo, de 16 años y hermano de Diana, quien posteriormente fue presentado ante el Ministerio Público de la Federación con armas y droga.
A ocho días de los acontecimientos, el presidente del CDHNL informó que la CNDH “ha iniciado una investigación por estos hechos, y en los próximos días enviará un equipo de peritos para revisar los cuerpos, inspeccionar el vehículo y entrevistar a los testigos” que presenciaron las dos ejecuciones.
Agregó que la familia de Diana presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que indague la actuación de los militares que participaron en el operativo, “pues de acuerdo con la versión de testigos y la acompañante de la víctima, le dispararon por la espalda cuando iba manejando su carro y sin estar armada”.
También dijo que los testigos del ataque contra los jóvenes que se encontraban reunidos en el crucero Héroe de Nacataz, en la colonia Matamoros de Nuevo Laredo, aseguran que éstos no estaban armados, pero el parte oficial rendido por los soldados del XVI Regimiento de Caballería Motorizada afirma que ellos fueron víctimas “de una agresión armada” y presentaron a un menor de edad “como integrante de un grupo delincuencial, además de envoltorios con droga, armas y municiones”.
El defensor agregó que “durante más de tres horas los militares impidieron el paso a familiares de las víctimas y a personal del Ministerio Público, e incluso a los servicios de emergencia, para manipular el lugar de los hechos y sembrar evidencias a las víctimas, en un claro intento por fabricar culpables”.
Según Ramos Vázquez, los familiares de las víctimas cuentan con cuatro testigos que presenciaron el momento en que soldados “bajan de una camioneta del Ejército las armas y la droga y la siembran al cuerpo de Ricardo Daniel Borrego Miguel y de Diana Calderón Bravo”.
De igual manera, señaló que con la muerte de ambos jóvenes suman tres ejecuciones extrajudiciales atribuidas a efectivos militares en lo que va del año, la primera de las cuales se registró el pasado 15 de febrero, cuando Gustavo Ortega Pérez fue abatido por la espalda.
El presidente del CDHNL destacó que del 31 de marzo de 2009 al 17 de octubre del año pasado, en operativos o retenes del Ejército 11 personas desarmadas perdieron la vida en Tamaulipas, entre ellos los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, el 3 de abril de 2010.
Y reiteró las exigencias a Peña Nieto expresadas en la carta –con fecha 21 de mayo y firmada por la madre de Diana y Job, Guadalupe Bravo– para que se realice “una investigación exhaustiva, urgente e imparcial” que lleve al esclarecimiento de las muertes de Diana y Ricardo.
También demandó garantías para preservar la integridad de los familiares de las víctimas, sobrevivientes y testigos de los hechos, “para evitar represalias, actos de intimidación o cualquier otra acción que ponga en riesgo sus vidas, pertenencias y labores habituales, por parte del personal militar o cualquier otra autoridad federal y estatal, que tomen conocimiento”.
Asimismo, solicitó al Ejecutivo que ordene la suspensión de los patrullajes realizados por el personal del XVI Regimiento de Caballería Motorizada en tanto se realizan las investigaciones, para “determinar su participación en el fallecimiento de las víctimas, la negación de auxilio, la siembra de evidencias (armamento, municiones, fornituras y droga), así como la alteración del escenario, y como consecuencia de todo lo anterior la distorsión y obstrucción de las investigaciones”.
Igualmente, exigió sanciones ante el incumplimiento de los Protocolos y Manual de uso de la Fuerza emitidos el 22 de mayo de 2014.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
TOLUCA, Edomex: A 10 días de los comicios, el gobierno de Eruviel Ávila anunció la ampliación del apoyo de útiles escolares para más de tres millones de alumnos de educación básica, y un programa piloto de vales para zapatos en los municipios de Ecatepec, Huixquilucan y Naucalpan, considerados los de mayor competencia electoral.
