Durante las campañas, ambos partidos ocuparon el 26.77 de los espacios. Quienes menos tiempo tuvieron fueron los candidatos independientes, el PT, Partido Humanista, Encuentro Social, Nueva Alianza y Morena.
El PRI y el Verde fueron más vistos y escuchados durante la campaña electoral, acuerdo con el monitoreo de programas de radio y televisión que difunden noticias, actualizado hasta el pasado 24 de mayo.
Ambos ocuparon, juntos y por separado, un total de 26.77 de los espacios.
Tan sólo el PRI ocupó 262 horas con 55 minutos; mientras del Verde se habló 219 horas con 46 minutos; juntos, alcanzaron 140 horas.
El monitoreo consiste en “cualquier mención sobre precampañas y campañas electorales de las y los precandidatos, así como las y los candidatos a Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos de cada partido político, coalición o independiente. Se monitoreará cualquier aparición de las y los precandidatos, y las y los candidatos en los espacios que difunden noticias independientemente del tema que traten y la manera en que sean presentados. Además, se monitoreará cualquier mención sobre campañas electorales de las candidatas y candidatos independientes…”.
Quienes menos tiempo tuvieron fueron los candidatos independientes, el PT, Partido Humanista, Encuentro Social, Nueva Alianza y Morena, como se muestra en la siguiente gráfica:
El reporte íntegro:
Reporte_SMN2015_Acumulado_20150405_20150524.pdf by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
"Lo mejor sería que vayamos a votar y hagamos un ejercicio de libertad... ¿Qué es lo peor? La violencia", indicó el especialista electoral.
Las elecciones del próximo domingo 7 de junio serán las más complicadas “de la que yo tenga memoria”, pues habrá un “nuevo marco jurídico, nueva institución electoral, nuevos partidos, candidatos independientes, y violencia.
Esto último es lo que más preocupa, nunca vi una elección que a 72 horas de la jornada comicial hubiésemos visto ataques, agresiones y asaltos contra la autoridad electoral, nunca, ni en 1988, ni en 1994″, señaló Jorge Alcocer, director de la revista Voz y Voto.
En entrevista para Aristegui CNN, expuso que diversos grupos han asaltado y atacado esta semana las instalaciones del INE e institutos electorales locales en Oaxaca, Guerrero, Puebla, Chiapas… “¿a dónde vamos, qué va a pasar el próximo domingo?”, se pregunta.
“¿Vamos a poder ir en uso de nuestro derecho ciudadano, a formarnos a la fila a que nos reciban nuestro voto? A lo mejor alguien decide que va a anularlo, eso es independiente, es respetable, pero que tengamos la amenaza de no poder llegar a la casilla, eso nunca lo había visto”, indicó.
“¿A quién beneficia que no vayamos a votar y a quién beneficia que que haya pocos electores? Al partido que tiene mayor capacidad de sí llevar a la gente a votar: el PRI, también el PAN y también el PRD, ya no estamos hablando de un solo partido”, subrayó.
El analista lamentó que ningún partido se pronunció categóricamente contra la violencia en la reciente sesión del INE, “porque cada uno tiene su interés”.
Agregó que “el acuerdo lo propuso el PRI, tres puntos: uno, repudiamos la violencia, dos, respaldamos al INE y tres llamamos a los electores. El PAN lo respaldó, el PRD y Morena no, porque dice Morena que al final de cuentas que quien tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad es el Estado”.
“¿No debiéramos esperar de los 10 partidos una muestra de responsabilidad?, ¿de decir hagamos un compromiso, aquí vamos a seguir debatiendo y confrontando pero en paz y civilidad?“, preguntó.
“Me pareció muy triste, ver a esos partidos arañando su pedacitos, sus votitos, son de dar pena ajena”, sentenció.
Respecto a los posibles resultados, Alcocer comentó que “cada quien su encuesta”, en referencia a los diferentes resultados que se han publicado en los últimos días.
“Lo que veo es una realidad, pese a todo, conservamos dos condiciones básicas: la certidumbre de que la autoridad electoral, con toda la experiencia acumulada, algo sí saben hacer: poner las casillas… y luego la incertidumbre, circunstancial a la democracia. ¿Quién va a ganar en Sonora, en Nuevo León, en San Luis Potosí, quién va a tener mayoría en la Cámara de Diputados? Incertidumbre. Dos condiciones de la democracia: certidumbre en la autoridad electoral e incertidumbre en los resultados”, expuso.
Empero, apuntó que en algunos lugares “la certidumbre se rompió”, por lo que “traemos a nuestros conciudadanos, que van a ir a recibir y contar los votos, un poco mareados”.
“No hay Estado, no hay seguridad, aquí el Estado Mexicano no puede garantizar a 85 millones de mexicanos que podemos ir el domingo, no me atrevería a decir que lo hacen deliberadamente, pero tendría que explicarnos por qué si el Ejército y la Marina tienen la responsabilidad de colaborar con el INE, resguardar instalaciones y papelería, una señora es capaz de decirle a un mando para fuera, y se va. ¿Dónde está el Estado?”, preguntó, en referencia al desalojo de militares, ocurrido esta semana en Oaxaca, por parte de maestros de la CNTE.
Alcocer consideró que “en México no hay Secretaría de Gobernación, no hay quien pueda responder a la ciudadanía de lo que viene, el Estado Mexicano perdió control y por desgracia perdió eficacia”.
Recordó que no es tarea del INE la seguridad porque “no tiene policías”.
“La única manera que tenemos los ciudadanos de responder a la ineficacia del Estado, es ir a votar, o nos organizamos nosotros, que queremos vivir en paz y elegir, y que nadie nos lo impida. Porque con este petate del muerto no nos espantemos, pero sí exijamos. Aquí alguien no nos ha dado la cara y no es el INE, es el gobierno de Enrique Peña Nieto”, sostuvo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Por los hechos del martes, cuando la CNTE tomó gasolineras y regaló combustible, las pérdidas se calculan en alrededor de un millón de pesos, dijo Pedro Mier y Concha, presidente de la Unión de Empresarios Gasolineros de Chiapas.
Tras la toma de 14 gasolineras y saqueo de combustible, el martes de esta semana, por parte de maestros de diversas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se suspendió el pedido de gasolina hasta que se garantice la seguridad, aunque las unidades siguen operando con sus reservas, informó Pedro Mier y Concha, presidente de la Unión de Empresarios Gasolineros de Chiapas.
La cancelación de los pedidos de combustible se mantendrá por lo menos durante este miércoles, hasta que se garantice la seguridad por parte de las autoridades, dijo en entrevista vía telefónica.
Recalcó que “necesitamos seguridad y confianza para poder seguir operando”.
Mier y Concha confirmó que al menos 14 gasolineras fueron tomadas por profesores de la CNTE, quienes “robaron combustible y lo regalaron a la gente”.
