Socarrón, Loret de Mola provocó en una entrevista al virtual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, popularmente conocido como El Bronco. Le preguntó: “¿Quién va a gobernar detrás de El Bronco? ¿Va a gobernar el grupo de empresarios regios de mucha lana que lo apoyaron o el Grupo Reforma, El Norte, el periódico que estuvo también muy cerca de usted? ¿Quién va a gobernar Nuevo León?”
La contundencia de la respuesta ha causado furor en redes sociales: “Te lo digo clarito no va a ser Televisa ni Multimedios ni ningún medio. No vamos a pagarle ningún peso a la televisión ni a ningún medio para gastar el dinero de los nuevoleoneses en publicidad enalteciendo la soberbia y la egolatría del gobernante en turno.”
Lo dicho por Rodríguez Calderón merece ser seguido con toda atención. Aquí algunas razones por qué:
1. Subraya un déficit de nuestra democracia
En México, la política de masas dejó de hacerse en la plaza pública y empezó a practicarse en las pantallas de televisión. Para colmo, tenemos altas concentraciones en la propiedad de medios. En cifras redondas Televisa y Televisión Azteca ocupan (hasta hoy) 60% de todas las frecuencias en uso para televisión y 95% de las concesiones para televisión comercial.
Esta combinación hace suspirar a más de uno con la idea de que siendo la televisión una incubadora de presidentes, basta pactar con los dueños de la pantalla.
2. No es el primer político que promete enfrentar este problema
Entre el 14 y el 21 de agosto de 2012, el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto y los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, sostuvieron que en septiembre del mismo año (2012) estarían presentadas tres iniciativas: reforma en transparencia, órgano anticorrupción y un organismo autónomo para regular la relación comercial entre medios y gobiernos. El entonces coordinador del equipo de transición, Luis Videgaray, también empeñó su palabra y dijo que era “un compromiso de Enrique Peña Nieto iniciar su gobierno el 1 de diciembre con esas tres reformas aprobadas.”
Entonces estaban muy gallos, pero a la fecha (2 años y 10 meses después) ni el Presidente de la República ni sus bancadas en el Congreso de la Unión han abordado el tema.
3. Publicidad oficial se ha convertido en sinónimo de fraude a la ley
No es fácil seguir la pista al dinero público que entra a los medios de comunicación. De hecho, existen buenas razones para dudar de la veracidad de lo que reporta la contabilidad pública. Por ejemplo, en los expedientes el Instituto Nacional Electoral reposan facturas con precios disímiles para servicios idénticos (como los ridículos precios de los spots del Partido Verde). Alfredo Figueroa, ex consejero del extinto IFE, me comentó alguna vez que en el gasto ilegal y la contratación indebida de publicidad gubernamental el IFE, en su momento, encontró responsabilidad en prácticamente todos los niveles y perfiles de servidores públicos.
Se trata de una forma de despilfarro y corrupción que funciona gracias a una contabilidad tan ilegal como fantasiosa.
4. El gasto gubernamental en medios está fuera de control
En teoría, cada año los poderes legislativos aprueban los montos máximos que gastarán los gobiernos. Pero en publicidad oficial no necesariamente es así. En 2012, por ejemplo, 25 entidades federativas gastaron más de lo aprobado en sus presupuestos (ver: www.publicidadoficial.com.mx). A propósito de Nuevo León, el priísta Rodrigo Medina, rebasó en 2013 por 487% el gasto que le había autorizado su congreso. Ese año pasó de poco más de 200 millones de pesos aprobados a más de mil 63 millones de pesos gastados.
Es decir, si se trata de salir en televisión de poco importan las leyes presupuestarias. Los sobreejercicios no sólo son constantes, siempre quedan impunes.
4. El gasto es ofensivo. Hay otras prioridades
Justine Dupuy y Ana Cristina Ruelas han señalado ya que en su primer año de gobierno Enrique Peña Nieto ejerció 4,195 millones de pesos en publicidad oficial. Esto es casi 10% más que los recursos recaudados en el mismo año (2013) a través del impuesto sobre los depósitos en efectivo, que ascendieron a 3,890.4 mdp. ¿Impuestos para salir en la tele? En 2015, el gasto en publicidad oficial (tan solo del gobierno federal) será de más de 5,000 millones de pesos. Dinero que alcanzaría para dar leche a diario a 30 millones de niños mexicanos durante un año. También es equivalente al presupuesto del Programa de Apoyo Alimentario, con lo que podrían comer durante un año casi 1 millón de familias.
Es obvio que los gobiernos necesitan comunicar mensajes a la sociedad y que el derecho a la información implica conocer aspectos como campañas de vacunación, por mencionar uno de muchos. Pero, después de tantos años de abusos, no darle un peso más a Televisa, a Televisión Azteca y a otros consorcios mediáticos no sólo suena bien, es algo para tomarse en serio.
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Una respuesta a los comentarios a “Morir en la sierra. Negligencia médica y violencia obstétrica.”
El artículo citado generó fuertes reacciones. Aclaro que no es mi intención entrar en un debate con quienes lo comentaron ni refutar lo dicho por las y los lectores. De lo que escribo y de mí cada quien puede –obviamente- opinar lo que quiera. Sin embargo, la reiterada coincidencia de ciertos comentarios merece unas palabras de mi parte.
Transcribo (sin edición y respetando los errores de redacción y ortografía) las partes pertinentes de un comentario que encuentro representativo de varios más :
“He leído con detenimiento su redacción y punto de vista, el cual visto de manera objetiva presenta un punto de vista personal y desinformado.
Existe un Comité Nacional contra la Muerte Materna que en efecto, se dedica exprofeso a aclarar cada una de las muertes directas de las pacientes en estado
grávido o puerperio (embarazadas y en cuarentena), si una autoridad determinó que NO EXISTE MALA PRAXIS médica. No se les concede el derecho A NADIE (y menos a un periodista-abogado) de que por su “opinión” se les impute a que la paciente en cuestión (motivo de su publicación) haya sido causada por Negligencia, Mala praxis, etc.”