Dicho anuncio transgrede el Código Electoral del Estado de México. El artículo 261 prohíbe a las autoridades estatales y municipales difundir publicidad oficial durante las campañas electorales, salvo en los casos de servicios educativos, de salud o de emergencias naturales.
La norma también impide suspender los programas sociales que no resulten prioritarios.
No obstante, el gobernador Eruviel Ávila rechazó que con este anuncio viole alguna disposición jurídica, en virtud de que estos nuevos apoyos se entregarán después de la jornada electoral; es decir, a partir del 8 de junio.
La entrega de vales canjeables por útiles escolares ya formaba parte de los beneficios de “La Efectiva Escolar” que cesó su entrega con el inicio de las campañas para evitar el entorpecimiento de la ley. “La Efectiva” benefició a más de tres millones 300 mil padres de familia de alumnos que cursan la educación básica, y con ella podrían adquirir 130 pesos en útiles escolares.
Además, ofrece la posibilidad de acceder a descuentos en más de tres mil establecimientos comerciales, desde los necesarios –servicios médicos y farmacias–, hasta los de entretenimiento –cines, zapaterías, restaurantes, clínicas de belleza, renta de autos.
A partir del anuncio realizado por el mandatario en Atizapán de Zaragoza, la tarjeta tendrá un tope de 150 pesos en útiles escolares por alumno.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
Según un juez federal, la acusación en su contra se basó “fundamentalmente en la confesión de tres de ellos (los autores materiales)”.
Un juez federal absolvió y ordenó inmediata libertad para las cuatro personas que fueron encarceladas por el atentado con granadas del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, por la violación a sus derechos humanos y fabricación de pruebas. Esta tarde, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que apelará esta resolución.
Días después del atentado en la capital michoacana en 2008, la PGR, cuyo titular era Eduardo Medina Mora, anunció la detención de tres presuntos autores materiales de los hechos violentos que dejaron ocho muertos y más de 100 heridos el día de la Independencia en Morelia. Según la fiscalía federal, estas personas eran presuntos miembros del cártel de los Zetas.
La tarde de este 27 de mayo, el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco dictó sentencia absolutoria a los cuatro procesados por todos los delitos que se les imputaba.
Según el juez, la acusación en su contra se basó “fundamentalmente en la confesión de tres de ellos (los autores materiales)”.
Además, “quedó plenamente demostrado, incluso con periciales de la propia PGR, que fueron sometidos a actos de tortura previos a que fueran localizados y presentados ante la entonces SIEDO, donde en lugar de respetar sus derechos fundamentales, así como atender las múltiples lesiones que presentaban, les fue tomada su declaración ministerial cuando aún se encontraban bajo los efectos de aquella tortura.”
El juez resolvió que “no se respetaron sus derechos fundamentales, dado que fueron exhibidos” ante los medios y se publicó un video “donde son sometidos a una entrevista, sin presencia de defensor, en la que aceptaron su participación, lo que genera la nulidad de dicha confesión así como de las restantes pruebas que emanaron de la misma”, es decir, declaraciones de testigos protegidos.
La defensa de los procesados demostró que tres de ellos (los presuntos autores materiales) se encontraban en la ciudad de Lázaro Cárdenas el día de los hechos, “sin que se aportara prueba en contrario”.
En septiembre de 2008, la entonces titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, aseguró que los tres presuntos autores materiales fueron detenidos en Apatzingán, Michoacán, y que “declararon ante esta autoridad federal haber sido quienes detonaron granadas de fragmentación contra las personas reunidas” en el centro de Morelia.
Otra de las irregularidades en el caso fue que “se demostró que la firma plasmada en la declaración de uno de ellos (de los presuntos autores materiales) no corresponde a su puño y letra, evidenciándose la prefabricación de pruebas en su contra”, según el juez federal.
Una cuarta persona también fue absuelta porque las pruebas que se aportaron en su contra resultaron violatorias a sus derechos humanos, además de que las declaraciones de los testigos protegidos “no generaron certeza respecto a la identidad de dicha persona como uno de los líderes del cártel de Los Zetas.”