“Estaban dando 15 litros por persona, y la despachaban sin las medidas de seguridad necesarias”, aseveró.
Por estos hechos, ya presentaron denuncias ante la Procuraduría del estado, en donde dijeron que iniciarían investigaciones, sin embargo Mier y Concha indicó que no han tenido mayor apoyo por parte de las autoridades.
Los profesores de la CNTE han anunciado un boicot para no permitir que se lleven a cabo las elecciones del próximo domingo 7 de junio, por lo que el martes tomaron gasolineras y se espera que sus acciones de este tipo continúen durante esta semana.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Coinciden en que las fuerzas armadas deben estar movilizadas, de forma preventiva, en zonas de riesgo.
El PAN y PRD pidieron, por separado, que fuerzas federales se desplieguen el domingo 7 de junio, durante las elecciones.
En un comunicado, el presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, llamó al presidente Enrique Peña Nieto a que genere las condiciones necesarias para garantizar que el próximo domingo se realicen elecciones tranquilas y en paz.
El dirigente panista pidió al gobierno federal brindar garantías y condiciones necesarias para que los ciudadanos voten en todas las casillas del país y participen en un ejercicio democrático cívico, donde se elegirán nueve gobernadores, 500 diputados y mil 670 cargos locales.
“Las autoridades encargadas de la seguridad en el país, el Ejército, la Marina, la Secretaría de Gobernación, el Gobierno en general y las administraciones estatales deben garantizar que las elecciones se lleven a cabo en zonas donde hay claras amenazas y en territorios donde el narcotráfico ha realizado advertencias, a fin de que la gente salga a votar libremente”, indicó Madero.
En tanto, el presidente del PRD, Carlos Navarrete, comentó que “valoraremos como muy positivo un despliegue en zonas específicas en el mapa de riesgos, de fuerzas armadas, para definir cualquier acontecimiento y contribuir con la autoridad electoral que se instalen en las casillas”.
El perredista pidió que “el Ejército sea un factor de disuasión en los puntos donde se considere muy importante su actuación… actuará preventivamente, lo ha hecho muchas veces en elecciones, hoy con más razón”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Elementos de la Marina y de la Policía Federal (PF) aprehendieron a Mauricio Gastélum, El Bambi, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa.
Mauricio –hermano de César Gastélum Serrano, uno de los delincuentes más buscados por Estados Unidos por traficar cocaína a gran escala a ese país– fue capturado durante un cateo realizado ayer en los condominios Península, en la zona de Cerritos, al norte de Mazatlán, según información difundida por el portal Rio Doce.
Información extraoficial precisa que tras su detención, el sujeto fue trasladado a Culiacán, donde supuestamente se realizaron diversas acciones en el poblado de Portacelis, sindicatura de El Dorado, y se presume el aseguramiento de un narcolaboratorio.
En un principio se indicó que elementos de la Marina y efectivos de la PF habrían detenido al presunto narcotraficante Dámaso López, El Mini Lic, pero en el transcurso de este día esa información quedó descartada.
Según el reporte, al menos cuatro aeronaves sobrevolaban a baja altura, una seguida de la otra, en las colonias Tierra Blanca, Lázaro Cárdenas, Universitarios, Guadalupe Victoria y Chapultepec, en Mazatlán, sin que hasta el momento se sepa nada del operativo.
Además, ninguna autoridad federal, estatal o municipal ha informado sobre la detención de Mauricio Gastélum, cuyo hermano fue aprehendido el pasado 13 de abril en Cancún, Quintana Roo, acusado de traficar cocaína a Estados Unidos a través de la ruta Colombia-Honduras-Guatemala, informó entonces Monte Alejandro Rubido, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
En aquella ocasión, Rubido informó que al supuesto socio de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán se le decomisaron dos automóviles, un arma y cocaína.
De acuerdo con un informe emitido por las autoridades de Estados Unidos en diciembre de 2014, César Gastélum es el cabecilla de una célula del crimen organizado en la que también participan sus hermanos Alfredo, Jaime y Guadalupe Candelario, pero nunca se mencionó a Mauricio.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
CANCUN, Q. Roo: El consejero jurídico del gobierno estatal, Raúl Labastida Mendoza, aclaró hoy que el gobernador Roberto Borge Angulo cumplió en tiempo y forma con la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso del periodista maya Pedro Canché, aunque se negó a revelar el sentido de la misma.
Únicamente se limitó a responder que el gobierno respondió “en tiempo y forma” y que la respuesta fue enviada vía correo certificado.
Labastida Mendoza afirmó también que la respuesta fue “estrictamente legal”.
“El gobierno del estado –subrayó– no tiene motivaciones políticas en el caso de Pedro Canché”.
La reacción del gobierno de Borge Angulo se da luego de que varios medios de comunicación dieron cuenta de que el pasado lunes 1 se venció el plazo para responder a la recomendación de la CNDH y las autoridades estatales no cumplieron.
Incluso, la defensa de Canché confirmó que la respuesta de Borge Angulo no había llegado a la CNDH.
El pasado 11 de mayo la CNDH emitió la recomendación 13/2015 en la que solicitó a Borge Angulo, entre otros funcionarios, a que instruyera al procurador general de Justicia para que, en atención a las violaciones a derechos humanos acreditadas y que han trascendido a la situación jurídica actual del agraviado, “se haga valer esta circunstancia en la causa penal lo antes posible para que pueda ser tomada en cuenta por el juez correspondiente”.
El organismo que dirige Raúl González admitió incluso que las autoridades habían violentado la libertad de expresión, la seguridad jurídica y la integridad personal del comunicador Pedro Canché.
Días después, el 28 de mayo, el Segundo Tribunal Colegiado del 27 Circuito ordenó la liberación del activista y periodista maya.
En su recomendación, la CNDH también solicitó a Borge Angulo reparar el daño y ofrecer una disculpa pública a la víctima y proceder en contra de los servidores públicos involucrados en la trasgresión de los derechos humanos del comunicador, entre ellos el director del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial, Lino Magos, quien emitió comentarios en la red social Twitter que tuvieron como propósito estigmatizar y descalificar al agraviado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
Del 9 al 14 de mayo, la banda de Los Ardillos se apoderó de la ya convulsionada cabecera municipal de Chilapa, considerada hasta entonces la base del grupo delictivo rival, Los Rojos. A decir de los pobladores, aunque las autoridades lograron evitar un enfrentamiento armado a gran escala, dejaron la ciudad a merced de los sicarios, que instalaron retenes, allanaron viviendas y desaparecieron a una treintena de personas. El vocero de las familias afectadas teme que se esté gestando “otro Ayotzinapa”.
CHILPANCINGO, GRO: La tarde del martes 12, Jorge Jaimes Abarca se trasladaba en motoneta al salón de fiestas California, en Chilapa, adonde entregaría un pedido de tortillas.