En tiempos de saturación cognitiva, aunque las cosas estén dichas, las y los lectores pueden no detectarlas. En todo caso, conviene abundar. Trabajé con fuentes documentales emitidas por autoridad competente: peritos médicos legistas, Magistrado del Tribunal Unitario, MP de la Mesa Oficial Médica. Fueron 4 médicos los que señalaron la mala praxis, no yo. Y coinciden en señalar que “existen una serie de irregularidades cometidas por la anestesióloga”, que “la atención médica no fue apegada a la Lex Artis Médica por la inobservancia de los lineamientos establecidos en la NOM 170-SSA1-1998 para la práctica de anestesiología” y que “las lesiones tienen relación causa-efecto con la mala atención que brindó el médico anestesiólogo.” Lo mismo dice el acuerdo judicial que obliga a la reparación.
Desconozco en dónde y cómo funcione el Comité Nacional contra la Muerte Materna. Conozco el trabajo del Comité Promotor para una Maternidad Segura que, me consta, participó en las medidas de reparación que cito en mi artículo. Aclaro que no es mi intención criminalizar la práctica médica, por ello no utilicé los detalles de la acusación penal o del auto de formal prisión que existió. Tampoco mencioné, por ejemplo, el nombre de la doctora. Dije, eso sí, que no se investiga. Describí, también, la discriminación estructural. Se trata de que se tomen medidas para evitar que esto vuelva a suceder. De eso y de hacer justicia. Es inaceptable la negativa del IMSS a cumplir lo que en derecho les corresponde a Irene y a su familia.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: MIGUEL PULIDO.
Revelan más vínculos entre empresas que obtienen millones en contratos y su cercanía con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La familia Miguel, que lidió durante dos sexenios con acusaciones de fraudes y juicios en su contra, está de vuelta en los negocios con entidades públicas.
Por ejemplo, controlan una inmobiliaria a la que fue rentada la casa de transición del presidente mexicano Enrique Peña Nieto en el otoño de 2012.
De acuerdo con un reportaje de Gerardo Reyes y Peniley Ramírez, publicado por Univisión, a tres años de que iniciara el gobierno de Peña, Compañía Inversora Corporativa (CIC), un holding que agrupa varias de las empresas manejadas por los hijos y sobrinos de Alfredo Miguel, ha ganado adjudicaciones por 770 millones de dólares con el gobierno federal y el Estado de México.
Registros públicos apuntan que la mayor parte de los beneficios se han concentrado en tres empresas que rentan helicópteros y aviones a la petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex), manejadas por un sobrino de Miguel, Alejandro García Bejos.
Heliservicio, Heliservicio Campeche y Mantenimiento Express Marítimo han obtenido 482 millones de dólares en contratos durante este gobierno, todos con Pemex.
Otros 4 millones 589 mil dólares fueron a otra filial de CIC, Servicio Técnico Aéreo de México, que en estos años ha recibido encomiendas de tal nivel de seguridad nacional como el mantenimiento de los helicópteros de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional del Agua.
El resto ha sido otorgado a una constructora controlada por el hijo de Miguel, José Miguel Bejos, compañero de golf del presidente Peña.
La constructora Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Prodi) fue creada en agosto de 2011, cuatro meses antes de que Peña obtuviera la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Entre 2012 y 2015 han obtenido 283 millones de dólares en obras para el gobierno federal y el Estado de México, varias de ellas en sociedad con el conglomerado portugués Mota-Engil y otras con Controladora de Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, la compañía por la que su padre, Alfredo Miguel, enfrenta una acusación de fraude en Idaho, por lo que fue citado a declarar en febrero pasado.
En septiembre de 2012, Peña había dejado la gubernatura del Estado de México y ya había ganado las elecciones presidenciales. Uno de los primeros contratos de su administración, ya en pleno uso de recursos federales como presidente electo, fue la renta del inmueble que usó durante los tres meses de la transición de gobierno.
El equipo de Peña colocó en el portal mexicano de transparencia una copia del contrato de arrendamiento por 20,825 dólares a pagar en tres meses con Inmobiliaria Virreyes 1130, S.A. de C.V.. Documentos del Registro Público de Comercio de la capital mexicana obtenidos por Univision Investiga revelan que esta inmobiliaria es controlada por la familia que maneja el conglomerado CIC.
Uno de los apoderados legales de la compañía, con poderes de dominio, que le otorgan calidad de dueño, es el sobrino de Alfredo Miguel, Francisco Javier García Bejos, actual secretario del trabajo del Estado de México, cargo al que fue nombrado un año después de la victoria de Peña.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El Partido del Trabajo (PT) finalmente obtuvo el 2.96 por ciento de la votación, con lo que perdería su registro.
El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó este jueves el cómputo del cien por ciento de la votación de la jornada del domingo pasado.
En total, computó 36 millones 311 mil 33 votos válidos; el tres por ciento de ellos equivale a 89 mil 340 sufragios y el PT únicamente obtuvo 75 mil 826.
Para terminar el proceso electoral falta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determine las anulaciones de casilla procedentes.
Durante el cómputo de los votos, parecía que el PT sí podría salvar su registro, debido a que superaba el 3 por ciento de los sufragios. Sin embargo, al restar los votos no válidos y nulos, le fue insuficiente al instituto político para alcanzar el mínimo establecido por ley.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Danna Vázquez, asesora de Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, fue la responsable de coordinar la campaña de tuits a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La agencia de relaciones públicas “Prensa Danna”, de la que Vázquez es propietaria, lleva las cuentas de redes sociales de Ludwica Paleta, nuera del expresidente Carlos Salinas de Gortari, de Anahí, esposa del gobernador Manuel Velasco, y de Sofía Castro.
También de la cantante Belinda, de Irán Castillo, quien fuera la imagen del gobierno de Hidalgo durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong, y maneja la carrera de Gloria Trevi.
El portal de noticias Sin Embargo publica una radiografía de Vázquez:
“Luego de Ana de la Reguera vinieron las exitosas representaciones de Ludwika Paleta, nuera de Carlos Salinas de Gortari, Presidente de México entre 1988 y 1994; Sofía Castro, hijastra del Mandatario Enrique Peña Nieto, y de Anahí Puente, recientemente casada con Manuel Velasco Coello, Gobernador de Chiapas, y la apuesta aparente más decidida de Televisa y TV Azteca en la carrera presidencial de 2018.
“En su cuenta de Twitter, Danna Vázquez presume con orgullo su responsabilidad en la portada de la revista Marie Claire en la que aparecen Angélica Rivera Hurtado, esposa de Peña Nieto, y su hija Sofía Castro con el título ‘Redefiniendo el poder femenino. Páginas adentro, se muestra un portafolio fotográfico con ambas actrices retratadas en blanco y negro y poses sugerentes”.