Marisela Morales narró así lo que sucedió esa noche:
“Ese día, alrededor de las 23:05 horas, al momento en que el gobernador de la entidad (Leonel Godoy) hizo sonar la campana conmemorativa del aniversario de la guerra de Independencia, en la explanada de la plaza Melchor Ocampo de Morelia, explotó una granada de fragmentación; poco después, en la esquina de las calles Madero Poniente y Quintana Roo, estalló otra granada de fragmentación.
“El resultado de estas dos explosiones fue de ocho personas muertas y 106 lesionadas, de las cuales 76 fueron registradas y atendidas en diversos nosocomios de Morelia, y 30 de los casos fueron atendidos en el lugar de los hechos por tratarse de lesiones leves”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
La dependencia federal pidió que se verifique que las licitaciones ganadas por la empresa española en México fueron con apego a la legalidad.
Luego de que se diera a conocer que directivos de OHL supuestamente planearon sobornar a magistrados mexicanos –de acuerdo con unos audios filtrados–, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pedirá a la Secretaría de la Función Pública (SFP) auditar los contratos vigentes de la filial en México de la compañía española.
La SCT “solicitará mañana a la Secretaría de la Función Pública Realizar auditorías sobre los contratos vigentes que tiene con la empresa Obrascón Huarte Lain México (OHL), a efecto de que se corrobore que los procedimientos licitatorios que dieron origen a las contrataciones se llevaron a cabo con apego a la legalidad y bajo principios de transparencia“, informó la dependencia en un comunicado emitido este martes 26 de mayo.
Los títulos de OHL México llegaron a caer más de siete por ciento en la apertura en la bolsa mexicana, para luego recortar pérdidas con una baja del 1.25 por ciento a 23.51 pesos a las 9.11 hora local, arrastrada por la divulgación de las grabaciones, de acuerdo con operadores en el mercado, reportó la agencia Reuters.
El presidente de OHL, Juan Miguel Villar, celebró que se realicen las auditorías y dijo que demostrarán que su filial no ha incurrido en ninguna irregularidad en México y que todo se trata de una campaña de “difamación y calumnias”, detalló AP.
“Todo es mentira”, dijo Villar a periodistas en España. La empresa en México, añadió, “cumple hasta la última coma con todas las exigencias y plazos de los contratos”.
Ayer, diputados federales del PRD pidieron a la Comisión Permanente solicitar una auditoría a los contratos que el gobierno federal ha celebrado con la empresa OHL México, correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
En un punto de acuerdo, señalaron que a raíz de las conversaciones grabadas entre ejecutivos de la filial mexicana de la empresa española OHL, se han dado a conocer nuevas relaciones entre este grupo empresarial y diversos niveles del gobierno mexicano.
Los diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Lourdes Amaya Reyes consideraron que aunque las conversaciones se refieren específicamente al Viaducto Bicentenario, se prevé que estas prácticas son comunes en la empresa.
Recordaron que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, anunció que se auditaría la obra para identificar y deslindar responsabilidades, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Superior de Fiscalización de la entidad, Transparencia Mexicana y el despacho Price Waterhouse.
“Es fundamental que se deslinden las responsabilidades en casos como el referido en esta proposición”, demandaron los legisladores perredistas a través de un comunicado.
Por ultimó consideraron necesaria la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que, en el marco de sus atribuciones, analice los contratos que tenga celebrado el gobierno federal con la empresa.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán obtuvo auto de formal prisión contra dos mandos de la Policía Municipal de Yurécuaro y un elemento de la misma corporación, vinculados con el homicidio del candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de ese municipio, Enrique Hernández Salcedo, el pasado jueves 14.
En un comunicado, la PGJ informó que una vez concluido el término constitucional el juez de la causa consideró suficientes las pruebas presentadas por el representante social para acreditar la probable responsabilidad del exdirector de Seguridad Pública Municipal de Yurécuaro, Tomás Lara Torres; el exsubdirector Ricardo Vega García, y Rafael Melgoza Gómez.