Al pasar por la glorieta Ecuaria Apreza fue interceptado por miembros de la banda de Los Ardillos, que tres días antes habían tomado el control de la ciudad con la aparente anuencia de la policía y el Ejército.
Del sábado 9 al jueves 14, los delincuentes instalaron retenes, catearon viviendas y se llevaron a varias personas por la fuerza.
Jorge Jaimes, de 18 años, trabajaba en la tortillería y tiene un hijo de dos años. Es hermano de Héctor Jaimes, antropólogo de 30 años egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Éste fue privado de su libertad el 18 de marzo, dos meses antes que Los Ardillos tomaran la cabecera de Chilapa, que hasta hace poco se consideraba el bastión de Los Rojos, la banda rival.
El joven profesionista realizaba un documental, financiado por la Secretaría de la Juventud estatal, sobre la elaboración del pan en las comunidades del municipio.
Una semana antes de su desaparición, Héctor les dijo a unos amigos que “lo estaban siguiendo”, pues un grupo armado le exigió que “dejara de hacer la película” cuando realizaba entrevistas en una comunidad.
Después, un comando lo levantó cuando se dirigía a su casa en las inmediaciones de la colonia Las Palmas. Su cuenta personal de Facebook y su línea de teléfono móvil fueron desactivadas, narra una fuente cercana a la familia.
En el proyecto de documental también participaba Gilberto Abundis Sánchez, también de 30 años, estudiante de artes visuales en Morelia, Michoacán, y originario de Chilapa. Él fue privado de su libertad la tarde del lunes 30 de marzo, dos semanas después que Héctor Jaimes. Sujetos armados que se desplazaban en motonetas irrumpieron en su casa y se lo llevaron.
El jueves 21 de mayo se localizaron los restos del artista gráfico en las inmediaciones del panteón de la comunidad de Nejapa, a 10 minutos de la cabecera municipal. Tenía el rostro desollado. En el lugar estaban otros dos cadáveres que aún no han sido identificados.
Héctor y Jorge Jaimes Abarca siguen desaparecidos. Su madre, María del Carmen Abarca Nava, que se dedica a vender tacos en el mercado local, está destrozada.
Un recuento realizado por familiares de víctimas de la delincuencia organizada indica que en Chilapa se han documentado 101 ejecuciones entre julio de 2014 y mayo de este año; la cifra de desaparecidos aún no se ha precisado.
Durante los seis días que Los Ardillos asumieron el control de la cabecera municipal ante la inacción de militares y policías federales y estatales, al menos 30 personas fueron privadas de su libertad, pero sólo se denunciaron ante la autoridad ministerial 16 casos.
Las víctimas tienen entre 15 y 31 años, todos varones y de diversos oficios. Cinco son familiares de un exjefe policiaco municipal vinculado a la delincuencia, pero también hay un repartidor de tortillas, un estudiante de la Universidad Tecnológica de la Zona Norte, un vendedor de frutas en el mercado y un taxista.
Hasta la fecha nada se sabe del paradero de los desaparecidos y la indignación de sus familiares aumenta ante la evidente omisión y la posible participación de autoridades civiles y militares en esos delitos, en complicidad con la delincuencia.
Algunas familias de víctimas de desaparición forzada no se atrevieron a presentar la denuncia porque fueron amenazadas, dice el profesor José Díaz Navarro, hermano de Hugo y Alejandro, quienes junto a tres empresarios de la construcción fueron interceptados por sujetos armados en la comunidad de El Jagüey a finales de noviembre de 2014. Los cinco siguen desparecidos.
Díaz Navarro, quien se ofreció como vocero de las familias afectadas en la cabecera de Chilapa, considera que la situación que se vivió durante la toma de la ciudad se perfila como una reedición del caso Ayotzinapa, pues fue evidente que la delincuencia actuó en contubernio con el Ejército y las autoridades, tanto federales como estatales.
Por ello, responsabiliza de esos crímenes al gobernador provisional Rogelio Ortega Martínez y al presidente del Congreso, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los jefes de Los Ardillos.
“Aquí tenemos otro Ayotzinapa y creo que tenemos otro Abarca en el Congreso y en la Casa Guerrero”, sintetiza el profesor, quien reprocha la “criminal indolencia” gubernamental y pide la intervención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para garantizar la procuración de justicia porque a su juicio las autoridades locales están rebasadas.
Autoridad pasiva
Hasta ahora las autoridades ministeriales han registrado la desaparición de 16 personas del 9 al 14 de mayo: Jorge Jaimes Abarca, de 18 años; Carlos Emanuel Meza Nava, de 21; Daniel Velázquez Romero, de 23; los hermanos Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas de 23, 20 y 15 años; Jorge Luis Salmerón Hernández, de 22; Sergio Derramona Abarca, de 25; Alexandro Nava Reyes, de 21; Jaime Eduardo Villanueva Altamirano, de 31; Arturo Gutiérrez Jaimes, de 19; Juan Carlos García Castro, de 16 años; Victorino Morales Acatitlán, de 28, Sebastián Ulises Alonso Jaimes, de 21, así como el señor Crispino Carreto González y su hijo Samuel Carreto Vázquez.
Mientras las autoridades de los tres niveles no pueden justificar que el Ejército y las corporaciones policiacas federal y estatal hayan permitido la barbarie de la banda dirigida por los hermanos del diputado local Ortega Jiménez, los familiares de las víctimas siguen presionando, a través de la denuncia pública, para exigir la presentación con vida de los desparecidos y el castigo a los responsables.
El miércoles 20, de manera sorpresiva el comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Francisco Galindo Ceballos, arribó a Chilapa y se reunió en privado con familiares de desaparecidos, pero se limitó a ofrecer ayuda en la investigación.
Cuatro días después, el gobernador sustituto Rogelio Ortega también tuvo un encuentro con ellos en las instalaciones del Seminario de Chilapa, donde enfrentó, con el alcalde priista Francisco García González, las críticas y reclamos por las omisiones de la fuerza estatal y su presunta complicidad con Los Ardillos.
Indignados, padres y hermanos de los desparecidos dieron a Ortega Martínez un plazo de 48 horas para liberar a las víctimas. También le reprocharon que hubiera “negociado” con representantes de Los Ardillos el retiro de los civiles armados de la cabecera pero no exigió que soltaran a los retenidos:
“Usted negoció con el grupo armado, usted declaró públicamente que ya tenía acuerdos con los delincuentes y que ya estaba resuelto el conflicto pero lo que no mencionó es que había un gran número de retenidos y los únicos responsables son los comisarios que venían al frente del grupo armado y con los que usted negoció”, expresó enfático el profesor José Díaz Navarro.
Los familiares criticaron que el funcionario fuera a conocer el problema 10 días después de la incursión de Los Ardillos, que actuaron impunemente.