Vázquez también fue representante de Sofía Castro en la puesta teatral El Cartero, que le valió a la hija de Angélica Rivera el premio APCT por revelación femenina.
Actualmente las redes sociales y sitio de la agencia de Vázquez están fuera de circulación, pero el portal rescató un comunicado en el que presumía a Anahí como nueva imagen del gobierno de Chiapas:
“El 30 de enero de 2013, Anahí se convierte en la imagen de una campaña del estado de Chiapas, la cantante realizó una sesión fotográfica en San Cristóbal de Las Casas, con la finalidad de promover la ciudad como uno de los principales destinos turísticos del estado. Actualmente dedicada al 100 por ciento a sus fundaciones ‘Si yo puedo, tú también’ y ‘Sálvame’”.
El domingo pasado, decenas de cuentas de personajes de la farándula publicaron en sus cuentas de Twitter mensajes pidiendo el voto por el PVEM. Entre ellos se encontraban Irán Castillo, Miguel Herrera, Daniel Bisogno y Jean Duverger.
Duverger y Sainz denunciaron que los mensajes fueron publicados por una agencia de medios sin su previa autorización.
Duverger denunció que recibió insistentemente ofertas para publicar los mensajes a favor del PVEM, una de ellas por 200 mil pesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
"El caso más emblématico de lo que ha sido el proceso sucio de este momento electoral en México, lo representa el Partido Verde".
En su análisis sobre las elecciones en México del domingo 7 de junio, el investigador Alberto Aziz dijo que “en primer lugar hay una serie de resultados interesantes que hablan por un lado de inercias del viejo México y el viejo sistema, cuando ves las marchas y lo que pasa en Campeche, lo que pasó con los maestros, dices bueno ¿estamos en 1980 o dónde estamos, qué está pasando?”.
“Por otro lado ves los candidatos independientes, lo que pasó en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, el Bronco en Monterrey (candidato independiente que ganó la gubernatura), Morena en el Distrito Federal, la pérdida del PRD”, añadió.
En entrevista para Aristegui CNN, dijo que “son muchos desniveles entre tendencias de cambio, el hartazgo ciudadano, la expresión por nuevos mecanismos de participación, los independientes. Por el otro lado se ven las maquinarias, las mismas mañas de siempre”.
“Conecto el caso de Colima con lo que está pasando en Michoacán, me recuerda los años 80 como operaba el sistema, lo que tenemos es exactamente esas remembranzas nostálgicas del pasado”, precisó.
“Porque cuando no había mecanismos legales te ibas a la calle, todas las elecciones competidas terminaban en un fraude y luego en una protesta social y hasta que se agotara, no había forma de que se resolviera de otra manera”, agregó Aziz.
“¿Cuánto tiempo ha pasado, cuántas reformas, instituciones se han invertido en eso? y regresamos a la calle para pedir que se cuenten los votos otra vez, que no se permita el fraude que las elecciones cerradas y competidas no vayan a generar una decisión mal tomada, ¿en que país estamos viviendo?”, preguntó.
En cuanto a lo que la senadora Layda Sansores enunció sobre un centro clandestino de operadores del PRI y el Partido Verde en Campeche, y en donde junto con sus simpatizantes encontró documentos operativos de la campaña, Aziz señaló:
“Ya sabemos que así funciona, lo que hacían antes de rellenar las urnas, ahora lo hacen preparando antes el proceso electoral, manejando al gent, el acarreo famoso. ¿Por qué se tiene que llegar a la violencia? porque la autoridad no funcionó, porque finalmente fueron primero al Ministerio Público, pidieron la orden de un juez, nada funcionó”.
“Frente a todas estas expresiones es importante tener a una autoridad que funcione, y entonces llegamos a la violencia” porque no hubo atoridad.
Consideró que “en la Ciudad de México el PRD operó como en una suerte del viejo PRI, hicieron uso de los recursos públicos, usaron los vehículos de la delegación para quitar propaganda, el dinero líquido de los programas sociales, el acarreo. Ahora se van a presentar los recursos legales… hay toda una cultura que no importa ya tanto el partido, es inevitable que empiece a recurrir al partido- gobierno que usa todos los recursos para conservar el puesto de elección popular”.
Partido Verde, prótesis del PRI
“El caso más emblematico de lo que ha sido el proceso sucio de este momento electoral en México, lo representa el Partido Verde, esa suerte como de prótesis que se consiguió el PRI para tener una serie de votos y llevarse una mayoría, esa fórmula que la habían hecho en otras ocasiones pero nunca habían estado tan necesitados de que les funcionara, protegieron al Verde, le dieron todo el dinero posible, la alianza con las televisoras, los cineminutos, fue una tras otra”, señaló.
“La autoridad se vio muy lenta hasta que se pararon los partidos en la mesa del Instituto Nacional Electoral... sistemáticamente rompiendo la legalidad. El INE lo multaba y el Tribunal lo perdonaba… llegó hasta el extrenmo de los tuits, se hizo pasar como libertad de expresión, pero era una campaña orquesrtada y ahora parece que bastante bien pagada”, aseveró en referencia a los mensajes de apoyo que recibió el Verde durante la veda y la jornada electoral.
VÍDEO:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Se ubican en el área conocida como Litoral de Tabasco y de una estructura cercana al complejo Cantarell.
El director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, anunció los primeros descubrimientos de hidrocarburos aprovechando las nuevas herramientas que le proporcionó la Reforma Energética.
Dichos descubrimientos representan el mayor éxito exploratorio de Pemex en los últimos 5 años después de los yacimientos Tsimin-Xux y Ayatsil.
Lozoya precisó que se trata de cuatro nuevos campos con importante potencial de hidrocarburos en aguas someras del área conocida como Litoral de Tabasco y de una estructura cercana al complejo Cantarell para iniciar la producción dentro de 16 meses aproximadamente y alcanzar una plataforma de producción estable veinte meses después.
En este sentido, se estima una producción incremental de al menos 200 mil barriles diarios de petróleo crudo y 170 millones de pies cúbicos diarios de gas.
Del monto agregado mencionado, en la Sonda de Campeche se podrán producir 100 mil barriles diarios de crudo y alrededor de 80 millones de pies cúbicos de gas, los que se podrán incorporar a la producción a corto plazo por ubicarse cercanos a infraestructura de otros campos, y contribuirán a revertir la tendencia declinante en la zona.