A los tres se les acusa del delito de homicidio calificado en grado de participación por omisión.
En relación con los hechos, se determinó que el mando policial y sus subalternos tuvieron conocimiento de que se atentaría contra la integridad del candidato, pero por instrucciones del ahora exdirector de seguridad no realizaron ninguna acción para evitarlo y sí, en cambio, se desplazaron a la ciudad de La Piedad para que dos integrantes del crimen organizado, identificados como El Chuky y Sergio “N”, consumaran el asesinato de Hernández Salcedo después de encabezar un evento en la zona centro de Yurécuaro.
La PGJ señaló que sobre este hecho continúa abierta la averiguación previa, a efecto de dar seguimiento a la investigación.
El pasado miércoles 20, el procurador michoacano José Martín Godoy Castro dio a conocer que tras las diligencias practicadas lograron ubicar y establecer como autores intelectuales del crimen del candidato de Morena a dos líderes delincuenciales de la zona: Adrián Alonso Guerrero Covarrubias y Heraclio Guerrero Martínez.
Afirmó que los policías acusados tenían comunicación con los integrantes del grupo encabezado por esos dos sujetos y percibían 10 mil pesos mensuales por brindarles protección y seguridad.
Según el funcionario estatal, Guerrero Covarrubias y Guerrero Martínez mantenías diferencias con Hernández por el control y administración ilegal de un banco de arena ubicado en las inmediaciones de la comunidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato.
De este mismo conflicto, dijo, derivó el homicidio de quien fuera presidente municipal de Tanhuato, Gustavo Garibay –el pasado 22 de marzo–, y por el que Enrique Hernández estuvo preso.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Pablo Gómez, representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), criticó la lentitud con la que está actuando la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo electoral en el caso contra el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, cuando sólo faltan dos semanas para las elecciones intermedias.
En sesión ordinaria del Consejo General destacó la inacción de la comisión presidida por la consejera Beatriz Galindo en el procedimiento ordinario sancionador por desacato a las medidas cautelares ordenadas por el INE para retirar la gacetilla que publica todos los días el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.
“Este señor se hace promoción personalizada, pero además lo hace en época en la que está prohibida la propaganda gubernamental; este es un regreso del Tribunal, y sigue atorado en el Instituto, concretamente en la unidad, y yo creo que ahí va a seguir hasta después de las elecciones, no se podrá ya hacer nada, porque se trata de una medida cautelar desobedecida”, advirtió el perredista.
Sería grave, subrayó, que el INE sancionara al gobernador después de las elecciones intermedias que se celebran en dos semanas.
Pablo Gómez denunció además que actualmente en el Estado de México hay más de 200 espectaculares en los que se liga al Verde con el gobierno de Eruviel Ávila.
Uno de ellos, comentó, tiene la leyenda “El Verde es salud” y es todo de color verde, luego aparece en chiquito la firma del gobierno del Estado de México y en rojo, “el color del PRI en el Estado de México”, dice: “Ganamos todos”.
“Todas las vías principales del Estado de México están llenas de esto, son centenares. Cándidamente los partidos fueron al Instituto Electoral del Estado de México, a principios de la segunda decena del mes de mayo, y ahí desde entonces están estudiando si procede o no alguna medida cautelar para bajar publicidad gubernamental que está prohibida.
Publicidad que además es engañosa y es en favor de la contienda, de la alianza PRI-Verde. “El Verde sigue (publicitándose), nada más que ahora lo hace Eruviel, y el PRI también”, afirmó el perredista.
Y ante la situación sugirió:
“Pues si se trata de defraudar la ley vamos todos, al fin que la autoridad es lenta. Ya cuando haga algo la autoridad, ya habrá generado un efecto. Es como la propaganda de los periódicos del gobernador del Estado de México, es el mismo personaje el que está haciendo todo”, denunció.