“Sólo le importa proteger su imagen. A usted no le secuestraron a sus hijos, su mamá o papá. Ya perdí tres hijos, recibí amenazas y no me importa que me maten. Por eso le damos un plazo de 48 horas para que resuelva la desaparición de nuestros hijos, porque no son perros”, le dijo Bernardo Carreto González, padre de Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas.
Los tres jóvenes desaparecieron el 10 de mayo poco después de llegar a Chilapa, adonde fueron desde Ahuihuiyuco para vender una ternera.
Reportes oficiales indican que de las 16 desapariciones denunciadas, cinco son de familiares del exdirector de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto, destituido por sus presuntos nexos con Los Rojos.
Y al presidente municipal García González le reclamaron que la violencia se recrudeció cuando él asumió el cargo. La hermana del artista gráfico Abundis expresó:
“Desde que este señor está al frente del ayuntamiento han ocurrido muchas desapariciones, la violencia aumentó año con año. ¿Por qué no se le investiga? ¿Por qué tenemos que pagar los ciudadanos por tanta cochinada de los políticos?
“No es justo que a mi hermano lo hayan matado como a un perro. Era estudiante de artes visuales. Maldita la hora que vino a visitarnos, porque él mismo decía que en Chilapa ya no hay lugar para gente decente. Aquí la única gente que tiene lugar son los delincuentes”.
Acusado públicamente de proteger a Los Rojos, el alcalde se dijo dispuesto a que lo investiguen las autoridades federales y reiteró que su administración ha sido rebasada por la violencia.
Por su parte, el gobernador Ortega se limitó a justificar su encuentro con los 14 comisarios municipales que encabezaron a Los Ardillos durante la toma de Chilapa, argumentando que en las comunidades también han denunciado que la batalla entre Los Rojos y Los Ardillos ha dejado una treintena de desaparecidos y decenas de ejecuciones.
Acababa de insistir en que tiene “las manos limpias”, pues no lo pueden acusar de corrupto ni de tener nexos con la delincuencia, cuando un padre de familia le aclaró: “Tenía las manos limpias hasta ahora, porque después de la desaparición de nuestros hijos, usted es el responsable”.
El gobernador sustituto anunció que iba a citar a los comisarios municipales para que declararan ante autoridades ministeriales sobre las desapariciones cometidas durante la acción de Los Ardillos y tolerada por las autoridades.
También dijo que crearía una comisión especial, formada por funcionarios estatales, familiares de desaparecidos y representantes de la sociedad, para dar seguimiento a las investigaciones.
Pero la siguiente semana Ortega no se comunicó con las familias afectadas, que hicieron un llamado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que intervenga directamente en la liberación de las personas retenidas y se investigue al presidente del Congreso estatal, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, por sus presuntos nexos con el narco.
Hasta el cierre de la edición se desconocía el paradero de los desaparecidos, aunque se confirmó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, visitaría Chilapa a fin de darle seguimiento a los acuerdos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que implantó un programa de intervención psicológica, un registro nacional de víctimas, acceso al fondo de reparación y un mecanismo de trabajo social.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS (REDACCIÓN)
El comisionado presidente hizo un llamado para que cada dependencia cumpla con su labor, a cuatro día de las elecciones.
La decisión de haber retirado al Ejército de algunas sedes distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) en Oaxaca fue para evitar provocaciones con grupos violentos que bloqueaban las instalaciones, dijo este miércoles 3 de junio el consejero presidente, Lorenzo Córdova.
Entrevistado tras inaugurar la Macrosala de prensa desde donde se trasmitirán los pormenores de los comicios del 7 de junio, aclaró que la decisión tomada por un alto mando del Ejército en comunicación con el INE, se dio en los lugares donde no había material electoral.
Al respecto, Córdova explicó que “en los distritos en los que el Ejército salió para evitar una provocación frente a los grupos violentos que han bloqueado nuestras instalaciones ha sido de manera preventiva pero en donde no hay ya material electoral que resguardar.
“Recuerden que el Ejército y la Marina tienen el mandato legal de resguardar no nuestras instalaciones, sino de custodiar la papelería electoral”, explicó.
Ello, luego de que maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), arribaron a la Junta Distrital 08 ubicada en la capital oaxaqueña, para continuar con sus acciones de “boicot” contra la jornada electoral del 7 de junio, para lo cual solicitaron el desalojo de un grupo de militares que custodiaban el lugar.
INE no puede resolver reclamo de maestros
Acerca de los ataques contra sedes electorales en Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, Córdova dijo que “no pretendo pronunciarme sobre la legitimidad o no de las demandas de esos grupos, son temas que corresponden resolver a otras instituciones y autoridades, no al INE“.
Este martes 2 de junio, un día después de que se registraron ataques en las sedes estatales del INE de Puebla, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, los disturbios continuaro… y así seguirá hasta la jornada electoral del próximo 7 de junio, advirtió el secretario general de la Sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez Ginés.
En entrevista con Adela Micha, de Grupo Imagen, Núñez Ginés dijo este martes que estas acciones –impedir la repartición de papelería electoral y bloqueos en sedes electorales– son parte de los acuerdos de la Asamblea Nacional, y continuarán a menos que lasecretaría de Gobernación responda a su pliego petitorio de 11 puntos.
Ayer, en Oaxaca, maestros de la Sección 22 de la CNTE expulsaron a elementos del Ejército Mexicano que resguardaban la Junta Distrital 8 del INE.
En Chiapas, docentes de la CNTE causaron destrozos en la sede del Consejo Local del INE, además saquearon y quemaron material de la Biblioteca Jurídica de la Casa de la Cultura. Ante la toma del edificio de seis pisos, el personal no ingresó a laborar esta mañana.
También en Michoacán integrantes del CNTE tomaron de manera pacífica las instalaciones del INE del estado. Ellos reafirmaron que esta lucha es ‘pacífica pero firme’y que no tiene nada que ver con estar a favor o en contra de algún partido. Lo que ellos piden es que la suspensión de la evaluación nacional sea ‘definitiva’ y no ‘indefinida’, según imágenes transmitidas en Milenio TV.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Elementos federales buscan resguardar el aeropuerto General Juan N. Álvarez, después que miembros de la CNTE tomaron el aeropuerto de Oaxaca la mañana de este miércoles 3 de junio.
Unos 200 elementos de la Policía Federal llegaron al aeropuerto internacional de Acapulco para resguardarlo ante la posible llegada de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y normalistas de Ayotzinapa.
La llegada de los elementos federales sucede a unas horas de que miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon el aeropuerto internacional de Oaxaca.
Maestros bloquean acceso al municipio de Tlapa, Guerrero
Maestros y alumnos del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) bloquean uno de los accesos a la ciudad de Tlapa, Guerrero, tras haber sido desalojados del Ayuntamiento en esta localidad. El bloqueo está en la entrada de la carretera Tlapa-Chilapa.