Adicionalmente, los descubrimientos en el Litoral de Tabasco aportarán una producción adicional del orden de 100 mil barriles diarios de petróleo ligero y 90 millones de pies cúbicos de gas al día.
El titular de Pemex precisó que los estudios de caracterización estiman la existencia de reservas totales en estos yacimientos de hasta 350 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Comité de los Derechos del Niño emitió sus observaciones finales al 4° y 5° informe consolidado de México en torno al cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, después de que el Estado sustentó dicho informe ante el Comité el 19 y 20 de mayo pasados en la ciudad de Ginebra, Suiza.
México debe poner fin a las detenciones administrativas de menores migrantes y debe acogerlos en centros situados e integrados en los municipios, solicitó el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de los Niños, de acuerdo con sus conclusiones tras la evaluación a la que se sometió este país en mayo pasado.
En dicho informe se pone énfasis en pedir al Estado mexicano más atención a la situación y problemas de los menores migrantes, tantos extranjeros como nacionales, que cruzan el país en busca de una vida mejor.
Además de pedir que se despenalice el trato a estos niños, los expertos piden que se hagan todo los esfuerzos para “evitar los asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia sexual, explotación y abuso de menores inmigrantes”.
Asimismo, los expertos solicitan que se “investigue, se procese y se castigue a los culpables, incluyendo cuando éstos son agentes del Estado”.
El Comité indicó que debe prevalecer el interés del niño en la toma de decisión sobre su paradero y su eventual deportación.
Por otra parte, los expertos dejan claro que están “seriamente preocupados porque la situación de violencia armada, el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado en el país ha tenido como resultado un alto número de decesos de menores”.
En ese sentido lamentó el “alto número de desapariciones de niñas”, y “el alto número de feminicidios”, por lo que pidió al Estado que tome “medidas urgentes” para lidiar con las causas primigenias de estos asesinatos.
Los expertos dedican varios apartados a la explotación sexual, especialmente de niñas, y denuncian el alto número de embarazos adolescentes como consecuencia de abusos.
Asimismo, los expertos piden que se despenalice el aborto, a menos en los casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la madre, y recuerda que el alto número de interrupciones del embarazo inseguras ha hecho aumentar la mortalidad materna.
Otro de los asuntos en los que el Comité demuestra su “gran preocupación” es “los informes corroborados de que cientos de niños han sido víctimas de abuso sexual por parte de clérigos de la Iglesia católica”.
Los expertos lamentan la impunidad de la que han gozado los culpables, por lo que solicitan que el Estado investigue, juzgue y castigue a los clérigos sospechosos.
Por otra parte, el informe hace hincapié en la necesidad de dar especial atención a los niños indígenas y a los descendientes afromexicanos para protegerlos de cualquier forma de explotación y violencia.
Rl Comité lamentó además que haya distintas legislaciones y que los niños puedan ser condenados a menores o mayores penas por el mismo delito en función de donde residan o donde lo hayan cometido.
Al respecto, el Estado mexicano manifestó que “dará puntual seguimiento a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño mediante un grupo interinstitucional que incluirá la participación de autoridades estatales, el poder legislativo y la sociedad civil”.
El primer compromiso consiste en la efectiva implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal, estatal y municipal y la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral, apuntó el gobierno en un comunicado.
El gobierno de México reconoció que son muchos los retos que aún se enfrentan para hacer plenamente vigentes los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país, y por ello se trabajará para dar atención de manera coordinada en la atención de dichas recomendaciones.
En tanto, la UNICEF reiteró su apoyo a México para cumplir con las observaciones presentadas por el Comité de los Derechos del Niño.
Los comunicados del gobierno y UNICEF:
Comunicado Conjunto Segob Sre Dif Conago by Aristegui Noticias:
PR Observaciones Del Comité Sobre Derechos Del Niño by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Personal de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) manipuló pruebas para implicar al joven Óscar Ramírez Siordia en el asesinato de su ex novio, por lo que pasó 5 años en la cárcel, hasta que ganó un amparo y logró salir libre, el pasado 29 de mayo.
De acuerdo con el diario Reforma, el joven fue sentenciado a 27 años de prisión por la Jueza 45 Penal, Celia Díaz Negrete, a pesar de que un mes después de que fue arraigado por la PGJDF, el 9 de julio del 2010, el verdadero homicida fue detenido.
El Ministerio Público registró como pericial un cabello de Óscar localizado en la mano de la víctima.
Sin embargo, la supuesta prueba fue encontrada hasta una segunda inspección ministerial, ya que en la primera los investigadores no localizaron nada.
“El Tribunal concluye que no hay certeza de que los principales elementos de prueba utilizados para incriminar a Óscar, elementos pilosos o cabellos de él, encontrados en una de las manos de la víctima, fueran realmente recabados en el lugar de los hechos.
“Menos acredita que los cabellos sometidos a análisis efectivamente sean parte de la escena del crimen… existe la gran posibilidad de que los cabellos analizados fueran sembrados en la escena”, señaló Alejandro Brito, director de Letra S, primera asociación civil que apoyó a Ramírez Siordia y quien solicitó la defensa de la Clínica del CIDE.
Cuando Óscar encontró a su ex novio muerto en su departamento, llamó a la Policía y fue trasladado al Ministerio Público en calidad de testigo; los agentes comenzaron a acosarlo e insinuar en su interrogatorio que él lo había matado por celos.
Por votación unánime el Quinto Tribunal Colegiado ordenó su inmediata libertad y determinó que hubo irregularidades en el dictamen de criminalística, inconsistencia en la mecánica de hechos, inexactitudes en reportes de agentes ministeriales e inexistencia de prueba contundente que vinculara a Ramírez Siordia con el asesinato.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Felipe Calderón ha regresado a la escena política nacional como si en su gobierno nada malo hubiera pasado, como si el país hubiera logrado la transición democrática tan necesaria y la pobreza hubiese cedido.
Llega como Pedro en su casa, como si no hubiera habido más de cien mil muertos dentro de la guerra contra el narcotráfico que lanzó desde Michoacán, donde él y su familia han salido derrotados política y socialmente desde que quiso ser gobernador en 1995.
Desmemoriado, sonriente, da entrevistas con los medios que favoreció con convenios millonarios de publicidad y fiel a su despotismo quiere ningunear a quienes lo critican como su compañero de partido Vicente Fox. “No es algo que me preocupa”, dice del guanajuatense y le echa la culpa de haberle heredado muchos problemas.