Gómez recordó la actuación del Consejo General respecto del Verde, desde que el partido empezó a violar la ley en septiembre del año pasado, sin que el INE actuara hasta que se desató el escándalo, el cuál fue inútil porque “ya habían logrado su objetivo, no les importaba el dinero de las multas”, lamentó el perredista.
Ningún consejero respondió a los señalamientos y el consejero presidente, Lorenzo Córdova, se limitó a recibir el Informe de dicha comisión.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P: Dos mujeres fueron ejecutadas con disparos en la cabeza y sus cuerpos abandonados desnudos en un predio en el camino en los límites entre Veracruz y el municipio de Tanquián de Escobedo.
Una de ellas sufrió un disparo en la boca y la otra falleció por dos balazos en el rostro.
Un hombre que conducía su camioneta por el camino de la localidad de El Corozal a Tanquián encontró los cuerpos, y notificó al síndico de ese municipio colindante con Veracruz.
Esta vialidad comunica a El Tanquián, en Veracruz, con Tanquián de Escobedo, en San Luis Potosí.
Una de las víctimas representa alrededor de 40 años de edad y la otra entre 25 y 30; ninguna ha sido identificada, informó la Procuraduría de Justicia potosina, que confirmó las causas de la muerte tras practicar las autopsias a ambas víctimas.
Las autoridades suponen que ambas eran originarias o vivían en Veracruz, por lo que notificaron a las autoridades de aquella entidad para verificar la información sobre mujeres reportadas como desaparecidas.
En el sitio del hallazgo se encontraron huellas de rodamiento de una camioneta, desde la cual se presume que las trasladaron y las arrojaron a un costado del camino, rompiendo para ello una cerca.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
Arely Gómez se reunió con padres, familiares y representantes de las víctimas de la Guardería ABC, a quienes les prometió el esclarecimiento del caso.
A 10 días del sexto aniversario por el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, la procuradora Arely Gómez González se reunió el martes con padres, familiares y representantes de las víctimas, con quienes se comprometió a esclarecer los hechos.
Según un comunicado de la PGR, la funcionaria les reiteró que la dependencia a su cargo está comprometida con la investigación del caso, y sobre todo en la búsqueda de justicia por los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora.
“En esta reunión, instruyó a las áreas correspondientes de la institución para que se realicen todas diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales que, en su caso corresponda“, detalló la PGR.
Gómez González estuvo acompañada por los subprocuradores de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, y de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres.
Tuits:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
"Sería muy irresponsable el estar apostando al fraude electoral y a la antidemocracia en la Ciudad de México", sostuvo.
Andrés Manuel López Obrador llamó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para que en los días que faltan para la contienda electoral “ponga orden” y se evite la compra del voto, porque -advirtió- si hay fraude electoral en la Ciudad de México, los integrantes de su partido, Morena, no aceptarán los resultados, van a denunciar y enfrentar a los defraudadores.
“Nunca vamos a aceptar que se viole el voto de los ciudadanos, la voluntad del pueblo de México, nunca vamos a aceptar la antidemocracia aquí ni en ninguna parte”, indicó.
El martes, de gira por el DF, el ex jefe de Gobierno dio a conocer que tiene información de que el secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano, ce comprometió con Mancera a lograr un “carro completo” para el PRD en los comicios del 7 de junio en la Ciudad de México.
López Obrador calificó como una barbaridad y una irresponsabilidad el comentario de Serrano, porque están pensando que con dinero van a poder comprar miles de votos traficando con la pobreza de la gente.
Además, lamentó que los dirigentes perredistas actúen igual que los del PRI y los del PAN “al comprar los votos”.
Además, AMLO volvió a aceptar sus aspiraciones presidenciales.
“Nosotros mientras tengamos vida, vamos a seguir luchando por nuestros ideales y principios y no vamos a claudicar, vamos a seguir luchando por la transformación de México y desde Tulyehualco (en la delegación Xochimilco), volvemos a decir: la tercera es la vencida”, confió.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
México, DF. .- La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó al Partido Verde una multa de 11.4 millones de pesos, que había aplicado en marzo por la sala especializada de este mismo tribunal.