Los miembros del MPG -que exigen al gobierno que no haya elecciones- tenían un campamento instalado en el zócalo de Tlapa desde octubre de 2014, sin embargo, fueron desalojados por los colonos tras la quema de boletas electorales que se realizó la noche del lunes 1 de junio.
Además, se registra otro bloqueo en la carretera que conduce hacia el municipio de Huamuxtitlán. Familias damnificadas por los ciclones “Manuel” e “Ingrid” -que golpearon Guerrero en septiembre de 2014- bloquean el paso para exigir la entrega de granos y la reconstrucción de sus viviendas.
Militares entran a Chilapa
La noche del martes 2 de junio, un convoy militar ingresó a Chilapa, Guerrero. Según habitantes, la comitiva se conforma por 17 vehículos blindados, pipas de gasolina, ambulancias y unidades conocidas como ‘rinocerontes’ y fue instalada en la Unidad Deportiva de la ciudad.
De acuerdo con el vocero de los familiares de desaparecidos en el municipio, José Díaz Navarro, el ingreso del convoy militar tiene la finalidad de vigilar la elección y no de cuidar a la población, pues la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg) y el Movimiento Popular Guerrerense determinaron no permitir la instalación de casillas el domingo 7 de junio.
Esto acontece a cuatro días de que inicie el proceso electoral y tras casi un mes de la irrupción de civiles armados a Chilapa, que dejó como saldo la desaparición de un número aún no determinado de habitantes. Este caso se ha desarrollado de la siguiente manera:
- El 19 de mayo la Fiscalía General de Guerrero anunció que investigaría la denuncia de 15 personas desaparecidas en Chilapa.
- La cifra de personas denunciadas subió a 16, pero también se habló de que hay otros 14 desaparecidos que no fueron denunciados por miedo a represalias.
- El 22 de mayo, Segob instaló una mesa de diálogo con familiares de desaparecidos.
- En días posteriores se recabaron muestras de ADN de los familiares y hacia el 30 de mayo se anunció que la búsqueda de las víctimas se hace ‘con vida’, pues no hay indicios de que hayan perdido la vida.
- El mismo 30 de mayo se informó que los avances en las líneas de investigación son secretos y se planteó un esquema de información individual para cada una de las familias.
- Segob informó que, ante las exigencias de los habitantes, la Policía Federal (que ingresó a Chilapa en días previos) se mantendría en la ciudad porque se sienten seguros con ella.
- El 1 de junio se hallaron dos cuerpos en una fosa en Chilapa; el alcalde informó que no se trata de ninguno de los desaparecidos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El pasado 29 de marzo agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) realizaron un operativo en el municipio del Tultitlán, con el propósito de capturar a Francisco Javier Resillas Ríos, El Víbora, uno de los delincuentes más buscados en esa entidad.
El objetivo de la policía mexiquense no se cumplió, pero en la intervención capturó a Michael Gabriel Lozada Álvarez, uno de los boxeadores que representa el actual líder del Sindicato del Metro, Fernando Espino Arévalo, y a quien incluyó en la nómina como trabajador de base del Sistema de Transporte Colectivo Metro desde el 2 de junio de 2010.
Lozada Álvarez fue vinculado al Cártel de Sinaloa y acusado de homicidio y tráfico de drogas. En su declaración ministerial se declaró culpable de tres homicidios. Actualmente se encuentra preso en el penal de Barrientos.
Su socio El Víbora, fue aprehendido el pasado 19 de mayo en Acapulco, Guerrero, en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina.
El joven originario de Tijuana, Baja California, era parte del grupo de unos 30 boxeadores “protegidos” por el hombre más poderoso del sindicato del Metro.
Como lo documentó Proceso en su edición 1940 –publicada el 5 de enero de 2014—, el líder priista y actual diputado local integra a pugilistas y entrenadores como empleados del Metro a cambio de que ellos “se mantengan cercanos a él y sirvan de atractivo en los negocios que hace con recursos públicos”.
De acuerdo con la investigación, Espino Arévalo, declarado fanático del box, ha condicionado el pago de un salario y prestaciones sociales a sus protegidos, a cambio de que los deportistas mantengan sus contratos con el promotor Fausto García Navarro, de la empresa Boxeo de Gala.
Según el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que encabeza Joel Ortega Cuevas, la más reciente categoría laboral de Michael Gabriel Lozada Álvarez fue la de asistente administrativo A, adscrito a la Subgerencia de Mantenimiento Sistemático Ticomán.
Su salario era de 7 mil 400 pesos mensuales más 2 mil 421 pesos como bono cada cuatro semanas. Los días que iba a “trabajar” mostraba distracción y era un tanto agresivo, según lo describieron algunos compañeros.
Además, solía alardear de su cercanía con Espino Arévalo y de sus logros boxísticos: 39 peleas ganadas, 31 por nocaut, 10 perdidas y un empate; también peleó en Las Vegas, Nevada, y en Tokio, Japón.
A partir de la catorcena número 10 de 2015 –periodo comprendido del 4 al 17 de mayo–, confirmó el Metro en una tarjeta informativa, la Subgerencia de Personal del STC solicitó por oficio a la Subgerencia de Nóminas y Fondo de Ahorro “inhibir” el sobre de nómina de Lozada Álvarez.
La razón: Faltó a trabajar los días 25, 30 y 31 de marzo, y del 1 al 17 de abril, en su horario laboral de 9:00 a 16:00 horas.
Un mes y medio después, el 29 de mayo, Lozada Álvarez envió un escrito al STC para solicitar a la dirección general la suspensión de su relación laboral con el organismo.
“Vengo de mi parte a informarle que el suscrito está siendo procesado penalmente ante un juez de control de distrito judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por lo que me encuentro privado de mi libertad, encontrándome recluido en el penal de Barrientos (…)”, escribió.
Este miércoles el STC Metro informó que Lozada Álvarez fue dado de baja como su trabajador y que dio vista a la Contraloría Interna para los efectos legales que correspondan.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
VILLAHERMOSA, Tab: Andrés Manuel López Obrador denunció un plan para avasallar a Morena en la entidad y enviar así un mensaje al electorado en el sentido de que si en su tierra no pinta, no tiene fuerza, menos la tendrá a escala nacional con miras a la elección presidencial del 2018.
“Hay todo un plan para avasallar a Morena en Tabasco, quieren aplastarnos en Tabasco porque quieren transmitir en todo el país ese mensaje de que aquí en mi tierra, y en mi agua, no pintamos. Si aquí en Tabasco no tengo fuerza como dirigente, menos voy a tener fuerza a nivel nacional, todo esto con miras a las elecciones presidenciales del 2018”, manifestó.
Por ello pidió votar masivamente por Morena para darle “un tatequieto a la mafia del poder”.