En las recientes campañas electorales Calderón hizo actos de presencia con varios candidatos. Fue a Michoacán junto con Diego Fernández de Cevallos para apoyar a su hermana Luis María, quien por segunda vez contendió por la gubernatura. Tal vez pensó que su presencia ayudaría a que esta vez, por fin, los Calderón podrían gobernar su estado natal, pero fue todo lo contrario. No sólo perdió su hermana sino también el PAN sufrió la peor caída en las votaciones de Michoacán.
Los Calderón no ven su suerte en su propia tierra. En 1995 Felipe salió derrotado cuando quería ser gobernador. Luego perdió en 2006 en la elección presidencial. El 11 de diciembre de ese mismo año, a 11 días de haber tomado posesión como presidente, proclamó la declaración de guerra en Apatzingán y en 2009 lanzó el famoso operativo “Michoacanazo”, iniciativas que no sólo fracasaron, sino que avisparon al crimen organizado ahí y en todo el país.
Hacia el 2011, desde la presidencia, apoyó la candidatura de su hermana Luisa María para ser gobernadora y sufrió una derrota. Cinco años más tarde, nuevamente le dio respaldo viajando a Michoacán, pero su hermana experimentó un fracaso estrepitoso sacando la votación más baja de la historia del PAN en esa entidad.
Felipe Calderón no es garantía de triunfo o de eficacia. Al cabo de su administración los número que dejó fueron rojos: aumentaron 16 millones los pobres por ingreso en el país, más de 100 mil muertos y 26 mil desparecidos por la violencia y la guerra contra el crimen organizado, se generó la figura del Estado fallido por la proliferación y el poder alcanzado por las bandas criminales, incrementó en 90% la deuda externa, hubo recesión económica, aumentaron los impuestos e incrementó un millón y medio de desempleados más.
Hoy los Calderón han regresado al ring de los partidos y como si hubieran hecho un gran papel en la presidencia, intentan dirigir al PAN y ponerse en las primeras filas de la política nacional. Pero ya no tienen el apoyo de los empresarios ni de los medios de comunicación y el fracaso los persigue.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS).
Como otras poderosas organizaciones mexicanas del narcotráfico, el Cártel de Jalisco Nueva Generación está operando en otros países. El mercado, las rutas y las conexiones ya existían, pero los golpes asestados por las policías nacionales y el descabezamiento de sus estructuras operativas en México han provocado que bandas como el Cártel de Sinaloa, el del Golfo y Los Zetas abandonen algunos corredores y dejen sueltas algunas alianzas con criminales centroamericanos y sudamericanos. Entonces llega el CJNG para reactivarlos en su provecho, según lo revelan los jefes antidrogas de varias naciones.
CARTAGENA, COLOMBIA: La reconfiguración del narcotráfico en México por la caída de grandes capos de la droga ha tenido repercusiones en Centro y Sudamérica: los cuerpos policiacos de varios países de estas regiones han identificado en los últimos meses una creciente actividad del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La presencia del CJNG se extiende desde Guatemala hasta Perú y coincide con una serie de golpes que ha recibido este año en Colombia, Panamá, Perú y Ecuador el Cártel de Sinaloa, la organización criminal mexicana que más cocaína trafica de Sudamérica a Estados Unidos, según dijeron a Proceso jefes de las policías antidrogas de la región que participaron en la XXXII Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC, por sus siglas en inglés) en el balneario colombiano de Cartagena.
“El Cártel de Sinaloa sigue siendo muy fuerte en Centro y Sudamérica, pero el CJNG es el poder emergente”, dice el director antidrogas de la Policía Nacional de Colombia, general Ricardo Restrepo.
En las mesas de trabajo, los delegados de 106 países hablaron de las nuevas tendencias del narcotráfico internacional, incluida la reconfiguración de los cárteles mexicanos de la droga tras el debilitamiento de los del Golfo, Los Zetas, Los Caballeros Templarios y la organización de los Beltrán Leyva por la captura o muerte de sus líderes.
De acuerdo con Restrepo –secretario general de esta edición de la IDEC–, los participantes mostraron “mucho interés” por los episodios de violencia que ocurren en México a raíz del enfrentamiento del CJNG con las fuerzas federales, así como por las pugnas entre las organizaciones criminales para ocupar los espacios que dejaron los capos abatidos y los capturados.
Esto se debe, explica, a “las repercusiones que puede haber en la región”.
Un caso que ilustra la expansión del CJNG es Guatemala, donde este grupo delictivo encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ha tejido una red de alianzas con las estructuras criminales que manejaba Sebastiana Cottón Vásquez, Doña Tana, aprehendida el año anterior en México.
El fiscal especial antidrogas guatemalteco, Óscar Dávila Mejicanos, indica que El Mencho reconfiguró la organización de Doña Tana en el noroccidente de Guatemala “y por esa zona el CJNG está trasegando cocaína procedente de Colombia”…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2014 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.
En la Miguel Hidalgo, delegación que vuelve a gobernar el PAN de la mano de Xóchitl Gálvez, el número de denuncias ciudadanas por irregularidades en el uso del suelo urbano aumentó 264% en cuatro años. En la Benito Juárez, la comisión de derechos humanos de la Asamblea del DF estima que hay 900 obras irregulares.
El PAN volverá a gobernar dos delegaciones del Distrito Federal, luego que en la elección del pasado 7 de junio conservara la demarcación Benito Juárez, el ‘bastión blanquiazul’ en la capital del país, y consiguiera de la mano de la candidata Xóchitl Gálvez arrebatar por un margen ajustado al PRD la delegación Miguel Hidalgo, la cual lideró durante 12 años consecutivos hasta el pasado 2012.
Tras el triunfo en las urnas, tanto Xóchitl Gálvez como Christian Von Roehrich, nuevo jefe delegacional de la Benito Juárez, tienen dos retos idénticos por afrontar: atacar la corrupción en materia de uso de suelo urbano y reducir los elevados índices de inseguridad.
En 4 años, aumentan denuncias 264% por mal uso de suelo
La empresa, desde luego, no será fácil. De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF (PAOT), la Miguel Hidalgo fue en 2014 la delegación de todo el Distrito Federal con más denuncias ciudadanas por irregularidades en el uso de suelo urbano, como construir edificios con más niveles de los permitidos, no cumplir las disposiciones jurídicas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, violar órdenes de suspensión de actividades, o construir sin los permisos necesarios.