Los magistrados dijeron que la multa no era acorde a la individualización de la sanción, derivada de la difusión de más de 240 mil espots de informes de legisladores, con base en los cuales se hizo una exposición excesiva del Partido Verde.
Los integrantes de la Sala Superior, cuyas decisiones son inapelables y definitivas, no debatieron el punto; el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador fue interpuesto por el Partido Verde para revertir la sentencia dictada por la Sala Regional, la cual impuso una sanción consistente en la reducción de 50 por ciento de la ministración mensual.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.
QUERÉTARO, Qro: El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputado federal Paul Ospital Carrera se promueve en glúteos de edecanes.
“Paul Ospital” es la leyenda grabada en ceñidos pants que portan las edecanes que promueven al priista.
Ospital difundió en sus redes sociales imágenes de su nueva estrategia de campaña. Sin embargo, la iniciativa fue reprobada por un sector de la sociedad.
El usuario de Facebook Rafael Vázquez criticó la campaña del candidato: “Decline a su candidatura, tome unos talleres sobre género, instrúyase y vuelva cuando presente una cara más digna sobre lo que necesitamos los ciudadanos”.
“Esas manifestaciones sexistas resultan ser una promesa o reflejo de cómo será su gobierno: trata, violaciones y violencia hacia las mujeres permitida porque los cuerpos de ellas son sólo pedazos de carne que sirven como cualquier pared para colgar su propaganda electoral”, agregó la usuaria Samantta Jim.
La candidata del Movimiento Regeneración Nacional por ese distrito, Gisela Sánchez Díaz, se sumó a la censura.
“Ayer faltaron los representantes del PRI, PAN, Verde, PT, MC, Alianza, al Foro para la inclusión de las mujeres en la política en condiciones de igualdad que promovió el INE y la UAQ, en cambio recibí por twiter esta imagen que me parece sexista y estoy de acuerdo con Susana Juárez con exigirle a Paul Ospital dejar de promover dichas imágenes y más bien exigirle a él y a su partido compromisos de verdadera igualdad política con las mujeres”, pidió.
Personal de comunicación de Paul Ospital anunció que el candidato se comunicaría para fijar su posición.
En el sitio oficial http://elecciones.pri.org.mx/, se expone que Ospital ingresó al PRI desde su adolescencia y a los 17 años colaboró en la campaña del priista Enrique Jackson.
Según dicho portal, Ospital Carrera estudió Ciencias políticas y Administración Pública.
Posteriormente se sumó al trabajo del senador José Eduardo Calzada Rovirosa, hoy gobernador de Querétaro.
El candidato a diputado federal por el tercer distrito, fue director del COBAQ y presidente estatal de Red por Jóvenes por México.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Este 26 de mayo, desde las 10 de la mañana, salieron cuatro marchas de distintos puntos de la Ciudad de México. Se trató de la décimo segunda #AcciónGlobalPorAyotzinapa. En el acto central en el Hemiciclo a Juárez se montó, de nuevo, otra provocación entre encapuchados y granaderos. Varios de los manifestantes destruyeron propaganda electoral, en claro rechazo a los comicios del próximo 7 de junio.
La protesta contra las elecciones trata de mantener la disidencia ciudadana frente a la pretensión gubernamental de “superar” una tragedia mal investigada, sin autores intelectuales detenidos y con vacíos de investigación muy graves.
A ocho meses de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, a la tragedia de Ayotzinapa, se han sumado otros eventos que apuntan hacia un modus operandi del narcopoder coludido o confrontado con fuerzas estatales.