Al encabezar en la Plaza de Armas de esta capital el cierre de campaña de los candidatos de Morena a presidentes municipales y diputado locales y federales, López Obrador reiteró que mantiene una relación de respeto con el gobernador Arturo Núñez, pero aclaró que no está de acuerdo con su política “de subordinación” al presidente Enrique Peña Nieto.
“Y no fue para eso que se eligió, se le eligió para representar los intereses del pueblo de Tabasco, no para estar subordinado a la Federación”, añadió.
Recordó que en 2008 Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, y el presidente Felipe Calderón se pusieron de acuerdo para quitarle a Tabasco las participaciones que por derecho le corresponden por explotación petrolera.
De ese modo, dijo, de 2009 a 2012, le quitaron 8 mil millones de pesos a Tabasco.
“Le robaron a Tabasco 8 mil millones de pesos, ¿y dónde fueron a parar ese dinero?, al gobierno de Peña Nieto en el Estado de México y se utilizó para encumbrar a este personaje vacío, hueco, escenográfico, un personaje ignorante e incapaz de gobernar el país y por encima de todo, un personaje corrupto”, agregó.
“Le quitaron ese dinero a Tabasco y se lo dieron a Peña Nieto y eso lo podemos demostrar, dejaron en ruinas a nuestro estado”, subrayó.
Acusó que Peña Nieto y Luis Videgaray “operaron ese robo”, sin embargo, cada vez que vienen a Tabasco, “aquí se les está aplaudiendo desde el gobierno, no vamos a seguir con esa política servil”, señaló.
El exjefe de gobierno capitalino dijo que “Tabasco debe de hacer valer su soberanía y por eso tenemos que votar por nuestros diputados, para que de esa manera se recupere lo que se le quitó a Tabaco, para que nuestros legisladores sean los encargados de legislar para que el devuelvan todo lo que le ha robado la federación”, expuso.
Sostuvo que de los diez partidos políticos en campaña, nueve “están al servicio de la mafia del poder” y solo Morena representa al pueblo de México, “un partido del pueblo y para el pueblo”.
Aseguró que a la mafia del poder no les preocupa si gana el PRI, PAN o PVEM porque son ellos mismos y se han dedicado a robar, mantener la política anti popular y entreguista, destruir al país y empobrecer al pueblo.
Respecto al PRD, dijo que también “se entregó por completo a la mafia del poder” y dejó en claro que con el sol azteca, no irán “ni a la esquina, ni ahora ni en el 2018”.
“No vamos con partidos corruptos de la mafia del poder, eso debe de quedar muy claro. Con quien vamos a ir en el 2018 es con el pueblo. Morena y el pueblo de México ese es la alianza para transformar a nuestro país”, destacó.
Lo anterior, precisó el presidente del Consejo Nacional de Morena, “porque todavía andan engañado, diciendo que no se pudo llegar a un acuerdo en el 2015, pero para el 2018 vamos todos juntos”.
Durante el evento, se presentó un audio en el que el candidato del PRD a la alcaldía del municipio de Macuspana, Juan Álvarez Carrillo, informa a sus operadores políticos que si después de las votaciones surgieran golpes y quisieran robar las casillas, cuentan con “grupos de choque” y les presenta a Gabriel Ocaña como jefe de este grupo.
“Se los presento, él ya fue director de Seguridad Pública, sabe de lo que estamos hablando, porque se están armando los otros equipos y nosotros ya nos armamos”, se oye en el audio.
“Aparte, traemos el respaldo de Seguridad Pública Municipal y Seguridad Pública Estatal de nuestro lado para que estén tranquilos y saquen a votar a su gente”, revela el abanderado perredista.
Menciona también que “desde hace semanas”, se les está pagando a más de 3 mil promotores y una vez ganada la elección, “van a entrar cobrar conmigo”.
Además, conmina a que cada promotor saque “30 votos”, formando a la gente desde la siete de la mañana, para que cuando abran las casillas, sufraguen y aseguren el triunfo.
“Vamos bien, no se preocupen, tenemos todo, movilización, grupos de choque, los vales, su pago, comida, refrescos”, se escucha en otra parte del audio.
El dirigente estatal de Morena, Javier Núñez López, anunció que presentará demanda ante la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales (Fepade) y demandó al gobernador Arturo Núñez que se desligue en caso de no estar involucrado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
CHILPANCINGO, Gro: Policías federales y estatales se enfrentaron a pedradas con normalistas de Ayotzinapa sobre una carretera de cuota que conecta el poblado de Tixtla con la capital de la entidad.
La trifulca dejó un saldo de al menos cuatro uniformados y dos estudiantes lesionados, ninguno de gravedad, según reportes preliminares.
El hecho se registró cerca del mediodía, cuando los normalistas encabezados por padres de los 43 estudiantes desaparecidos se dirigían, a bordo de varios autobuses, a esta capital para seguir protestando en contra de las elecciones.
No obstante decenas de policías con equipo antimotín, quienes estaban apostados en los túneles del libramiento, impidieron el paso de los manifestantes bloqueando la vía a la mitad del tramo carretero de unos 20 kilómetros.
Un grupo de padres, encabezados por el vocero Felipe de la Cruz, descendió de un autobús, reprochó el operativo de confrontación y exigió que los dejaran transitar.
La respuesta de los jefes policiacos fue rotunda: “Ustedes no pasan” y enseguida se desató la trifulca.
Los uniformados trataron de replegar a los normalistas disparando granadas de gas lacrimógeno, y los estudiantes respondieron a la embestida policial con una lluvia de piedras.
Los manifestantes se desplegaron en abanico sobre los cerros y encerraron a los policías en los túneles, lo que enmarcó el momento más ríspido del enfrentamiento que se prolongó durante casi una hora.
Los jefes policiacos pidieron ayuda y al lugar arribaron militares para apoyar a los agentes federales y estatales que estaban atrapados en el túnel y a merced de una espesa nube de gas que ellos mismos arrojaron.
Los inconformes decidieron subir a los autobuses y regresar a la Normal de Ayotzinapa, inmueble que desde ayer es resguardado por comunitarios que portan armas de grueso calibre, como AR-15 y HK.
Por su parte, los uniformados se quedaron en el punto donde ocurrió la riña, atendiendo a sus lesionados y reforzando el bloque antinormalista.
En tanto, miembros del magisterio disidente y activistas bloquearon de manera intermitente la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, a la altura de Tixtla.
La situación es de tensión debido a que soldados y agentes policiacos se mantienen apostados en distintos puntos de la vía de cuota y de la carretera federal para evitar que los normalistas realicen protestas en esta capital en contra de las elecciones.
El cerco policiaco-militar a la Normal de Ayotzinapa se registra a unos días de la jornada electoral de este domingo 7.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
Ninguno de los ministros se inclinó a favor de que la queja derivada del caso Aristegui fuera resuelto por la Suprema Corte.