En total, el año pasado la PAOT contabilizó 204 denuncias. Un 264% más que en 2010 –cuando se registraron 56-; 223% más que en 2011 (63); 50% más que en 2012 (136); y un 80% más que en 2013 (113).
Asimismo, en lo que va de 2015 la tendencia de denuncias en esta demarcación va al alza. De enero a mayo, la PAOT contabilizó 153 reportes por irregularidades de carácter ambiental y de ordenamiento del territorio, de las cuales 92 (el 48%) fueron por un mal uso del suelo urbano. Estos 153 reportes reflejan un aumento de un 50% en comparación con los cinco primeros meses de 2014, cuando se registraron 102 denuncias.
Al interior de la delegación destaca el caso de Polanco, una de las zonas económicas y comerciales de mayor plusvalía de la ciudad de México y del país. Sólo en esta zona, la organización civil La Voz de Polanco lleva contabilizadas 51 obras que presentan algún tipo de irregularidades. Las más comunes son construir edificios con más niveles de los permitidos, presentación de documentación apócrifa, y violación al uso de suelo por parte de hoteles y restaurantes.
CONSTRUCCIONES
Constructores ganaron ilegalmente 2 mil 500 mdp en la Juárez: PAOT
En la otra delegación panista, la Benito Juárez, Christian Von Roehrich tendrá como principal reto materializar la promesa de campaña que hizo su antecesor Jorge Romero, quien lanzó en 2013 un programa de ordenamiento de obras irregulares.
A la fecha, la delegación informa en su página web que un total de 56 obras están suspendidas o clausuradas. No obstante, instancias como la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del DF estiman que el número de obras irregulares en la demarcación puede llegar hasta 900.
Además, la PAOT calcula que en los últimos tres años desarrolladores inmobiliarios han ganado ilegalmente 2 mil 535 millones de pesos en la Benito Juárez por abusos a la Normal General de Ordenamiento.
Asimismo, a pesar del programa que lanzó Jorge Romero para ordenar las construcciones con irregularidades, la delegación que gobernará Von Roehrich es actualmente la segunda en el DF con más denuncias ciudadanas por violaciones al uso del suelo urbano.
En total, se registraron 192 reportes en 2014, cifra que revela un incremento en las denuncias de 146% en relación a 2010 –ese año se contabilizaron 78 reportes-; 113% en comparación con 2011 (90 reportes); 41% respecto a 2012 (136); y 46% mas en relación a 2013 (131).
Estos datos llevaron a la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) a que emitiera en noviembre de 2014 la recomendación 12/2014 a las autoridades de la delegación Benito Juárez, ante violaciones a las garantías de personas relacionadas con construcciones de vivienda. Cabe señalar que esta misma recomendación fue remitida a otras nueve delegaciones.
BJ y MH, la tercera y cuarta más peligrosas del DF
En cuanto al tema de seguridad, a pesar de que tanto la Miguel Hidalgo como la Benito Juárez son las dos delegaciones del DF con mejores índices de desarrollo –la Miguel Hidalgo está entre los cinco municipios del país con menos pobreza, según Coneval, y la Juárez ocupa el tercer lugar en el estudio Las ciudades más habitables de México 2014, que cada año elabora el Gabinete de Comunicación Estratégica-, las estadísticas delictivas en estas demarcaciones permanecen elevadas.
Tanto, que en 2014 la Benito Juárez y la Miguel Hidalgo fueron la tercera y cuarta delegación, respectivamente, más peligrosas de la Ciudad de México, solamente superadas por la delegación Cuauhtémoc –que ocupa el primer lugar- y la Venustiano Carranza.
En la Benito Juárez se cometieron 501.5 delitos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia del DF. Mientras que en la Miguel Hidalgo se registró una tasa de 492.4 por cada 100 mil personas.
En 2014 el delito más común en ambas delegaciones fue el robo. La Benito Juárez acumuló un total de 6 mil 670 robos, y la Miguel Hidalgo registró 5 mil 855, según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los robos más comunes en ambos casos fueron el robo de vehículo, robo a transeúntes con violencia, robo a negocios, y el robo a casa habitación.
Movilidad, servicios públicos y desigualdad, los otros retos
Además de los retos que plantean la corrupción e inseguridad, los vecinos de las dos delegaciones panistas coinciden en señalar la mala movilidad urbana que en forma de atascos y falta de estacionamientos saturan las calles; la desigualdad social entre las colonias más pudientes y las menos desarrolladas; y la mala calidad en la prestación de servicios públicos, como abastecimiento de agua, limpieza, recolección de basuras, y el alumbrado público; como otros de los grandes problemas que los nuevos jefes delegacionales deben atender de inmediato.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/06/corrupcion-inmobiliaria-e-inseguridad-lo-que-encontraran-los-nuevos-delegados-en-la-miguel-hidalgo-y-benito-juarez/.
En sus recomendaciones finales al Estado, el Comité de Derechos del Niño pidió castigar el reclutamiento en grupos armados y asegurar que los alumnos de escuelas militares no participen de ninguna forma en la lucha contra el tráfico de drogas.
En México no se persigue el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en grupos armados o para actividades del crimen organizado, lo que propicia la participación de los menores y permite que el Estado no cuente con políticas para prevenir el reclutamiento y proteger a la infancia, dijo este miércoles el Comité de Derechos de Niños de las Naciones Unidas en su reporte de recomendaciones finales al país.
“Explícitamente debe penalizar el reclutamiento y la participación de niños en actividades hostiles, incluidas la de grupos armados no estatales e incluir una definición de la participación directa de menores en estas hostilidades”, recomendó el Comité.
El tema de la participación de niños en conflictos armados ha sido discutido entre México y la ONU desde 2011, años después de que el entonces presidente Felipe Calderón implementara la Estrategia Nacional contra el crimen organizado.
Lo que México argumentó en ese año es que no tenía datos sobre la participación de menores en grupos delictivos pero durante su presentación en este 2015 ante el Comité, en mayo pasado, rechazó que en el país exista algún conflicto armado que pudiera afectar a niños, niñas o adolescentes.
Aunque la ONU insiste en que México debe entregar datos sobre cuántos niños están siendo afectados y reclutados por la actividad criminal en el país, el Estado se limita a decir que para proteger a los menores, se persigue el delito de corrupción de menores.