Son crímenes de lesa humanidad, ocurridos a la sombra de la impunidad prevaleciente en la tragedia de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a una acelerada descomposición en el corredor formado por los estados de Guerrero, Michoacán y Jalisco:
1.-Los desaparecidos en Chilapa, Guerrero. Se denunciaron 16, la fiscalía estatal investiga 15, pero los testimonios hablan de casi 30 personas desaparecidas en este municipio donde se enfrentan Los Rojos y Los Ardillos, como se denominan a los grupos criminales que se han disfrazado de “policías comunitarios” para infundir miedo en esta zona.
En Chilapa, la policía municipal está desarmada. Las fuerzas federales, militares y policiacas, no intervinieron en los sucesos del 9 de mayo. El mismo alcalde, Francisco Javier García, no estuvo presente cuando acudieron a Chilapa a secuestrar a los pobladores, y ha calculado que son más de 200 las personas desaparecidas.
2.-El asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato a alcalde del PRI en Chilapa.-Los secuestros en Chilapa tuvieron un antecedente claro: el asesinato a tiros el 1 de mayo pasado de Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a presidente municipal. Fabián Quiroz es el cuarto candidato a alcalde asesinado y uno de los 7 aspirantes ultimados en este proceso electoral.
Los otros asesinados son Héctor Cruz López, candidato del PRI a regidor en Tabasco; Enrique Hernández, candidato de Morena a alcalde de Yurécuaro, en Michoacán, precedente de la violencia desatada que culminó con la masacre de 43 personas en Tanhuato; Aidé Nava González, precandidata del PRD a alcaldesa en Ahuacotzingo, Guerrero.
3.-La masacre de Ecuandureo.-Como en Iguala, la cifra trágica de 43 volvió a aparecer, ahora en Tanhuato, municipio de Michoacán, colindante con Jalisco, donde se registró el pasado 22 de mayo uno de los episodios más sangrientos de los últimos años. La versión oficial habla de un “enfrentamiento” entre presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra policías federales que acudieron ante una denuncia. La versión oficial y las imágenes que han circulado en redes sociales se contradicen. Los 42 presuntos narcotraficantes son jóvenes desarmados, con indicios claros de ejecución.
Crece la versión de una “venganza” de las fuerzas policiacas y militares tras el derribo del helicóptero en los narcobloqueos del 1 de mayo en la zona de influencia del CJNG.
4.-Caso Nestora Salgado.-Coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado cumple 21 días de huelga de hambre, en protesta por la falta de defensa y de condiciones dignas en su encarcelamiento en un penal de máxima seguridad en Tepic. La historia de Nestora Salgado es un claro ejemplo de cómo actúa el gobierno federal frente a ciudadanos que deciden romper el cerco del miedo y de complicidad con los cárteles de la droga que actúan en Guerrero, Jalisco y Michoacán.
5.-Apatzingán, #TambiénFueronMilitares.-La matanza del 6 de enero de 2015 en Apatzingán, Michoacán volvió a abrir la caja de Pandora de la política sistemática de aniquilamiento a pobladores de la “tierra caliente” en ésta y otras entidades. Testimonios de sobrevivientes, audios y fotografías, difundidas en Proceso, Aristegui Noticias y Univisión, a partir de la investigación de la reportera Laura Castellanos, revela que no sólo participaron policías federales, sino también elementos del Ejército.
6.-Tlatlaya revive.-Con la masacre de Tanhuato, en redes sociales y en testimonios de organismos defensores de derechos humanos se relaciona este hecho con la matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014. Este episodio es el principal antecedente de lo sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Las primeras versiones oficiales se derrumbaron ante las evidencias de que los integrantes del batallón del ejército ejecutaron de manera sumaria a personas desarmadas en Tlatlaya.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Fueron suspendidas tras los hechos violentos del pasado viernes en el "Rancho del Sol", donde presuntamente fueron abatidos 42 civiles y murió 1 policía federal.
Este miércoles reanudaron actividades los casi seis mil alumnos del nivel básico que permanecían sin clases en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán.
En un comunicado, la Secretaría de Educación estatal dio a conocer que tras evaluar las condiciones de seguridad en la zona, se determinó que existían condiciones para que los estudiantes volvieran a clases.
