En entrevista para Aristegui CNN, señaló que el caso es “una afectación no sólo el día que nos arrebataron la vida de nuestros hijos, en este caso en 2009, a nuestro único hijo Andrés Alonso y en muchas otras familias que también había niños, e incluso hay hermanitos que han querido quitarse la vida. Es parte de la afectación emocional y sicológica”.
“Nos dio una sacudida tremenda, brutal, quedamos en estado de shock, varias familias quedamos adormecidas por dos semanas y fuimos reaccionando en la marcha”, recordó.
“La atención principal está en lo que dijo la Suprema Corte: en el deorden generalizado, en una larga cadena de responsables, desde el municipio, el estado, y a nivel federal”, apuntó.
El Estado aún no garantiza que se repita una tragedia como la de ABC, sostuvo.
“Seguimos exigiendo justicia, justicia tardada es igual a justicia negada“, finalizó.
Por otra parte Santiago Aguirre, abogado del Centro Pro, dijo que “hay dos vertientes fundamentales, una es que ante estos hechos atroces se deben generar verdaderas garantías de no repetición y ahí las familias han avanzado bastante en arrebatar una nueva ley, la ley del 5 de junio, que es una ley que reconoce derechos de niñas y niños en primera instancia y que da un piso diferente de garantías para este universo de las estancias y del ejercicio de derechos de la primera instancia”.
Está “la otra dimensión que es la justicia, hechos tan atroces deberían derivar en la sanción de los responsables y ahí el balance es negativo, a seis años no tenemos una sola sentencia penal que establezca responsabilidad penal individual. Lo cierto es que cuando hay certeza de que hechos tan fuertes van a derivar en sanciones penales, se genera también un mecanismo de inhibición, esto es lo que no ocurre en México”.
“No ocurre tampoco en otros casos emblemáticos y tenemos en general procesos de búsqueda de justicia impulsadas por familias”, refirió.
Además “es un caso que ilustra la retirada del Estado en ámbitos de la vida social donde tendría que ser garante de derechos, muchas veces se realiza de una manera irresponsable en la que particulares asociados al poder se ven beneficiados, donde la población queda en un estado de vulnerabilidad al no haber una supervisión efectiva sobre esos ´ámbitos de la vida social”.
“En el caso ABC ha habido distintas vías para la justicia, un proceso pebnal abierto que no ha derivado en sanciones, averiguaciones previas y un planteamiento para presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, indicó.
En otra intervención, Lourdes Encinas, periodista y autora de 49 razones para no olvidar, dijo vía telefónica que “apenas se puede creer que cumpliendo seis años del incendio se siga con pendientes importantes como determinar, dentro de la investigación de la PGR, la causa del incendio en la bodega del gobierno de Sonora que se pasó a la guardería”.
“Apenas se puede creer que a seis años los padres de los niños que fallecieron, sigan en una lucha constante contra las autoridades mexicanas, incluso ya ante instancias internacionales para que el caso se mantenga vivo, para que las autoridades hafgan su trabajo, para que se emitan las conclusiones sobre el caso”.
“Respecto a los niños que resultaron lesionados, que reciban atención necesaria, la atención correcta”, agregó.
“Son seis años ya y parece que aquella frase del ministro Arturo Zaldívar cuando presentó su dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decía: si la muerte de 49 niños no es suficiente para que las cosas cambien en nuestro país, entonces ¿qué es lo que tiene que pasar?, yo me sigo preguntando eso, para ver una respuesta contundente de las autoridades”, mencionó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