Los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron no ejercer su facultad de atracción, en el caso de la queja que interpuso MVS ante un tribunal, por el litigio que sostiene esa empresa contra la periodista Carmen Aristegui.
De acuerdo con La Jornada, los integrantes de la Corte rechazaron este miércoles hacer suya la petición de los abogados de Aristegui para que el máximo tribunal atrajera el recurso de queja promovido por MVS contra la decisión del juez federal Fernando Silva García de admitir a trámite el amparo con el que Aristegui busca revertir lo que la periodista ha llamado un ”acto autoritario” y de censura por parte de la empresa concesionaria. La acción instrumentada por MVS impidió, de manera abrupta, a todo el equipo de la primera emisión continuar realizando el trabajo periodístico y de análisis y debate que venía realizando desde seis años atrás.
Tras la decisión de la SCJN, este asunto se reactiva para tribunal colegiado de circuito que resolverá la queja de la empresa de comunicación, cuyo único punto a resolver es si el juez actuó correctamente al admitir el amparo de Aristegui o el amparo debió ser desechado de inmediato por notoria improcedencia.
La admisión del amparo fue cuestionada por MVS, luego de que el juez Silva le dio a esa empresa el carácter de autoridad responsable, que puede violar derechos humanos, por el hecho de ser concesionaria del servicio público de radiodifusión.
La Ley de Amparo vigente desde 2013 permite que algunos actos de particulares sean impugnados por esta vía.
El mismo tribunal colegiado tiene pendiente por resolver un recurso de recusación promovido por MVS en contra del juez Silva García. La pretensión de la empresa de comunicación, es que la resolución del caso no quede en manos del juez Silva. Alega MVS que el juez Silva y los abogados de la periodista mantienen amistad estrecha con el Juez 8o administrativo. Abogados y juez han negado que dicha afirmación sea cierta. Por su parte la empresa comandada por Joaquín Vargas Guajardo, presentó como elementos probatorios dos columnas publicadas en “El Universal” del periodista Ricardo Alemán.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El priista afirmó que en su cuenta no ha habido transacciones por millones de pesos, como lo documentó Reforma. "Ya no voy a declarar nada de aquí hasta el 7 de junio", advirtió. Y al ser interrogado sobre la procedencia de los depósitos, dijo que "de tu imaginación".
David Parra Sánchez, candidato del PRI a la alcaldía de Naucalpan, se ha negado a informar acerca de las transacciones de millones de pesos que hizo entre agosto y septiembre de 2014, como informó el diario Reforma.
De acuerdo a un estado de cuenta presentado por ese periódico, Sánchez -con número de cliente 48700057 en HSBC-, tuvo depósitos por 18 millones de pesos y retiros de 16.5 millones.
El martes al ser cuestionado sobre la procedencia y destino de esos recursos, evadió responder.
Tan sólo señaló: “no, no están en (mi) cuenta personal, ya no voy a declarar nada de aquí hasta el 7 de junio, hasta el 7 de junio”.
Al ser interrogado sobre de dónde provienen los recursos, dijo: “De tu imaginación, es de tu imaginación, es de toda la mala fe de Reforma, nada más, para Reforma no tengo ninguna declaración”.
Al salir de un acto de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (Asecem), también indicó que va 15 puntos por encima de Edgar Olvera, candidato del PAN.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Los partidos que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobaron hacer un exhorto a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a los gobiernos estatales para que no suspendan el proceso de evaluación de los maestros de enseñanza básica y media superior.
En su pronunciamiento, aprobado en votación económica, la Permanente se pronunció por el respeto al Estado de Derecho, cumplir la Constitución y cumplir con las fechas difundidas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).
En la sesión de este miércoles, los representantes de dichas fuerzas políticas protagonizaron también un amplio debate sobre la claudicación de una de las primeras reformas estructurales del peñismo.
El debate se produjo después de que el viernes pasado, en una sorpresiva decisión, la SEP decidió cancelar el proceso de evaluación magisterial. A pesar de esta decisión, contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han protagonizado protestas en las entidades donde tienen mayor presencia como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, afectando también el proceso electoral.
El senador del PRD, Armando Ríos Pitter, pidió las comparecencias de los titulares de la SEP y de Gobernación, Emilio Chuayffet y Miguel Ángel Osorio Chong porque “resulta terrible que se negocie la ley en detrimento –subrayó– de la calidad en la educación”.
Ríos Pitter argumentó que esta decisión no sólo tiene que ver con la CNTE. Esta decisión “pone en duda qué tanto el gobierno federal quiere realmente implementar las reformas de telecomunicaciones, la de competencia, etcétera”.
“Este es uno de los temas más preocupantes en la historia reciente. Le apostamos a las reformas, le apostamos a una reforma educativa, pareciera ser demasiado difícil implementarla, regresemos al modelo tradicional que inventamos, a la relación clientelar, la relación corrupta, la relación en que las plazas se las dan al compadre, se las dan al amigo”, abundó Ríos Pitter.
A su vez, el senador panista, Juan Carlos Romero Hicks, argumentó que esta decisión refleja “el miedo” del gobierno federal que “ha sucumbido al chantaje y la extorsión y no es garante de la legalidad. Estos procesos confunden la dignidad de la política, confunden la sensatez con la flaqueza y la prudencia con la debilidad”.
Romero Hicks citó al periódico británico Financial Times que en su edición de este miércoles criticó la decisión del gobierno peñista, después de haber presumido la reforma educativa como una de las de mayor consenso de sus 11 reformas estructurales.
“Estamos frente, entonces, a un gobierno asustado, pasmado, debilitado, burlado, cerca de la ilegalidad, con falta de sensibilidad académica y falta laboral”, abundó.
Por su parte, el senador del PRI, Daniel Amador Gaxiola, trató de defender infructuosamente la decisión del gobierno federal y sostuvo que la suspensión de las pruebas magisteriales “no significa claudicar” en la reforma educativa.
La decisión fue tomada por la SEP y solicitó mayor información para conocer qué elementos influyeron en la decisión, antes de que el escenario se utilice para demandar la renuncia de Chuayffet o para “linchamientos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
MÉXICO, D.F: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, admitió que debido a los problemas sociales en Oaxaca están imposibilitadas de operar las 11 Juntas Distritales que deben encargarse de instalar las casillas para la elección del domingo 7 de junio.
“Nosotros no nos victimizamos, pero sí estamos padeciendo las circunstancias, digámoslo así, que todos ustedes conocen. No nos estamos asumiendo como víctimas, pero el día de hoy no podemos operar en nuestras 11 Juntas Distritales en Oaxaca, y dependemos de poder operar en esas juntas para poder hacer bien nuestro trabajo”, indicó durante la sesión de preguntas y respuestas del primero módulo del Taller Nacional de Medios de Comunicación celebrado en la recién estrenada Macro Sala de Prensa del INE.