Ante esto, el Comité insistió este miércoles en identificar y perseguir el delito de reclutamiento y participación de niños en grupos armados y del crimen organizado; e identificar claramente a los grupos y bandas que pudieran estar cometiendo ese delito.
El Comité también recomendó que el Estado compense a los niños que han sido reclutados y revise su estrategia en contra el crimen organizado para que tenga una visión que garantice que los menores están protegidos de la violencia incluso durante la realización de operativos para frenar actividades delictivas.
La Secretaría de Gobernación emitió este miércoles un comunicado sobre las recomendaciones del Comité. Sin mencionar el tema del reclutamiento y participación de niños en actividades del crimen y grupos armados, dijo que “el Estado Mexicano reitera su compromiso con el pleno respeto a los derechos de la infancia”.
“El Gobierno de México reconoce que son muchos los retos que aún se enfrentan para hacer plenamente vigentes los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país, y por ello se trabajará para dar atención de manera coordinada en la atención de dichas recomendaciones”, cita el comunicado.
El Comité de Derechos del Niño también expresó su preocupación “por la situación de violencia armada, tráfico de drogas y lucha contra el crimen organizado que resulta en el asesinato de muchos niños, incluyendo los casos de ejecuciones extrajudiciales como el caso Tlataya, lo que continúa amenazando el derecho a la vida, sobrevivencia y desarrollo de muchos niños”.
Sobre la violencia en el país, el Comité destacó que México no se ha hecho cargo de la desaparición de menores, especialmente de niñas; ni ha asegurado el acceso a la justicia para las familias víctimas de casos como el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora; o el asesinado del niño José Luis Tlehuatle en Puebla.
Ante ello, recomendó tomar medidas urgentes para asegurar el acceso a la justicia y que los delitos contra niños, niñas y adolescentes sean investigados de manera profunda y expedita incluso cuando los presuntos involucrados sean agentes del Estado, como ocurrió en el caso Tlataya.
Sobre el Servicio Militar en México, el Comité de la ONU también indicó que se debe evitar que se enlisten jóvenes de entre 16 y 17 años y revocar el artículo 25 del la Ley del Servicio Militar que permite que menores de 18 años se adhieran al servicio según determinadas condiciones.
También insistió en que la educación en las escuelas militares debe estar en manos y vigilancia de la Secretaría de Educación y que por ningún motivo los adolescentes de estas instituciones deben estar vinculados a actividades de la lucha contra el crimen organizado.
Niños con discapacidad, migrantes, abuso sexual
El Comité de los Derechos del Niño retomó una recomendación que en octubre pasado hizo el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a México.
Dijo que el Estado debe supervisar los recursos públicos que son entregados a proyectos privados como el Teletón para atender a niños con discapacidad y vigilar cómo se usa la imagen de los menores para evitar que sea en términos de lástima y caridad.
“Debe supervisar todos los recursos y los proyectos administrados por la institución privada para asegurar que los niños con discapacidad se beneficien de los recursos sin discriminación ni distingo y asegurar que los niños con discapacidad no sean mostrados como objetos de caridad sino como sujetos de derechos”.
Otros temas que tocó el Comité de la ONU es la protección a niños migrantes y la necesidad de contar con estadísticas confiables sobre cuántos piden protección y refugio y las razones para no recibirlo.
También alertó sobre la permanencia de tratos crueles y degradantes en contra de esos menores migrantes, así como de niños en situación de calle o los que se encuentran bajo custodia y detención.
Sobre las niñas, recomendó mejorar los procesos de atención cuando son víctimas de violencia y abuso y atender las recomendaciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la Mujer (Cedaw) que alerta sobre la necesidad de tipificar, investigar y perseguir feminicidios.
“El Comité muestra su preocupación sobre la alta presencia de violencia sexual en contra de niños, particularmente en contra de niñas. El Comité tiene serias preocupaciones sobre cómo los violadores pueden escapar del castigo si se casan con la víctima”.
La ONU urge a México a capacitar a jueces, abogados, procuradores y policías sobre cómo tratar a niños víctimas de violencia sexual y evitar caer en estereotipos de género que afecten el derecho de las niñas a un juicio justo.
La próxima vez que el Estado mexicano se presente ante este Comité de la ONU será en octubre del año 2020, cuando se espera que responda a cada una de las recomendaciones y entregue datos sobre los avances en materia de respeto y garantía de los derechos del niño.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L . MONTALVO.
La averiguación cumplió tres años y medio sin ningún avance. Pese a un amparo ganado por las víctimas y que la PGR reveló que sí existió el fraude, la Procuraduría del DF no ha consignado el expediente.
El saqueo de casi 200 millones de pesos del Fideicomiso de Mexicana de Aviación está a punto de quedar en la impunidad.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), responsable de investigar la operación fraudulenta, no consignará ante un juez la averiguación abierta por la denuncia que en 2012 interpuso la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) en contra del empresario Gastón Azcárraga, ex director del Consejo de Administración de Mexicana.
Esto, pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) – que acusó a Azcárraga de lavado de dinero- ya reveló públicamente que el fideicomiso si fue saqueado por el empresario y que el dinero terminó en cuentas de empresas del Grupo Posadas.
Tanto los representantes legales de ASPA como fuentes internas de la procuraduría capitalina confirmaron a Animal Político que la Fiscalía a cargo de la averiguación propuso el no ejercicio de la acción penal, es decir la no consignación del caso ante un juez. Ya no hay investigación en curso y se espera solo la aprobación de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público para mandar el expediente al archivo.
Cabe señalar que en tres años y medio, el Ministerio Público no revisó los movimientos de las cuentas bancarias de donde fue sustraído el dinero.
“Es increíble como la Procuraduría ha sido negligente y omisa en este caso. Incluso ganamos un amparo para que pidieran bien la información del fideicomiso a la Comisión Bancaria y aún así nunca revisaron la parte clave que era los movimientos bancarios. ¿Cómo decides que no hay fraude sino revisas donde está el dinero? Es absurdo” dijo Agustín Liñán, abogado de ASPA en el caso.
Incluso, ni Gastón Azcárraga ni sus socios fueron citados para que rindieran declaración, añadió el litigante.
Animal Político solicitó desde hace dos semanas a la Procuraduría capitalina una versión oficial sobre el cierre o avance de este caso y una entrevista con la fiscal de Asuntos Especiales Margarita Vázquez Sánchez, o el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Garrido, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
Cabe recordar que Mexicana de Aviación, en su momento la aerolínea más grande de México y de América Latina y con más de 90 años de historia, dejó de operar el 28 de agosto del 2010, apenas un lustro después de ser adquirida por Grupo Posadas, conglomerado empresarial de Azcárraga.