El pasado lunes, autoridades en la entidad determinaron suspender labores educativas en todas las escuelas del nivel básico de estos municipios, para evitar tensión y zozobra entre estudiantes, padres de familia y profesores.
El viernes pasado, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, informó que en un enfrentamiento ocurrido entre elementos de fuerzas federales y hombres armados, que comenzó en el municipio de Tanhuato y terminó en Ecuandureo, murieron 42 presuntos delincuentes y tres más fueron detenidos.
La CNDH investigado lo ocurrido en dichos municipios.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
"Estamos en un momento de crisis de derechos humanos", señaló por su parte Edgar Cortez.
Ante las recientes matanzas en Apatzingán, Tlatlaya y los hechos ocurridos en Ecuandureo, Michoacán, “tenemos que tener una reflexión de que estos casos que están sucediendo… se dan en un contexto de descomposición social, en un contexto de mucha negligencia respecto a tema de derechos humanos, no solamente en este gobierno, sino a lo largo de varios sexenios”, señaló Perseo Quiroz, director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
En entrevista para Aristegui CNN, dijo que los casos ya mencionados “se dan en un contexto en donde se ha privilegiado una política de mano dura, donde se han dejado los derechos humanos de lado, pero sobre todo en un contexto donde no hay un costo político para las violaciones a derechos humanos, donde los ciudadanos hemos ido poco a poco normalizando estos hechos violentos, ha dejado de ser noticia que haya una masacre, que haya otros muertos más”.
“En cualquier otro país democrático cualquier acontecimiento donde hayan muerto 42 civiles, merece una investigación por sí misma. Aquí todavía estamos debatiendo si lo investigamos o no lo investigamos”, refirió.
Además, indicó que como sociedad tenemos que “estar más pendiente de esto y ejercer mucho más nuestros derechos en este sentido”.
Por su parte Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que “vale la pena detenernos y ponerlos en perspectiva, estos casos de las masacres, en Tanhuato-Ecuandureo, Apatzingán, y Tlatlaya donde lo que tenemos es un número muy elevado de víctimas civiles, presuntamente delincuentes pero en realidad es difícil saberlo, frente a un número mínimo de bajas de policías o fuerzas armadas”.
Hay que recordar “que tenemos prácticamente veinte años que las fuerzas armadas entraron a labores de seguridad pública, en 1996 arrancó el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Eso significa que salieron a las calles y entraron a esta interacción con la sociedad”.
“En tercer lugar, tenemos estos casos ahora pero no son los únicos, un grupo de académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2011 presentaron un informe, lo que llamaron el índice de letalidad, y midieron, hicieron un registro”.
“Un recuento que entre enero de 2008 hasta mayo de 2011, registraron 234 casos de confrontación entre fuerzas armadas y civiles. Hicieron toda una estadística para medir cuántos muertos y heridos había del grupo de fuerzas armadas, policía, Marina o Ejército, y cuántos de los presuntos delincuentes, es un elemento importante porque es una versión objetiva”, indicó.
Explicó que “planteaban que de esa medición, de esos enfrentamientos en donde había habido participación de Policía Federal, por cada policía muerto había 1.4 presuntos delincuentes muertos. En el caso del Ejército subía, por cada soldado, 13.5 delincuentes, y en el caso de la Marina se iba por cada uno, a 34.5 delincuentes”.
“Es importante porque lo que estamos viendo es que hay una base objetiva para plantear la hipótesis de lo que ha pasado en estos casos”, recalcó.
“Frente a una crisis tienes dos posibilidades: una es resignarte y decir no hay remedio, la otra es tratar de convertirlo en una oportunidad, en una exigencia permanente de fin a la impunidad, de investigación, de efectividad de las instituciones y de construir un costo realmente de lo que está pasando en materia de derechos humanos. Pero siendo muy conscientes de que ese costo sólo se va a construir por el trabajo y la exigencia permanente de la ciudadanía”, finalizó.
ENTREVISTA:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