“El INE no se victimiza, tan no nos victimizamos que hemos cumplido con lo que nos mandata la ley y estamos listos después de ocho meses para instalar la totalidad de las casillas, a pesar de que hemos tenido instalaciones cerradas, bloqueos y paralización de actividades por las condiciones de inseguridad o de conflictividad social”, indicó.
Córdova insistió en que los consejeros electorales no se están victimizando al hablar de la problemática electoral que han padecido porque se ha tomado como bandera de la lucha social el boicot electoral en entidades, como Guerrero, Puebla y Veracruz.
A pesar de ello, confió en que se instalarán las casillas en todo el país y que el problema con los oaxaqueños se resuelva, aunque insistió en que no es competencia del INE, sino de otras autoridades.
“No voy a juzgar si se ha hecho bien o mal el trabajo de otras entes del Estado o si este es un Estado fallido, si es una especulación a la que yo no voy a entrar. Lo que sí digo es que hay responsabilidades que tiene que cumplir otros entes del Estado, que forman parte de engranaje necesario para que las elecciones se lleven a cabo, para que nosotros podamos cumplir con nuestra tarea, porque si algo no vamos a hacer porque no podemos hacerlo, es sustituirnos a otros entes del Estado”, indicó.
El funcionario electoral resaltó también que los consejeros no son responsables de lo que está sucediendo en el país, su responsabilidad es, aclaró, organizar elecciones.
“Hay zonas del país aquejadas por la inseguridad, quiero ser enfático en esto. Hoy a cuatro días de la elección no tenemos, digámoslo así, en riesgo ninguna casilla por el tema de inseguridad pública, en donde estamos enfrentando complejidades para avanzar en nuestro trabajo es en aquellas zonas en donde estamos observando, digámoslo así, conflictividad social que ha venido abanderando como parte o como consecuencia de sus demandas el impedir incluso de manera violenta las elecciones”, asentó.
Al día de hoy, insistió, no hay sospecha de que la inseguridad altere el desarrollo de la elección, aunque admitió que no sabrá que pasará mañana o el día de la elección.
Lorenzo Córdova comentó que han sido advertidos de la posibilidad de que un huracán impacte en Baja California Sur el domingo electoral. Dijo que tomarían las debidas precauciones en lo que concierne al límite de sus responsabilidades que son garantizar la integridad física de sus funcionarios de casilla.
“Eso es con lo que tenemos que lidiar en estos días, pero no tenemos digámoslo así, una problemática insalvable o que nos ponga en riesgo la realización de las elecciones en alguna parte del país como consecuencia de la inseguridad pública”, estableció.
Respecto al estado de Guerrero, admitió que es uno de los estados donde se les complicó el proceso de organización electoral, por la problemática de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Sin embargo, recordó que el rechazo mayor a participar en la organización se registró en zonas residenciales del Distrito Federal, aún más que en las zonas pobres de La Montaña guerrerense.
“Nuestra atención está centrada fundamentalmente en el distrito de Tlapa, en donde ha habido algunos actos, incluso, violentos, que han provocado en la misma cabecera distrital algún enfrentamiento, incluso entre pobladores y miembros del Movimiento Popular Guerrerense que han afectado instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero y que, evidentemente, nos generan, digámoslo así, el despliegue de distintas contingencias para poder realizar las elecciones”, destacó.
Asimismo, destacó que los focos de atención están en Tixtla, Ayutla, Chilapa, donde actúan con cautela porque la violencia no está dirigida al INE, sino a los candidatos.
“Por supuesto el tiempo corre, se acercan nuestros plazos fatales y si en los próximos días no se reestablecen las condiciones de orden y de seguridad que son indispensables para la realización de las elecciones, la instalación de algunas casillas podría verse en entredicho, pero no vamos a especular con el punto, hoy, a cuatro días de la elección, estamos todavía en la ruta de que se instale la totalidad de la casillas; pero eso depende de que se generen las condiciones para que la elección pueda llevarse a cabo y eso implica directamente que podamos operar en nuestras instalaciones también a la brevedad posible. Pero eso no es una responsabilidad de nosotros”, señaló.
Previamente, en conferencia de prensa después de inaugurar la última Macro Sala de Prensa del INE, Córdova llamó la atención sobre el surgimiento de “reclamos de grupos sociales que amenazan con impedir el desarrollo de la jornada electoral en algunas entidades del país”, y resaltó que no se pronunciaría “por la legitimidad o no de las demandas de estos grupos (porque) son temas que corresponde responder a otras instituciones y autoridades, no al INE”.
Añadió: “Vivimos en un Estado de derecho en el que la responsabilidad de cada institución está claramente acotada. En tal sentido, deseo ser absolutamente claro: Los reclamos gremiales y de sectores que han atentado contra algunas de nuestras oficinas distritales en Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, no pueden ser resueltos por el INE. Sus demandas escapan al ámbito de competencia del INE. Esta es una autoridad electoral administrativa con un mandato constitucional que no incluye excepciones”.
El consejero presidente destacó que a esa institución le corresponde organizar elecciones equitativas, libres y auténticas, con la convocatoria y con la participación de millones de ciudadanos, así como de los partidos políticos.
Y “la seguridad de los electores, de los candidatos –agregó–, es competencia de otras instituciones del Estado. La seguridad de los capacitadores y asistentes, así como de los funcionarios de casilla, es responsabilidad de las instituciones del Estado, en el plano federal y en el plano local, responsables de garantizar el orden y la paz pública”.
La Macro Sala
A las 9:20 de la mañana, en compañía de los 10 consejeros restantes y del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, Córdova inauguró la Macro Sala de Prensa que, detalló, tuvo un costo de 20 millones 337 mil pesos, 32.21% menos de lo aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015.
Precisó que dicha sala se construyó en una superficie de 2 mil 100 metros cuadrados y tiene cupo para 600 personas. Además, apuntó, se instalaron 16 pantallas para ver el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y en cada una de ellas se verán los resultados de dos entidades.
También se instaló un escenario para conferencias de prensa y al costado dos pantallas gigantes, cabinas de radio y televisión, así como stands para 33 medios de comunicación nacionales e internacionales. Para ello se acreditaron mil 926 personas.
Antes de declarar inaugurada la Macro Sala de Prensa, Córdova y los consejeros hicieron un recorrido por la exposición de las ocho salas de prensa instaladas desde 1997. El consejero presidente escribió su nombre en credencial para votar simulada y colocó su rostro en el lugar donde se ubica la fotografía, con el dedo pulgar en señal de triunfo.
La licitación pública para construir la Mega Sala de Prensa, que duró alrededor de mes y medio, fue ganada por Grupo Mayamsa, S.A. de C.V.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