Al momento de su cierre la aerolínea estaba prácticamente en quiebra, sin liquidez alguna para cubrir sus deudas ni la nómina de sus trabajadores. Ocho mil personas se quedaron sin empleo.
Saqueo del fideicomiso…
La operación fraudulenta del Fideicomiso F/589 de Mexicana de Aviación fue revelada no solo en la denuncia interpuesta por ASPA sino en la investigación que por su cuenta realizó la PGR y que derivó en órdenes de aprehensión por lavado y delitos bancarios en contra Azcárraga, actualmente refugiado en Estados Unidos y a la espera de ser extraditado.
El Fideicomiso F/589 cuyas cuentas principales están en Banorte (antes Banco IXE) fue creado en junio de 2006 como una alternativa para cubrir remuneraciones de los trabajadores de la compañía. Su saldo inicial fue de 198 millones de pesos y contemplaba a diversos accionistas, entre ellos la propia ASPA.
Pero la Unidad de Análisis Financiero de la PGR descubrió que Azcárraga, haciendo uso de triangulaciones ilegales logró transferir el dinero en su único beneficio. Con recursos de fideicomiso compró a una de sus empresas llamada Administradora Profesional de Hoteles las acciones que tenía de la aerolínea
En total 197 millones 971 mil 395 pesos, se usaron para comprar dichas acciones. De ese mismo dinero Administradora Profesional de Hoteles transfirió 110 millones 700 mil 380 pesos a la cuenta de Grupo Posadas.
El 20 de enero del 2012 ASPA, desde su posición de perjudicada por el fraude en el fideicomiso y además en representación de trabajadores afectados interpuso una denuncia de hechos en la Procuraduría capitalina. Se inició la averiguación previa FAE/A7T2/00044/12-01 cargo de la Fiscalía de Asuntos Especiales.
Los representantes legales de la asociación sindical expusieron como posible responsable ´por administración fraudulenta a Azcárraga, delito que de acuerdo con el Código Penal del Distrito Federal puede alcanzar más de una década de prisión y sin derecho a fianza.
… Y no pasó nada
Tres años y medio después de presentada la denuncia el avance en la investigación de la Procuraduría capitalina fue nulo.
Documentos de los que Animal Político tiene copia, evidencian como el Ministerio Público tuvo que ser empujado incluso con una sentencia de amparo para que pidiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de forma correcta los documentos del Fideicomiso F/589 incluyendo los movimientos bancarios. La Procuraduría dio cumplimiento… a medias.
La sentencia de amparo 649/2013 emitida por el Juez Noveno de Distrito en noviembre del 2013 – dos años después de interpuesta la denuncia – concluyó que la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría había actuado de forma negligente al no pedir a la CNBV de forma correcta los datos del fideicomiso.
Y es que la Procuraduría había pedido los datos pero sin utilizar las “medidas de apremio”, es decir, sin advertir a la CNBV que no entregar los datos – como había ocurrido hasta ese momento – le acarrearía sanciones e incluso arrestos, pues era información imprescindible para la averiguación previa.
“Ni el subprocurador de averiguaciones previas centrales ni el fiscal (de Asuntos Especiales) actuaron conforme a los artículos 21 y 102 constitucionales ya que no han utilizado los medios legales disponibles para recabar información. (…) Lo cual revela que la integración de dicha averiguación no ha sido pronta ni expedita”, señala la sentencia de amparo.
Aun con el llamado de atención anterior, la Procuraduría interpuso un recurso de inconformidad en contra del amparo pero un tribunal lo ratificó. Sin otra opción la PGJDF solicitó los datos del fideicomiso.
El 6 de mayo del 2014 la CNBV remitió a la procuraduría el oficio 220-1/828272/2014 en el que Banorte entregó el contrato del fideicomiso F/589, sin embargo, para abrir la información de los movimientos solicitó al Ministerio Público que se especificara el periodo de tiempo que se requería así como las cuentas… pero no hubo respuesta.
La PGJDF no volvió a solicitar la información recabada pese a que los abogados de ASPA pidieron dos veces al agente del responsable (en agosto 2014 y marzo 2015), con los oficios correspondientes, que se realizara la diligencia especificando que se requerían los movimientos de la cuenta del Fideicomiso Banco IXE número 1194105.7 clave 0321800001194.
La respuesta de la Procuraduría, fechada el 20 de abril y de la que también este medio posee copia, es que “ya se había” cumplido con lo señalado en el amparo.
“No es procedente realizar las diligencias solicitadas por el apoderado legal de ASPA en virtud de que como se desprende de las actuaciones que integran la presente indagatoria, dichos reqerimientos (sic) ya se solicitaron” dijo la PGJDF.
En ese contexto los abogados de ASPA dirigieron una carta al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, fechada el 22 de abril, en donde acusaban que a casi cuatro años el caso estaba detenido y que el Ministerio Público se negó a realizar la diligencia clave, situación “por demás violatoria de derechos humanos”.
El 29 de abril el Gobierno capitalino respondió con un oficio a la fiscal Vázquez Sánchez que se informara de los avances del caso. Un día después, los abogados tuvieron conocimiento que el caso ya no estaba en integración sino que se mandó a la coordinación de agentes ministeriales con la propuesta de no proceder penalmente.
¿Qué sigue?
Los representantes legales de ASPA adelantaron que preparan recursos legales en torno a la determinación de la Procuraduría de no proceder penalmente por este caso, los cuales serán presentados una vez que les sea notificada la determinación oficialmente.
De acuerdo con Agustín Liñán, la forma de proceder de la Procuraduría deja en evidencia “que no hay voluntad” de esclarecer el caso sino al revés, de cerrarlo lo antes posible. Prueba de ello es que la PGR si pudo en su momento obtener datos del fideicomiso.
“El hecho de que se cumpliera el amparo a medias, de que no se quiera pedir a detalle los datos de los movimientos nos pone en claro que fueron más de tres años de simulación en este caso. Vamos a estudiar como procedemos porque es un hecho de que el fideicomiso fue saqueado y que el responsable está identificado” dijo el litigante.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/06/sin-revisar-cuentas-bancarias-saqueadas-por-azcarraga-pgjdf-le-da-carpetazo-a-fraude-en-mexicana/.
